Las consecuencias de que una entidad financiera incumpla su código de conducta: el caso de BBVA

29 julio, 2019

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Acepta,así, la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, se investigará si el banco encargó a Cenyt, grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, servicios de espionaje a diferentes personas.

La entidad financiera se convierte así en la primera empresa investigada por la Justicia española por un delito de corrupción en los negocios tras incumplir su código de conducta y que debería haber controlado el departamento de compliance.

Su presidente, Carlos Torres, ha declarado en un comunicado que la «prioridad» de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia.

En su auto, el juez García Castellón ha acordado requerir al BBVA que designe a la persona que a partir de ahora le representará ante la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. De este modo, el magistrado rechaza la petición de la entidad financiera de personarse en la causa como perjudicado, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas.

También la Fiscalía Anticorrupción rechazó en su escrito la posibilidad de que la entidad financiera se personase en el caso como perjudicado.

Incumplimiento del código de conducta

Los hechos investigados advierten de que BBVA permitió, presuntamente, que sus directivos aceptaran dádivas -dinerarias o materiales- del comisario Villarejo, en contra de lo establecido en su código de conducta, a cambio de facilitar contratos al grupo empresarial Cenyt.

La entidad, según su código de conducta aprobado el 28 de mayo de 2015, prohíbe a sus trabajadores aceptar regalos «que se realizan con el ánimo de influir en decisiones profesionales». Y prohíbe solicitar y aceptar «regalos, pagos, comisiones o cualesquiera otros beneficios personales de clientes o proveedores de BBVA, ni de quienes quieran establecer una relación como clientes o potenciales proveedores, o por quien actúe por cuenta de ellos».

El  documento señala que «se pueden aceptar obsequios de carácter promocional, detalles de cortesía o atenciones habituales en los negocios» de un mismo proveedor siempre que su «valor razonable» no exceda de 150 euros en un periodo de seis meses.

Según la Fiscalía, BBVA contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

Y afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por la entidad se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos durante un prolongado periodo.

Anticorrupción destaca, además, en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Los investigados

En la pieza, la número 9 de la Operación ‘Tándem’, ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

Fuente: Europa Press.

Cuatro informes de Bruselas identifican las deficiencias de la normativa europea antiblanqueo

24 julio, 2019

La Comisión Europea ha adoptado con fecha 24 de julio de 2019 una Comunicación y cuatro informes que, según explica Bruselas en un comunicado, ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a «abordar mejor» los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Sobre el papel se han tomado «estrictas y sólidas» normas de control; sin embargo parece que la cuarta y quinta Directiva establecidas por la ‘Comisión Juncker’ junto al refuerzo de la función de supervisión de la Autoridad Bancaria Europea, no resultan suficientes si no se aplican plenamente en todos los Estados miembros y en sus entidades financieras.

Se trata de un problema estructural en cuanto a la capacidad de la Unión para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos.

Es en este sentido donde la UE recalca que «aún es preciso hacer frente a una serie de deficiencias estructurales» en la aplicación de estas normas. De ahí este paquete de medidas que quieren sirvan de base para futuras decisiones políticas sobre cómo seguir reforzando el marco a nivel europeo de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Los riesgos sectoriales en el mercado interior

El informe sobre la evaluación supranacional de riesgos es un instrumento que pretende ayudar a los Estados miembros a determinar y abordar los riesgos sectoriales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Comisión lo adopta cada dos años desde 2017.

En su segunda edición, además de ponerse de manifiesto que se han aplicado la mayoría de recomendaciones identificadas hace dos años, el documento señala que «persisten algunas vulnerabilidades horizontales», especialmente en relación con los productos anónimos, la identificación de los titulares reales y los nuevos productos no regulados, como los activos virtuales.

Es cierto que algunas de ellas se abordarán en la próxima transposición de la quinta Directiva cuya fecha límite es enero de 2020 pero es que los Estados miembros aún deben transponer íntegramente la cuarta.

Por eso, la Comisión les pide que ejecuten la Directiva «plenamente» y que sigan las recomendaciones de forma que mejore la cooperación entre supervisores, se sensibilice en mayor medida a las entidades obligadas y se proporcionen más orientaciones en relación con la identificación de la titularidad real.

Qué se ha aprendido de los casos recientes de blanqueo de capitales

El segundo de los cuatro informes recoge el análisis de 10 casos recientes y de dominio público sobre blanqueo de capitales en bancos de la UE. El objetivo, proporcionar un análisis de algunas de las deficiencias actuales y esbozar avances.

Así muestra, por ejemplo, que los bancos, en varios de los casos analizados, no respetaron de forma efectiva o, en ocasiones, directamente no cumplieron los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales.

Señala, también, que carecían de los mecanismos internos adecuados y no armonizaron sus políticas antiblanqueo cuando tenían modelos de negocio de riesgo. Los resultados también pusieron de manifiesto una falta de coordinación entre dichas políticas, tanto a nivel de entidades individuales como de grupo.

La respuesta de las autoridades nacionales, en términos de oportunidad y eficacia de las acciones de supervisión, «fue muy dispar», dice el documento.

Y es que «había grandes discrepancias en relación con la priorización, los recursos, la experiencia y las herramientas disponibles». En el caso concreto de la supervisión de un grupo bancario, los organismos competentes «tendían a basarse excesivamente en el marco normativo de los Estados miembros de acogida, lo que afectó a la efectividad de las acciones de supervisión en casos transfronterizos a nivel de la UE».

Además, la división de las responsabilidades llevó a una cooperación ineficaz entre las autoridades competentes en la materia, las prudenciales, las unidades de inteligencia financiera y las fuerzas de seguridad.

El documento concluye que la fragmentación normativa y de supervisión, unida a la diversidad de tareas, competencias y herramientas a disposición de las autoridades públicas, genera debilidades en la puesta en ejecución de las normas de la UE. Las deficiencias en las políticas y la supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales son más notables en situaciones transfronterizas, tanto en la UE como en países no pertenecientes a la Unión. Y, aunque los bancos y los supervisores han adoptado importantes medidas, es necesaria una mayor armonización entre los 28 y que se refuerce la supervisión.

Cooperación entre las UIF

Bruselas dedica otro de sus informes a cómo funciona la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera (UIF) y ha identificado, por ejemplo, que algunas no pueden acceder a la información pertinente (financiera, administrativa y policial) e intercambiarla debido a sus diferencias en cuanto a estatus, competencias y organización.

También pone de relieve que el intercambio de información entre las UIF «sigue siendo insuficiente y, a menudo, demasiado lento». Y, a veces, carecen de herramientas informáticas adecuadas para importar y exportar información.

Entre los cambios que sugiere el informe destaca un nuevo mecanismo de apoyo.

Interconexión de los registros centralizados de cuentas bancarias

El cuarto informe establece una serie de elementos que deben tenerse en cuenta para una posible interconexión de registros de cuentas bancarias y sistemas de recuperación de datos.

La Comisión plantea que este sistema podría ser «descentralizado con una plataforma común a nivel de la UE».

No obstante, para logar la interconexión, se necesita una acción legislativa, previa consulta con los Gobiernos de los Estados miembros, las UIF, las fuerzas de seguridad y los organismos de recuperación de activos.

Los profesionales del Derecho ya tienen actualizada su Guía del GAFI

18 julio, 2019

Abogados, notarios, registradores, entre otros profesionales del Derecho, cuentan ya con una Guía actualizada de Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que sustituye a la versión de 2008. El documento incorpora las aportaciones de los profesionales para los que también se abrió una consulta pública en marzo de 2019.

El objetivo de esta nueva publicación de 95 páginas con anexos explicativos de los modelos seguidos en diferentes Estados con referencia expresa al sistema notarial español es, según señala el propio organismo, garantizar que refleje los conocimientos prácticos de este sector y sus buenas prácticas, al tiempo que se recojan los contenidos en consonancia con las recomendaciones actuales.

Esta nueva versión de la Guía con un enfoque basado en el riesgo pone de relieve que es necesaria una evaluación sólida de los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo a los que se enfrentan los profesionales jurídicos en su actividad diaria, de forma que las políticas, procedimientos y medidas iniciales y continuas de diligencia debida del cliente puedan mitigar estos riesgos.

Y es que no puede obviarse que el sector jurídico opera en un amplio espectro de estructuras de negocio que varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. Desde profesionales únicos a empresas multinacionales ofreciendo todos ellos una amplia gama de servicios. En esta diversidad de forma y actividad, algunos perfiles pueden ser más vulnerables que otros a la hora de ser explotados para usos delictivos.

En este sentido, no es extraño que el nuevo documento dirija las orientaciones también a los Gobiernos, a los supervisores de las profesiones colegiadas, así como a los profesionales que tienen al sector jurídico como clientes con la finalidad de diseñar medidas efectivas en el continuo de las relaciones comerciales. En particular, explica la obligación de los profesionales del Derecho de identificar y verificar la información sobre la titularidad real.

Los notarios españoles como ejemplo de las prácticas de supervisión

Precisamente en relación a los titulares reales, la guía en su sección dedicada a los órganos de supervisión de este sector, recoge la Base de Datos de Titular Real de los notarios españoles como modelo de lucha contra el blanqueo de capitales.

Concretamente en su anexo 4 sobre prácticas de supervisión para la implementación del enfoque basado en el riesgo señala que el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España «representa un avance considerable para las Autoridades Públicas» y destaca lo que supone que todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo puedan consultar la Base de Datos de Titular Real.

Imagen del anexo donde se recoge la referencia a la Base de Datos de Titulares Reales

La Guía dice textualmente que “el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España representa un avance considerable para las Autoridades Públicas, que gracias a su implementación ahora tienen acceso a una nueva fuente de información valiosa, los índices notariales (una base de datos única con información sobre todos los instrumentos públicos realizados ante notarios en el país). Esta información es procesada de manera integrada y automatizada para detectar posibles operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”

Sobre la Base de Titular Real (BDTR), creada en 2012 y regulada por el Real Decreto 304/2014, el GAFI señala que “todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden consultar la BDTR para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Esto permite que la Unidad de Inteligencia Financiera y las agencias de cumplimiento de la ley obtengan información sobre los propietarios con un porcentaje inferior al 25% (régimen corporativo completo) en las compañías privadas de responsabilidad limitada españolas, en una fecha determinada”.

El GAFI destaca los dos niveles de calidad de la información de la BDTR, con “información verificada de acuerdo con la transacción de compra y venta de las acciones de las Sociedades de Responsabilidad Limitada Privadas españolas e  información basada en un comunicado a un funcionario público (sociedades extranjeras, fundaciones, asociaciones, empresas españolas”

Por último, señala que el Consejo General del Notariado “ha establecido acuerdos con asociaciones de partes sujetas a obligaciones ALD (bancos, cajas de ahorro, empresas de inversión, auditores, abogados, agencias de lotería, instituciones de crédito, etc.)”.

La Base de Datos de Titular Real tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de más de 2.300.000 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.

El nuevo documento del GAFI ha sido enviada a los 39 países que forman parte del GAFI, entre ellos España, así como a las asociaciones miembros, como la Unión Europea.

¿Cómo es el blanqueo en las series de éxito? The Wire

9 julio, 2019

El título ‘The Wire»(«Bajo escucha» en su versión española) y la ciudad de Baltimore como escenario esconden una serie de culto estadounidense emitida por la cadena HBO entre los años 2002 y 2008. Son 60 episodios distribuidos en cinco temporadas que, de forma realista, describen la corrupción policial, las relaciones personales entre los miembros de los cárteles del narcotráfico y la miseria vinculada a la droga.

El denominador común en todas las temporadas es que un juez autorice escuchas telefónicas -de ahí el nombre de la serie-, que sirvan a los investigadores como prueba para practicar las detenciones.

Muchos de sus personajes están basados en personas reales de la ciudad y varios actores secundarios interpretan sus propios personajes.

Por todo ello podría calificarse de una serie que, a pesar de ser policíaca, es antihéroes, favorece poco los estereotipos de este género televisivo y denuncia el funcionamiento de las instituciones en favor de intereses particulares.

Y es que su creador, David Simon, cubrió como periodista la sección de Sucesos del periódico ‘Baltimore Sun’. También uno de los coguionistas fue policía en la misma ciudad.

Sin embargo, su característico realismo se vuelve sutil cuando se tratan de identificar los mecanismos a los que recurren los cabecillas de los diferentes clanes para limpiar el abundante dinero que obtienen vendiendo droga por las ‘esquinas’ de la ciudad.

De manera no excesivamente explícita, la primera temporada centrada en cómo aborda la policía la actividad de las bandas de narcotraficantes en el distrito oeste de la ciudad, deja entrever que el cerebro del ‘clan Barksdale’, Russell ‘Stringer’ Bell, utiliza dos negocios principalmente como tapadera: una funeraria y una tienda de fotocopias.

Ambos lugares sirven para introducir en el circuito legal el dinero sucio y para revestir sus actividades delictivas de una apariencia normal. Bell, interpretado por el actor británico Idris Elba, estudia Económicas en la Universidad y aspira a ser un hombre de negocios ayudando de paso a blanquear sus elevados ingresos.

De hecho, hace importantes inversiones inmobiliarias asesorado por el abogado Maurice Levy (Michael Kostroff) y llega a codearse con los principales representantes de la clase social y política de la ciudad que no dudan en aceptar sobornos a cambio de licencias que nunca llegarán.

Sin ánimo de hacer spoiler, será en la quinta temporada cuando el rastreo del dinero negro de los diferentes capos de la droga se trate en más detalle y quede al descubierto. Todos ellos acuden a Levy que les organiza inversiones y cuentas en el extranjero a cambio de pingües beneficios.

Será el detective Lester Freamon, interpretado por Clarke Peters, quien no se de por vencido hasta demostrar con pruebas documentales el camino que recorre ese dinero hasta hacerse legal.

Pero, de nuevo, el sistema y sobre todo quienes lo forman, no harán posible que las cosas cambien ya que políticos, policías y narcotraficantes, cada uno a su manera, viven del beneficio de la droga y el crimen organizado.

El Tribunal Supremo establece que el ‘bitcoin’ no es dinero a efectos de responsabilidad civil

4 julio, 2019

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado en su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil, puesto que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

El tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading & DEVS LTD. que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, «cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones».

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de la criptomoneda en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

Los estafados presentaron recurso de casación porque, en su opinión, «lo procedente hubiera sido que la sentencia recurrida condenara al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder entonces a su valoración y acordar la devolución de su importe».

El bitcoin es un activo patrimonial inmaterial

La Sala responde que aunque su propia jurisprudencia ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, las víctimas de la estafa no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que “el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero”.

En su sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Llarena, explica que el bitcoin es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre y que a partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada.

De este modo -señala la Sala- “el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading”.

Los magistrados recuerdan que, aunque el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único, el importe de cada unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de la demanda), tiende a equipararse en cada momento.

Añaden que este coste semejante de las unidades de cuenta en cada momento permite utilizar a la moneda virtual “como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el “valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.

Así, concluye la Sala, por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia “no puede acordar su restitución, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos”.