Cada vez más cerca la Fiscalía Antifraude Europea

28 septiembre, 2017

Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos España, pongan en marcha la Fiscalía Antifraude Europea (EPPO por sus siglas en inglés).

Como un paso más hacia el espacio judicial europeo, la Fiscalía con competencia en todos los países de la UE, se encargará de investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros del bloque comunitario. De hecho, se podría ampliar en el futuro la lista de delitos graves bajo su jurisdicción hasta incluir el terrorismo y su financiación.

La EPPO permitirá un intercambio rápido de información, investigaciones policiales coordinadas, congelación rápida y confiscación de activos, así como arrestos transfronterizos de sospechosos. Por ello, trabajará en estrecha colaboración con Eurojust y la OLAF.

Y es que su finalidad es que se convierta en un organismo “sólido” e “independiente” que investigue, procese y lleve ante los tribunales de los Estados miembros a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecten a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.

También se pretende aumentar la capacidad de recuperar fondos desviados.

La sede de la Fiscalía estará en Luxemburgo y se estima que su actividad de investigación y procesamiento podría empezar al menos tres años después de su aprobación definitiva por parte de la Eurocámara.

Su estructura funcional estará encabezada por un Fiscal Europeo y fiscales procedentes de todos los países participantes en el proyecto.

Se completa con los fiscales europeos delegados cuya misión es llevar a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal jefe para así garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE.

Además de España, y con independencia de que puedan adherirse más Estados, participan Austria, Italia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Este nuevo hito llega una vez transcurridos cinco años desde que Bruselas planteara su creación. Será el Pleno del 5 de octubre el que se pronuncie, antes de que los Estados den el visto bueno formal.

¿Cómo es el blanqueo en las series de éxito? Ozark

26 septiembre, 2017

“El dinero no es sinónimo de tranquilidad. No es sinónimo de felicidad. El dinero es, en esencia, el resultado de nuestras elecciones”

Con ciertas reminiscencias de la mítica Breaking Bad, esta nueva serie dramática para televisión de la estadounidense Netflix ha estrenado su primera temporada en julio 2017 y toma su nombre de la zona donde se desarrolla en la región montañosa de Ozark, estado de Missouri.

El actor Jason Bateman da vida al protagonista, Marty Byrde, un asesor financiero con una misión nada tranquila y convencional: blanquear en cinco años 500 millones de dólares procedentes del  segundo cartel más poderoso de México.

A lo largo de los 10 capítulos que componen la primera temporada –ya se ha confirmado que habrá segunda-, Byrde trata de resolver esta situación con la que se encuentra después de que su socio traicione al capo de la droga que encabeza este cartel.

El primer paso es trasladarse con su familia (mujer y dos hijos adolescentes) a Ozark para ponerla a salvo y que todo aparente normalidad, con la promesa al capo traicionado de que le perdone la vida porque en esta tranquila localidad le va a poder blanquear mucho más dinero en menos tiempo sin levantar sospecha.

Sin embargo, como reza cada inicio de capítulo “El dinero no es sinónimo de tranquilidad. No es sinónimo de felicidad. El dinero es, en esencia, el resultado de nuestras elecciones”.

Con este hilo conductor de las acciones de todos los personajes, Marty hará de intermediario en Estados Unidos para conseguir, además de una buena conversión de dólares a pesos mexicanos, que a través del comercio este dinero se blanquee y los beneficios de la droga entren en México legalizados.

Así, y sin caer en el spoiler, su objetivo es “fagocitar” los decadentes negocios de la zona donde invertirá cantidades ingentes de dinero para lavarlo. Así es como se acerca a un bar en un complejo turístico, el Blue Cat Lodge, o al club nocturno También inicia la construcción de una iglesia para el predicador local y sus feligreses.

Lo que no sabe este hábil contable es que esos negocios arrastran sus propios problemas, que habrá una investigación por parte del FBI y que hay una red propia de distribución de estupefacientes.

Europol quiere que la inteligencia financiera se traduzca en un mayor impacto operativo contra el blanqueo

19 septiembre, 2017

Del casi millón de informes por operaciones sospechosas (STRs) que reciben las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE, solo el 10% se investiga adicionalmente. Y eso teniendo en cuenta que más del 65% de estos informes procede de dos Estados miembros: Reino Unido y los Países Bajos.

Incluso donde se investiga más a fondo, la probabilidad de recuperar con éxito los activos es baja y apenas el 1% del producto del delito se llega a confiscar por las autoridades a nivel de la UE.

Estos datos publicados por Europol llevan a este organismo a cuestionarse por qué es tan baja la tasa de éxito del sistema y qué se puede hacer al respecto.

En su documento “De la sospecha a la acción – La conversión de inteligencia financiera en un mayor impacto operativo”, se proporciona información sobre las tendencias y el desarrollo del marco regulador contra el blanqueo de capitales y el nivel de los informes de operaciones sospechosas de la UE. Y desde una idea clara de las deficiencias existentes, también ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar la forma de prevenir esta actividad delictiva.

No obstante, para acabar con las prácticas de la criminalidad organizada, Europol señala que es necesario trabajar desde un enfoque basado en la inteligencia, de forma que se use un conocimiento mejorado que dirija los recursos operacionales hacia las áreas prioritarias.

Se trata de ver cómo la inteligencia financiera ayuda a los investigadores transfronterizos de toda Europa a desmantelar esta amenaza, ya que como destaca el director de Europol, Rob Wainwright, la lucha contra el blanqueo funciona de manera óptima a nivel nacional pero “aún no se ha ajustado plenamente a la realidad de un problema de naturaleza internacional”.

Además, Wainwright admite que existen estructuras para facilitar la cooperación transfronteriza entre las unidades nacionales pero persisten importantes barreras en la cooperación internacional y el intercambio de información, lo que revela la necesidad urgente de una visión supranacional en mercados que son cada vez más globales“.

El informe explica también los retos marcados por la influencia de la creciente demanda de servicios online y sistemas de pago por internet. El desarrollo de estos “entornos virtuales sin fronteras” requiere una reflexión sobre cómo adaptar las políticas que están pensadas para ser supervisadas únicamente a nivel nacional, mientras que el negocio subyacente ya es transnacional y globalizado por su propia naturaleza.

Igualmente, el intercambio “simétrico” de información entre las UIF se identifica como una cuestión que puede impedir que la información crucial contenida en los STRs llegue a los responsables de las investigaciones penales. Para superar esta otra barrera, Europol se postula como centro paneuropeo que permita la integración con otras fuentes de información procedentes de múltiples agencias.

Nuevas normas de transparencia para los intermediarios de la planificación fiscal

13 septiembre, 2017

Acabar con los complejos esquemas fiscales transfronterizos. Este es el objetivo principal que persigue la Comisión Europea con el incremento de las actividades de control de prácticas de los planificadores y asesores fiscales.

Una vez más los Papeles de Panamá o el Fútbol Leaks hacen que bancos, asesores fiscales, contables o abogados estén en el punto de mira como intermediarios que ayudan activamente a las empresas y los particulares a evadir impuestos, generalmente por medio de complejos sistemas transfronterizos.

La propuesta, que adopta la forma de una modificación de la Directiva de cooperación administrativa (DCA), se presentará al Parlamento Europeo a efectos de consulta y al Consejo para su adopción. Se prevé que los nuevos requisitos de información entrarán en vigor el 1 de enero de 2019 y, con posterioridad, los Estados miembros estarán obligados a intercambiar información cada tres meses.

Las nuevas normas tienen un alcance general, en la medida que abarcan la totalidad de los intermediarios y todos los regímenes potencialmente perjudiciales existentes en la UE.

Obligaciones de informar

Antes de su utilización, tendrán que notificarse automáticamente a las autoridades fiscales los sistemas de planificación fiscal transfronteriza con determinadas características o “signos distintivos” que puedan dar lugar a pérdidas para las administraciones públicas.

Los datos de cualquier régimen fiscal “sospechoso” deberán comunicarse a la autoridad tributaria de origen del intermediario en el plazo de cinco días desde el suministro de dicho régimen a un cliente.

Estos signos distintivos tienen mucho que ver con la utilización de paraísos fiscales o territorios de escasa tributación y han sido identificados por la Comisión, incluido el uso de las pérdidas a fin de reducir la responsabilidad tributaria, la utilización de regímenes fiscales más favorables o disposiciones a través de países que no cumplen las normas internacionales de buena gobernanza.

La obligación de notificar un régimen transfronterizo con uno o varios de estos signos, correrá a cargo:

  • del intermediario que suministre el régimen transfronterizo para su aplicación y uso por una empresa o particular
  • del particular o empresa que reciba el asesoramiento, en el caso de que el intermediario que suministre el régimen transfronterizo no tenga su sede en la UE, o de que el intermediario esté vinculado por el secreto profesional o las normas sobre secreto
  • del particular o empresa que aplique el régimen transfronterizo cuando lo formulen asesores fiscales o abogados propios

El intercambio automáticamente de la información que los Estados miembros reciban sobre los mecanismos de planificación fiscal se hará a través de una base centralizada, lo que permitirá obtener un aviso temprano de nuevos riesgos de elusión y adoptar medidas para bloquear los regímenes perjudiciales.

La Comisión precisa que la obligación de notificar un régimen “no significa necesariamente que sea perjudicial, sino que merece un control por parte de las autoridades fiscales”. En cualquier caso, como elemento disuasorio, los Estados estarán obligados a aplicar sanciones efectivas a las empresas que incumplan las medidas de transparencia.

Los whistleblowers. Su perfil en España

5 septiembre, 2017

España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los alertadores o whistleblowers, sin una ley específica que garantice la seguridad de estos ciudadanos. También las referencias en la legislación actual son indirectas.

Y aunque en este momento se discute un proyecto de ley forzado por las nuevas formaciones políticas, la única regulación con algo de relación es una cláusula que permite a los ciudadanos reportar de manera anónima los conflictos de intereses de los funcionarios de alto rango y miembros del parlamento. Los testigos en los procesos penales pueden recibir protección.

Por otra parte, en 2014 se introdujo una línea directa de correo electrónico para los whistleblowers que permite la denuncia anónima de comportamientos anticompetitivos.

Como dato positivo, en comparación con otros países europeos, la sociedad civil es muy activa protegiendo y apoyando a los alertadores españoles.

Los mejores índices de protección a todos los niveles los presentan los Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido. Por el contrario, Finlandia y Dinamarca son los países que tienen las deficiencias más graves.

Estos datos se desprenden del Estudio coordinado desde marzo 2016 por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) para el proyecto “A Change of Direction”, de la Comisión Europea y que analiza la situación legal, judicial, social y política, así como la percepción social del papel de estos ciudadanos en los 28 países miembros.

La principal conclusión se centra en la necesidad de construir entre los estados miembros un marco de protección que garantice la seguridad de los alertadores.

El trabajo se plasma en un mapa interactivo, el “Informe País”, consistente en una investigación cualitativa en la que no sólo se analiza la existencia de legislación dedicada a la protección de los alertadores, sino también se tiene en cuenta la legislación laboral y penal, así como otras herramientas legales que pueden dares soporte, desincentivar las denuncias o poner a los whistleblowers en riesgo. Este trabajo exhaustivo tiene también en cuenta el contexto socio-político en cada país.

Además, el mapa ilustra la existencia de protección completa o parcial a través de una ley, autoridad competente para otorgar dicha protección, definición legal, iniciativas políticas en trámite, término adaptado al idioma nacional, – ya que resulta difícil hallar un concepto equivalente a whistleblower en otros idiomas y que no sea despectivo, – estudio de casos emblemáticos y percepción positiva del papel de estos ciudadanos.