Los beneficios de la alianza Fintech y entidades financieras

30 noviembre, 2017

Los clientes de las entidades financieras demandan formas diferentes de gestionar los servicios y de hacer sus operaciones, acordes con el nuevo entorno tecnológico. La respuesta no se ha hecho esperar y la fórmula más ventajosa pasa por la alianza de la start-up Fintech con la banca tradicional.

Ya lo advertía el GAFI que, en su agenda de trabajo del pasado mes de junio, incluía como prioridad que las Fintech fueran un aliado en los retos que deben afrontar los Estados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Para ello establecía cinco principios rectores que apoyen la innovación en los servicios financieros mientras se abordan los desafíos regulatorios y de supervisión derivados de las tecnologías emergentes.

Y es que el número de empresas tecnológico-financieras alcanza un total de 15.000 en todo el mundo y se prevé que a finales de 2017, este sector atraiga en torno a 250 millones de inversión.

En este ranking, encabezado por EEUU y Reino Unido, España ocupa la sexta posición, con 300 Fintech.

Según el estudio ‘Fintech: Innovación al servicio del cliente’, un informe recién publicado por el Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas-KPMG, el modelo de negocio mayoritario de las Fintech nacionales es el de préstamos (21%), seguido del sector de pagos (19%) y el de inversión (16%).

Parece que con todas estas cifras, la consecuencia lógica es que, en el caso de nuestro país, el sector pase a estar regulado ya que por el momento se mueve en un espacio sin marco jurídico propio y sin herramientas para que los supervisores gestionen sus riesgos.

Al dibujar una regulación que impulse el progreso innovador de estas start-ups, habrá de mantener un equilibrio y neutralidad entre los dos sectores implicados de forma que con estándares globales se garantice la seguridad del sistema, se preserve la estabilidad financiera y se proteja al cliente.

Según la regionalización financiera actual en tres polos (EEUU, Europa y China), se distinguen también tres modelos de regulación y supervisión: activos, pasivos o restrictivos.

En el primer caso, los organismos reguladores trabajan en colaboración con las start-ups para promover el crecimiento de las Fintech. La pega en este caso, según se señala en el Informe, es que el regulador puede poner el interés de las empresas por delante del interés público.

En el modelo pasivo, los organismos reguladores no tienen un papel activo para que las Fintech prosperen pero tampoco se interponen. Finalmente, el enfoque restrictivo se refiere al que adoptan los gobiernos reacios al riesgo o que temen la saturación del regulador y sobrecargan con burocracia.

 

Andorra sale bien parada de la evaluación de Moneyval

28 noviembre, 2017

En su quinta ronda de evaluación mutua, el Moneyval se muestra satisfecho con las reformas adoptadas por Andorra para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aunque hace un llamamiento a que adopte algunas mejoras.

Y es que Andorra está haciendo méritos para entrar en la Unión Europea y quiere alejarse a través de una profunda transformación normativa de su tradicional imagen de paraíso fiscal, sobre todo para España, así como del escándalo de su entidad financiera BPA.

Como ejemplo, cabe destacar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, donde se establece la obligación de los cinco bancos andorranos a entregar la información sobre las cuentas domiciliados en los Estados miembros de la Unión Europea.

También está entre las jurisdicciones que en 2018 implementará el estándar de intercambio de la OCDE y que pone fin al secreto bancario.

Por todo ello, en su Informe publicado en septiembre de 2017, Moneyval dice que las autoridades andorranas han adquirido una comprensión bastante amplia de los riesgos a los que se enfrenta el país en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Sin embargo, es necesaria “una supervisión política clara” que haga el seguimiento de que los planes de acción adoptados para mitigar esos riesgos se han implementado con éxito.

Algo similar ocurre con las grandes instituciones financieras que sí evalúan y comprenden ampliamente sus riesgos pero que podrían infravalorarlos. Las entidades más pequeñas y otros sujetos obligados como los abogados y asesores fiscales se muestran menos conscientes de estos riesgos.

El órgano internacional subraya, además, que es evidente que en este tiempo ha existido un compromiso político en Andorra para llevar a cabo cambios significativos en su legislación. Precisa, no obstante, que si bien las autoridades utilizan sistemáticamente la información facilitada por la Unitat d’Intelligència Financera d’Andorra para investigar operaciones sospechosas, la relación entre investigaciones y enjuiciamientos, y las posteriores condenas es baja.

En cuanto a la financiación del terrorismo, el Informe también señala que la ausencia de procesos judiciales por este delito parece estar en línea con el perfil de riesgo del país que es bajo.

Moneyval apunta, asimismo, que la limitación de los recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera ha obstaculizado su papel de supervisor. Y enfatiza en la necesidad de un mayor compromiso estratégico y de coordinación de actividades entre la Unidad y otras autoridades de supervisión.

Finalmente, se recomienda eliminar la doble imposición como requisito para que Andorra preste asistencia legal mutua al tiempo que le dirige elogios por buscar de forma proactiva y proporcionar esa asistencia legal a jurisdicciones extranjeras.

Otro paso más del early adopters group para el final del secreto bancario

24 noviembre, 2017

En torno a 50 jurisdicciones, entre ellas España, conocidas como el early adopters group, empezaron el pasado mes de septiembre a intercambiar su información financiera en materia fiscal a través del estándar global de intercambio automático desarrollado por la OCDE. Y ello como paso importante hacia el fin del secreto bancario y una mayor transparencia.

Con el estándar, los Estados obtienen información detallada de sus instituciones financieras e intercambian anualmente esa información de manera automática con otras jurisdicciones. Incluye balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, y cubre cuentas tanto de personas físicas como jurídicas, incluyendo trusts y fundaciones.

Ahora, el Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, tras su reunión el pasado 17 de noviembre en Yaundé (Camerún), publica su primer Informe de resultados donde la principal conclusión que se recoge es que ha habido un cambio sustancial en la transparencia fiscal internacional y la capacidad de las jurisdicciones para abordar la evasión fiscal en territorios offshore.

Estas cuestiones son especialmente relevantes si se considera que durante los últimos años cada una de las jurisdicciones del early adopters group ha tenido que aplicar reglas internas detalladas que requieren que sus entidades financieras recopilen e informen sobre los datos que se intercambiarán.

Asimismo, ha sido preciso cerrar acuerdos internacionales con cada uno de sus socios para ofrecer las redes más amplias necesarias para el intercambio automático, y poner en práctica las soluciones técnicas para vincular al Sistema Común de Transmisión (CTS) que fue implementado por la OCDE a través del Foro sobre Administración Tributaria y que está siendo administrado por el Foro Global.

Los resultados de la monitorización muestran, en términos generales, que el grupo piloto que comenzó el intercambio este año ha cumplido íntegramente con los compromisos asumidos, incluida la puntual recopilación de datos a nivel nacional y su amplio intercambio internacional.

En cuanto a los avances  de aquellas otras jurisdicciones que iniciarán el uso del estándar en 2018, el Foro destaca que, si bien muchas de ellas están bien encaminadas, por ejemplo el 93% ya tiene su normativa nacional vigente, y se han logrado buenos avances en la implementación del marco legal internacional, hay un cierto número de ellas que han perdido hitos y plazos clave para cumplir con los compromisos asumidos.

Hay que recordar que esta iniciativa del Foro Global se lanzó en 2014 para que, en total, 102 jurisdicciones implementaran el estándar entre 2017 y 2018.

La operación del mes: Los Paradise Papers

14 noviembre, 2017

Cuando parecía que los Papeles de Panamá habían servido de importante revulsivo contra el uso de los territorios offshore para obtener beneficios fiscales, los sistemas financieros se revuelven nuevamente tras conocerse los detalles de la investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ): los Paradise Papers.

La diferencia entre ambas operaciones es que en el primer caso se dio a conocer por primera vez el detalle de cómo funciona el mundo offshore y en los Paradise Papers además se pone al descubierto el de la planificación fiscal.

En Europa, por ejemplo, el Parlamento tiene previsto un debate esta semana y se recupera la polémica de que la lista de paraísos fiscales elaborada por la Comisión, según establece la Directiva (UE) 2015/849 contra el blanqueo de capitales, sea “demasiado limitada”.

13,4 millones de documentos, 1,4 terabytes de información, 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas y 2 despachos de abogados, son algunos de los datos que deja al descubierto un año de investigación global del ICIJ en el que se encuentran los medios españoles El Confidencial y La Sexta.

Del total de documentos filtrados, seis millones proceden de los registros mercantiles de esas 19 jurisdicciones opacas y contienen información sobre los accionistas, administradores y representantes legales de estas compañías.

Fuente: El Confidencial

Y es que los Paradise Papers desvelan una significativa ocultación de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero fuera del control del fisco por parte de multinacionales y de personas físicas. Y como figuras clave, dos bufetes de abogados: la firma Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, con sede en Singapur.

Ambos despachos están especializados en ofrecer servicios offshore a sus clientes que se concretan en crear estructuras a través de sociedades, trusts y fundaciones de interés privado que, en definitiva, ocultan a los propietarios reales. Igualmente, en el caso de grandes empresas, elaboran esquemas fiscales transnacionales con menor carga fiscal sobre los resultados.

Para ello, Appleby cuenta, junto a la de Malta, con otras 9 oficinas basadas en jurisdicciones con baja o nula fiscalidad como las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán o Hong Kong.

Por su parte, Asiaciti Trust cuenta también con oficinas en países como Samoa o San Cristóbal y Nieves, aunque también se dedica a crear compañías y estructuras fiscales opacas, hace una gestión familiar.

La información compartida como piedra angular para el buen funcionamiento AML, según el GAFI

10 noviembre, 2017

Una de las últimas Guías que ha hecho pública el GAFI de forma monográfica hace un llamamiento para que no se impida “indebidamente” que las entidades financieras compartan información con el objetivo de gestionar el riesgo en materia de blanqueo y financiación del terrorismo.

Según el organismo internacional, la información compartida entre entidades es clave para promover la transparencia financiera y proteger la integridad del sistema en la medida que proporciona a las instituciones financieras y a las autoridades la inteligencia, el análisis y los datos necesarios para prevenir y combatir estas conductas delictivas.

Participar en ficheros de información compartida tiene un objetivo doble de reportar beneficios para los ciudadanos y a las entidades financieras que acceden a esos datos.

El GAFI identifica una serie de mecanismos con los que las instituciones financieras podrían compartir información clave del cliente y posibles transacciones sospechosas con protocolos apropiados y controles de acceso.

Existen bases de datos públicas que contienen listas oficiales de sanciones internacionales que las entidades pueden consultar y las bases de datos privadas que tienen esa misma información pero categorizada y con información de perfiles de Personas con Responsabilidad Pública (PRPs), familiares y allegados.

Un ejemplo de esto último sería la Plataforma IdConfirma que, con un potente motor de búsqueda, amplía las posibilidades de consulta para realizar la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los sujetos obligados. Nuestro país también cuenta con el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) que inició su andadura en 2016.

La Guía, que pretende identificar entre otras cuestiones por qué las entidades que no pertenecen al mismo grupo son reacias a extender la información compartida, resalta ejemplos de países donde se lleva a cabo esta colaboración y analiza las restricciones normativas.

Y es que los diferentes marcos legales sobre el Derecho de Privacidad y Protección de Datos marcan uno de los principales retos para extender a todos los países la disponibilidad, el acceso, el intercambio y el procesamiento de información para fines ALD.

También las cuestiones operacionales pueden añadir barreras. Las entidades manejan cierta información del cliente que es de gran utilidad pero que no puede integrarse en su sistema AML porque se solicitó para otro propósito y, por tanto, no podría compartirse.

A esto hay que unirle que, en muchos casos, las herramientas tecnológicas son inadecuadas, los formatos de datos son diferentes o que no hay políticas y procedimientos sobre cómo tratar la información ya que de fondo “subyace una falta de valoración por parte del sector público y privado de lo que supone disponer de esa información”, señala el GAFI.