Los jueces españoles procesaron por corrupción a 58 personas en el primer trimestre de 2019

26 junio, 2019

Casi coincidiendo con el informe anual del Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) en el que alaba la transparencia judicial de España y nos saca del grupo de países con especial supervisión por incumplimiento de las recomendaciones, se ha hecho público que entre enero y marzo de 2019 los jueces españoles concluyeron un total de 9 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 58 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Además, el 60 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción durante este mismo periodo fueron condenatorias.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también incluye el número de sociedades contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo; en concreto fueron 2, ambas en la Comunidad de Madrid.

La información que se maneja corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía, según señala el CGPJ. De este modo, los procedimientos judiciales que recoge esta estadística tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público. Abarca, así, tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Los principales indicadores para cuantificar cómo trabaja la justicia española contra la corrupción son las personas acusadas y/o procesadas en cualquiera de las instancias, los procedimientos y las sentencias dictadas.

Cataluña a la cabeza de acusados y de procedimientos

Por Comunidades Autónomas, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, la primera posición del ranking la ocupa Cataluña con 23 personas acusadas y 3 procedimientos; le sigue Madrid con 17 acusados a los que hay que sumar 2 sociedades y 2 procedimientos. Baleares, por su parte, registra 10 personas acusadas y un procedimiento. A continuación está Galicia con 5 acusados y un procedimiento, seguida de la Comunidad Valenciana con 2 acusados y un procedimiento. La lista se cierra con Castilla y León que aporta una persona acusada y un procedimiento.

Un 60 por ciento de sentencias condenatorias

En el mismo periodo, juzgados y tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 12 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60 por ciento del total.

La información ofrecida por el CGPJ detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

España ante el TJUE por sus sanciones ‘desproporcionadas’ en la declaración de bienes en el extranjero

20 junio, 2019

Los contribuyentes españoles sancionados por no haber notificado al fisco los activos que poseen en el extranjero, es decir, que no presentaron el conocido Modelo 720 puesto en marcha por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como otra medida antifraude después de la ‘amnistía fiscal’, se enfrentaron a sanciones que Bruselas califica de «desproporcionadas».

Por esta razón, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Según explican juristas expertos en la materia, de la decisión que tome el tribunal con sede en Luxemburgo se podría derivar que no se aplique el régimen sancionador específico; y que los contribuyentes que hubieran regularizado su situación tributaria declarando como ganancias patrimoniales no justificadas, los bienes y derechos localizados en el extranjero y no gravados en su momento, podrían solicitar la devolución de los importes regularizados.

Un desencuentro que viene de lejos

En noviembre de 2015, la UE incoó el procedimiento de infracción mediante una carta de emplazamiento, a lo que siguió un dictamen motivado el 15 de febrero de 2017 que se conoció en diciembre de 2018. A partir de la recepción del dictamen, España disponía de dos meses para modificar la normativa reguladora del Modelo 720 pero aún no ha movido ficha.

El procedimiento especial de identificación de cuentas en el extranjero enmarcado en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, exige que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.

La no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas en el régimen general  por infracciones similares reguladas en la Ley General Tributaria. Su cuantía puede llegar a superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

La Comisión considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son «desproporcionadas y discriminatorias». Pueden «disuadir» a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único, señalan.

En consecuencia, entienden que estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales previstas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Proporcionalidad de las sanciones

El dictamen, a lo largo de sus 24 páginas, hace un examen detallado del régimen sancionador y del tratamiento de las ganancias patrimoniales no justificadas derivadas del incumplimiento de la obligación de informar.

En la exposición de motivos del documento, la Comisión no cuestionó el derecho de España a imponer obligaciones de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero sino la proporcionalidad de algunos de sus aspectos y del régimen sancionador conexo.

«No se discute que la restricción de las libertades fundamentales que podría entrañar esta obligación de información pueda verse justificada por la necesidad de evitar el fraude, el abuso y la evasión fiscales o de garantizar la eficacia de los controles fiscales», señala. «Lo que sí parece es que el régimen sancionador específico y el régimen aplicable a las ganancias patrimoniales no justificadas en caso de no notificación de los bienes y derechos poseídos en el extranjero pueden resultar desproporcionados y, por tanto, vulnerar el Derecho de la Unión», matiza el texto.

Vulneración de las libertades fundamentales

Como conclusión, el dictamen establece que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben, en virtud de los artículos 21 (libre circulación de personas), 45 (libre circulación de trabajadores), 49 (libertad de establecimiento), 56 (libre prestación de servicios) y 63 (libre circulación de capitales) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los artículos 28 (libre circulación de trabajadores), 31 (libertad de establecimiento), 36 (libre prestación de servicios) y 40 (libre circulación de capitales) del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

E insiste en describir que el Modelo 720 establece un régimen de declaración fiscal que parece «discriminatorio y desproporcionado», a la luz de la jurisprudencia del TJUE porque se imponen multas pecuniarias fijas, por incumplimiento de las obligaciones de información o por la presentación extemporánea del Modelo, superiores a las establecidas a nivel nacional.

Asimismo, se somete a tributación las ganancias patrimoniales no justificadas, como consecuencia de la falta de información o de la presentación extemporánea de la información que figura en el Modelo 720, junto con la negación de la prueba de que la propiedad de los activos se mantiene desde un determinado ejercicio fiscal que ha prescrito. Y también se impone una multa pecuniaria proporcional sobre dichas ganancias patrimoniales no justificadas.

La UE pone más difícil usurpar la identidad con documentos más seguros

7 junio, 2019

Bruselas ha adoptado un Reglamento para que los documentos de identidad y permisos de residencia de los ciudadanos de la UE sean más seguros y reduzcan el riesgo de robo de identidad. La norma se extiende también a los familiares de un residente comunitario que no sean ciudadanos de la UE.

Y aunque nace con el objetivo de combatir mejor el uso de papeles falsificados para tratar de entrar de manera irregular en territorio comunitario, en el sector financiero la nueva normativa europea facilitará una mayor diligencia en la identificación formal de los clientes, puesto que incorpora normas mínimas comunes a todos los Estados miembros que los expiden, tanto respecto de la información que contienen los documentos como de las medidas de seguridad.

Que alguien trate de utilizar ‘mi identidad’ es una problemática real a la que a diario se enfrentan los ciudadanos tras haber sido víctimas de un delito de robo de identidad y que, en nuestro país, pivota sobre el DNI. Con el agravante, además, de que los afectados por este tipo delictivo se suelen enterar cuando acuden, por ejemplo, a una entidad financiera para establecer relaciones de negocio.

Normas de seguridad

Los nuevos documentos de identidad tendrán que elaborarse en un formato uniforme del tipo de las tarjetas de crédito (ID-1), incluir una zona de lectura mecánica y seguir las normas mínimas de seguridad que establece la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Asimismo, tendrán que incluir una fotografía y dos impresiones dactilares del titular, que se almacenarán en formato digital, en un chip sin contacto. Se indicará, además, el código de país que corresponda al Estado miembro de expedición, dentro de una bandera de la UE.

El periodo de validez de los documentos será de un mínimo de cinco años y un máximo de diez. Para los mayores de 70 años, se prolonga este periodo y, en el caso de los menores, podrá ser inferior a cinco años.

Ahora bien, a los países que no los tienen previstos en su legislación nacional como Irlanda y Reino Unido, no obliga a adoptar documentos de identidad.

Eliminación de los documentos antiguos

Una vez que el Reglamento se adopte formalmente, es decir, que se publique en el DOUE, la norma entrará en vigor dos años después, lo que significa que para esa fecha todos los documentos deberán cumplir los nuevos criterios de seguridad. Asimismo, se revisará cada seis años para comprobar, entre otros, la eficacia de la verificación biométrica para la seguridad y su impacto en los derechos fundamentales.

Los documentos antiguos dejarán de ser válidos diez años después de la fecha de aplicación de la nueva normativa o en la fecha de su expiración, si esta es anterior. Y aquellos que se expidan a partir de los 70 años de edad seguirán siendo válidos hasta su expiración, siempre que cumplan las normas mínimas de seguridad especificadas y cuenten con una zona de lectura mecánica.

Para los documentos menos seguros, como es concretamente el caso de Grecia, el plazo de expiración será de cinco años.

Garantías de protección de datos

En la nueva normativa se incluyen garantías sólidas de protección de datos para que la información recopilada no caiga en malas manos. En particular, las autoridades nacionales tendrán que garantizar la seguridad del chip sin contacto y de los datos en él almacenados para que no puedan piratearse ni pueda accederse a ellos sin permiso.

En la actualidad, hay alrededor de 86 tipos de DNI y 181 tipos de documentos de residencia diferentes en la UE.

Los ‘fakes’ en la prevención del blanqueo de capitales

3 junio, 2019

Los fraudes o engaños que tienen que sortear una amplia mayoría de sectores socioeconómicas y que popularmente han pasado a denominarse por el término anglosajón de ‘fakes’, se extienden también al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. En concreto se han detectado supuestas actuaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en su relación con los sujetos obligados.

Por eso, desde el órgano supervisor se apresuran a ofrecer una serie de advertencias y recomendaciones a su público objetivo.

Llamadas de supuestos empleados

Según la información de la que dispone  el SEPBLAC, se han producido llamadas telefónicas a sujetos obligados realizadas por parte de personas que se identifican como empleados del Servicio Ejecutivo en las que se interesan por algunos clientes y solicitan que se adopten determinadas medidas respecto a los mismos y sus operaciones.

Ante este ‘fake‘, el primer mensaje que quiere recordar el SEPBLAC es que sus actuaciones se realizan «siempre siguiendo un cauce estrictamente formal».

Así, la solicitud de información, documentación o cualquier otro tipo de actuación siempre se realizará por escrito, tal y como se establece en el artículo 21 de la Ley 10/2010.

Inspecciones

También se ha detectado que algunos titulares de actividades económicas están recibiendo la visita de personas que se presentan como vinculadas al SEPBLAC y que pretenden realizar una supuesta inspección u otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Hay que tener en cuenta que las inspecciones u otras actuaciones del órgano se realizan igualmente siguiendo un cauce formal. En este caso, la visita de inspección se anuncia por escrito con carácter previo y con antelación suficiente.

Y, además, como aspecto importante, los sujetos obligados deben recordar que no corresponde al SEPBLAC el ejercicio de eventuales competencias sancionadoras ni de ejecución del pago de multas o sanciones.

Utilización de signos identificativos

Otro de los ‘fakes‘ detectados tiene que ver con el uso indebido del nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio Ejecutivo por parte de personas ajenas. «Generalmente, con ello se pretende que los destinatarios entiendan que quién actúa cuenta con un hipotético respaldo o apoyo por parte del SEPBLAC», indican.

Sin embargo, este organismo «nunca respalda o emite opinión alguna sobre la actuación de terceros» que realicen, o digan realizar, funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Y reiteran que no está permitido «en ningún caso» la utilización de su nombre, acrónimo o logotipo por terceros.

Examen por experto externo

Finalmente, se ha tenido conocimiento de que hay expertos externos que ofrecen sus servicios a sujetos obligados que están exceptuados de la obligación de someter sus medidas de control interno al examen anual de un experto externo.

Y es que no todos los sujetos obligados tienen que someter sus medidas de control interno al examen de un experto externo.

Concretamente, están exentas las personas físicas que realizan, en nombre propio, una actividad empresarial o profesional; los corredores de seguros; las fundaciones, asociaciones, personas que comercian profesionalmente con bienes, y gestores de sistemas de pago, de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados y de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades; así como abogados, asesores, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, agentes, loterías y casinos que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, salvo que estén integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.