¿Por qué se han bloqueado las cuentas bancarias de clientes chinos?

20 febrero, 2019

Tres grandes entidades bancarias han procedido al bloqueo y cancelación de cuentas corrientes de clientes de origen chino afincados en España. A efectos prácticos, el bloqueo de una cuenta consiste en congelar el dinero que hay depositado en ella, de forma que el titular no podrá realizar ninguna operación tal como sacar dinero, recibir cheques o efectuar una transferencia.

La justificación dada es que lo han realizado para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales que exige a los bancos una serie de obligaciones de conocimiento, vigilancia y control del cliente y de su operativa bancaria con el fin de impedir que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear dinero.

Este hecho ha puesto a esta comunidad de más de 200.000 ciudadanos en pie de guerra que han llegado a manifestarse frente a la sede de la Fundación BBVA en Madrid.

Incluso el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, para pedir información sobre este bloqueo.

Y, por ejemplo, la asociación de consumidores ASUFIN ha anunciado que defenderá a la comunidad china al entender que es «uno de los mayores casos de discriminación en la historia de nuestra democracia» y se trata de «una actuación arbitraria que puede contravenir a la propia Constitución».

Del otro lado, el BBVA, como una de las entidades implicadas, ha emitido un comunicado en el que señala haber adoptado «las medidas necesarias para agilizar el proceso de documentación y facilitar la regularización de la operativa de las cuentas afectadas, una vez que se hayan documentado debidamente según lo exigido por la ley». Asimismo, «lamenta profundamente los inconvenientes» derivados del cumplimiento de la normativa antiblanqueo.

Medidas de diligencia debida

El Reglamento de la Ley 10/2010 marca a las entidades financieras la obligación de aplicar una serie de medidas de diligencia debida con el fin de tener conocimiento e identificación de los clientes y de sus operaciones.

Desde el 30 de abril de 2015, los bancos deben contar en sus archivos con un formulario para las personas físicas en el que se pide información sobre datos personales del titular de la cuenta, datos de actividad (incluida la laboral con detalle de si es por cuenta propia o ajena) y económicos. En este último caso, concretando el origen de los fondos depositados. Se pregunta, además, si se ha ejercido cargo político en los dos últimos años o es familiar o allegado de alguien en esta situación.

Y también con la ley en la mano, los bancos, antes de establecer las relaciones de negocio con un cliente, tienen obligación de cumplir una serie de requisitos para conocer cuál es su actividad profesional o empresarial previo a la apertura de una cuenta o contratar algún otro producto.

Además, comprobarán las actividades declaradas cuando el cliente tenga riesgos superiores al promedio o las operaciones que realice no se correspondan con esa actividad.

Identificación del cliente

El procedimiento de documentación de clientes «se aplica a todos, con independencia de su nacionalidad», ha matizado el BBVA tras las acusaciones de discriminación y de exclusión financiera.

«Consiste en notificarles la obligación de entregar la documentación requerida y concederles un plazo razonable para aportarla. Si, transcurrido ese plazo, el cliente no aporta la documentación, el banco está obligado a adoptar medidas que pueden llegar al bloqueo o cierre de la actividad de las cuentas», ha explicado la entidad.

BBVA ha adoptado medidas para agilizar este proceso y, según han afirmado, se ha conseguido «resolver la situación de un número significativo de clientes».

Nueva lista ampliada de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo en la que vuelve a estar Panamá

18 febrero, 2019

La Comisión Europea ha adoptado su nueva lista ampliada de terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La lista que pasa de 16 a 23 jurisdicciones se ha confeccionado, según explica Bruselas, con arreglo a una nueva metodología que recoge los criterios más estrictos de la quinta Directiva antiblanqueo, en vigor desde julio de 2018. 

Es decir, que la decisión de incluir en la lista a países que habían sido retirados, como es el caso de Panamá, dicen que responde a la evaluación de riesgos hecha en la actualidad con arreglo a la nueva metodología y «no implica que la situación se haya deteriorado desde la última actualización».

Como consecuencia de la inclusión en la lista, los bancos y demás entidades sujetas a las normas contra el blanqueo de capitales de la UE deberán aplicar una serie de controles reforzados (diligencia debida) sobre las operaciones en las que participen clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo, a fin de mejorar la detección de cualquier flujo monetario sospechoso.

La nueva lista, que viene a sustituir la publicada el 9 de julio de 2018, se ha confeccionado sobre el análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros. Los países examinados cumplían al menos uno de los siguientes criterios:

  • tener un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero de la UE
  • estar señalados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros extraterritoriales internacionales
  • tener relevancia económica y fuertes vínculos económicos con la UE

Se evaluó el nivel de amenaza de cada país, así como el marco jurídico y los controles adoptados para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su aplicación efectiva. También se tuvo en cuenta los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con todo, Bruselas concluyó que son 23 los países que presentan deficiencias estratégicas en sus mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este grupo se incluyen 12 países ya señalados por el GAFI y otros 11 países y territorios más. Algunos de los países enumerados ya figuraban en la anterior lista de la UE, que contenía 16 países.

Las 23 jurisdicciones

1. Afganistán

2. Arabia Saudí

3. Bahamas

4. Botsuana

5. Etiopía

6. Ghana

7. Guam

8. Irak

9. Irán

10. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

11. Libia

12. Nigeria

13. Pakistán

14. Panamá

15. Puerto Rico

16. República Popular Democrática de Corea

17. Samoa

18. Samoa Americana

19. Siria

20. Sri Lanka

21. Trinidad y Tobago

22. Túnez

23. Yemen

El nuevo marco normativo

La lista adoptada se enmarca en un Reglamento Delegado que se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación en el plazo de un mes (con una posible prórroga de un mes adicional). Una vez aprobado, el Reglamento Delegado se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

La Comisión seguirá trabajando con los países con deficiencias estratégicas en el Reglamento Delegado, colaborando especialmente en los criterios de retirada de la lista. Posteriormente, hará un seguimiento de los progresos realizados, seguirá supervisando los que ya han sido reexaminados e iniciará la evaluación de otros países, en consonancia con la metodología publicada.

Tras este proceso, la lista se actualizará en consecuencia. También reflexionará sobre el refuerzo de su metodología donde lo aconseje la experiencia adquirida, con vistas a garantizar una identificación eficaz de los terceros países de alto riesgo y el seguimiento necesario.

Metodología más estricta

Esta metodología propia que ha elaborado la UE para identificar los países de alto riesgo está basada en la información del GAFI, así como en sus propios conocimientos especializados y en otras fuentes como Europol. El resultado es un enfoque más ambicioso para detectar los países con deficiencias que entrañan riesgos para el sistema financiero de los 28 Estados miembros.

A raíz de la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo en 2015, la Comisión publicó la primera lista europea de terceros países de alto riesgo basada en la evaluación del GAFI. La quinta Directiva  amplía los criterios para la identificación de terceros países de alto riesgo e introduce, en particular, la disponibilidad de información sobre la titularidad real de sociedades e instrumentos jurídicos.

Con ello se pretende atajar los riesgos derivados de la creación de sociedades fantasma y estructuras opacas a las que pueden recurrir los delincuentes y los terroristas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de una transacción (o con fines de evasión fiscal).

Cesa la emisión de billetes de 500 euros para evitar su uso delictivo

5 febrero, 2019

Conocidos en España como los ‘Bin Laden’ porque nunca se veían en las economías domésticas, los billetes de 500 euros que empezaron a emitirse el 1 de enero de 2002 sí han sido muy vistos y conocidos por aquellos que se han servido de ellos para cometer actividades ilícitas. Precisamente por asociarse con prácticas de blanqueo y financiación del terrorismo, el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) tomó la decisión en mayo de 2016 de cesar su producción y emisión a finales de 2018.

Como consecuencia de esta medida, desde el 27 de enero, el Banco de España ha dejado de emitir estos billetes de la primera serie que no se incluirán en la serie ‘Europa’. Ahora bien, el billete de 500€ seguirá siendo de curso legal, es decir, seguirá circulando y mantendrá su valor indefinidamente como medio de pago y depósito de valor. Asimismo, podrá cambiarse en los bancos centrales nacionales del Eurosistema por periodo ilimitado.

Los sectores profesionales, como bancos, compañías de transporte de fondos u oficinas y cambio de moneda, entre otros establecimientos, podrán recircular los billetes de 500 euros.

31 millones de billetes

Con datos referidos a diciembre de 2018 publicados por el Banco de España, el número de billetes de 500 euros puesto en circulación se situó en 31 millones, la misma cifra que un mes antes. Esto supone que permaneció en niveles de febrero del año 2003, bajando además en 7 millones a nivel interanual.

De este modo, el importe de todos los billetes de 500 euros se situó en 15.500 millones de euros, tras la decisión adoptada por BCE a principios de mayo de 2016 de dejar de producir estos billetes.

Por qué se usan para el blanqueo

Hay dos razones fundamentales por las que los billetes de 500 euros se han venido usando para el blanqueo de activos. Y es que como se precisa menos cantidad de divisas para sumar grandes cuantías económicas es más difícil seguir su rastro. En consecuencia, ocupan menos espacio para ocultarlos y se requieren cajas de seguridad más pequeñas.

Por contra, son billetes poco propicios para la falsificación. Para su fabricación se utilizó una tecnología de impresión sofisticada y como elementos de seguridad, junto a los del resto de billetes, incorpora un parche holográfico en el anverso en el que se ve la cifra que muestra el valor del billete y una puerta o una ventana; así como un número que cambia de color en el reverso, de morado a verde oliva o marrón.