Nueva resolución de la ONU para combatir la financiación del terrorismo

29 abril, 2019

El 28 de marzo de 2019, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 2462 en la que se pone de manifiesto la necesidad de combatir la financiación del terrorismo también desde el ámbito penal y con unas unidades de inteligencia financieras potentes y autónomas, al tiempo que reafirma el papel que cumple el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De hecho, insta «encarecidamente» a todos los Estados a que pongan en práctica las cuarenta recomendaciones revisadas de este organismo.

La ONU ve «con grave preocupación» que los terroristas recaudan fondos por medios tan diversos como el uso indebido de empresas comerciales legítimas, ONG, donaciones y financiación colectiva, así como a través de la explotación de los recursos naturales y el producto de actividades delictivas como el secuestro para obtener rescate, la extorsión, el comercio y tráfico ilícitos de bienes culturales, armas, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Además advierte de que los terroristas trasladan y transfieren fondos, incluso a través de las instituciones financieras, usando sociedades pantalla y transportistas de fondos, y aprovechando métodos de pago emergentes, como las tarjetas de prepago, los sistemas de pago por telefonía móvil o los activos virtuales. Sin olvidar que pueden utilizar la delincuencia organizada transnacional en su beneficio como fuente de financiación o de apoyo logístico.

También insta a que a la hora de determinar qué sectores económicos son más vulnerables a la financiación del terrorismo en cada país, se incluya a los servicios no financieros como, por ejemplo, los sectores de la construcción, los productos básicos y los productos farmacéuticos.

Delito grave y sanciones efectivas

El texto de la Resolución, en su primer punto ejecutivo «decide» que todos los Estados tipifiquen como delitos graves, suficientes para que se pueda enjuiciar y sancionar de forma proporcional, efectiva y disuasoria, la provisión o recaudación intencionales, de manera directa o indirecta, de fondos, activos financieros o recursos económicos u otros servicios conexos con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que serán utilizados, en beneficio de terroristas u organizaciones terroristas con cualquier fin, incluidos el reclutamiento, el adiestramiento o los viajes, aun cuando no haya un vínculo específico con un acto terrorista.

Asimismo, recalca que hay que buscar la manera de «superar las dificultades» para obtener pruebas que garanticen sentencias condenatorias por este tipo de delitos y destaca la necesidad de que se apliquen «con eficacia» los mecanismos de congelación de activos y que, incluso, se considere la posibilidad de poner a disposición del público las listas nacionales o regionales de estas sanciones.

Reforzar las UIF

La Resolución se refiere igualmente a la importancia de que se establezcan unidades de inteligencia financiera (UIF) que funcionen de manera independiente y autónoma, y a que se refuerce el acceso a ellas y su capacidad para analizar la información, de forma que elaboren indicadores específicos de riesgo en colaboración con las autoridades competentes y cooperando de forma estratégica con el sector privado, incluidas las instituciones financieras, la industria de la tecnología financiera y las empresas de Internet y las redes sociales en la evolución de las tendencias, las fuentes y los métodos de la financiación del terrorismo.

E insta a que los países establezcan un marco que permita a las UIF, los servicios de inteligencia, las fiscalías y las autoridades judiciales, reunir e intercambiar información sobre la financiación del terrorismo, así como a nivel operacional y de inteligencia financiera en relación con las acciones y las pautas de desplazamiento de los terroristas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, entre ellos los que regresan y se trasladan.

Para ello ofrece una serie de recomendaciones como utilizar la inteligencia financiera suministrada por las UIF, así como la información financiera pertinente obtenida del sector privado; que exista una mayor coordinación interinstitucional; usar la inteligencia financiera y las huellas financieras como instrumentos para detectar redes de terroristas y sus financiadores; y establecer un mecanismo para obtener información incluso sobre cuentas bancarias para facilitar la detección de activos de los terroristas.

Rastreo de las operaciones financieras

Para aumentar la rastreabilidad y transparencia de las transacciones financieras, la ONU aboga por el uso pleno de las nuevas tecnologías financieras y tecnologías regulatorias que vayan surgiendo «para promover la inclusión financiera y contribuir a la aplicación efectiva» de las medidas antiblanqueo.

Otros medios que apunta para conseguir este fin son:

  • Velar por que las instituciones financieras, incluso dentro del mismo grupo financiero, y las actividades y profesiones no financieras designadas puedan intercambiar información y proporcionar a las autoridades nacionales información detallada sobre las tramas criminales
  • Evaluar los riesgos asociados con el uso de efectivo y de títulos negociables al portador, incluido el transporte ilícito de efectivo a través de las fronteras, y de otros productos financieros, como las tarjetas de valor almacenado y de prepago y los proveedores de sistemas informales de transferencia de fondos (incluidos los sistemas hawala)
  • Evaluar también los posibles riesgos asociados con los activos virtuales y los que plantean los nuevos instrumentos financieros, incluidas las plataformas de financiación colectiva

El papel de las ONG

Finalmente, la ONU reconoce «el papel fundamental» que desempeñan las ONG en las economías y los sistemas sociales nacionales y exhorta a los Estados a que realicen periódicamente evaluaciones del riesgo de su sector sin fines de lucro o actualicen las evaluaciones existentes para determinar qué organizaciones son vulnerables a la financiación del terrorismo y utilizar esa información como base para la aplicación de un enfoque basado en los riesgos.

Y es que hay que recordar que estas organizaciones se han usado incluso como pantalla por los terroristas o en su nombre.

Ahora bien, la Resolución tiene en cuenta que cuando se formulen y apliquen medidas de lucha contra la financiación del terrorismo, se tenga en cuenta los efectos que pueden tener en las actividades de carácter exclusivamente humanitario, incluidas las actividades médicas, que realicen agentes humanitarios imparciales.

Las orientaciones del SEPBLAC para operar con trusts

24 abril, 2019

El SEPBLAC ha publicado una Guía que contiene orientaciones para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con fideicomisos o trusts.

El fideicomiso anglosajón o trust es una figura originaria del derecho inglés en virtud de la cual una persona (fiduciario o trustee) controla bienes o derechos con un fin y un tiempo determinado o en beneficio de un tercero. Se trata de un instrumento jurídico que ha experimentado un gran desarrollo y que cumple un importante papel en el tráfico económico internacional.

No obstante, su opacidad lo hace propicio al abuso para evitar impuestos, por ejemplo, ya que suelen constituirse en países de baja o nula tributación. Y está documentado su empleo en esquemas de blanqueo de capitales ya que se crean estructuras en las que el dinero y la identidad de esos bienes se pueden ocultar, como sería el caso de los trusts constituidos por bancos de inversión en otros países o territorios off shore.

Con estos antecedentes y aunque hablamos de un instrumento ajeno al ordenamiento jurídico español, el SEPBLAC ha tenido en cuenta que con la creciente internacionalización de la economía los sujetos obligados pueden establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones con trusts constituidos de acuerdo a la legislación de Estados terceros.

Particularidades en la diligencia debida

Para la identificación formal, los sujetos obligados deberán requerir el documento constitutivo del trust. Es el caso del testamento (will trust o trust under will), la escritura (trust instrument o deed of trust) o la resolución judicial si hablamos de los trusts implícitos. Según advierte el SEPBLAC en su guía, los sujetos obligados solo admitirán trusts reconocidos judicialmente.  

Asimismo, tendrán obligación de identificar y comprobar mediante los documentos fehacientes la identidad de la persona que actúe por cuenta de los beneficiarios o de acuerdo con los términos del trust. En los casos de representación legal o voluntaria del trust, deberá obtenerse copia del documento público acreditativo de los poderes conferidos.

La cosa se complica cuando entramos en la identificación de los titulares reales, que podrá realizarse mediante una declaración responsable del fiduciario o del representante legal o voluntario del trust.

Se consideran titulares reales el fideicomitente (settlor, grantor o trustor), esto es, la persona que constituye el trust por acto inter vivos o mortis causa y lo financia con sus bienes; el fiduciario (trustee); el protector, que habrá sido designado por el fideicomitente con facultades de control, incluida, en su caso, la remoción del fiduciario; así como los beneficiarios y cualquier otra persona física que ejerza el control del trust.

Sobre el propósito e índole de la relación de negocio, deberá determinarse el origen de los fondos dotacionales, la regularidad de su constitución y de las facultades atribuidas al fiduciario, su razonabilidad económica y/o jurídica y la inexistencia de cláusulas o previsiones anómalas, exorbitantes o ilegales.

Además, en relación con el fideicomitente, es preciso conocer a qué se dedica y cuál es el origen de los fondos aportados. También si tiene la condición de persona con responsabilidad pública, es nacional o residente de un país, territorio o jurisdicción de riesgo o está sujeto a sanciones financieras internacionales.

Con respecto al fiduciario se deberá determinar el alcance de sus facultades y las modalidades de su retribución, así como su carácter profesional o no. Si es profesional, es decir, abogado, contable o notario, entre otros perfiles, recordar que habrá que tener en cuenta la información sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales aplicadas por el fiduciario en su calidad de sujeto obligado.

Conocer la actividad profesional y determinar la naturaleza de su relación con el trust y el fideicomitente será obligado por lo que respecta a los beneficiarios.

Finalmente, en la obligación de diligencia debida relativa al seguimiento continuo de la relación de negocios, se revisarán las operaciones para garantizar que coinciden con el perfil de riesgo del trust y se garantizará que los documentos, datos e información relativos al trust y a sus titulares reales están actualizados.

Toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia se conservará durante un periodo de 10 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.

Los denunciantes de corrupción ya tienen respaldo normativo en Europa

22 abril, 2019

Por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, y en lo que puede considerarse un hito histórico, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como whistleblowers), tras una negociación in extremis entre la propia Eurocámara, la Comisión y el Consejo para llegar a tiempo antes de que se celebren las elecciones del 26 de mayo de 2019.

El siguiente paso para que el texto de la Directiva sea una realidad es que reciba el respaldo de los ministros de los 28 países miembros. A partir de ese momento, el plazo para su aplicación será de dos años.

Aunque ya en la quinta Directiva se había incorporado una referencia a la figura del whistleblower será con la nueva norma donde se establezcan estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.

Un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en el año 2017 estimó que la falta de protección efectiva a los delatores produce, solo en el ámbito de la contratación pública, entre 5.800 y 9.600 millones de euros de pérdidas anuales en el conjunto de la UE.

A pesar de este dato, solo una decena de países europeos ofrece una protección legal adecuada. Entre ellos no está España donde, hasta ahora, esta protección es parcial o afecta solo a algunos sectores.

Escándalos como ‘LuxLeaks‘ o los ‘Panama Papers‘ han puesto de manifiesto la importancia de las revelaciones de los delatores para detectar y prevenir infracciones. Pero también evidencian que la falta de protección puede tener consecuencias negativas para el interés público y el bienestar social y que las infracciones pueden extenderse a otros Estados miembros o al conjunto de la UE.

Canales seguros

Para asegurar que los potenciales delatores están protegidos y que la información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo internamente en las organizaciones -ya sea pública o privada por encima de 50 empleados-, ante la autoridad legal o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes.

En los casos en los que no se tomen las medidas pertinentes ante la denuncia inicial de los delatores, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias, el delator también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.

Protección contra las represalias

La ley prohíbe explícitamente las represalias contra los whistleblowers  e introduce mecanismos para impedir que sean suspendidos, degradados o intimidados. Las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidos.

Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento.

Más obligaciones y mayor control sobre los activos virtuales y sus proveedores

15 abril, 2019

Un total de 33 puntos es lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha presentado a los ministros de Finanzas del G20 y a los Bancos Centrales para informar de los trabajos en curso centrados, especialmente, en los activos virtuales en los que se incluyen las criptodivisas; contrarrestar la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva; incrementar la transparencia y la disponibilidad de información sobe la titularidad real; mejorar la efectividad del sistema de justicia penal; la identidad digital, así como el de-risking.

Y en la base para desarrollar sus programas, el GAFI solicita «fortalecer su capacidad y gobernanza».

Nueva definición de activos virtuales

En el Informe publicado el 8 de abril de 2019, se insiste a lo largo de 7 puntos en la necesidad de guardar un equilibrio entre los beneficios que reportan al sistema financiero y a la economía, en general, las innovaciones tecnológicas y los activos virtuales, y los riesgos asociados a su uso en el blanqueo de capitales.

Es una cuestión que el GAFI vigila de cerca con informes internos y monitorización de las medidas adoptadas por los países para contrarrestar la actividad financiera sospechosa o ilegal que involucra activos virtuales. De hecho, ya en octubre de 2018 adoptó cambios en una de sus 40 Recomendaciones e incorporó en su Glosario las definiciones de «activo virtual» y «proveedor de servicios», con el fin de aclarar cómo se aplican los requisitos AML/CFT en este contexto.

Se entiende por activo virtual una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y puede ser utilizado para fines de pago o inversión.

Es decir, los países deben considerarlos como propiedad, ingresos, fondos u otro valor correspondiente. Y de acuerdo a sus estándares, los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiación de terrorismo que surgen de las actividades con estos activos.

Novedades en la Recomendación 15

Asimismo, la Recomendación número 15 modificada requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales como, por ejemplo, los exchanges dedicados a la compraventa de criptoactivos, tengan licencia o estén registrados en la jurisdicción en la que se crean y estén sujetos a sistemas efectivos para monitorizar y garantizar el cumplimiento de las medidas ALD / CFT, al igual que cualquier sujeto obligado.

En febrero de 2019, el organismo publicó además una nota interpretativa adherida a la Recomendación que se incluirá formalmente en el mes de junio y en la que se detalla cómo se deben de aplicar sus estándares a las actividades u operaciones que involucran ese tipo de valor.

“Los países deberían aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Deben exigir que los proveedores de activos virtuales identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar estos riesgos”, detalla el GAFI.

Insta igualmente a las jurisdicciones miembros a cooperar con información de los delitos que se cometan y apunta a que sean los supervisores de los proveedores los que intercambien información «de manera rápida y constructiva con sus contrapartes extranjeras”.

Por lo que respecta a las sanciones para los proveedores en caso de incumplimiento de la normativa, señala nuevamente a los supervisores. Serán los que tengan poderes para imponerlas tanto disciplinarias como financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia o el registro. También acota que las naciones deberán ejercer sanciones «efectivas, proporcionales y disuasorias», ya sean penales, civiles o administrativas, no solo para proveedores, sino también para sus directores y altos directivos.

España fue uno de los países de la UE que más visas doradas concedió entre 2013 y 2018

9 abril, 2019

Desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus familiares. Con la concesión de estas denominadas ‘visas doradas’, es decir, residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país, España ha ganado 976 millones de euros anuales. Son datos que se recogen en el informe European getaway: inside the murky world of golden visas, elaborado por Transparency International y Global Witness.

La mayoría de los Estados miembros han adoptado regímenes de ciudadanía por inversión (CPI) y de residencia por inversión (RPI). Y, a pesar de que hay poca transparencia en las cifras, según señala la propia UE, en los últimos 10 años los 28 habrían concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de estos programas.

Nuestro país es uno de los países que más visas doradas ha otorgado —específicamente residencias—, junto a Hungría, Letonia, Portugal y Reino Unido. Y lo ha hecho en su mayoría a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233) y Venezuela (3.116).

Riesgos de corrupción

Sin embargo, de lo que alertan las organizaciones en su informe es de que estos programas migratorios para inversionistas encierran «serios riesgos de corrupción» fundamentalmente por una insuficiente diligencia debida, porque existen conflictos de interés y un amplio margen de discrecionalidad por parte de los Estados.

En su opinión, el problema de estas visas es que «se convierten en un atractivo para los corruptos ya que a través de ellas, pueden permitirse estilos de vida lujosos, evitar las sospechas de los bancos —gracias a la seguridad que ofrecen los pasaportes europeos—, y escapar más fácilmente de la justicia en sus países de origen». Además, se quejan de que en el caso específico de España, el otorgamiento de este tipo de visados lleva aparejado unos plazos simplificados de tramitación, lo que supone «una diferencia inaceptable para las personas sin medios que se ven abocadas a acudir a la tramitación regular».

El informe indica que las visas doradas comparten tres características asociadas a altos riesgos de corrupción. La primera es el perfil de los solicitantes y la suma de dinero que se necesita para pedirlas. En Chipre, por ejemplo, se requieren hasta 2 millones de euros para obtener la ciudadanía de inversionista; en España, la cifra para conseguir una residencia va de 500.000 a 2 millones de euros.

La segunda característica que citan es la falta de integridad operativa en la gobernanza de estos programas. Y la tercera, la ausencia de estándares y prácticas en toda la UE.

Medidas propuestas

Para contrarrestarlo, Transparency International y Global Witness proponen precisamente establecer unos estándares para los programas que incluyan diligencia debida y transparencia; que se identifiquen y evalúen los riesgos de estos programas para toda la UE, y se hagan las correcciones necesarias; trabajar en la ampliación de la normativa antiblanqueo para que puedan aplicarse a todos los involucrados en la industria de las visas doradas; establecer mecanismos para reunir y coordinar la información sobre las solicitudes, las inversiones y las denegaciones; e iniciar procedimientos legales contra los Estados Miembros cuyos programas puedan menoscabar la seguridad colectiva del resto de países de la UE.

La UE recomienda su eliminación progresiva

Con el fin de estrechar el cerco a la criminalidad financiera, la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal de la UE (TAX3) emitió una serie de recomendaciones aprobadas por la Eurocámara el 26 de marzo de 2019 donde se incluye la intención de eliminar progresivamente estos programas porque, en su opinión, los beneficios económicos potenciales de estos regímenes “no compensan los graves riesgos” de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal que suponen. Y mira especialmente a Malta y Chipre, dadas “las escasas exigencias a los solicitantes”.

Hasta que la medida desaparezca, la TAX3 solicita que los Estados miembros exijan la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes y garantizar “adecuadamente” que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida a los solicitantes.

Y es que señalan que las inversiones realizadas en el marco de estos programas “no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro” que concede la ciudadanía o residencia y que “a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el que se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento”.

Entienden que la obligación de considerar a los solicitantes de CPI y RPI como de alto riesgo durante su proceso de diligencia debida, no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de establecer y llevar a cabo por sí mismos una diligencia debida reforzada. Y lamentan el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha aumentado “considerablemente” los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.