La inversión internacional hacia paraísos fiscales es más de dos veces el crecimiento de la economía mundial

31 octubre, 2017

España invirtió hacia paraísos fiscales uno de cada cuatro euros entre 2015 y 2016 con lo que se ha multiplicado por cuatro

Entre los años 2008 y 2016 la inversión internacional hacia paraísos fiscales aumentó alrededor de un 45%, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período. Desde 2001 se ha multiplicado por cuatro.

Son algunas cifras que publica Oxfam Intermón en su nuevo informe ‘El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad’ que vuelve a denunciar que estos territorios offshore “suponen una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo”.

La inversión española hacia paraísos fiscales entre 2015 y 2016 se ha multiplicado por cuatro, según señala el informe. En la actualidad, “uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal”.

Según Oxfam, paraísos fiscales, fraude fiscal y reforma del Impuesto de Sociedades son tres de las principales causas que lastran la recaudación y trasladan el peso desde las grandes empresas hacia los trabajadores.

La bajada del Impuesto de Sociedades ha supuesto la pérdida de 23.000 millones de euros desde 2007.

Todo ello hace que la brecha de recaudación de nuestro país se sitúe en los 6 puntos frente a los países de la zona euro.

A pesar de que en los últimos años los beneficios de las empresas internacionales se han triplicado, este incremento no se ha visto reflejado en su contribución tributaria. Entre 2007 y 2014 los ingresos fiscales sobre los beneficios empresariales cayeron del 3,6% del PIB al 2,8%, según la OCDE. En ello juegan un papel fundamental los paraísos fiscales.

En este sentido, la organización calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales.

Una ley contra la evasión fiscal

Oxfam Intermón califica como “necesaria en España una ley de evasión fiscal que ponga fin a la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y grandes fortunas”. Por ello, pide al Gobierno, al parlamento y a las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales que definan y aprueben de forma urgente esta norma.

Los objetivos de esa ley deben de ser, entre otros, adoptar una definición sobre paraísos fiscales vinculante y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, reducir la evasión y elusión fiscales a la mitad en el plazo de 5 años. Asimismo, lograr que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las Pymes.

Además, promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales, uniéndose a la propuesta de la organización sobre zonas libres de paraísos fiscales.

La organización pide además al Gobierno y a los grupos parlamentarios que impulsen desde España una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional, que reequilibre también los intereses de los países en desarrollo y ponga fin a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas.

Infografía: ¿Cómo medir la eficacia de una Unidad de Inteligencia Financiera?

30 octubre, 2017

El termómetro que mide la eficacia en este caso, indicará si una Unidad de Inteligencia Financiera se sitúa en la zona roja o azul tras la aplicación sistematizada de una serie de datos que permitirá determinarlo de manera orientativa.

¿Por qué reclaman los abogados que se regule su Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales?

25 octubre, 2017

El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales de la Abogacía.

Considera que una de las funciones esenciales del OCP debería ser la de consulta en materia de secreto profesional, ya que son los Colegios de Abogados los garantes de la estricta aplicación de las normas deontológicas en el ejercicio profesional.

Para el SEPBLAC, el secreto profesional no debe ser una excusa para no comunicar operaciones sospechosas y los abogados precisan que situar el límite entre la comunicación y el secreto profesional no parece tan sencillo en los casos que se lleve a cabo una función de asesoramiento.

La creación del OCP es una petición histórica que se ha vuelto a revelar como principal conclusión de las Jornadas sobre Prevención y Blanqueo de Capitales que organiza anualmente esta institución y que han celebrado su quinta edición recientemente en Palma de Mallorca.

La Abogacía reitera su compromiso para cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y reafirma su voluntad de colaborar con las Administraciones Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas delictivas.

Para alcanzar estos objetivos, la Abogacía Española pide al Ministerio de Economía que cree el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales en el propio Consejo General como “adecuado cauce de interlocución de los abogados con la autoridad reguladora”.

La Abogacía asume “las gravosas obligaciones impuestas en materia de prevención del blanqueo de capitales” pero reclama que la prevención y persecución de estos delitos no debe hacerse a costa de la vulneración de principios fundamentales en un Estado de Derecho, como son el derecho de defensa y el secreto profesional.

Como antecedente, cabe mencionar que en 2005 por Orden EHA/2963/2005 se creó un OCP dentro del Notariado al entender, según se desprende de la Exposición de Motivos, que el “carácter funcionarial del notario, unido a la inserción en su organización corporativa, dota a la profesión notarial de acusadas particularidades que la individualizan del resto de los sujetos obligados”.

Los Registradores cuentan también con su OCP desde marzo de 2016 (Orden ECC/2402/2015), ya que con la Ley 10/2010 se les considera como “una nueva categoría de sujetos obligados” que determina “la atribución de una serie de obligaciones preventivas a título individual”.

Duras conclusiones de la Comisión especial del Parlamento Europeo sobre los Papeles de Panamá

19 octubre, 2017

Tan solo unos días después del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia que investigó sobre el que puede considerarse uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos tras las filtraciones de cuentas opacas en paraísos fiscales, la comisión especial del Parlamento Europeo (PE) sobre los Papeles de Panamá acaba de presentar su informe final.

Con 47 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la comisión ha sido tajante al señalar que algunos estados miembros de la UE no facilitan e incluso “obstruyen” la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Tras 18 meses de investigación, y con algunas voces críticas que opinan que se ha perdido una oportunidad para haber sido aún más contundentes, los eurodiputados consideran que hay falta de voluntad política entre los países de la UE para avanzar en las reformas y su aplicación, lo que ha permitido no solo que varios estados miembros aparecieran en los Papeles de Panamá sino que continúe el fraude y la evasión fiscal.

“Algunos Estados miembros tienden a no proporcionar información relevante en la cantidad y con la calidad deseadas y, en general, no parecen hacer esfuerzos auténticos para tomar medidas contra la elusión y la evasión fiscales”, señalan.

Entre sus recomendaciones, aprobadas con 29 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones, la comisión pide que se haga una definición internacional común de lo que constituye un Centro Financiero Offshore (OFC), paraíso fiscal, paraíso secreto, jurisdicción impositiva no cooperativa y país de alto riesgo.

Y es que en el informe se afirma que antes de los Papeles de Panamá la legislación de la UE “no era suficiente”, si bien reconoce que desde entonces ha habido avances y “se ha producido una mejora gradual significativa”.

Además, se pone de relieve la necesidad de que el Consejo de Europa establezca para finales de este año una lista de estados miembros de la UE con “donde existen las jurisdicciones fiscales no cooperativas”.

Los miembros de la comisión también apoyaron una propuesta de que cualquier entidad con una estructura offshore debería justificar a las autoridades su necesidad de disponer de esa cuenta.

Se destacó la necesidad de que los registros de titularidad real estén “actualizados, estandarizados, interconectados y públicamente accesibles”.

En cuanto a las sanciones, la comisión insiste en que deben ser más disuasorias tanto a nivel de la UE como nacional contra bancos e intermediarios “que están deliberadamente, voluntaria y sistemáticamente involucrados en esquemas ilegales de blanqueo o evasión fiscal”.

El informe, que no tiene carácter vinculante, será sometido en diciembre a la votación del pleno del Parlamento.

Alertas para los sujetos obligados en las actividades económicas internacionales de sus clientes

9 octubre, 2017

Que un sujeto obligado inicie una relación de negocio con un cliente que opera en países, territorios o jurisdicciones con niveles altos de corrupción no tiene por qué ser sinónimo de que vaya a haber problemas. Sin embargo, sí es más que aconsejable marcarse una serie de alertas en relación con el nivel de riesgo que presenta la actividad internacional de ese cliente, sus contratos, en caso de que los haya, y la operativa que realiza habitualmente.

Lo primero que el sujeto obligado deberá tener en cuenta antes de formalizar la relación es en qué sector económico opera su potencial cliente y, desde luego, descartar aquellos casos en que ponga dificultades para facilitar la información sobre la actividad que desarrolla, la documentación necesaria para la debida diligencia o alegue que la información solicitada es secreta o confidencial.

El nivel de riesgo será igualmente alto si el cliente utiliza un vehículo corporativo preconstituido o de reciente constitución, una estructura societaria anómala, y si no cuenta con estructura empresarial habitual en el sector económico en el que pretende operar, es decir, no tiene personal, instalaciones propias ni programas de cumplimiento normativo.

En la fase de identificación, habrá que saber si el cliente es o ha sido una persona con responsabilidad pública (PRP) en el extranjero, además de que pueda ser una persona jurídica con un PRP como titular real o en sus órganos de administración. Esta cuestión será igualmente de aplicación si el cliente tiene vínculos familiares o relaciones de negocio privadas con la PRP.

Para aquellos casos en que el sujeto obligado necesite información relacionada con el contrato de las actividades internacionales de su cliente, lo que deberá hacerle sospechar es, por ejemplo, que rehúse proporcionar copia, alegue que la relación de negocios se ha establecido de forma verbal o presente un documento inusual para justificar la forma de hacer negocios en un país concreto.

Igualmente habrá que poner el foco de atención sobre la forma en que el contrato describe los bienes, servicios o prestaciones objeto del mismo, así como los medios materiales y humanos que tiene el cliente en el país de ejecución.

En relación a la operativa, también hará saltar las alertas del sujeto obligado la presentación de facturas falsas o que el volumen de operaciones se incremente y que esté muy por encima del que registran en ese mismo sector.

Ya en transacciones específicas, indicará riesgo que se estén realizando pagos relevantes a terceros sin justificación aparente, que existan cobros y pagos significativos en efectivo u otros medios de pago opacos o que se ordenen transferencias sin identificación de los intervinientes.