Infografía: ¿Qué traerá la reforma de la Ley antiblanqueo y su Reglamento?

30 enero, 2018

El pasado 16 de enero terminaba el periodo de consulta sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de su Reglamento. Esta modificación abordará ajustes adicionales para adaptarse a la cuarta Directiva junto a nuevas realidades.

La calidad de las comunicaciones por indicio F19, por Benigno Valentín

29 enero, 2018

El artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que el Servicio Ejecutivo de la Comisión valorará la calidad de las comunicaciones por indicio realizadas, notificando periódicamente esta valoración a los órganos de administración o dirección de los sujetos obligados.

En la práctica, el Servicio Ejecutivo envía anualmente una comunicación al representante del sujeto obligado, en el que informa el número de comunicaciones por indicio recibidas y analizadas en un determinado ejercicio, y la valoración media obtenida (de 0 a 10), así como la posición relativa con respecto al resto de sujetos integrados en un mismo grupo.

También informa sobre el número de comunicaciones recibidas y analizadas, señalando el porcentaje de las derivadas a otras autoridades, y las archivadas.

Como quiera que debe existir un número mínimo de comunicaciones por indicio realizadas (F19), y unos grupos formados por entidades similares de un mismo sector, en la práctica la carta de calidad de comunicaciones solamente suele ser remitidas a entidades de crédito.

Las entidades de crédito canalizan las comunicaciones por indicio utilizando la aplicación “CTL-Comunicaciones telemáticas” desarrollada por el Servicio Ejecutivo, que permite enviar de forma segura la información estructurada, identificando intervinientes y productos, señalando relaciones, y aportando una información codificada que permite elaborar el Mapa de riesgos.

Los criterios utilizados actualmente para valorar la calidad de cada comunicación por indicio son los siguientes:

  • El conocimiento de los intervinientes aportados en la comunicación

El conocimiento del cliente es uno de los pilares de la prevención, según ha puesto de manifiesto el Servicio Ejecutivo en sus recomendaciones de 2013, lo que incluye tanto el conocimiento de la actividad económica y el origen de los fondos, como el análisis de coherencia con respecto a las operaciones realizadas y su perfil empresarial o de riesgo.

  • El análisis realizado por la entidad

Se trata de un análisis operativo de caso dirigido a transformar los datos en información tratada y evaluada que permita construir una hipótesis de trabajo mediante lógica inductiva.

Para realizar un buen análisis el sujeto obligado necesita disponer de analistas preparados y medios suficientes en su unidad técnica.

  • El tiempo transcurrido entre la realización de la operativa y su comunicación al SEPBLAC

Otro criterio de valoración es el tiempo transcurrido desde que el procedimiento de examen especial se abre tras detectar la operativa de riesgo mediante la comunicación interna, aplicación informática, u otros orígenes, y el envío del F19 una vez la decisión ha sido adoptada por el Representante o por el órgano de control interno.

  • Los indicios sobre la vinculación de la operativa o de los intervinientes con alguna actividad delictiva

Un buen análisis se evidencia por la identificación y valoración de indicios suficientes para señalar una posible vinculación a actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Algunos de los indicios pueden ser señalados directamente en la aplicación CTL, que también contiene una relación de probables actividades delictivas subyacentes al blanqueo detectado.

  • La documentación aportada (fichero, informaciones, datos, etc) incorporada a la comunicación

Cuando la comunicación por indicio se hace utilizando la aplicación CTL, los ficheros incorporados tienen que tener un nombre y extensión concretos para que puedan ser indexados en cada envío. El documento de la propia comunicación por indicio debe tener la nomenclatura “F19word.doc”.

Este procedimiento para evaluar la calidad de las comunicaciones recibidas en el Servicio Ejecutivo ha venido mejorando desde que fue implementado en 2004 en el Manual de procedimientos (F19-2 y F19-3), y que no sólo representa el cumplimiento de una obligación legal, sino una prueba de la importancia que el Servicio Ejecutivo concede a este tipo de comunicaciones.

Los sujetos obligados que reciben estas comunicaciones cuentan con una evaluación directa del supervisor que les puede orientar para mejorar el procedimiento de examen especial y la propia comunicación por indicio. La carta de calidad no solo muestra la evolución del sujeto obligado con respecto al ejercicio precedente, sino la comparativa con otros sujetos obligados integrados en un mismo grupo de evaluación, que habitualmente corresponde a entidades similares del mismo sector.

Según los datos publicados por el Servicio Ejecutivo sobre actividades realizadas en 2016, fueron recibidas 4.990 comunicaciones por indicio, que generaron la apertura de nuevos asuntos o se incorporaron a otros que se encontraban en instrucción.

Consideramos que la comunicación por indicio es un elemento distintivo y valioso del sistema establecido en España para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que la mejor prueba de la eficiencia del trabajo realizado por la unidad de inteligencia financiera española queda demostrada por los datos sobre el destino final de estas comunicaciones: 2.663 enviadas a Policía Nacional, 1.376 a Guardia Civil, y 1.084 a la ONIF.

La comunicación de operaciones sospechosas es un estándar exigido en la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En el rating de evaluación consolidado tras la cuarta ronda de evaluación (“Consolidated assessment ratings”) publicado en su página web  http://www.fatf-gafi.org, la calificación otorgada a España en el cumplimiento en la R.20 es las más alta posible: Cumplida-Compliant.

Benigno de Valentín. PB Consultores

Mayor concienciación de los sujetos obligados en la necesidad de prevenir el blanqueo

22 enero, 2018

Las estadísticas recién publicadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En los últimos cinco años, las actuaciones que tienen que ver con operaciones sospechosas han experimentado un aumento del 63% como consecuencia de una mayor vigilancia, tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados.

Solo en 2016 el SEPBLAC tramitó casi un 5% más de operaciones sospechosas con respecto al año anterior hasta alcanzar las 4.990.

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos ascienden a 2.646. Y las cajas de ahorros, teniendo en cuenta  su práctica desaparición, sólo han enviado cinco comunicaciones.

Por su parte, las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones. Hay que destacar que durante los últimos años, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales, en especial notarios y registradores, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones..

También sigue creciendo de forma significativa en los últimos dos años el número de alertas generadas por los organismos públicos. En 2016, la cifra alcanzó las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al año previo y significativamente más elevado que las 12 comunicaciones de 2012.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el SEPBLAC a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% más), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.084 comunicaciones, en línea con 2015).

Por lo que se refiere al ámbito de investigación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro años de un 10%. En 2015 y 2016 este número se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Fiscales y Notarios estrechan su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales

17 enero, 2018

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Como consecuencia, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) atenderá por vía telemática y de forma inmediata las solicitudes de información de los fiscales o del personal de las Fiscalías autorizados.

Esta información procederá del Índice Único Informatizado Notarial, base de datos que se actualiza cada quince días y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas diariamente por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Hay que tener en cuenta que a partir de estos datos, puede obtenerse la copia de los documentos de identidad y de los instrumentos públicos.

Tanto este Índice como la Base de Datos de Titularidad Real desarrollado por el Ministerio de Justicia a través del Notariado son sistemas idóneos para tener acceso al titular real de las sociedades.

Para la solicitud y recepción de la información se utilizará una plataforma web a la que podrán acceder los fiscales mediante el uso de una firma electrónica corporativa  desarrollada por la Agencia Notarial de Certificación, dota de las máximas medidas de seguridad.

El OCP se creó en diciembre de 2005 como herramienta para reforzar, intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Además, en su obligación de detectar operaciones sospechosas, el OCP recibe del Índice Único Informático la puntuación de factores de riesgo grabados en operaciones individualizadas o grupos de operaciones. Para ello se utilizan unos 60 indicadores de riesgo como, por ejemplo, la creación de sociedades por personas jurídicas extranjeras.

¿Qué función cumple el representante ante el SEPBLAC?

16 enero, 2018

Esta figura recogida en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el 35 de su Reglamento como medida de control interno, es la que el sujeto obligado designará como responsable del cumplimiento de las obligaciones de información al SEPBLAC de las operaciones sospechosas.

Para cumplir esta función principal, el representante tendrá acceso sin limitación alguna a la información que obre en poder del sujeto obligado.

Será el órgano de dirección de las personas jurídicas recogidas en la norma antiblanqueo quien designe como representante a una persona que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.

En el caso de empresarios o profesionales individuales, cumplir con las obligaciones de información corresponderá al titular de la actividad.

La propuesta de nombramiento, recogida en el formulario F22 y acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular sus observaciones.

A su vez, el representante podrá designar hasta dos personas autorizadas que actuarán bajo su dirección y responsabilidad. Por cada persona que autorice o apodere y por cada sujeto obligado, se enviará al SEPBLAC un formulario F22-6.

El cese o sustitución del representante o personas autorizadas cuando tenga carácter disciplinario también habrá de trasladarse al Servicio Ejecutivo.

En el catálogo de medidas encaminadas a prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo, además del representante existirá un órgano de control interno responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento y comunicación.

El órgano de control interno contará con la participación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado. Estos órganos de prevención actuarán con separación funcional del departamento de auditoría interna.