La corrupción sigue ‘descontrolada’, según el Índice de Transparencia Internacional

29 enero, 2019

Un año más, Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que en la edición 2018 muestra un estancamiento de la lucha contra la corrupción en la mayoría de países.

El IPC de 2018, que se nutre de 13 encuestas y evaluaciones, mide la corrupción en el sector público de 180 países y territorios con una puntuación que va de 0 (corrupción elevada) a 100 (transparencia elevada).

Los colores de la corrupción

Más de dos tercios de los países analizados obtienen menos de 50 puntos. La puntuación media es de 43. Desde 2012, son 20 los países que han registrado mejoras significativas en sus respectivas puntuaciones. Entre ellos figuran Estonia y Costa de Marfil. En otros 16 países, entre los que destacan Australia, Chile y Malta, las puntuaciones han empeorado de forma significativa.

Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan en las primeras posiciones del Índice con 88 y 87 puntos, respectivamente. Por contra, en la parte baja de la tabla se encuentran Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 10, 13 y 13 puntos, respectivamente.

En el caso concreto de España, desde 2015 se ha mantenido constante con 58 puntos, salvo en 2017 que obtuvo 57. Ocupa el puesto 41 en el ranking.

Por regiones, Europa Occidental y la Unión Europea (con 66 puntos de media) son las mejor puntuadas, y África (con una media de 32 puntos) la que presenta una peor puntuación media, seguida muy de cerca por Europa Oriental y Asia Central (35 puntos de media).

Bajo la lupa

Con una puntuación de 71, Estados Unidos desciende cuatro puntos con respecto al índice del año pasado y alcanza su nivel mínimo en el IPC de los últimos siete años. Este año ha sido también la primera vez desde 2011 que EE. UU. sale del grupo de 20 líderes en el IPC. Este descenso se produce en un contexto en el que EE. UU. ve amenazado su sistema de controles y contrapesos, además de sufrir una erosión de las normas éticas en sus máximos niveles de poder.

Brasil pierde dos puntos en comparación con el año anterior y se sitúa en 35 puntos, lo que también supone su puntuación más baja del IPC en siete años. Junto a las promesas de acabar con la corrupción, el nuevo presidente ha dejado claro que gobernará con mano firme, lo que representa una amenaza para muchos de los hitos democráticos que ha logrado el país.

Ante estos datos, Transparencia Internacional señala que la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia a escala global.

Para conseguir “un progreso real en la lucha contra la corrupción y fortalecer la democracia en todo el mundo”, esta organización insta a los gobiernos a fortalecer las instituciones responsables de mantener el control y el equilibrio sobre el poder político y garantizar que puedan actuar sin intimidaciones; reducir la brecha entre la legislación contra la corrupción y su aplicación real; apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para fomentar la participación política y la supervisión del gasto público por parte de la ciudadanía, sobre todo en el ámbito local; y apoyar la libertad e independencia de los medios de comunicación y garantizar la seguridad de los periodistas.

Bruselas pide mayor protección para los denunciantes

28 enero, 2019

Según un estudio realizado para la Comisión Europea, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes o whistleblowers, solo en el ámbito de la contratación pública, se situó en 2017 en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

En la actualidad, la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentada. De hecho, solo diez Estados miembros tienen una legislación integral en este ámbito y a escala de la UE, la legislación específica solo se aplica a ciertos sectores, principalmente los servicios financieros.

El pasado 24 de abril de 2018, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa aprobó otra propuesta de Directiva que garantizará un elevado nivel de protección para esta figura.

Para ir más allá, los representantes permanentes del Consejo han acordado con fecha 25 de enero su posición sobre la Directiva, de forma que iniciarán las negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura.

Las nuevas normas obligan a las organizaciones privadas o públicas con 50 o más empleados y a los poderes públicos a establecer cauces seguros de denuncia. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Aumentar la seguridad jurídica

Entre los elementos de la posición adoptada por el Consejo respecto de la propuesta inicial, y con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica,

  • Sistema de denuncias: los denunciantes deberán utilizar en primer lugar cauces internos en su organización antes de recurrir a cauces externos (establecidos por los poderes públicos), y en último lugar podrán informar al público. No obstante, el principio del sistema de tres etapas prevé excepciones en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público que permiten al denunciante recurrir a cauces externos o incluso informar al público
  • Personas protegidas por las nuevas normas: se han mantenido los elementos de la propuesta de la Comisión, de modo que quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo empleados (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
  • Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias, con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorroga hasta seis meses para los cauces externos
  • Revelación pública de información: el Consejo ha añadido un artículo que establece las condiciones que debe cumplir la persona protegida por las nuevas normas en caso de que esta revele públicamente información
  • Ámbito de aplicación: la posición del Consejo mantiene el propuesto por la Comisión, que abarca aspectos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención de blanqueo de capitales, la salud pública, etc.

Nuevo caso de blanqueo aprovechando ‘Fortnite’, el videojuego de moda

16 enero, 2019

Los delincuentes han visto en el ‘Fortnite’, un videojuego desarrollado por la empresa estadounidense Epic Games en 2017 que causa furor entre todos los públicos, una nueva vía para el lavado de activos. Así lo ha revelado una investigación llevada a cabo por el periódico británico ‘The Independent’ en la que se pone al descubierto su modus operandi.

Con más de 200 millones de jugadores en todo el mundo, el juego generó $3bn de ganancias en 2018 para el desarrollador.

La moneda virtual empleada en el juego, los ‘V-bucks’, son la pieza clave que utilizan los denominados “blanqueadores electrónicos” que se esconden en el anonimato y la rapidez que ofrece este entorno. Y no es la primera vez que esto sucede. El ‘Second Life’, por ejemplo, un videojuego de rol, ya fue escenario de actividades ilícitas aprovechando su dinero ficticio que terminaba convirtiéndose en dinero real con apariencia de legalidad.

De manera similar, en el caso del ‘Fortnite’, la divisa específica que los jugadores gastan en la tienda virtual del juego para comprar atuendos, armas y otros artículos también lo ha hecho popular entre los ciberdelincuentes.

Estas redes actuan en dos fases burlando no solo las medidas de seguridad del videojuego, sino obteniendo dinero dentro y fuera del sistema de ‘Fortnite’ con total impunidad.

El ‘carding’ y el blanqueo

Primero, cometen un delito de ‘carding’. Es decir, generan tanto tarjetas de crédito pertenecientes a otras personas como sus números, incluido el de verificación, o las usan de forma fraudulenta.

Con las tarjetas falsificadas o los datos numéricos, incluido el de verificación, compran ‘V-bucks’ que posteriormente revenden a los jugadores a un precio reducido, lo que les permite obtener dinero “limpio”.

Los V-bucks con descuento se ofertan de forma masiva en la deep web aunque también en cantidades más pequeñas se pueden encontrar en la web abierta, a través de publicaciones en redes sociales como Instagram y Twitter. Lo cierto es que tal y como revela la investigación, se realizan operaciones por todo el mundo.
Hasta el momento se desconoce el dinero total que ingresan los ciberdelincuentes con estas prácticas. Sin embargo, los datos que revela eBay ayudan a entender hasta dónde llega la gravedad el asunto: en dos meses la venta de objetos digitales de ‘Fortnite’ superó los 250.000 dólares. Un ejemplo claro de la gran cantidad de personas que está dispuesta a gastar en estos bienes digitales.
“Si bien es extremadamente difícil detener por completo esa actividad delictiva, se podrían tomar varias medidas para mitigar el fenómeno, incluida la monitorización de la transferencia de bienes de alto valor en el juego, la identificación de jugadores con grandes reservas de V-bucks y el intercambio de datos con la ley pertinente“, afirma Benjamin Preminger, analista de inteligencia en la empresa Sixgill.