Las asignaturas pendientes de Arabia Saudí en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

24 septiembre, 2018

Perseguir a los blanqueadores a gran escala y confiscar sus activos son los dos grandes retos identificados en la evaluación del sistema en Arabia Saudí que ha realizado, de forma conjunta, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del Norte (MENAFATF).

La evaluación es una revisión exhaustiva de la efectividad del sistema ALD/CFT de un país y su nivel de cumplimiento de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI.

Arabia Saudí, país islámico situado en la península arábiga, enfrenta un riesgo significativo y dinámico de financiación del terrorismo, a lo que hay que sumarle la presencia de células de Al Qaeda, ISIS y otros grupos, así como un gran número de combatientes terroristas extranjeros.

Y, aunque según el Informe del GAFI, ha tenido una buena capacidad y predisposición para luchar principalmente contra la financiación del terrorismo nacional como lo prueban las más de 1.700 investigaciones emprendidas desde 2013, las medidas para implementar sanciones financieras específicas contra la financiación del tráfico de armas y para prevenir la evasión de sanciones, son débiles.

Lo que sí es sólido es su mecanismo para implementar las sanciones financieras contra el terrorismo que establecen Naciones Unidas.

En cualquier caso, es significativo que el país, tras dos evaluaciones de riesgos nacionales separadas, ha entendido cuáles son los riesgos derivados para su sistema financiero y sus entidades bancarias.

Cambios en su régimen ALD/CFT

Recientemente el Reino saudita realizó cambios fundamentales en su régimen ALD / CFT para alinear su marco legal e institucional con las Recomendaciones actualizadas del GAFI.

Precisamente la reciente introducción de algunas de estas medidas, impide que pueda demostrarse aún su efectividad.

Si bien las investigaciones sobre el blanqueo de capitales han aumentado en los últimos años, hay evidencia de que las autoridades sauditas no están investigando y enjuiciando de manera proactiva a quienes realizan estas prácticas delictivas asociadas al blanqueo de capitales, especialmente cuando se trata de esquemas complejos.

Tampoco persiguen sistemáticamente la confiscación de los activos procedentes del crimen organizado. Las autoridades no rastrean ni confiscan de forma rutinaria el producto del delito, y no han podido repatriar activos desde otro país durante el período 2013 a 2016, a pesar de que se estima que la gran mayoría de los ingresos generados en Arabia Saudita abandonan el país .

Las instituciones financieras están aplicando medidas preventivas como la diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y la verificación de los titulares reales. “Esto es en gran parte el resultado de una supervisión efectiva y proactiva de este sector”, señala el Grupo de Acción Financiera.

Sin embargo preocupa la falta de informes de operaciones sospechosas, en particular sobre casos de financiaciación del terrorismo.

Por otra parte, han identificado que las casas de cambio, los agentes inmobiliarios, los contables y otras empresas y profesiones no financieras no llegan a interiorizar y comprenden los riesgos a los que están expuestos y, en consecuencia, presentan un número bajo de informes de transacciones sospechosas.

En cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Arabia Saudí (SAFIU) no puede realizar un análisis financiero sofisticado, aunque proporciona una amplia variedad de información que está disponible y es utilizada por las autoridades competentes.

La Eurocámara aprueba que se persiga el blanqueo mediante el Derecho Penal y con más control del efectivo

13 septiembre, 2018

El Parlamento Europeo ha aprobado dos nuevas normas con las que combatir la financiación del terrorismo, atajando mediante el Derecho Penal el delito de blanqueo de capitales y reforzando los controles al movimiento de efectivo.

Ahora deberán ser adoptadas de manera formal por el Consejo de Europa y publicadas en el Diario Oficial.

Según datos de Bruselas, anualmente se generan 110.000 millones de euros a partir de actividades delictivas en la Unión Europea, lo que representa el 1 % de su producto interior bruto. Está probado que los ingresos procedentes de actividades delictivas y el blanqueo de capitales también pueden utilizarse para financiar actividades terroristas.

Teniendo en cuenta la clara dimensión transfronteriza de este fenómeno, la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros se hace necesaria.

Y es que un marco jurídico de la UE reforzado brinda mejores herramientas a las autoridades competentes.

Lucha contra el blanqueo mediante el Derecho penal

Esta normativa se ha aprobado por el pleno de la Eurocámara con 634 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones.

Entre sus principales novedades, presenta definiciones comunes para los 28 estados miembros de los delitos relacionados con el blanqueo de dinero. Asimismo, establece una pena máxima de prisión de al menos cuatro años para las actividades de blanqueo y circunstancias agravantes en caso de vínculos con organizaciones delictivas o si el delito se comete en el ejercicio de determinadas actividades profesionales.

El texto establece también sanciones adicionales, como multas, exclusión del acceso a la financiación
pública o prohibición temporal de ejercer cargos electos o públicos, así como la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones correspondientes.

Y aclara las normas sobre el establecimiento de la jurisdicción y señala la necesidad de cooperación en casos de carácter transfronterizo, con la participación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.

Los Estados miembros tendrán 24 meses para trasponer esta normativa desde la fecha de entrada en vigor de la directiva.

Movimiento de efectivo

Por su parte, el nuevo Reglamento sobre movimientos de efectivo amplía la definición de efectivo para incluir el oro y las tarjetas electrónicas de prepago.

Asimismo, habilita a las autoridades para registrar información sobre movimientos de efectivo por debajo del actual umbral de 10.000 euros y les permite incautar temporalmente el capital ante la sospecha de actividad criminal.

La directiva introduce la obligación de informar sobre los movimientos de efectivo por correo o mensajería.

El texto legislativo recibió el apoyo de 625 eurodiputados, 39 votaron en contra y 34 se abstuvieron.

En opinión del español Juan Fernando López Aguilar, co-ponente del informe, “para combatir de forma efectiva el fraude económico, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la UE debe reforzar su control sobre el dinero que entra o sale de su territorio. Hemos incorporado las mejores prácticas a nivel internacional a estas nuevas normas y hemos solventado algunas deficiencias y defectos en el actual marco legal”.

Para la otra co-ponente, Mady Delvaux, de Luxemburgo, “el efectivo es difícil de rastrear y fácil de transferir”. De ahí que este reglamento “fortalezca las herramientas para combatir el blanqueo, a través de un mejor y más rápido intercambio de información entre autoridades, así como con la adopción de una definición más completa de lo que es efectivo”.

Las nuevas reglas sobre control de efectivo serán de aplicación a los 30 meses de su entrada en vigor.

La operación del mes: multa de 675 millones de euros a ING por no prevenir el blanqueo

7 septiembre, 2018

Después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, el grupo ING pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación a su filial holandesa, ING Netherlands, por deficiencias en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y prácticas corruptas entre 2010 y 2016.

Esta cantidad se corresponde con el pago de una multa de 675 millones de euros como reflejo de “la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas”, así como de otros 100 millones de euros en concepto de restitución por el menor gasto implementado en personal y procesos por parte de ING Netherlands y que tuvieron como consecuencia los movimientos de capital blanqueado por valor de cientos de millones de euros.

Y es que, según la Oficina holandesa Antifruade y los reguladores, ING habría incurrido en una serie de deficiencias en las políticas destinadas a prevenir delitos económicos, entre las que se incluían una falta de monitorización de las transacciones y falta de recursos.

En esos 6 años, un buen número de clientes de la entidad, particulares y empresas, habría usado los servicios bancarios para potenciales actividades criminales. Entre las operaciones sospechosas, las más significativas incluyó el pago de varios millones de dólares en sobornos a la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova.

No se han encontrado evidencias o indicios de que empleados o exempleados hubieran cooperado de manera activa con los clientes ni tampoco hay evidencias de que se hayan beneficiado de esas operaciones.

La entidad ha indicado en un comunicado que la ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros dio como resultado la finalización de la relación con miles de clientes de ING durante el periodo investigado. Ahora bien, las deficiencias identificadas han puesto de manifiesto que esos clientes usaron sus cuentas para, entre otras cosas, blanquear dinero durante una serie de años.

En cuanto al personal, ING ha señalado que las deficiencias detectadas en el periodo investigado no son atribuibles a individuos en particular, sino a deficiencias colectivas en todos los niveles de gestión, por lo que la entidad naranja ha iniciado una serie de medidas contra una serie de empleados y exempleados en cargos de alta dirección con responsabilidad en la salvaguarda y ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros.

Entre estas medidas se incluye la retención de retribuciones variables y la suspensión de funciones. Asimismo, los miembros de la junta ejecutiva de ING Group han considerado apropiado renunciar a su remuneración variable correspondiente al ejercicio 2018.

“Como banco tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplen los estándares más altos, especialmente en lo que se refiere a que los delincuentes hagan un uso indebido del sistema financiero. No cumplir dichos estándares es inaceptable e ING asume toda la responsabilidad”, declaró Ralph Hamers, consejero delegado de ING.

“Estas cantidades tendrán un impacto combinado de 775 millones de euros en los resultados netos de ING Group en el tercer trimestre de 2018”, informó el banco, subrayando que esta circunstancia no afecta la solidez de la entidad o la ejecución de su estrategia.

Como consecuencia del escándalo, el director financiero del banco holandés, Koos Timmermans, ha dimitido de todos sus cargos, incluido el de miembro del consejo de administración.

“Lamentamos los errores encontrados y nos tomamos esto muy en serio”, ha subrayado el presidente de la junta supervisora de ING, Hans Wijers. “Dada la seriedad del asunto, las reacciones entre los accionistas desde que se hizo público y el propio interés del banco, hemos llegado a la conclusión de que es apropiado tomar responsabilidades a nivel ejecutivo”, ha añadido.

Durante el periodo investigado por las autoridades holandesas, Timmermans, que se unió a la compañía en 1996, fue vicepresidente de la junta directiva de la división de banca y, durante varios años, responsable de las operaciones de la firma en Países Bajos. En 2014 pasó a ser el máximo responsable de la división de mercados, mientras que en 2017 fue nombrado director financiero.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, aseguró en Bruselas, con respecto a este caso, que se debe “hacer más” contra los movimientos ilegales de capitales. “Entendemos que es una responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión Europea”, en referencia al Banco Central Europeo.

La nueva obligación para abogados del registro de prestadores de servicios a sociedades

5 septiembre, 2018

Con la entrada en vigor el 4 de septiembre del Real Decreto Ley que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo, se introduce una modificación de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 en cuanto al Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

La principal novedad que encierra este epígrafe es que los abogados que presten servicios de asesoramiento a empresas tendrán la obligación de darse de alta en el Registro Mercantil y rendir cuentas.

Disponen para ello del plazo de un año.

El depósito de cuentas se realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año.

La falta de inscripción y de depósito puede llevar aparejada una sanción de hasta 60.000 euros ya que tendrán la consideración de infracción leve.

Esta nueva obligación afecta tanto a personas físicas como jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan servicios o asesoría a sociedades, ejercen funciones de dirección o de secretarios en consejos de administración, así como que sean socios de una asociación.

También vincula a aquellos profesionales que ejercen funciones de fiduciario en un trust o instrumentos jurídicos similares y de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea. Disponer que otra persona ejerza estos mismos cometidos obliga igualmente al registro.

¿Cómo es la inscripción?

Las personas físicas empresarios o personas jurídicas se inscribirán conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. Y en el caso de personas físicas profesionales, la inscripción se hará de forma telemática a través del formulario preestablecido aprobado por el Ministerio de Justicia.

Cuando se produzca un cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, las personas jurídicas deberán acudir igualmente al Registro Mercantil para su inscripción.

La norma prevé asimismo que los sujetos obligados que ya estén inscritos tendrán un año de plazo para presentar en el registro una manifestación de estar sometidas a las normas establecidas en esta ley.

Además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales.

Depósito de cuentas anuales

Según la modificación, las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, tal y como se recoge en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El depósito se realizará dentro de los 3 primeros meses de cada año.

Se excluyen de esta obligación a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.

Junto con el depósito de sus cuentas anuales, se incluirá un documento adicional en el que se describan los tipos de servicios prestados y el volumen facturado por ellos en el ejercicio actual y en el anterior, el número de operaciones realizadas, el ámbito territorial donde opera, si se presta este tipo de servicios a no residentes y concretar el ejercicio de que se trate, así como el titular real si existe modificación con respecto del que ya conste en el Registro.

El Gobierno aprueba la transposición de la Cuarta Directiva

1 septiembre, 2018

El Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 ha aprobado un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de la Directiva 2015/849 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -la Cuarta Directiva-, cuya aprobación por parte de España estaba sometida a un periodo de ultimátum otorgado por la Comisión Europea.

Y es que el plazo para que los Estados miembros la traspusieran daba como fecha límite antes del 26 de junio de 2017 ya que la normativa se aprobó el 20 de mayo de 2015 y entró en vigor el 26 de junio de 2016.

Hasta el momento, España solo había traspuesto el texto de forma parcial, si bien quedaban elementos pendientes, por lo que Bruselas le envió a finales de julio un ultimátum de dos meses bajo la amenaza de llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cuando ya está aprobada la Quinta Directiva, el nuevo Real Decreto modifica la Ley 10/2010 con el fin de incorporar las obligaciones adicionales en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, al tiempo que se endurece el régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia.

La normativa nacional española así como las normas de la Unión Europea en esta materia encuentran en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) su fuente de inspiración primigenia y se habían abordado mediante modificaciones realizadas en años anteriores.

Novedades

  • Los sujetos obligados deberán incorporar la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que la Comisión Europea ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención
  • Dar una nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo exigido por las Recomendaciones de GAFI
  • Reducir de 15.000 a 10.000 euros el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales
  • Adaptar los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores
  • Establecer un sistema de comunicación o denuncia de infracciones tanto públicos como en el ámbito de los propios sujetos obligados que tenga naturaleza confidencial
  • Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Según ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la nueva norma incrementa los requerimientos de datos de las personas que transfieren fondos de un país de la UE a otro para identificar su origen.

“Se trata, fundamentalmente, de trabajar con las entidades bancarias, con todas esas instituciones que pueden captar recursos en un país y en otro y cuyo origen no es del todo conocido. Actúa sobre la licitud pidiendo muchísimos más datos de aquella persona que está trasladando esos fondos de un país a otro, de una entidad a otra”, ha explicado Celaá.