¿Cómo debe funcionar una UIF para ser independiente y autónoma?

23 noviembre, 2018

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) deberían tener la autoridad y capacidad suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera independiente. En esa independencia se incluye, además, la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica.

Esta independencia operativa y la autonomía son condición fundamental para lograr un sistema efectivo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y es que si estos parámetros están comprometidos, el impacto sobre la lucha y prevención de estas actividades delictivas será significativo.

También se verá mermada la credibilidad de una UIF ante los miembros del sector privado y los organismos nacionales de aplicación de la ley, así como su capacidad para hacerse con la información que se requiere a nivel nacional para intercambiar información con socios internacionales. Además, puede tener efectos negativos sobre la calidad y el alcance de las investigaciones relacionadas con el blanqueo y la financiación del terrorismo y delitos precedentes como la corrupción o el crimen organizado.

Gobernanza y estructura

Las características de una UIF autónoma e independiente en términos operativos pueden agruparse en seis grandes categorías en las que se engloba la gobernanza y estructura organizativa de la Unidad, presupuesto y recursos, la designación y destitución de altos directivos y personal, la protección de información e intercambio de información, así como características vinculadas a la rendición de cuentas, la integridad, la transparencia y el liderazgo.

Así se recoge en un documento recién publicado por el Centro para la Excelencia y Liderazgo de las UIF del Grupo Egmont, donde establecen, además, que estas Unidades deben tener capacidad, como mínimo, para priorizar sus actividades analíticas a partir de parámetros que establezca y decisión sobre qué datos utilizar en sus productos analíticos; qué casos cerrar y cuándo darlos como concluidos; cómo analizar la información que puede obtener; a qué organismos diseminar la inteligencia financiera de la UIF y en qué formato; y qué solicitudes contestar y de qué manera.

También debe tener la capacidad de ejercer sus funciones principales de manera independiente, incluida la capacidad de obtener información sin tener que depender de la ayuda de un tercero.

En este sentido, las funciones centrales de la UIF deben ser diferentes a las del organismo con jerarquía superior y contar con los recursos técnicos, humanos y financieros que puedan garantizar su autonomía e independencia y que le permitan cumplir con su mandato de manera efectiva. Esto incluye la capacidad de reclutar y administrar a su personal de manera independiente, así como la capacidad de obtener y utilizar recursos sin ningún tipo de influencia o interferencia indebida ya sea política, del gobierno o del sector privado.

De esta forma, cuando una UIF esté ubicada dentro de la estructura existente de otra autoridad, las funciones centrales de la UIF serán diferentes de las de la otra autoridad para salvaguardar el acceso limitado y control sobre sus activos y el proceso de toma de decisiones.

En la práctica, esto incluye, por ejemplo, tener distintos servidores de tecnología de la información, instalaciones distintas a las que sólo pueden tener acceso personal y directivos de la UIF, gestión de documentos independiente, etc. Esto debe implicar que el personal y los directivos de la UIF no pueden ser reasignados sin la expresa autorización del JdUIF. Además, la UIF debería poder involucrarse en las cuestiones estratégicas y de gestión de la organización que la alberga.

La UIF tendrá protección funcional que la proteja de la responsabilidad. Los empleados deben ser susceptibles de protección contra procesos penales o civiles si han realizado sus actividades de buena fe. La ausencia de dicha protección puede conducir a que se utilicen dichos procesos como un medio para obstaculizar las actividades de la Unidad.

El jefe de la Unidad (JdUIF), cuya designación deberá ser apolítica y sobre concurrencia de méritos, definirá el perfil de los cargos de los directivos y del personal en general, con el fin de garantizar que el proceso de contratación se centre en las habilidades y competencias que la UIF exige. Además, el personal no debe ser impuesto a la UIF desde fuera, ni por el organismo del cual forme parte ni por ningún otro órgano de administración externo.

Son cuestiones que si bien incluyen los requisitos específicos fijados por el GAFI,  no se limitan a los estándares de este organismo y van más allá.

Las Fuerzas de Seguridad tendrán más fácil acceder a la información financiera para prevenir el blanqueo

21 noviembre, 2018

El Consejo de Europa ha adoptado una posición de negociación para mejorar el acceso a la información financiera por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las fuerzas de seguridad. Se trata de una nueva medida por la que se establecen las normas que facilitan el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves y para reforzar la lucha contra el terrorismo.

Y es que hay que tener en cuenta que las actuales disposiciones contra el blanqueo de capitales se centran principalmente en el mercado interior o en aspectos del Derecho penal.

Así, con la actual Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales, los Estados miembros están obligados a establecer registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de datos que permitan identificar oportunamente a los titulares de cuentas bancarias y de pago o cajas de seguridad. La norma en vigor también permite que la información contenida en esos registros sea directamente accesible a las UIF.

No obstante, para reforzar el marco jurídico desde el punto de vista de la cooperación de las fuerzas de seguridad, el 17 de abril de 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva.

«Los delincuentes que tienen varias cuentas bancarias en uno o más países pueden transferir dinero en cuestión de horas. Para garantizar que las fuerzas de seguridad puedan investigar y, cuando sea necesario, proceder a un embargo preventivo de estos activos antes de que desaparezcan, necesitan un acceso directo y rápido a la información financiera. Las normas propuestas proporcionarán un marco claro en el que será posible acceder a esta información e intercambiarla», ha manifestado el ministro austriaco Herbert Kickl. 

Cooperación de las Fuerzas de Seguridad

En su intento por ir más allá, la posición de negociación acordada exige a los 28 que garanticen que las fuerzas de seguridad competentes estén facultadas para acceder de forma directa e inmediata a información sobre cuentas bancarias y consultarla con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos.

Asimismo, se pretende garantizar que las UIF tengan derecho a responder a las solicitudes de información o análisis financieros de las fuerzas de seguridad y que se definan cuáles son las autoridades competentes para acceder directamente a la información de las cuentas bancarias (incluidos al menos los organismos de recuperación de activos) y para solicitar información o análisis a las UIF, así como para notificar esta información a la Comisión.

El Consejo exige también a los Estados miembros que las autoridades designadas respondan, de manera oportuna, a las solicitudes de información de carácter policial presentadas por la UIF nacional; y que garanticen que tanto las autoridades como la UIF tengan derecho a responder -directamente o a través de la unidad nacional de Europol-, a las solicitudes relacionadas con cuentas bancarias e información financiera presentadas por Europol.

Para dar cumplimiento a este mandato, una vez que la Eurocámara haya aprobado su posición, la presidencia del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento.

Los notarios ponen al descubierto 180.000 operaciones sospechosas

19 noviembre, 2018

Los notarios son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su papel como funcionarios públicos que tienen el deber de informar a las administraciones, contribuye a dirigir la actividad económica dentro de la legalidad.

La información que manejan estos profesionales se hace clave en la lucha contra el crimen organizado. Sus ejes de actuación se basan en aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y el uso centralizado de la información, junto con la especialización de la función de análisis.

Desde su creación en 2006, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales que gestiona el Notariado española, ha proporcionado información sobre 180.000 operaciones sospechosas a órganos judiciales, Ministerio Fiscal y policía.

Para Francisco Almansa, jefe del departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO, «la herramienta más importante que tiene la policía judicial para la lucha contra el blanqueo de capitales es la colaboración con este Órgano».

También comunicaron al SEPBLAC otras 5.547 operaciones sospechosas de blanqueo.

Por otro lado, el Órgano de Colaboración Tributaria notarial atendió 133.469 requerimientos informativos de la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales (desde enero de 2007).

Estos datos fueron trasladados por el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, en el trascurso de un foro internacional sobre ‘Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución’ celebrado en Madrid durante los días 26 y 27 de noviembre.

Colaboración internacional

El notariado español es el más avanzado en la lucha contra estos delitos y debe colaborar con autoridades y Notariados de otros países -como los de América Latina- para ayudarles a desarrollar sistemas que les permitan combatir de manera similar esta lacra», apuntó Garrido en la inauguración de este foro.

Y es que desde que en 2017 nuestro país ostenta la presidencia del notariado mundial a través de la Unión Internacional del Notariado (UINL), su presidente José Marqueño de Llano, quiere completar su legislatura hasta 2019 concienciando y movilizando en la lucha contra el blanqueo a los 88 notariados que integran la organización, 300.000 profesionales de todos los continentes.

Con las nuevas tecnologías y la globalización, cualquiera puede realizar operaciones al margen de la ley difíciles de seguir. El blockchain y otras criptomonedas también pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. Contra ello, la administración apuesta por la colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos y marcos normativos.

La Base de Datos de Titularidad Real

Los notarios cuentan además desde hace más de cuatro años con esta base de datos que permite saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, aunque estén detrás de una maraña de sociedades fantasma y testaferros.

De ahí su enfado a que sean los Registradores de la Propiedad quienes tutelen el Registro de Titulares Reales, después de la Orden Ministerial que dictaminó la creación de este instrumento cumpliendo la cuarta y quinta Directivas europeas antiblanqueo.

La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado (BDTR) tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.

Desde que entró en funcionamiento en 2013 al amparo de la Ley 10/2010 ha remitido 298.557 informaciones sobre titularidad real a autoridades judiciales y policiales.

Identifica al titular real de forma acreditada y no declarativa, según precisan.

Otra de las fortalezas de la BDTR es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española. Es la única base de datos donde esta información queda recogida, ya que estas sociedades no están obligadas a inscribirse en ningún registro mercantil o administrativo.

La amenaza de Corea del Norte y el seguimiento a Irán, objetivos del GAFI en los próximos 4 meses

12 noviembre, 2018

Los listados públicos con las jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) trasladó a la comunidad internacional al término de su plenario celebrado en París el 23 de octubre incluye en su ‘Public Statement’ (Declaración Pública) la alerta de República Popular Democrática de Corea y el seguimiento a Irán.

En Corea del Norte no es que existan deficiencias significativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT), según pone de relieve el GAFI sino que hay una ausencia “total” de voluntad política de sus autoridades en subsanar esta situación.

Armas de destrucción masiva

Hay “serias preocupaciones” con respecto a la amenaza que representan las actividades ilícitas relacionadas con la proliferación de las armas de destrucción masiva y su financiación, señala el GAFI con respecto a Corea del Norte.

Por ello, reiteran el llamamiento a todas las jurisdicciones para que sus instituciones financieras presten especial atención a las posibles relaciones comerciales y transacciones con empresas y bancos de Corea del Norte y, en consecuencia, apliquen contramedidas y sanciones financieras específicas para proteger sus sectores financieros contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva.

Como medidas concretas se solicita a la comunidad internacional el cierre de las sucursales existentes, subsidiarias y oficinas de representación de los bancos de Corea del Norte en sus territorios y terminar las relaciones de corresponsalía con sus bancos, cuando así lo exijan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

También tendrán que tener en cuenta los indicadores y criterios que el GAFI ha objetivado para identificar e impedir potenciales esquemas orientados a evitar la aplicación de las medidas de congelación y sanciones comerciales.

Seguimiento a Irán

El Plenario del GAFI reconoció a Irán sus esfuerzos legislativos tras la entrada en vigor de la Ley contra la Financiación del Terrorismo y la aprobación de otras leyes sobre lucha contra el blanqueo de capitales y sobre la ratificación de las convenciones internacionales.

Como consecuencia se mantienen suspendidas las contramedidas hasta febrero de 2019, fecha en la que se volverán a evaluar los progresos realizados, pero también advierte a los países que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocio y transacciones que se realicen con Irán.

Deberán ser proporcionales a los riesgos de financiación del terrorismo y las amenazas que implican para el sistema financiero internacional.

Hay que recordar que las sanciones económicas y financieras impuestas por la UE se levantaron el 16 de enero de 2016, fecha en la que se confirmó que Irán había adoptado las medidas especificadas en materia nuclear señaladas por el Consejo de Seguridad de NN.UU.

Estas normas han supuesto que los 28 estados miembros hayan eliminado la exigencia de solicitud de autorización y de notificación de las transferencias electrónicas con Irán, si bien se mantiene la obligación de congelación de fondos y recursos económicos de las personas y entidades que permanecen en la lista de conformidad con la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

Ahora bien, aún se prevé la necesidad de autorización previa para la provisión, directa o indirectamente, de financiación o asistencia financiera en determinados supuestos.

El GAFI “confía” en que para el Plenario de febrero de 2019, hayan entrado en vigor las nuevas normas en el país árabe porque de lo contrario, “decidirá sobre las medidas apropiadas y necesarias”.

Por otra parte, en la lista ‘Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process’ (Documento de cumplimiento), el GAFI incluye a otros 11 países con deficiencias estratégicas que se encuentran sometidos a un Plan de Acción. Son Bahamas, Bostwana, Etiopía, Ghana, Pakistán, Serbia, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, y Yemen.

Los 28 contarán con un reconocimiento mutuo más eficaz de las resoluciones de embargo preventivo y de decomiso

7 noviembre, 2018

Bruselas ha aprobado con fecha 6 de noviembre un Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso que entrará en vigor en dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Se estima que, actualmente, casi el 100 % de los beneficios generados por actividades delictivas no se decomisa y sigue estando en manos de los delincuentes.

Por eso, con la nueva norma se pretende atajar la financiación de las actividades delictivas, incluidos los actos terroristas ya que se asegura la eficacia en toda la UE del embargo y el decomiso de los bienes de origen delictivo.

Con un Reglamento único se resolverán los problemas relacionados con la aplicación de los instrumentos existentes, que han dado lugar a un reconocimiento mutuo insuficiente. El nuevo texto establece solo un número limitado de motivos para el no reconocimiento y la no ejecución.

Este principio general de reconocimiento mutuo se refiere a que todas las resoluciones judiciales en materia penal adoptadas en un país de la UE serán reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro.

Con la entrada en vigor de esta nueva norma, los 28 contarán, además, con una gran variedad de tipos de decomiso en materia penal, como el decomiso por valor equivalente o el decomiso civil, y entre ellos determinados sistemas de decomiso preventivo, siempre que haya algún vínculo con un delito.

Y para propiciar unas medidas de embargo y decomiso rápidas y eficaces, tendrán disponibles certificados y procedimientos normalizados junto a disposiciones para garantizar que en los casos transfronterizos se respete el derecho de las víctimas a una indemnización o restitución.

De hecho, el Reglamento, una vez definidos sus 41 artículos, contiene dos anexos con el certificado de embargo y el de decomiso, respectivamente, en los que se solicita una detallada información sobre las personas afectadas, las propiedades a las que se refiere la orden, las conductas delictivas que se le atribuyen o los detalles de la autoridad competente.

Asimismo, los plazos se concretan y agilizan. Así, para el reconocimiento de una resolución de decomiso se fijan 45 días, plazo que se reduce a 48 horas en casos de urgencia y que se aplica también para la ejecución. Esos plazos podrán ampliarse únicamente en circunstancias muy concretas.

El nuevo Reglamento viene a sustituir a la Decisión marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo y a la relativa al reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que se remontan a 2003 y 2006, respectivamente.