¿Cuáles son los principales indicadores de que hay blanqueo en una entidad bancaria?

28 mayo, 2018

A pesar de las estrictas obligaciones normativas a las que están sujetas las entidades financieras, lo cierto es que periódicamente salen a la luz casos en los que algún banco es acusado por falta de vigilancia ante posibles operaciones de blanqueo de dinero procedentes de clientes.

Junto a las sanciones económicas que supone esta falta de diligencia, y que pueden ser muy elevadas en función del país en que se produzcan, está la crisis reputacional que coloca a la entidad en serias dificultades.

Toda evaluación sólida por parte del órgano supervisor deberá basarse en información precisa a nivel operacional. Hay que recordar que la entidad como sujeto obligado previamente ya habrá tenido que elaborar su propia relación de operaciones de riesgo ajustada a su experiencia y a su evaluación.

Con este punto de partida, el tipo de detalle transaccional ligado al riesgo será el que se trate de obtener al iniciar las investigaciones y lo que resultará más revelador para la administración competente.

Y es que los indicadores clave de carácter financiero que evalúan la solidez de la entidad y su cumplimiento normativo, no tienen por qué hacer aflorar operaciones sospechosas.

Una entidad puede gozar de buena salud financiera en cuanto a su ratio de préstamos sobre depósitos o a su volumen de captación de depósitos y, sin embargo, si nos atenemos a indicadores como la concentración accionaria, su proporción de clientes no residentes, los préstamos con o sin garantía, así como la participación en depósitos no euro para bancos del entorno UE, se pueden advertir problemas relacionados con el blanqueo.

Estas cuatro variables a nivel global, unidas a otra más específica como que las operaciones muestren falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, sin que exista justificación económica o profesional para ello, serán las principales señales de alerta.

Ahora bien, ni tomados de forma aislada o combinada, estos indicadores serán suficientes para garantizar que se detecten actividades sistemáticas de blanqueo de capitales.

 

El sector FinTech español adoptará su primer Código de Buenas Prácticas

25 mayo, 2018

Los diferentes segmentos de negocio en el mercado Fintech e Insurtech en España que se cifran en casi 400 firmas y 5.000 empleos, ya cuentan con el primer Código de Buenas Prácticas para el cumplimiento de estándares y normas que garanticen la protección del consumidor, así como la sana competencia y la cooperación dentro de la industria financiera y bancaria española.

Este documento, elaborado por la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), en su condición de asociación representativa de la gran mayoría de entidades del sector en nuestro país, contiene un modelo de autorregulación con una serie de obligaciones éticas y legales tanto en el análisis y prestación de los servicios como en su relación con los clientes. También incluye qué información debe contener las páginas webs de estas entidades.

Como principios generales, el Código establece que las entidades se abstendrán de desarrollar y utilizar prácticas de negocio que puedan ser constitutivas de actos contrarios a la libre competencia o de competencia desleal e, igualmente, contempla alejarse de lo que pudiera ser tipificado como corrupción en el desarrollo de sus relaciones con las empresas contratantes, clientes, proveedores, suministradores, competidores, autoridades, etc.

Obligaciones en la prestación de servicios

  • Prestarán un servicio sostenible, ético y responsable, no teniendo dentro de su actividad servicios que supongan un abuso al cliente.
  • Evaluación del perfil de riesgo de los usuarios previa a la prestación de cualquier tipo de servicio o inicio de relación de negocio
  • Evitarán incurrir en prácticas de publicidad ilícita o subliminal, de tal manera que la publicidad de los servicios profesionales deberá ser digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas y a la referida legislación

Obligaciones en su relación con los clientes

  • A través de sus páginas web u otros canales utilizados para el contacto con clientes, se ofrecerá información clara, completa, transparente y accesible en todo momento de las condiciones de los servicios Fintech y/o Insurtech que comercialicen, así como sobre todos los gastos, condiciones económicas y tarifas.
  • La documentación financiera contendrá, de manera clara e inequívoca los principales términos y condiciones del servicio y de sus posibles prórrogas que se le ofrezca al cliente, como lo son al menos, plazo, importe y costes asociados al mismo, para que el cliente esté informado y manifieste el conocimiento de tales condiciones
  • Se evitará cualquier tipo de presión indebida a los clientes para la contratación, prórroga o modificación de cualquier servicio o producto
  • Canales adecuados a disposición de sus clientes de interacción y presentación de quejas y reclamaciones, accesibles a través de sus páginas web, que resolverán con diligencia las reclamaciones que reciban

Obligaciones en la página web

  • Informará claramente de cómo funciona el servicio que prestan, sus implicaciones legales y las consecuencias que pudiera tener para el cliente el incumplimiento de sus obligaciones en la prestación de ese servicio
  • Incluirá la información de la persona jurídica que opera detrás de cada marca comercial
  • Permitirán a los clientes hacer preguntas sobre los servicios ofrecidos a través de un link de “contáctenos” o similar

Las infracciones de la normativa antiblanqueo que acabaron con el Banco letón ABLV

21 mayo, 2018

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) alertaba a la tercera entidad financiera de Letonia, el Banco ABLV, de que prohibiría sus cuentas corresponsales en EEUU por realizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia y Ucrania, y violar las sanciones a Corea del Norte.

Según sus investigaciones, ejecutivos, accionistas y empleados del ABLV habían institucionalizado el lavado de dinero como un pilar de las prácticas comerciales de la entidad. La administración del ABLV permitía que el banco y sus empleados orquestaran esquemas para el blanqueo de capitales, además de propiciar la actividad de empresas pantalla de alto riesgo para que el banco y sus clientes lavaran fondos.

En consecuencia, no existía un adecuado control sobre las cuentas de este tipo de sociedades y se buscaba obstruir el cumplimiento de la normativa letona a fin de proteger estas prácticas comerciales.

Si bien su marco legal no separa formalmente el negocio bancario nacional y la banca no residente, la mayoría de los bancos letones realizan sus negocios en banca minorista/comercial nacional o servicios bancarios no residentes, y no en ambos.

Así, la banca no residente en Letonia con depósitos por valor de 9.200 millones de euros (los residentes suman unos 12.200 millones de euros) permite que las compañías extraterritoriales, incluidas las compañías pantalla o ficticias, mantengan cuentas y realicen transacciones a través de bancos letones. Se transfiere el capital a través de Letonia, a menudo a través de estructuras legales complejas e interconectadas, a varias sedes bancarias con el fin de reducir el seguimiento de las operaciones y evitar que puedan ser calificadas como transacciones de riesgo. La dependencia del sistema bancario letón de los fondos de no residentes lo expone a un mayor riesgo financiero.

El informe de la FinCEN se enmarca en la Sección 311 de la ‘Patriot Act’, ley aprobada tras los atentados del 11 de septiembre y que controla las entidades bancarias para luchar contra la financiación de grupos terroristas.

Así, según la USA Patriot ACT, todas aquellas entidades bancarias que estén domiciliadas fuera de Estados Unidos y que deseen entablar o mantener relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un broker/dealer norteamericano, tienen la obligación de aportar cierta información sobre la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que está sometido.

Tras el anuncio de la FinCEN, el banco ABLV experimentó una ola de retirada de depósitos por parte de los clientes, así como una falta de acceso a la financiación en dólares estadounidenses.

A los pocos días, el Banco Central Europeo lo declaraba “no viable” al considerar que el banco no sería capaz de hacer frente a sus obligaciones de pago como consecuencia del deterioro “significativo” de su posicion de liquidez. A su vez, ordenó a la autoridad de supervisión de Letonia, la Comisión de Mercados Financieros y de Capital (FCMC), que impusiera una moratoria al banco para darle tiempo a estabilizar su situación. Las autoridades luxemburguesas también impusieron una moratoria a la filial del banco en este país.

El 26 de febrero de 2018, el banco hacía pública la liquidación voluntaria de la entidad.

¿Qué es la nueva Declaración del titular real?

16 mayo, 2018

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 30.3 de la cuarta Directiva antiblanqueo, el gobierno español ha aprobado la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, que incorpora nuevos modelos en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil con un formulario para la “identificación del titular real de la sociedad”.

La directiva, cuyo plazo de transposición finalizó el 26 de junio de 2017, establece que “los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público”.

En este sentido, los sujetos obligados y las autoridades pueden exigir que se le suministre por un registro la información precisa sobre el titular real de las personas jurídicas.

De ahí, la implementación de este nuevo formulario en el que las sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, harán la declaración acerca del titular real.

Precisamente la existencia de un registro público que, sin embargo, no se recoge en la Orden, está generando polémica entre notarios, registradores y expertos en la materia. Por ejemplo, Joaquín Mena, director de Bonatti Compliance, califica de “chocante que se ignore que ya existe un registro público donde se puede suministrar información precisa sobre el titular real de las personas jurídicas, que es la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado, establecido por el Reglamento de la Ley 10/2010 en su artículo 9.6”.

A quién afecta

Según señala el propio texto normativo, la Orden no supone una nueva obligación general para todas las sociedades, ya que solo afecta a aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% de su capital social. Los titulares asimilados se remitirán a los libros del propio Registro Mercantil.

No obstante, en el formulario habrá que incluir a los administradores en el caso de que no hubiese personas físicas con una participación o control superior al 25%.

Obligatorio para cuentas del ejercicio 2017

El formulario, que tiene naturaleza extra-contable y por tanto no forma parte de las cuentas anuales sino que las acompaña obligatoriamente, será de aplicación a la presentación de cuentas individuales de ejercicios cerrados con posterioridad al 1 de enero de 2017.

No será necesario cumplimentarlo en relación con las cuentas individuales de ejercicios cerrados con anterioridad al 1 de enero de 2017. Asimismo, en ejercicios sucesivos el formulario solo será obligatorio si se han producido cambios en la titularidad real.

Infografía: ¿Cómo se implementa el Estándar de Intercambio Automático de Información Financiera?

11 mayo, 2018

Desarrollado por la OCDE, el Estándar supone un paso importante hacia el fin del secreto bancario y una mayor transparencia fiscal internacional. España, como miembro del early adopters group, empezó el pasado mes de septiembre de 2017 a intercambiar con otras jurisdicciones su información financiera en materia fiscal.