Titanium, el proyecto que vigila el uso delictivo de las criptomonedas

28 febrero, 2018

Con el debate vivo por su regulación y países como Suiza abriendo este mercado financiero alternativo, las criptomonedas tipo bitcoin se sitúan de nuevo en el punto de mira no solo para hacer negocios lícitos, sino como una oportunidad para que los delincuentes usen la tecnología blockchain como forma de burlar la ley.

A nivel europeo, hace ahora casi un año, la Comisión lanzó un proyecto en la dark web, es decir, en la parte de internet que está fuera del alcance de Google y otros motores de búsqueda, con el que se busca frenar este uso delictivo.

Titanium, que así se llama el proyecto, responde al nombre completo ‘Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets’ y supuso la primera gran respuesta de la Unión Europea al ciberataque que en mayo de 2017 afectó a compañías y organizaciones de 150 países con el secuestro de equipos y la petición de un rescate.

El objetivo, por tanto, es desarrollar soluciones técnicas para investigar y mitigar la delincuencia y transacciones en monedas virtuales asociadas a conductas ilegales.

Con una duración de tres años y una dotación presupuestaria de 5 millones de euros, Titanium nació impulsado por el Instituto AIT de Tecnología de Austria con el apoyo de un consorcio de siete países europeos, entre los que se encuentra España que aporta al proyecto cuatro organismos y empresas. De hecho, junto con Alemania y Austria lidera la investigación.

Así, nuestro país está representado por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, una startup y una fundación de investigación. A nivel global, en el proyecto también está la Interpol y otros servicios policiales (law enforcement agencies, LEAs), tanto del ámbito físico como virtual, de países como Finlandia, Holanda o Alemania.

Estos investigadores desarrollan e implementan herramientas forenses para seguir el trazado que dejan las transacciones criminales con este tipo de divisas, revelar sus características y patrones comunes, detectar anomalías en su uso e identificar las técnicas usadas para blanquear.

La idea es probar y validar estas herramientas y servicios en las instalaciones de las LEAs para evaluar su efectividad e impacto general en los resultados del proyecto que concluirá en mayo de 2020.

Modificaciones en la financiación de partidos y fundaciones políticas a nivel europeo

27 febrero, 2018

En 2018, diez partidos y otras tantas fundaciones políticas europeas reciben financiación del presupuesto de la Unión Europea. Ahora, en un ejercicio de transparencia que garantice una asignación más justa de los recursos y una aplicación más rigurosa en caso de fraude, Parlamento Europeo y Consejo han acordado iniciar la modificación de la normativa con nuevas reglas para garantizar el uso adecuado del dinero público.

Así, las modificaciones se centran en determinadas prácticas abusivas, como la creación de entidades artificiales para recibir fondos del presupuesto de la UE.

Se revisarán las condiciones para fundar partidos políticos europeos de forma que solo los partidos nacionales y no las personas físicas puedan patrocinar su creación.

Además, se les obligará a salir del registro si facilitan información falsa y la Eurocámara recuperará cualquier financiación desembolsada de forma indebida o si se comprueba el uso fraudulento de los fondos.

La Oficina del Fiscal Europeo será la encargada de investigar los presuntos abusos.

El objetivo de esta modificación es garantizar que esos partidos tengan una auténtica dimensión europea, con una representación real en al menos la cuarta parte de los Estados miembros e impedir que los partidos nacionales utilicen a sus miembros para crear grupos europeos diferentes y acceder así a más fondos públicos.

Por eso, el acuerdo también se pronuncia sobre el cambio en la clave de distribución de los fondos: un 10% del presupuesto total en partes iguales entre todos los partidos políticos europeos, en lugar del 15% actual. El 90% restante se distribuirá en proporción al número de escaños conseguidos.

Asimismo, se disminuirán los incentivos a la creación de ‘miniclubes’, al tiempo que se mantendría la protección para los partidos pequeños.

El Parlamento quiere tener en vigor esta normativa antes de que finalice junio, momento que coincide con la publicación de la convocatoria de solicitudes de financiación para 2019, año de elecciones europeas.

Desde 2004, los partidos políticos europeos pueden recibir financiación anual consistente en una subvención para su funcionamiento y que hasta ahora puede abarcar hasta el 85% de los gastos subvencionables de un partido; el 15% restante lo debe sufragar el propio partido con cargo a sus propios recursos como las cuotas que abonan los miembros o las donaciones.

La subvención puede utilizarse para sufragar los gastos directamente relacionados con los objetivos establecidos en el programa político del partido, como, por ejemplo, reuniones y conferencias; publicaciones, estudios y publicidad; gastos administrativos, de personal y de viaje, y gastos de campañas para elecciones europeas.

Entre las conclusiones del Plenario, el GAFI destaca el avance significativo de España en los últimos tres años

26 febrero, 2018

Los pasados días 21 a 23 de febrero en París, el GAFI abordó su Plenario en París. Sobre la mesa, un orden del día de casi una veintena de puntos entre los que se discutió el progreso de España desde la adopción de su informe de evaluación mutua en 2014 y se puso de manifiesto los avances significativos realizados por nuestro país para fortalecer la efectividad de sus medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Plenario tomó el acuerdo, además, de que el GAFI volverá a calificar una serie de Recomendaciones para reflejar el nivel actual de cumplimiento técnico de España. Una vez hecha una revisión de calidad y consistencia, el GAFI publicará los informes de seguimiento que establecen las acciones puestas en marcha.

De fondo, y teniendo en cuenta que la respuesta a las cambiantes amenazas de la financiación del terrorismo debe ser anticipatoria, flexible y dinámica , el organismo internacional abordó un nuevo Plan Operativo como documento vivo para combatir la financiación del terrorismo en el que las áreas de enfoque se centran en seguir mejorando la identificación y la comprensión de los riesgos, junto al intercambio de información a partir del trabajo realizado entre entidades públicas y privadas; garantizar que los esfuerzos para detectar la financiación del terrorismo conduzcan a investigaciones, enjuiciamientos y condenas; y asegurar una mejor implementación global de medidas efectivas a través de una coordinación más estrecha con los organismos regionales del GAFI.

Asimismo, se trató el Informe realizado a los ministros de Finanzas del G20 y a los gobernadores de los Bancos Centrales para mejorar la transparencia y la disponibilidad de información sobre los beneficiarios reales, y en relación con el trabajo sobre la banca corresponsal y las remesas.

Este Informe incluye también la iniciativa del presidente Santiago Otamendi para llegar a un compromiso global a través del sistema de justicia penal y el enjuiciamiento, así como una actualización para garantizar un enfoque coherente que aborde los riesgos y oportunidades ALD/CFT relacionados con el sector FinTech, RegTech y monedas virtuales.

Como otro punto más de interés, el GAFI expuso su nueva Guía sobre la implementación de las disposiciones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es garantizar que se implementen sanciones financieras específicas, y cada país cuente con mecanismos efectivos para prevenir que se eludan.

La monitorización de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema ALD/CFT con la aprobación de la legislación necesaria, ocupó igualmente el interés del Plenario que decidió renovar la congelación de contramedidas.

Hasta que Irán implemente las medidas necesarias para abordar las deficiencias identificadas en el Plan de Acción, el GAFI “seguirá preocupado por el riesgo de financiación del terrorismo que emana de Irán y la amenaza que esto representa para el sistema financiero internacional”, señaló. En consecuencia, hizo “un llamamiento a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a que continúen aconsejando a sus instituciones financieras que apliquen diligencia debida reforzada a las relaciones comerciales y transacciones con personas físicas y jurídicas de Irán, de conformidad con la Recomendación 19 del GAFI”.

El Plenario concluyó sus dos jornadas de trabajo debatiendo sobre otras cuestiones como la tendencia del de-risking, la mejora de la efectividad de los Sistemas de Justicia Penal en un compromiso global con jueces y fiscales, o los principales temas tratados por los máximos responsables de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en cuanto a cómo mejorar la eficacia de los regímenes de notificación de operaciones sospechosas (ROS) y la calidad de la inteligencia financiera.

El Consejo de Ministros da luz verde al Anteproyecto de Ley que refuerza las medidas contra el blanqueo

9 febrero, 2018

El Consejo de Ministros celebrado hoy 9 de febrero ha recibido un informe de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo.

Además, se aprovecha para incorporar algunas novedades de la quinta Directiva que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

En la lista de sujetos obligados se incorporarán aquellos que intermedien en alquileres con renta mensual superior a 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa crowdfunding.

Los whistleblowers

A su vez, la nueva norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa. En concreto, se establece que las entidades sujetas a la norma como bancos, aseguradoras y abogados, entre otros deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el SEPBLAC contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias.

Asimismo, la norma refuerza los controles para personas con responsabilidad pública, que en la actualidad incluyen las de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Se equipara el control de las personas de responsabilidad pública nacionales, cuya intensidad hasta ahora se determinaba caso por caso, a las extranjeras, que están sometidas a especial seguimiento de manera general: conocimiento del origen de los fondos del cliente, análisis más intenso de la operativa que realiza la revisión anual de la información y la documentación que maneja.

Registro de prestadores de servicios

El nuevo registro contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, entre otras. Y se modifica el contenido del Fichero de Titularidades Financieras que, hasta ahora, contenía los datos de apertura o cancelación de cuentas corrientes, de cuentas de ahorro, de cuentas de valores y de depósitos a plazo y, con la reforma, pasará a incluir las cajas de seguridad y las cuentas de pago.

Almacenamiento de datos y sanciones

El Anteproyecto permite, además, establecer bases o sistemas comunes de almacenamiento de datos recabados en los procesos de identificación de clientes. Las entidades pueden, así, ahorrar recursos al poder compartir esta información. Estos sistemas se pondrán en marcha con pleno respeto a la Ley de Protección de Datos.

El régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención es otro de los puntos que se modifican con el Anteproyecto. Las multas máximas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad al 100% del volumen de negocio consolidado del grupo. Finalmente, se refuerzan también los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.

Suiza y Estados Unidos encabezan el Índice de Secreto Bancario 2018

1 febrero, 2018

La Tax Justice Network acaba de publicar la edición 2018 de este Índice, el Financial Secrecy Index, que, de forma bianual, clasifica las jurisdicciones en función de su secreto bancario y la escala de sus actividades financieras offshore.

Esta herramienta con la que se pretende comprender mejor el mapa del secreto financiero global, los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitales, coloca a Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán (Reino Unido) a la cabeza de la lista.

El ranking se compone de 112 jurisdicciones, en la que España se sitúa en la parte media de la tabla con la posición 52 y una puntuación de 48 (de 0 a 100) en la valoración de ‘secreto’ a la que se llega calculando la media de 20 indicadores clave clasificados en cuatro categorías:

  • Registro de titulares reales
  • Transparencia de las personas jurídicas
  • Integridad de la regulación fiscal y financiera
  • Estándares internacionales en materia de blanqueo, intercambio de información, acuerdos bilaterales y cooperación internacional

Según el Índice, nuestro país representa en torno al 1% del mercado de servicios financieros offshore, porcentaje que lo convierte en un “jugador pequeño” en comparación con otras jurisdicciones.

El top ten de este ranking de opacidad lo encabeza Suiza si bien la “evolución preocupante” la registra Estados Unidos que sube de posición por segunda vez  con respecto a ediciones anteriores. Así, en 2013 ocupó el sexto lugar y en 2015, el tercero. En total, su participación en servicios financieros offshore a nivel global pasó del 19.6% al 22.3%, según el Índice.

Ranking

Y es que aunque con la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, FATCA, Estados Unidos ha puesto barreras a los paraísos fiscales extranjeros y ha exigido a las entidades conocer la identidad de sus clientes, en opinión de la Tax Justice Network, parece no haber aplicado los mismos criterios en el ámbito doméstico “a la hora de atraer flujos financieros ilícitos y apoyar la evasión fiscal”.