Factores de riesgo a tener en cuenta por las entidades financieras en las cuentas agrupadas

26 abril, 2018

Las cuentas agrupadas son aquellas que abre un cliente en la entidad financiera con la finalidad de administrar fondos que pertenecen a los propios clientes del cliente. En consecuencia, la entidad estará obligada a aplicar todas las medidas de diligencia debida que serán reforzadas cuando existan indicios de que el riesgo asociado a la relación de negocios es alto.

La diligencia debida incluirá el tratamiento de los clientes del cliente como titulares reales de los fondos depositados en la cuenta agrupada y la comprobación de sus identidades.

Siempre que lo permita la legislación nacional, cuando el riesgo asociado a la relación de negocio sea bajo, la entidad de crédito puede aplicar medidas simplificadas siempre que se cumpla una serie de condiciones.

Este será el caso de clientes que sean empresa sujeta a las obligaciones en materia de cumplimiento normativo en un Estado del Espacio Económico Europeo (EEE) o en un tercer país con un régimen preventivo que no sea menos riguroso que el exigido por la Directiva antiblanqueo y, además, esté supervisada de manera efectiva a efectos del cumplimiento de estos requisitos.

Servirá igualmente para cuando el cliente no sea empresa sino sujeto obligado en un Estado del EEE.

Si el riesgo de blanqueo o financiación del terrorismo asociado a la relación de negocios es bajo, basándose en la evaluación de la actividad de negocio de su cliente efectuada por la entidad, el tipo de clientes a los que preste servicio el cliente y las jurisdicciones en las que desarrolla su actividad el cliente, se aplicarán igualmente medidas simplificadas

Asimismo, la entidad deberá tener garantías de que el cliente está aplicando medidas rigurosas y en función del riesgo a sus propios clientes y a los titulares reales de estos.

La entidad también habrá de adoptar medidas en función del riesgo para cerciorarse de que el cliente proporcionará, previa petición, información y documentos a efectos de la diligencia debida sobre sus clientes subyacentes que sean titulares reales de los fondos depositados en la cuenta agrupada. Entre estas medidas, por ejemplo, la incorporación de disposiciones específicas de un contrato con el cliente o la realización de pruebas que demuestren la capacidad del cliente para proporcionar información a efectos de la diligencia.

Cuando se cumplan todas las condiciones descritas que permitirán aplicar medidas simplificadas a cuentas agrupadas, la entidad financiera identificará y comprobará quién es el cliente, incluyendo a los titulares reales del cliente; evaluará la finalidad y la índole prevista de la relación de negocio; y realizará un seguimiento continuo de esta relación.

Nueva regulación de máximos en Europa para proteger a los whistleblowers

24 abril, 2018

Los denunciantes de irregularidades o whistleblowers pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad.

Ahora, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa aprueba otra propuesta de Directiva que garantizará un elevado nivel de protección para esta figura.

La nueva ley establecerá canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes contra el despido y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades.

Protección de infracciones del Derecho de la UE

La propuesta ofrece protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la UE.

Obligaciones para los empleadores

Todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes.

Mecanismos

  • Canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad
  • Sistema de notificación con canales internos; aquellos dirigidos a las autoridades competentes si los internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen; y a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro para el interés público o daños irreparables
  • Obligaciones de notificación aplicables a las autoridades y las empresas, que tendrán que responder y dar curso a las notificaciones de los denunciantes en el plazo de tres meses en el caso de los canales internos de notificación
  • Prevención de represalias y protección eficaz con acceso a asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas. La carga de la prueba se invierte en tales casos, de modo que la persona u organización deberán demostrar que no se trata de una represalia contra el denunciante. Estos también recibirán protección en los procesos judiciales, especialmente mediante una exención de la responsabilidad por la revelación de información

Regulación en otros países

Hasta ahora, solo 10 Estados miembros de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) cuentan con legislación específica para proteger y garantizar plenamente la seguridad de los whistleblowers.

Entre ellos no figura España aunque en el anteproyecto de ley que refuerza las medidas contra el blanqueo se establece que las entidades sujetas a la norma como bancos, aseguradoras y abogados, entre otros deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el SEPBLAC contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias.

Hasta ahora, en nuestro país, lo más relacionado, aparte de un proyecto de ley que se discute en las Cámaras, es una cláusula que permite a los ciudadanos reportar de manera anónima los conflictos de intereses de los funcionarios de alto rango y miembros del parlamento. Los testigos en los procesos penales pueden recibir protección.

Razones para no denunciar

Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden su empleo, su reputación o incluso su salud. Basta conocer que el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey).

En consecuencia, el miedo a sufrir represalias tiene un efecto directo en los denunciantes potenciales. El 81% de los encuestados en el Eurobarómetro especial de 2017 sobre corrupción, declaró que no informaron sobre la corrupción que habían experimentado o presenciado. Del mismo modo, el 85% de los encuestados en una consulta pública de la Comisión expresó la opinión de que los trabajadores rara vez informan sobre amenazas o daños al interés público. El temor a las consecuencias legales y financieras fue la razón más ampliamente citada para no informar.

 

La Eurocámara da luz verde a la Quinta Directiva antiblanqueo

19 abril, 2018

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones la que supone quinta revisión de la Directiva comunitaria antiblanqueo que se ajusta a la necesidad de establecer una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales, como el bitcoin, para evitar que se utilicen como instrumento para lavar dinero o financiar el terrorismo.

Las medidas constituyen una respuesta más, según señala Bruselas, “a los ataques terroristas de 2015 y 2016 en País y Bruselas, así como a las filtraciones de los Papeles de Panamá”.

La dilatada tramitación de la nueva norma se iniciaba en julio de 2016, momento en que la Comisión Europea presentaba su propuesta para aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios, y que las autoridades nacionales pudieran localizar a las personas que ocultan sus finanzas para cometer delitos, a quién negocia divisas online y a aquellos que emplean tarjetas prepago.

Unos meses después, en octubre de 2016, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) apuntaba en su dictamen la fecha del 1 de enero de 2017 para que los Estados de la UE transpusieran a la legislación nacional esta Quinta Directiva.

Acceso público a la información sobre titularidad real

La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas “empresas buzón”, a menudo utilizadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los “papeles de Panamá”.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos, la información será accesible para aquellos que puedan demostrar un “interés legítimo”, como por ejemplo, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Los estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.

Monedas virtuales y tarjetas prepago

Los cambios también abordan los riesgos asociados a las tarjetas prepago y las monedas virtuales. Con objeto de acabar con el anonimato de las criptomonedas, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debida similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.

Además, estas plataformas y proveedores de servicios deberán registrarse, igual que las empresas de cambio de divisas y las oficinas de cobro de cheques, así como los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.

En el caso de las tarjetas prepago, el importe a partir del cual sus titulares deberán estar identificados se rebaja, desde los 250 euros actuales a 150 euros.

Vigilancia de países de riesgo

La nueva directiva incluye criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan un riesgo de blanqueo, además de medidas de vigilancia más estrechas de las transacciones que implican a nacionales de países de riesgo.

La figura del whistleblower

Las personas que revelen información sobre blanqueo de capitales podrán beneficiarse de protección, incluido el derecho al anonimato.

 

La operación del mes: Tulipán Blanca, primera contra el blanqueo con bitcoins

10 abril, 2018

Se trata de una investigación pionera en nuestro país que, coordinada por Europol, ha desarticulado una banda que blanqueó más de ocho millones de euros mediante el uso combinado de sistemas de bancarización y movimientos de fondos tradicionales con el de nuevos sistemas como es el mundo virtual de las criptomonedas desde su origen hasta el destino final del dinero en efectivo.

La operación ‘Tulipán Blanca’ ha demostrado la bancarización de dinero procedente del narcotráfico  por valor de 8.369.867 euros en efectivo, mediante el uso de 174 cuentas corrientes abiertas con la única finalidad de crear una gran estructura de blanqueo de capitales con la que mover sus fondos internacionalmente.

Dentro de las múltiples metodologías de blanqueo detectadas por parte de los investigadores destacan principalmente tanto el uso de tarjetas de crédito, como la compra-venta de criptomonedas.

La operación se ha saldado de momento con la detención en España de 11 personas y la investigación de otras 137 por estos delitos.

Tarjetas de crédito

La parte de la organización criminal asentada en España dedicada a la venta de sustancias estupefacientes, aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, quienes disponían de la infraestructura para llevar a cabo la denominada “bancarización” de ese dinero.

Este blanqueo se producía mediante el ingreso diario de hasta 3.000 euros en diferentes cajeros automáticos de España, para lo que contaban con una amplia red de testaferros.

De manera paralela, miembros de la organización criminal se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde se realizaban retiradas de efectivo de cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogotá, Medellín y Cucuta, así como en la ciudad de Panamá.

Compra-venta de criptomonedas

Debido a la presión de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de transacciones, la organización optó por intentar romper esta trazabilidad o seguimiento de sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, principalmente bitcoins, en una conocida plataforma de venta de esta moneda virtual.

Pese a la dificultad de investigar este tipo de movimientos, la Guardia Civil  ha podido reconstruir íntegramente toda la trazabilidad del capital gracias a la colaboración judicial con las autoridades de Finlandia, país de la sede social de la casa de cambio,  hasta poder determinar el origen y destino del dinero.

De esta manera se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins  procedían de España, concretamente de la organización investigada, y que el destino de las mismas después de las correspondientes operaciones pantalla de compra-venta fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada de efectivo en Pesos colombianos.

Esta operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Para su esclarecimiento ha sido fundamental  la coordinación de Europol y la participación de la Homeland Security Investigation de EEUU, además de los departamentos de prevención de blanqueo de capitales de las entidades afectadas.

 

Suiza y el cohecho transnacional: necesarias más sanciones y mayor protección al whistleblower

4 abril, 2018

La lucha eficaz por parte de Suiza contra el soborno a funcionarios en el entorno internacional deberá ir acompañada de penas más severas y una mayor protección del whistleblower o denunciante en el sector privado.

Así se ha manifestado la OCDE en su Informe hecho público recientemente donde se evalúa la aplicación por parte del país helvético de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados.

El Grupo de Trabajo sobre el Soborno de la OCDE “acoge con beneplácito los importantes esfuerzos de investigación y enjuiciamiento del Ministerio Público de la Confederación” y señala que Suiza ha estado trabajando para luchar de manera más activa contra el cohecho transnacional.

De hecho, los datos recogidos en este Informe demuestran que, desde la última evaluación en 2012, seis personas físicas y cinco jurídicas han sido condenadas. Además, durante 2016 hubo 137 investigaciones por blanqueo de capitales y soborno transfronterizo, frente a las 24 realizadas en 2011.

Sin embargo, la OCDE considera que el país evaluado debería hacer aún más para perseguir a las empresas y aplicar sanciones más contundentes. Por lo que se refiere a los whistleblowers del sector privado, se pone en evidencia que esta figura está expuesta a procedimientos judiciales cuando en realidad debería recibir protección tras sus denuncias.

Recomendaciones

  • Adoptar un marco normativo apropiado destinado a proteger contra cualquier acción discriminatoria y disciplinaria a los whistleblowers en el sector privado
  • Garantizar que las sanciones impuestas a individuos y empresas por actos de corrupción transnacional sean efectivas, proporcionadas y disuasorias
  • Asegurarse, de conformidad con la ley, una publicidad más amplia y sistemática de los casos de corrupción transnacional concluidos
  • Adoptar la revisión actual de la ley que enmarca la asistencia judicial recíproca con el objetivo de eliminar ciertos obstáculos de procedimiento y formalizar la asistencia mutua dinámica

El Informe precisa, además, que si bien hay decisiones judiciales en Suiza que favorecen la persecución de la corrupción transnacional, algunas resoluciones muestran una interpretación restrictiva de ese delito y de la responsabilidad de las personas jurídicas.

Se completa así la cuarta fase de la monitorización iniciada en 2016 por parte de la OCDE. Dentro de un año, Suiza presentará su informe oral con el detalle de la legislación adoptada para proteger a los whistleblowers del sector privado de cualquier acción discriminatoria o disciplinaria. Y ya en el 2020 remitirá informe escrito sobre la implementación de todas las recomendaciones.