El 95% de empresas latinoamericanas considera que el soborno es una «actividad recurrente»

31 agosto, 2019

Según estudios de la organización ‘European Free Alliance’, el coste de la corrupción en la Unión Europea oscila entre los 202 mil millones y 1,072 millones de millones de dólares al año, entre el 1 % y 5 % del PIB de la región.

Y Latinoamérica, por su parte, se sitúa como una de las regiones más afectadas por este fenómeno con el soborno a la cabeza como práctica de las empresas.

Por ejemplo en México la corrupción puede llegar al 9% del PIB, (aproximadamente 103 mil millones de dólares), en Perú estas mismas cifras equivalen al 10% de su presupuesto nacional, con unos 3.600 millones de dólares; en Colombia por corrupción se pierden anualmente 16.000 millones de dólares (50 millones de millones de pesos), cifra cercana al 4% del PIB y en Honduras las pérdidas superan 367.1 millones de dólares al año, casi el 4,3% del PIB (FIDH, 2018).

Precisamente con el objetivo de identificar el panorama del soborno corporativo en América Latina, como forma de apoyar el proceso de toma de decisiones para combatir este fenómeno, en los sectores público y privado, el 30 de julio de 2019 se hizo público el primer Estudio sobre las prácticas empresariales contra el soborno en el que se contado con una muestra de 2.963 empresas ubicadas en siete países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

El estudio analizó el nivel de conocimiento de los empresarios respecto a las iniciativas obligatorias y voluntarias diseñadas para combatir la corrupción y el soborno. También permitió comprobar el nivel de esfuerzo realizado por las empresas para combatirlo, estableciendo, adicionalmente, la frecuencia de los comportamientos percibidos, asociados al soborno.

Perciben que existe el soborno generalizado

El 95% de las empresas consideró que en su país se lleva a cabo el soborno. Así, la percepción sobre el hábito frente al soborno en el ambiente externo es de que se trata de una «actividad recurrente en su entorno». Sin embargo, el porcentaje disminuye cuando se les cuestionó sobre la existencia de sobornos en su propio sector económico (76%); además, el 47% de la muestra indicó que una de las presiones más fuertes para ofrecer sobornos en el sector privado es que la competencia lo hace.

Lo anterior sugiere que las organizaciones perciben el soborno como una actividad que se lleva a cabo por fuera de sus fronteras organizacionales y fuera de su control. Cuando se les preguntó por el sector económico más propenso al soborno, la mayoría de la muestra regional eligió al sector de la construcción (34%) seguido del de administración pública, defensa y seguridad social (20%).

Otro hallazgo sobre la percepción del soborno en el ambiente externo fueron las modalidades más utilizadas para sobornar, entre las que se encontró en primer lugar las contribuciones políticas (64%), en segundo lugar, el pago para agilizar trámites (67%) y en tercer lugar el cierre de negocios y contratos (47%).

Los directivos participantes consideraron que se paga de media un 26.2% adicional de manera secreta para asegurar un contrato o negocio.

Los empresarios desconocen qué hacer

Sobre el conocimiento de las iniciativas obligatorias y voluntarias para combatir el soborno, los principales resultados del estudio muestran que el 63,5% de las empresas participantes desconoce los mecanismos voluntarios para el combate del soborno y casi la mitad (49,8%) los relacionados con la corrupción.

La iniciativa voluntaria contra la corrupción más conocida por los participantes fue la certificación ISO 37001 acerca del sistema de gestión antisoborno.

Solo el 15% de la muestra regional manifestó haber realizado capacitaciones acerca de la prevención del soborno y actos de corrupción a sus empleados, contratistas o empleados de sus contratistas.

Asimismo, el documento revela que el 46,5% de las empresas manifiesta no hacer nada en evaluación de riesgos de soborno y el 38,7% no hace nada en el área de recursos humanos, lo que contrasta con la política de sanciones, ya que un 46% de la muestra manifiesta tener sanciones a empleados que incurran en intentos o en actos de soborno, lo que en opinión de los autores, muestra «una cultura punitiva, reactiva y poco preventiva».

Entre los países del estudio en general las tendencias son similares, sin embargo en cuanto a conocimiento y esfuerzo Perú muestra mejores indicadores liderando la región, mientras que Argentina se muestra rezagada frente a los otros países.

5 años de FATCA, la primera ley extraterritorial para combatir la evasión fiscal de los estadounidenses

20 agosto, 2019

Atrás queda el revuelo y las críticas que provocó a nivel internacional la ‘ForeignAccount Tax Compliance Act’ (FATCA), una ley extraterritorial sin precedentes aprobada por Estados Unidos en marzo de 2010 con el objetivo de controlar y combatir la evasión fiscal entre sus residentes fiscales con cuentas bancarias, inversiones e ingresos realizados con entidades financieras extranjeras, incluidos territorios off-shore.

Suponía un serio recorte al secreto bancario con la obligación de intercambiar información financiera entre bancos de todo el mundo.

Su puesta en marcha no fue sencilla y sufrió retrasos. Costó 4 años. Y es que propiciar ese intercambio de información sobre los activos extranjeros en poder de titulares estadounidenses entre grupos y entidades financieras internacionales, requirió implantar una operativa que obligó a coordinar muchas estructuras con el consiguiente gasto económico. Se cifra en 100.000 las entidades que se vieron afectadas por la norma.

Finalmente, en julio de 2014, hace ahora 5 años, la FATCA, conocida en español como la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, echó a andar poniendo el foco también sobre cuentas abiertas con anterioridad a esa fecha.

Así, las instituciones financieras realizaron un proceso de diligencia debida para identificar si la cuenta estaba sujeta a reporte, una gestión que se tradujo en que tuvieron que entrar en contacto con cada cliente para ampliar su información y que estos firmaran los formularios correspondientes: el W-8BEN para certificar la no residencia o ciudadanía de los EE.UU de personas físicas; el W-8BEN-E para determinar las personas jurídicas con responsabilidades fiscales con EE.UU; y el W-9 para personas físicas y jurídicas que son ciudadanos o residentes estadounidenses.

A diferencia de la mayoría de las legislaciones, Estados Unidos tiene como regla de atribución de impuestos la renta universal de sus ciudadanos. De esta forma, con independencia del país en que se genere la renta, reclama el derecho a cobrar impuestos sobre ella, mientras el beneficiario sea ciudadano de este país.

Cómo se organizó

A las instituciones extranjeras consideradas financieras por la FATCA (las Foreign Financial Institutions o FFI) se les imponía la obligación de celebrar un acuerdo de reporte y retención con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento del Tesoro de EE.UU respecto a los ciudadanos de este país con cuenta en ellas.

La ley entiende que son FFI aquellas que aceptan depósitos, mantienen activos financieros por cuenta de terceros y se dedica principalmente al negocio de las inversiones y valores.

En el verano de 2013, las FFI comenzaron a inscribirse en un registro online abierto por el IRS. Este requisito se extendía tanto a las oficinas centrales de las entidades como a las sucursales que, a través de una aplicación en Internet disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accedían a un sitio seguro donde la entidad creaba su perfil o cuenta online con código de acceso, usuario FATCA  y preguntas de seguridad.

El IRS debía analizar todas las inscripciones recibidas y notificar a las entidades su aprobación, fase que llevaba pareja la emisión para el banco del número intermediario de identificación global (GIIN). Concluido este proceso, el IRS publicó un año más tarde la primera lista de FFI que se actualiza mensualmente.

No hay que obviar que para que un grupo financiero internacional fuera considerado participante y pudiera firmar el acuerdo con el IRS, todos sus miembros debían serlo con lo que la decisión local de participar o no estaba asociada no sólo al impacto que FATCA tuviera localmente, sino sobre los negocios globales del grupo.

De forma complementaria a este sistema de registro, a finales de 2012, los principales países de la UE –entre ellos España-, suscribieron acuerdos bilaterales con EE.UU basados en un modelo negociado conjuntamente para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la FACTA.

Se consideraron como la forma más sencilla de adaptarse a esta normativa. En este caso, las entidades financieras tanto de los países firmantes como de EE..UU se comprometían a comunicar a sus autoridades fiscales la información referente a contribuyentes del otro país y, seguidamente, de forma automática, la información se intercambiaba entre las autoridades fiscales.

Las FFI no participantes de esta normativa han tenido que asumir una retención del 30% bruto sobre las rentas pasivas procedentes de EEUU. Esto, en la práctica, según explican los expertos, supone “un eventual aislamiento en transacciones globales, ya que varias entidades internacionales podrían, para simplificar sus procesos, evitar operaciones con bancos no participantes”.

Casos de filtración de información en Unidades de Inteligencia Financiera

19 agosto, 2019

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, «en parte ciertas y en parte falsas», según Nieto, hablaban de que la UIF había presentado denuncias contra Deschamps y su familia, y congelado sus cuentas bancarias.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como recogen diferentes medios mexicanos, precisaron que «sí se presentaron querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de un líder petrolero. En concreto dos denuncias, «una por lavado de dinero y la otra por enriquecimiento ilícito, pero es falso que la UIF le haya congelado cuentas».

En definitiva, lo que este caso viene a poner en evidencia es cómo las limitaciones a la independencia operativa y autonomía de una UIF en un Estado especialmente sensible a la corrupción pueden llevar a que la inteligencia financiera recibida se divulgue con fines políticos y que la confidencialidad de dicha información se vea comprometida, así como también la reputación internacional de esta Unidad.

Contra la corrupción, independencia y autonomía

Se trata de una cuestión esencial de la que alerta el Grupo Egmont para el que las UIF deberían tener la autoridad y capacidad suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera independiente. En esa independencia se incluye, además, la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica.

Esta independencia operativa y la autonomía «son condición fundamental» para lograr un sistema efectivo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y es que si estos parámetros están comprometidos, el impacto sobre la lucha y prevención de estas actividades delictivas será significativo.

En México, la UIF es desde 2006 una institución de seguridad nacional y desde 2013 se blinda la información de su personal con el fin de proteger su vida. El último decreto firmado por Nieto garantiza hasta 2024 la confidencialidad de los datos (nombres y información de contacto) de los servidores públicos adscritos a la unidad.

“Al identificar a las y los servidores públicos adscritos a la UIF, los delincuentes podrían amedrentar o coaccionar a las y los mismos para que les proporcionen información de inteligencia”, señala el decreto.

“Cada uno de los integrantes de la UIF constituye un factor clave para la seguridad nacional y la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, motivo por el cual resulta de suma importancia que los datos relativos a sus servidores públicos sean clasificados como reservados”, añade el documento.

Y precisa que teniendo en cuenta que “los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada (…) La divulgación de los nombres, ubicación y datos de contacto de todas las personas que laboran en la UIF (…) constituyen elementos determinantes para proteger su integridad física”.

Otro caso de divulgación de información

En 2014, el Grupo Egmont recibió una queja formal por parte de una UIF miembro relativa a otra Unidad que supuestamente había infringido las obligaciones de confidencialidad de la información recibida de un organismo homólogo. En el escrito se alegaba que la información proporcionada a la UIF fue divulgada públicamente por el presidente del país que recibió la información proveniente de la UIF extranjera.

La UIF infractora estaba directamente sometida a la autoridad del fiscal General y los documentos que presentó esta Unidad en el proceso de esclarecimiento de los hechos indicaron que la información relativa a la inteligencia financiera brindada fue remitida precisamente a la Fiscalía.

Parece que en este caso de independencia operativa limitada el responsable de la divulgación no autorizada fue una empleada de la UIF receptora que le dio la información extranjera a su marido, quien a su vez, trabajaba para el presidente.

El Grupo Egmont recomendó que se modificara la legislación nacional, a fin de garantizar la independencia operativa de la UIF respecto del fiscal General. Como resultado, debido a que no se lograron avances suficientes, la UIF infractora recibió una advertencia de suspensión. Aún en la actualidad, se busca que esta Unidad implemente medidas adicionales para garantizar su independencia operativa y autonomía.

La operación del mes: cae una ‘subcontrata’ de blanqueo para otras organizaciones criminales

14 agosto, 2019

Más de 70 millones de euros es la cantidad que habría blanqueado una organización criminal desarticulada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de una investigación iniciada en 2017. La novedad reside en que actuaba a modo de ‘subcontrata’ para otros grupos criminales tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -centrados en el narcotráfico-.

La organización, asentada en las provincias de Madrid y Toledo, estaba constituida por blanqueadores profesionales dedicados en exclusiva a esta labor, y ofrecían sus servicios a cambio de importantes comisiones de entre el 10 % y 15 %. Los “clientes” eran organizaciones criminales con necesidad de introducir en el circuito legal el dinero que habían obtenido con sus actividades ilícitas -como en el caso de las organizaciones de tráfico de drogas colombianas- o bien, por la evasión de dinero con destino a sus países de origen por parte de organizaciones asiáticas.

Como mecanismo para el blanqueo, los investigados habían constituido un gran número de empresas con diversos objetos sociales como la exportación-importación, gestión inmobiliaria o compraventa de oro y otros metales preciosos como plata o platino. Estas sociedades estaban a nombre de testaferros que prestaban su identidad a cambio de dinero, disponiendo así de cuentas bancarias en diversas entidades con las que operar.

Los agentes han detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles. Además, se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios.

Blanqueo en tres fases. Más de 60 millones de euros a países asiáticos

En el caso de las organizaciones de origen asiático, que querían evadir el dinero fuera de España y eludir el pago de impuestos, el servicio que prestaban los detenidos pasaba por tres fases hasta que el dinero era colocado en China, Hong Kong y Taiwán principalmente.

En la primera fase los empresarios contactaban con la organización para entregarles el dinero en efectivo. Seguidamente, los blanqueadores acudían a diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas procedentes de robos en viviendas con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas en lingotes, y estos, vendidos a empresas de mayoristas del sector que abonaban el dinero mediante transferencias bancarias. Mediante este sistema de compra y fundido de oro, la organización desarticulada habría adquirido más de 2.000 kilos de oro en el mercado negro, procedente de robos con fuerza.

La segunda fase era la difuminación entre las sociedades con la ejecución de transferencias continuadas entre sus propias empresas, simulando operaciones comerciales mediante facturación falsa con el fin de ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de los movimientos.

La última fase consistía en emitir transferencias internacionales, destinando el dinero que había circulado por varias empresas de la organización a una de las empresas que tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación.

Préstamos privados y simulaciones comerciales

Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión de préstamos, procedimiento utilizado principalmente con una organización de narcotraficantes de origen colombiano. La organización investigada simulaba operaciones de crédito-préstamos que eran formalizados en contratos privados entre empresas gestionadas por la organización de blanqueadores y las de narcotraficantes. Al ordenarse los recibos de devolución o cancelación anticipada, estos préstamos nunca eran devueltos.

Los agentes también detectaron la simulación de operaciones comerciales. Los blanqueadores, tras recibir el dinero y hacerlo circular entre sus empresas lo transferían a las sociedades de los «clientes», justificándolo, falsamente, como el pago de servicios o adquisición de bienes. La mercantil “cliente” adquiría seguidamente bienes inmuebles.

La investigación reveló, asimismo que la organización desarticulada contactaba con personas de origen colombiano residentes principalmente en Holanda, de las que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo. Más de dos millones de euros de este grupo fueron blanqueados para, posteriormente, ser invertidos en el mercado inmobiliario de Madrid y Toledo.

‘Mauritius Leaks’, el nuevo escándalo fiscal del verano

5 agosto, 2019

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha desvelado un nuevo escándalo fiscal que se suma a una dilatada lista encabezada por los ‘Panama Papers’ en 2016. La investigación del ‘Mauritius Leaks’ está basada en 200.000 registros confidenciales filtrados de la oficina en la República de Mauricio de la firma legal Conyers Dill & Pearman con sede en Bermudas y revela cómo esta antigua colonia francesa se ha transformado en un próspero centro financiero off-shore, a costa de sus vecinos africanos y otros países como India.

Mauricio, una isla en el Índico que no llega a los 2.000 kilómetros, se ha convertido en un paraíso fiscal que alcanza un vasta área geográfica y una gran diversidad de sectores empresariales, desde programas de ayuda humanitaria hasta servicios de planificación de viajes online.

A través del diseño de un “sofisticado sistema financiero”, se desviaron ingresos fiscales de las naciones pobres a las arcas de corporaciones occidentales y oligarcas africanos. Los archivos datan de principios de los años 1990 al 2017.

Según los datos del ICIJ, para desviar estos ingresos se aprovecharon “los oscuros acuerdos internacionales» que permiten a las multinacionales pagar impuestos en Mauricio y no en las naciones africanas donde los obtuvieron. Además, ha creado mecanismos para ofrecer a las grandes empresas una tasa del 3 por ciento sobre los ingresos que podrían asignar a sus filiales mauricianas que supuestamente prestan servicios a entidades relacionadas en África, con las que ha negociado tratados fiscales.

Sus tratados fiscales con países africanos garantizan que las inversiones realizadas en estos territorios (beneficios/ganancias de capital de las inversiones) puedan canalizarse a través de Mauricio a países ricos con pocos o ningún impuesto pagado.

Esta jurisdicción tiene otra ventaja añadida y es su opacidad, ya que las transacciones están ocultas en informes financieros confidenciales.

5 empresas que usaron Mauricio

  1. Golden Agri-Resources Limited es una de las mayores productoras de aceite de palma del mundo. Cotiza en la Bolsa de Singapur pero está incorporada en Mauricio. Según los datos de la investigación, se usó entre 2013 y 2017 para garantizar al menos 2.276 mil millones de dólares en préstamos a filiales en Indonesia, Hong Kong y Singapur, e invertir en empresas en Liberia y Alemania
  2. Trident Enterprises Limited. La empresa ‘DAC Aviation International’, con sede en Canadá, alquila vuelos humanitarios para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y las misiones de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Financió la compra de dos aviones a través de la compañía de Mauricio ‘Trident Enterprises Ltd’. Dos de esos aviones fueron vendidos a MG Kenya Leasing Limited y en régimen de lease back (venta con arrendamiento financiero posterior) llegaron hasta la compañía de Mauricio, que luego los alquiló a ‘Dac Aviation (EA) Limited’, una compañía de Kenia y subsidiaria de DAC Aviation International.
  3. Holdings Mauritius Limited y SSM Investments Mauritius Limited. En 2010, Craig Cogut, fundador y CEO de la firma de inversión con sede en Connecticut, ‘Pegasus Capital Advisors’, pidió a los abogados Conyers Dill & Pearman antecedentes sobre las empresas mauricias ‘SSM Holdings Mauritius Limited’ y ‘SSM Investments Mauritius Limited’. Cogut quería invertir en ‘Six Senses’, una cadena de hoteles y spas de lujo con sede en Bangkok que estaba utilizando varias empresas en Mauricio para estructurar sus múltiples inversiones. Sería el principio de una gran amistad.
  4. MakeMyTrip Limited. Conocida como «la compañía de viajes online más grande de la India» y con su oficina corporativa ubicada cerca de Nueva Delhi, ‘MakeMyTrip’, tiene su sede en Mauricio. Tiene varias filiales también en EE.UU, Singapur o Malasia. En 2010, la compañía enumeró sus acciones en la NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de EE.UU) con el nombre en código ‘Proyecto Karma’. Una vez asesorados por el bufete Conyers Dill & Pearman sobre la legislación en Mauricio, la empresa en este territorio obtuvo un certificado de residencia fiscal, que le permitía beneficiarse de un tratado de doble imposición con la India.
  5. Persianas Limited. Esta compañía mauriciana se utilizó en relación con «una estructura de inversión que involucra activos de ‘Persianas Group’ en Nigeria», según se recoge en documentos de Conyers Dill & Pearman. Es un grupo empresarial nigeriano de desarrollo y gestión de bienes raíces que posee varios centros comerciales en Lagos y otras ciudades bajo la denominación ‘The Palms’. En 2012, ‘Snap Blu Ltd.’, otra compañía registrada en Mauricio propiedad del empresario nigeriano Adetayo Amusan, transfirió sus acciones en Persianas a la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo de finanzas privadas del Banco Mundial. Una de las firmas de abogados que facilitaron el acuerdo fue Udo Udoma & Belo-Osagie, que en ese momento estaba dirigida por el ministro nigeriano de planificación y gestión del presupuesto, Udoma Udo Udoma.

¿Fracaso de la OCDE?

Con este nuevo caso de evasión fiscal, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés) ha puesto en tela de juicio las medias desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para luchar contra la evasión fiscal y califica de «anticuado e injusto» el actual sistema tributario internacional.

Desde 2013, la OCDE lleva planteando una serie de reformas que pasan por el intercambio automático de información entre autoridades fiscales o la exigencia de que las multinacionales presenten informes país por país sobre el lugar en el que operan. Sin embargo, según datos de la ICRICT, el 40% de los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales de todo el mundo se transfieren, artificialmente, a paraísos fiscales.

En el caso de Mauricio, la Comisión destaca que de entrada esta jurisdicción “dice aceptar las reglas del juego” establecidas por la OCDE para no ser denunciada como poco cooperativa pero puede operar en zonas grises debido a que las normas en vigor «permiten las manipulaciones técnicas».

Sus prácticas fiscales nocivas ya fueron objeto de análisis por la OCDE y también la UE la evaluó como territorio offshore. En la actualidad, integra la lista gris de paraísos fiscales, es decir, Estados que se comprometen a modificar su legislación tributaria. Hizo los ajustes necesarios en su régimen fiscal para cumplir con los requisitos y ser considerada como una jurisdicción que cumple con las normas.

“Como país en desarrollo, Mauricio también puede decir que sólo está imitando a países de la OCDE como Irlanda, Luxemburgo, Suiza e incluso el Reino Unido, que diseñaron el juego y sus reglas, y que no son denunciados por la OCDE ni por la Unión Europea”, afirma la ICRICT. En su opinión, “los intentos de la OCDE de poner fin a esta situación han fracasado hasta ahora en gran medida. La jurisdicción de Mauricio ha sido un actor clave en el mundo de la evasión fiscal internacional, explotando las mismas debilidades del sistema que estos países”.