Aspectos clave en la obligación de declarar los movimientos de capitales y las transacciones económicas con el exterior

25 junio, 2018

Las personas físicas o entidades residentes en España que realicen operaciones con no residentes o mantengan activos o pasivos frente al exterior, están obligadas a comunicarlas según recoge la Circular 4/2012, de 25 de abril dictada por el Banco de España en previsión de lo dispuesto en el Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre.

Esta Circular vino a unificar las declaraciones relativas a las distintas clases de transacciones en un único formulario que, además, se presenta por medios telemáticos ante el Banco de España. En 2017, la entidad publicó un documento de aplicaciones técnicas.

Estos cobros y pagos exteriores a declarar comprenden las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que sean e independientemente de cómo se liquiden (a través de cuentas de residentes en España o en el exterior, por compensación o mediante entrega de efectivo), así como los saldos y sus variaciones de activos y pasivos exteriores.

La periodicidad de las comunicaciones va desde la mensual, trimestral o la anual en función del volumen de las transacciones realizadas durante el año inmediatamente anterior, así como de los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior.

  • Para importes de las transacciones durante el año inmediatamente anterior o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 300 millones de euros, la periodicidad es mensual (dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes natural)
  • Si los importes son iguales o superiores a 100 millones de euros e inferiores a 300 millones de euros, la declaración tendrá se presentará trimestral (dentro de los 20 días siguientes al fin de cada trimestre natural)
  • Para importes inferiores a 100 millones de euros, la periodicidad es anual (no más tarde del 20 de enero del año siguiente

La declaración anual podrá efectuarse de forma resumida, cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen los 50 millones de euros.

Asimismo, en los casos que no se supera el millón de euros, la declaración solo se enviará a requerimiento expreso del Banco de España dentro de los dos meses siguientes a la fecha de solicitud.

Las sanciones internacionales en el marco de la Unión Europea

20 junio, 2018

Este acto jurídico, que no legislativo, es una herramienta cada vez más frecuente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común que, en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, se define como “medidas restrictivas” que se podrán adoptar para defender sus valores comunes e intereses fundamentales, su seguridad, independencia e integridad, así como consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho Internacional.

Además se han adoptado tres documentos esenciales: “Basic Principles on the Use of Restrictive Measures”, aprobados en junio de 2004; “Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive Measures in the framework of de EU CFSP”, aprobadas en 2003 y actualizadas en 2012; y “The EU Best Practices for the Effective Implementation of Restrictive Measures”, que fueron aprobadas en 2008.

Generalmente, los regímenes de sanciones de la UE han ido evolucionando de forma paralela a los de Naciones Unidas. El número de sanciones impuestas por la Unión ha ido aumentado de forma considerable hasta alcanzar en la actualidad 35 regímenes de sanciones: 14 aprobados en el Consejo de Seguridad, que se trasponen al derecho comunitario; 6 en los que la UE ha adoptado medidas adicionales más allá de las aprobados por Naciones Unidas (caso de Irán, Líbano, Corea del Norte, Libia, Guinea Bissau, Sudán del Sur); y 14 casos en los que la UE ha decidido adoptar medidas restrictivas de forma autónoma ante la falta de consenso en Naciones Unidas (Túnez, Egipto, Siria, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Moldavia, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Zimbawe, Guinea Conakry, Irán

Los tipos de sanciones se pueden dividir en cuatro categorías: embargo de armas, prohibición de entrada, medidas económico-comerciales y medidas financieras entre las que se incluye la congelación de activos.

Precisamente con respecto a este último tipo de sanción, y teniendo en cuenta que el 98,9% de las posibles ganancias delictivas no se confiscan y quedan a disposición de los delincuentes, el Consejo de Europa ha acordado con la Eurocámara nuevas normas para el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo preventivo y decomiso que garantice la congelación y confiscación de activos procedentes de actividades criminales en toda la UE.

Esta nueva regulación, que se aplicará 24 meses después de su próxima entrada en vigor, completa la Directiva de 2014 y propone una mejora en su aplicación transfronteriza ya que establece un instrumento jurídico uniforme directamente aplicable en toda la UE.

El acuerdo marca un plazo de 45 días para el reconocimiento de una orden de confiscación que, en caso de urgencia, se reduce hasta 48 horas igualmente para la ejecución de las órdenes de congelación de activos.

Además incorpora el principio general de reconocimiento mutuo, lo que significa que todas las decisiones judiciales en materia penal adoptadas en un país de la UE serán reconocidas directamente y aplicadas por otro Estado miembro.

También se amplían los tipos de decomiso como aquel basado en el valor y no en condena, incluidos determinados sistemas de decomiso preventivo, siempre que exista vínculo con un delito.

Para ejecutar las órdenes de embargo y decomiso con mayor rapidez y eficacia, se aplicarán documentos y procedimientos estandarizados, así como disposiciones para garantizar que en los casos transfronterizos se respete el derecho de las víctimas a indemnización y restitución.

Estados Unidos pierde una oportunidad histórica de regular las sociedades fantasma y los beneficiarios reales

15 junio, 2018

El proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales que se tramita en la actualidad en la Cámara baja de los Estados Unidos (Counter Terrorism and Illicit Finance Act) ha visto desaparecer del texto la referencia a los beneficiarios efectivos de una sociedad y la necesidad de recopilar información sobre su identidad en el momento de constitución de esa compañía.

Con la supresión de las disposiciones sobre la transparencia de los beneficiarios reales para conocer la identidad de los auténticos titulares, se rompe el consenso que existía en torno a los borradores previos de la legislación propuesta.

Y es que la versión del proyecto de noviembre de 2017 que tiene como objetivo “modernizar el marco legal del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, sí contenía este particular que está reconocido y documentado en el régimen AML de los EEUU como una clara vulnerabilidad.

Concretamente, ofrecía el detalle sobre la recopilación de información sobre los beneficiarios finales de las sociedades pantalla, hasta la versión actual en la que desparece cualquier referencia a la titularidad real.

Fuentes judiciales, fiscales y policiales reconocen que esta supresión en el proyecto de ley debilita la salvaguarda contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo en un país donde solo en el estado de Delaware, considerado como el principal punto de corporaciones anónimas en el mundo, se generan anualmente más de mil millones de dólares en ingresos basados en la utilización de su sistema anónimo de sociedades fantasma.

Precisamente, en una medida considerada histórica por inesperada, el secretario de Estado de Delaware, Jeffrey Bullock, dirigía una carta al Comité de Servicios Financieros del Congreso solicitando que se reconsidere esta postura.

Según Bullock, es esencial apoyar el marco descrito en los primeros  borradores del proyecto donde se cita a la FinCEN, Unidad de Inteligencia Financiera de EEUU, como órgano competente para llevar a cabo la identificación de la titularidad real.

También señala que la FinCEN posee la experiencia necesaria para implementar de manera efectiva un marco estandarizado que recopile la información de beneficiarios efectivos, en lugar de un enfoque gradual, basado en el estado, que “crearía lagunas vulnerables a la explotación por parte de los criminales”.

Por otro lado, el texto establece un equilibrio adecuado para hacer cumplir la ley y ayudar a las instituciones financieras a cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario, al tiempo que mantiene salvaguardas críticas para limitar quién puede acceder a la información recabada por la FinCEN.

La legislación, concluye Bullock, está diseñada a medida para exigir la revelación de beneficiarios reales solo a aquellas entidades que con mayor probabilidad sean utilizadas con fines ilícitos.

Llega la nueva Directiva para luchar contra el blanqueo de capitales por medio del derecho penal

7 junio, 2018

A falta de la revisión lingüística para su adopción formal, el Consejo Europeo ha hecho pública una nueva Directiva que por medio del derecho penal dificultará y bloqueará el acceso de los delincuentes a los recursos financieros, en particular aquellos empleados para actividades terroristas. Se pretende tener la seguridad de que las actividades de blanqueo de capitales son sancionadas y de que la cooperación policial y judicial en toda la UE es lo más eficaz posible para impedir que el dinero siga fluyendo hasta los delincuentes.

Este nuevo texto, que viene a complementar la Quinta Directiva adoptada formalmente en mayo de 2018, establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos penales y las sanciones relativas al blanqueo de capitales, así como disposiciones comunes para mejorar la investigación de delitos relacionados.

Con ello, se propicia tanto la eliminación de obstáculos a la cooperación transfronteriza policial y judicial, como la adaptación de las normas de la UE a las obligaciones internacionales, en particular las derivadas del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo y de las Recomendaciones del GAFI.

En este sentido, el texto incluye también normas más claras para definir qué Estado miembro tiene jurisdicción, así como la necesidad de implicar a Eurojust.

Principales novedades

  • Las actividades de blanqueo de capitales podrán castigarse con penas de privación de libertad de una duración máxima de cuatro años
  • Las autoridades judiciales podrán imponer sanciones y medidas adicionales como exclusión temporal o permanente del acceso a fondos públicos o multas, además de las penas de privación de libertad
  • Se aplicarán circunstancias agravantes a los casos vinculados a organizaciones delictivas o por delitos cometidos en el ejercicio de determinadas actividades profesionales. Los Estados miembros también podrán definir estas circunstancias agravantes basándose en el valor de los bienes o capitales blanqueados o en la naturaleza del delito tales como corrupción, explotación sexual o tráfico de drogas
  • Las personas jurídicas también podrán ser consideradas responsables de determinadas actividades de blanqueo y podrán enfrentarse a diferentes sanciones, como, por ejemplo, exclusión de las ayudas públicas, sometimiento a vigilancia judicial o disolución judicial

A partir de que la norma sea adoptada formalmente, los Estados miembros dispondrán de dos años máximo para incorporar las nuevas disposiciones a su ordenamiento jurídico interno.

Su tramitación no estuvo exenta de comentarios críticos como los del Consejo de la Abogacía Europea que advertía de que “la tendencia a extender el alcance de la infracción que constituye el blanqueo de capitales compromete sus objetivos esenciales y afecta derechos fundamentales importantes como la presunción de inocencia y los derechos de defensa, así como ciertos principios generales de derecho penal como la seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad del derecho penal como último recurso”.

La propuesta de Directiva fue presentada por la Comisión en diciembre de 2016 junto con un borrador de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.