Las criptomonedas vuelven a la agenda de trabajo del GAFI y el G20

23 julio, 2018

En el informe que el GAFI redactó como documento base para la reunión en Buenos Aires (Argentina) los días 21 y 22 de julio de los ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales del G20, las criptomedas en su relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, vuelven a ocupar gran parte del debate.

El documento explica que el GAFI ha desarrollado un enfoque integral para responder al uso cada vez más habitual de cripto-activos en estas actividades ilícitas.

Un enfoque, dicen, destinado a garantizar que todos los países ejerzan un nivel suficiente de supervisión de las actividades que tienen lugar dentro de su jurisdicción con estas monedas y para potenciar entre los países “una mayor coherencia” entre sus diferentes regulaciones.

Avances

El programa de trabajo que el GAFI describe en el informe incluye la monitorización activa de los riesgos asociados a productos y servicios de pago de moneda virtual, incluidas tarjetas prepago vinculadas a este tipo de divisa, cajeros automáticos de bitcoin y ofertas iniciales de monedas (ICO).

En junio de 2018, el GAFI actualizó su inventario basado en casos nuevos y emergentes. Y es que, además del tráfico de drogas y el fraude a pequeña escala, el vínculo entre criptomonedas y otros delitos parece estar creciendo.

En cuanto al entorno regulatorio, este organismo ha llevado a cabo una evaluación para identificar los diferentes enfoques entre los integrantes del G20, así como en otros países.

El rango de respuestas regulatorias entre los países encuestados es amplio. Algunos han prohibido el uso de todas las monedas virtuales o que las instituciones financieras las tramiten.

Otros aplican la regulación que ya tienen en materia de ALD/CFT y extienden las medidas del intercambio de activos y servicios de transferencia tradicionales al ámbito de las criptomonedas.

También hay países que, aunque no lo regulan específicamente, aplican los requisitos para informar sobre transacciones sospechosas a aquellas relacionadas con transacciones de monedas virtuales.

Finalmente, el GAFI constata que muchos países están en proceso de establecer leyes específicas entre los que cita a España.

Comunicado del G20

Entre las conclusiones adoptadas en su reunión de dos días, los ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales del G20 admiten que si bien “los cripto-activos no implican actualmente un riesgo para la estabilidad financiera global, “permanecemos alerta”.

Le piden al GAFI que clarifique para octubre de 2018 cómo sus estándares serán de aplicación a este tipo de moneda virtual.

Y dicen expresamente que las innovaciones tecnológicas, incluyendo aquellas subyacentes a los cripto-activos, pueden aportar beneficios significativos al sistema financiero y a la economía en su conjunto.

Sin embargo, como carecen de las principales características que tienen las monedas oficiales, alertan de que hay que tener muy en cuenta cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores e inversores, la integridad de los mercados, la evasión impositiva, el lavado de dinero, y la financiación del terrorismo.

“Celebramos las actualizaciones provistas por el Consejo de Estabilidad Financiera y los organismos que establecen estándares internacionales y esperamos su continuo trabajo de monitorización de los potenciales riesgos de los cripto-activos y la evaluación de acciones multilaterales que sean necesarias”, añaden.

En su anterior encuentro en marzo de 2018, estos dirigentes ya se comprometieron a ir implementando los estándares del GAFI también en lo que respecta a las monedas virtuales. Y pidieron al Grupo de Acción Financiera avanzar en su implementación global, un trabajo que este organismo llevará a cabo bajo la presidencia que EE.UU. ostenta desde el pasado 1 de julio de 2018 hasta el próximo 30 de junio de 2019.

La toma de medidas para promover una regulación más consistente y efectiva de este tipo de monedas está entre los objetivos de esta presidencia.

Las 45 grandes empresas públicas españolas no aprueban en transparencia

20 julio, 2018

Según el primer Índice de Transparencia de las Empresas Públicas (INDEP) que se acaba de hacer público, el nivel de transparencia y apertura informativa de las 45 grandes empresas públicas estatales “es manifiestamente mejorable”, ya que la nota media general obtenida, un 45,3 sobre 100, no llega al aprobado.

El INDEP, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, ha utilizado un conjunto de sesenta indicadores para valorar si la información requerida está o no disponible para el público, pero no entra a evaluar la calidad de la información ni tampoco la calidad de la gestión de las empresas.

Entre otros resultados, el INDEP muestra que solo 19 de estas empresas (lo que representa un 42%) han superado los 50 puntos sobre 100. Las 26 restantes quedan por debajo del aprobado.

Hay que tener en cuenta que las empresas evaluadas acumulan un volumen de facturación global de 25.000 millones de euros, el 2,3% del PIB español y el 98% del sector empresarial estatal, y una inversión total en activos de 227.000 millones de euros (22% del PIB).

En consecuencia, “se hace necesario un mayor y mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hacen, gastan, e invierten estas grandes empresas españolas, que cuentan en conjunto con cerca de 140.000 trabajadores”, señala Transparencia Internacional España. Necesitan aumentar su actual nivel de apertura informativa y rendición de cuentas a la sociedad española.

Solo tres notables

La empresa que ha obtenido una mayor puntuación ha sido el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con 74,2, seguido de ADIF, con 73,3.

Además de estas dos, Ingeniería y Economía del Transporte obtiene una valoración de notable, en concreto, 72,5 puntos.

Algo por debajo en la Tabla hay otras trece empresas que obtienen una puntuación de bien (entre 60 y 70), entre las que figuran: ICO, AENA, RENFE o Correos.

Otras tres empresas se encuadran en el aprobado mientras que se elevan a seis las que se sitúan en un Suspenso alto (puntuación igual o superior a 40), nueve las que obtienen una puntuación superior a 30, y las once restantes que obtienen puntuaciones inferiores a 30.

Por otra parte, es destacar el alto nivel de dispersión entre las puntuaciones finales, ya que entre la primera y la última empresa del ranking hay una diferencia de casi 60 puntos porcentuales.

Áreas medidas

En lo relativo a las seis Áreas de transparencia evaluadas, hay que destacar que en ninguna de ellas la puntuación media global supera los 50 puntos sobre 100, esto es, en ninguna se alcanza el aprobado.

Las áreas son las siguientes:

  • Transparencia activa e información sobre la empresa
  • Relaciones con la sociedad, usuarios o partes interesadas y calidad de servicios
  • Transparencia económico-financiera
  • Transparencia en las contrataciones y convenios
  • Derecho de acceso a la información
  • Prevención de la corrupción y cumplimiento en transparencia y buen gobierno

Las que quedan más cerca del aprobado son, por una parte, el área correspondiente a relaciones con la sociedad, usuarios y calidad de servicios, cuya puntuación media alcanza 49,7; también se queda cerca el área sobre transparencia en las contrataciones y convenios, en la que obtienen una valoración media de 49,3.

Cerca de estas puntuaciones queda el área información sobre la empresa, con una puntuación de 48,6. A un nivel ya inferior queda el área sobre transparencia económico-financiera, con una puntuación de 44, y las dos que quedan claramente por debajo de las anteriores son: derecho a acceso a la información, en la que obtienen una puntuación media de 36,1, y finalmente prevención de la corrupción y cumplimiento de transparencia y buen gobierno, en la que obtienen 30,6 sobre 100.

Otra característica significativa en esta primera edición del INDEP ha sido el nivel de mejora que han experimentado un buen número de empresas durante el período de evaluación, esto es, desde el momento en que se les envió el Cuestionario con la evaluación provisional por parte de Transparencia Internacional España, hasta la fecha en que las empresas han podido remitir finalmente los Cuestionarios debidamente cumplimentados a esta organización, una vez añadidos los correspondientes indicadores respecto a la evaluación previa.

Concretamente la puntuación media inicial fue de 28,6 (sobre 100), mientras que la puntuación definitiva ha sido de 45,3, nota media final que “en todo caso resulta claramente insuficiente, por no llegar al aprobado, y por ello manifiestamente mejorable de cara al futuro”, concluye la organización encargada del estudio.

¿Qué ha hecho Andorra para salir de la sombra de los paraísos fiscales?

19 julio, 2018

Desde que en 2010 desapareciera de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, Andorra y su sector financiero que contribuye a un 21% del PIB aproximadamente, han ido implementando una serie de medidas que los alejen de una consolidada tradición de opacidad, secreto bancario y beneficios fiscales.

Todo un histórico refugio de fortunas, sobre todo, españolas que tras el escándalo de la entidad BPA abrió un nuevo tiempo.

En los dos últimos años, esto se ha concretado, por ejemplo, en la aprobación de una ley de intercambio automático de información en materia fiscal –la Ley 19/2016-, que ya se ha modificado en dos ocasiones para ampliar el número de jurisdicciones con las que intercambiar en 2018 y 2019.

Con esta ley que regula el marco jurídico necesario para cumplir este compromiso, el primer intercambio de datos se realizará en septiembre de 2018 y se llevará a cabo con 41 países, entre los que se encuentran los estados miembros de la UE.

Fuente: Informe Anual 2017 Andorran Banking

La tipificación del delito fiscal en su Código Penal es otro hito destacable. El legislador andorrano diferencia entre un tipo básico y un tipo agravado, este último subyacente del delito de blanqueo y utilizando como elementos agravantes el importe defraudado (a partir de 150.000 euros) o cometer los hechos en el marco de una organización criminal.

También se aprobó la Ley 14/2017 de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo para trasponer la cuarta Directiva antiblanqueo, así como la Ley 10/2017 de intercambio de información mediante solicitud previa y de intercambio de información espontáneo en materia fiscal que modifica la Ley 3/2009.

Además de sus reformas legislativas, durante el año pasado, Andorra salió bien parada ante la supervisión de las instituciones europeas e internacionales.

Ya cerrando 2017 superó el examen de la UE de manera que no se vio incluida en la controvertida lista de jurisdicciones no cooperantes aunque sí se mantiene en la lista gris junto a otros 53 Estados que han mostrado propósito de enmienda en cuanto a su política fiscal y tributaria.

Se enfrentó con éxito al plenario del Moneyval que aprobó el informe de la 5ª evaluación. Y la OCDE, por su parte, premió los esfuerzos de esta plaza financiera y la incluyó en la lista de países más transparentes del ranking del Global Forum sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal.

El caso Fórum Filatélico ya tiene sentencia con penas de hasta doce años por estafa y blanqueo

13 julio, 2018

La Audiencia Nacional, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en su Sentencia hecha pública el 13 de julio, ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20 de los 27 acusados en el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, a la que considera el “paradigma de las estafas piramidales”.

El 9 mayo de 2006, momento de su intervención judicial, Fórum Filatélico SA estaba integrada por 268.804 clientes, pequeños ahorradores titulares de 393.754 contratos, que habían confiado a la empresa más de 3 mil millones de euros.

Blanqueo de libro

Fórum tenía una estructura visible, con su administración, propiedad, red comercial y sus locales abiertos al público, y otra clandestina, que operaba en secreto, detrás de personas jurídicas que se ocultaban una a otras y aprovechando paraísos fiscales.

Los testaferros eran reclutados entre los empleados, aprovechando la relación de confianza que les unía.

Tal como señalan los magistrados en la sentencia, se trata también de un caso “paradigmático” en el que algunos de los acusados eran “profesionales del blanqueo”.

Por eso, no es raro que la actividad que desplegaron los procesados con ayuda de otros profesionales como abogados y economistas “recorrió las diversas fases que describe la literatura especializada en el lavado de activos, pues se iniciaron con la ocultación, pasaron por la confusión y llegaron a integrar los activos en el sistema bajo apariencia de legalidad”.

En ese contexto, diseñaron una compleja red de sociedades radicadas en diversos países que se interponían en cascada entre el proveedor de los sellos y Fórum Filatélico, con la finalidad de incrementar artificialmente el precio de adquisición y desviar dinero de los inversores, lo que causó un perjuicio a la empresa de más de 56 millones de euros entre 1999 y 2005.

Este entramado se puso al servicio de la ocultación y colocación del dinero, “que fluía de una cuenta a otra, entre sociedades, con la única finalidad de integrarse en el circuito financiero y difuminar las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de la compañía”, explica la Audiencia Nacional.

El manejo combinado de las decenas de cuentas que controlaban, que aparecían a nombre de sociedades participadas por otras sociedades de paraísos fiscales, les permitió mover una importante cantidad de capital, más de 427 millones de euros, mediante transferencias sucesivas y extracciones en metálico, hasta ocultar definitivamente buena parte del dinero, casi todo el que no estaba destinado a pagar la mercancía a los proveedores reales.

Además, los directivos de Fórum llevaron a cabo inversiones inmobiliarias en las que el administrador-siempre detrás de sus sociedades- pudo blanquear propiamente, 30 millones de euros en bienes inmuebles que colocó bajo la titularidad de alguna de sus sociedades.

Modus operandi

Entre 1998 a 2006 Fórum Filatélico desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores, dinero que devolvía en el plazo determinado con un interés añadido superior al de las entidades financieras. El motivo que alegaban para retribuir el dinero que recibían era la inversión en valores filatélicos, que se componían de series de sellos de correos del tema Europa emitidos por la Confederación Europea Postal y de Telecomunicaciones (Cept), cuyo precio fijaba la compañía en atención a sus necesidades financieras mediante unas listas internas.

En la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera constante y sostenida. La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción. Un depósito gratuito de los valores acompañaba a la compraventa.

Según explica la sentencia en los hechos probados, el inversor compraba, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad acordada. De esa manera, Fórum Filatélico “había construido un mercado cerrado, ajeno al del coleccionismo de sellos, bajo la apariencia de compraventa de valores filatélicos”.

Los clientes invertían sus ahorros por la alta rentabilidad que ofrecía el producto, que era ajena al valor del sello y a cualquier hipotética revalorización, de ahí que siempre optaran por revender la filatelia y percibir el interés pactado, que hasta la intervención judicial la empresa abonó puntualmente.

Fórum había adquirido más de 121 millones de sellos, un patrimonio que tenía escaso valor en el mercado, porque no había demanda que lo absorbiera. Como el mercado era el único espacio donde los sellos -el activo casi exclusivo de Fórum- podían lograr liquidez, era ficticia la idea de que soportaban económicamente la inversión del cliente más la retribución garantizada. En realidad, la filatelia acumulada en grandes masas por la entidad, hasta el punto de haber desecho el mercado, estaba sobreestimada de manera espectacular y tenía un escaso valor. A consecuencia de ello el negocio producía pérdidas constantes, debido al compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores.

Por ello, Fórum solo era capaz de mantener la actividad reteniendo a los inversores para que renovaran sus contratos y captando nuevos clientes que aportaran capitales.

Para presentar una imagen de solidez del negocio y aparentar la existencia de beneficios, Fórum Filatélico elaboraba sus cuentas anuales ocultando las obligaciones de recompra con los clientes, que no se reflejaban en el pasivo. Anotaba como ventas la entrega de capital por parte del cliente y como compras la devolución del dinero más los intereses, y sobrevaloraba en el activo su filatelia, lo que impedía conocer su estado patrimonial.

Las penas

El expresidente de la entidad Francisco B. resulta condenado a 12 años, 4 meses y 16 días de prisión por delitos de estafa agravada continuada en concurso con insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales continuado y por delito de blanqueo de capitales. Se le impone, además, una multa de 49,7 millones de euros y una responsabilidad civil por la que deberá indemnizar, junto con otro de los condenados, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos filatélicos reconocidos por la Administración Concursal en el Juzgado Mercantil 7 de Madrid en una cantidad superior a los 3.700 millones de euros.

La Sala condena igualmente al exdirector general de Fórum Filatélico Antonio M. a 2 años y 3 meses como cómplice de delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y por blanqueo y multa 15,9 millones de euros al aplicarle la atenuante de confesión, mientras que al exdirector jurídico Juan Ramón G. le impone la pena de 6 años y 3 meses e igual multa por estafa agravada y blanqueo.

El fallo también condena a los auditores José C.S. y Rafael R.B. como cooperadores necesarios en el delito de falseamiento de cuentas societarias a las penas de 2 y 1 año de cárcel, respectivamente. El resto de acusados, colaboradores en la estafa y en los delitos de blanqueo de capitales, resultan condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 4 años y multas que llegan hasta los 63,5 millones de euros.

El Tribunal absuelve a los cuatro miembros del Consejo de Administración que fueron juzgados –Miguel Ángel H., Francisco José L.G., Agustín F.R. y Juan M.M.- por los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias.

La resolución de la Sección Primera, con ponencia del magistrado Ramón Sáez, aplica a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas simple. Se acuerda el decomiso de numerosas fincas y cuentas bancarias y el dinero depositado en cajas de seguridad y se ordena que todo el dinero que se obtenga en la ejecución sea puesto a disposición de la Administración concursal para que lo distribuya de manera ordenada entre los perjudicados.

 

¿Cómo afronta el sector financiero los retos tecnológicos en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo?

11 julio, 2018

El dinero se ha digitalizado y la moneda de curso legal, materializada en billetes, ha pasado a un segundo plano frente a los millones de transacciones diarias que conviven en el sector financiero mundial.

En este contexto, el 94% de los profesionales del sector admite desconocer la aplicación práctica de la tecnología en la regulación.

el 64,7% de las entidades bancarias no contempla alertas diferenciadas para blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y solo el 12% de las entidades tiene completamente automatizada la supervisión de operaciones sospechosas.

Son datos que se desprenden del Informe publicado por la empresa Vector Management Consulting, en el que señala que la tecnología se posiciona como protagonista en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte del sector financiero.

Este estudio incorpora los resultados de una encuesta que proporciona una visión sobre cómo los profesionales del sector financiero están abordando los cambios operativos para responder al cumplimiento normativo en materia de blanqueo.

Otra de las conclusiones relevantes que aporta es que para operar de forma eficiente ya no sirven las herramientas y los métodos de trabajo del siglo pasado, sino que se hace “necesario” incrementar las labores de análisis que aportan un valor añadido al negocio con la ayuda de la tecnología y de procesos de supervisión de operaciones más ágiles.

Teniendo en cuenta que el blanqueo de capitales representa entre el 2% y el 3% del PIB mundial, la clave para prevenirlo es “reportar operativas sospechosas con análisis desarrollados de forma adecuada por las entidades”, dice la consultora. Muchas de esas tareas no requieren una inteligencia deductiva o analítica, sino que simplemente requieran acciones monitorizadas.

En estos primeros pasos tan rutinarios los robots pueden ser de gran ayuda, permitiendo que el analista dedique más tiempo a acciones de calidad, como el análisis de indicios de operaciones sospechosas que puedan poner en peligro a las entidades. Sin embargo, según el informe, en la actualidad solo el 12% de las entidades tienen completamente automatizado la supervisión de operaciones sospechosas.

 Principales retos 

  • Mejorar las obligaciones de información de los operadores, de manera interna y hacia las autoridades
  • Reforzar los servicios de reclamaciones y protección al inversor de los supervisores financieros (banca, valores, seguros)
  • Recuperar la confianza de ahorradores y usuarios de servicios financieros
  • Regular con coherencia y estudio profundo previo los productos financieros complejos de alto riesgo
  • Favorecer la innovación y formación en tecnología ‘blockchain’ a través de entornos controlados de pruebas