En vigor la nueva Declaración informativa de operaciones vinculadas en paraísos fiscales

31 agosto, 2017

Desde el día 31 de agosto, ha entrado en vigor una nueva obligación de información para los contribuyentes que, hasta ahora, se incluía en varios apartados del modelo 200 del Impuesto de Sociedades y que se refiere a operaciones vinculadas, es decir, aquellas que se producen entre una entidad y sus partícipes, socios o administradores.

Descrita en la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, la declaración se presentará a través del modelo 232 con aplicación a períodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2016.

Según el Ministerio de Hacienda, la finalidad de esta iniciativa enmarcada en el refuerzo de la lucha contra la evasión fiscal es doble.

Por una parte entiende “más acertado” el hecho de incluir en una declaración específica los cuadros a veces complejos de contenido meramente informativo con personas o entidades vinculadas y, por otra, señala que eliminándolos de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, se reducen las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta declaración.

Y si bien la Exposición de Motivos del texto recoge que no ha habido ninguna modificación legislativa al respecto, sí señala que se ha optado por trasladar la información relativa a operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales, que tradicionalmente también se incluían en la declaración del Impuesto de Sociedades, a este nuevo modelo.

Además, para conseguir que la reducción de las cargas fiscales sea efectiva en este caso, Hacienda fija en cuatro meses la presentación del modelo 232 después de la fecha de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades.

Quién debe presentar el modelo 232

La obligación de presentar el nuevo modelo se establece siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el periodo impositivo sea superior a los 250.000 euros.

Y cuando se trate de operaciones específicas, la orden ministerial señala que será obligatorio informar siempre que el importe del conjunto de cada tipo de operación en el periodo impositivo supere los 100.000 euros.

Con independencia del importe de la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, se debe presentar el modelo e informar respecto de aquellas operaciones de la misma naturaleza que a su vez utilicen el mismo método de valoración, siempre que el importe del conjunto de las mismas en el período impositivo supere 50% de la cifra de negocios de la entidad.

El modelo estará disponible solo en formato electrónico e igualmente se presentará por esta vía a través de Internet.

La presentación deberá realizarse en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo al que se refiera la información a suministrar. Es decir, en el caso de los periodos impositivos iniciados en 2016 y que terminen a finales de ese año, deberán presentar la información entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017.

20 años de Convenio anticohecho de la OCDE

30 agosto, 2017

París, 1997. Un buen número de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) se reunían para adoptar el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, conocido como “Convenio anticohecho”.

Se cumple ahora el 20 aniversario de lo que supuso un hito significativo en la prevención y sanción de ciertas conductas delictivas si tenemos en cuenta que se creaba un instrumento que obliga a luchar contra la corrupción de agentes públicos extranjeros, tipificándose a la vez el blanqueo de dinero como delito conexo al de corrupción.

En la actualidad, el Convenio ya ha sido suscrito por 43 países: los 35 miembros de la OCDE, entre los que se incluye España, y otros 8 Estados no pertenecientes a la organización.

El Convenio tiene como objetivo asegurar una libre competencia, no viciada por prácticas corruptas, lo que en la práctica se traduce en el compromiso, asumido por los países firmantes, de introducir las modificaciones legales necesarias para castigar los actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros realizados por sus nacionales, con el fin de conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.

Las obligaciones a las que vincula el texto se agrupan en cuatro ejes:

  • Penal. Se establece la obligación de definir como delito y castigar el cohecho realizado para la obtención de algún contrato internacional. Este instrumento también sanciona la complicidad.
  • Contable. Incluye recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se sancionan las omisiones, alteraciones, fraude y falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de ocultar el cohecho.
  • Blanqueo de dinero. Con solo detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionales es suficiente para provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales para que esos pagos puedan ser confiscados.
  • Asistencia legal mutua. Si se utilizan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, el Convenio obliga a los países signatarios a proveer el apoyo legal oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradición.

Para conmemorar estas dos décadas del Convenio, el próximo 12 de diciembre se celebrará en París un encuentro en formato mesa redonda para valorar qué ha supuesto este instrumento.

Se tratarán diferentes cuestiones como cuáles han sido los logros y a qué retos se enfrenta el Convenio; cómo ha contribuido a reducir los sobornos en las principales economías emergentes; o cómo es que la ausencia de criminalización efectiva del soborno extranjero en algunos países siga siendo un impedimento para una cooperación internacional.

España aprueba en su nivel de riesgo al blanqueo y la financiación del terrorismo

28 agosto, 2017

El Instituto de Basilea ha publicado su sexta edición del Índice AML, un ranking anual que analiza el riesgo global de 146 países y sus debilidades para combatir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

España ocupa la octava posición con respecto al total de 28 países europeos medidos, con una puntuación general de 4.87 basada en la nueva evaluación del GAFI. A nivel global, es decir, entre los 146 países incluidos en el estudio, se sitúa en el puesto 114. Estos resultados son bastante similares a los del pasado ejercicio 2016 donde obtuvo un 4.94 y el puesto 109 del ranking.

Los diez países con mayor riesgo son Irán (8.6), Afganistán (8.38), Guinea-Bissau (8.35), Tayikistán (8.28), Laos (8.28), Mozambique (8.08), Malí (7.97), Uganda (7.95), Camboya (7.94) y Tanzania (7.89).
En el otro extremo de la tabla, Finlandia es el país que mejor puesto ocupa con 3.04 puntos, seguida por Lituania y Estonia.

Los países que más se deterioraron en sus puntuaciones en 2017 son Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.

Con respecto al Índice de 2016, las mejoras más significativas las registran Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh.

Tal como señala esta institución, el Índice es hasta la fecha la única calificación de riesgo basada en la investigación de los países en este campo que emite un organismo independiente y sin ánimo de lucro.

Son 14 indicadores que evalúan cuestiones como la regulación y el cumplimiento normativo, la corrupción, las normas financieras o el papel que desempeñan los políticos y el poder judicial.
Con la combinación de todos los indicadores, que se agregan en una puntuación global de riesgo, se llega a una evaluación holística de elementos estructurales y funcionales en el marco ALD / CFT.

Además, el Instituto de Basilea precisa que dado que no existen datos cuantitativos fiables sobre el blanqueo de capitales, el Índice AML no mide la existencia real de este tipo de actividades o cantidad de dinero ilícito dentro de un país, sino que indica el nivel de riesgo y las vulnerabilidades del país.

Es una herramienta útil con fines comparativos no entre países sino para proporcionar un panorama general del nivel de riesgo de un país y servir como un sólido punto de partida para examinar el progreso a lo largo del tiempo.

¿Cómo está funcionando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos?

8 agosto, 2017

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), existente en casi todos los países de la Unión Europea, nació en octubre de 2015 como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción a través de la gestión de los bienes procedentes del delito y la reversión de las ganancias obtenidas ilícitamente en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra el crimen.

Esta figura responde a la transposición de la Directiva Comunitaria sobre embargo y decomiso que demanda la utilización de herramientas útiles para que los jueces, tribunales y fiscales puedan ejecutar con eficacia estos embargos y decomisos.

Desde su creación y entrada en funcionamiento que ha sido gradual en materia operativa, la Oficina ha tramitado 563 expedientes, ha asumido la investigación de 140 personas y localizado 543 bienes (en su mayoría cuentas corrientes), ha ingresado casi 17 millones de euros y ha gestionado 442 bienes, a los que hay que sumar los 588 correspondientes a la actuación de choque. En el marco de esta actuación que pretende evitar los costes derivados del depósito de bienes carentes de valor, se han destruido 222 vehículos y 3 embarcaciones, con un ahorro de costes anuales de depósito de más de 152.000 euros.

Las investigaciones de la ORGA se inician con la encomienda de un juez o tribunal y, en su caso, del Ministerio Fiscal, con lo que supone de descarga de trabajo a los órganos judiciales que, hasta ahora, eran los responsables de localizar y administrar los bienes y efectos derivados del delito.

Durante 2016 entre las encomiendas de actuación recibidas se encuentra el transporte de una obra de arte desde Suiza en el marco de la Operación Púnica, el seguimiento de la venta internacional de unos inmuebles ubicados en Costa Rica, la gestión de unos contenedores con pescados incautados en Vietnam o de unos buques amarrados en Cabo Verde y Senegal.

La Oficina actúa, por tanto, como auxiliar sin contar con autonomía propia. Y teniendo en cuenta que los bienes se encuentran tanto en España como en el extranjero, su actividad requiere de la coordinación y colaboración con oficinas análogas de otros países.

Para ello dispone, entre otros medios, de efectivos adscritos de la policía judicial, convenios de colaboración con entidades para la consulta de datos procedentes de fuentes abiertas y de una creciente presencia en las redes y foros internacionales de recuperación de activos.

El papel del FMI en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

3 agosto, 2017

Al igual que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier brecha de seguridad para hackear sistemas, los corruptos, evasores fiscales y aquellos que financian el terrorismo se sirven de las vulnerabilidades de los sistemas financieros para cometer sus delitos.

Con esta premisa, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, a través de su blog reitera la advertencia de que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden amenazar la estabilidad financiera de un país.

El FMI lleva casi 20 años prestando apoyo institucional a los países miembros con el desarrollo de actividades de análisis y asesoramiento, así como con la realización de evaluaciones ALD/LFT. Además, a medio y largo plazo, va a consolidar su trabajo en tres áreas de actuación.

Colaboración para intensificar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal

Establecer medidas ALD/LFT es el mejor instrumento que poseen los gobiernos para evitar el deterioro y la desigualdad económica que produce la corrupción sistémica y la evasión fiscal a gran escala en la capacidad de un país de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.

Un buen ejemplo de lo que supone este círculo vicioso en la economía de un país es Grecia, donde el fortalecimiento del marco ALD, con la ayuda del FMI, facilitó la incautación de cientos de millones de euros provenientes de delitos fiscales.

Formas más eficaces de combatir la financiación del terrorismo 

En opinión de Lagarde “esto implica aprender de nuestras propias experiencias” y cita como ejemplo más reciente a Sudán, “donde trabajamos con el Gobierno para crear un marco de aplicación de sanciones financieras específicas”.

Sin embargo, el FMI pide fortalecer estas medidas a través de la tecnología financiera como el aprendizaje automático y otros mecanismos de inteligencia artificial que podrían contribuir a detectar patrones de flujos financieros sospechosos, incluso en transacciones de muy poca cuantía. Otro ejemplo es el de la tecnología de la “contabilidad distribuida” que podría ayudar a proteger los sistemas financieros del terrorismo cibernético.

Acceso a los servicios de banca corresponsal para las economías pequeñas

Desde el órgano internacional existe “gran preocupación de que los bancos internacionales reduzcan sus actividades de banca corresponsal de forma indiscriminada para minimizar el riesgo de infringir las normas ALD/LFT”. Esto pondría en peligro el bienestar económico de varios países de África, Oriente Medio, América Latina, el Caribe y países de mercados emergentes de Europa, entre otros.

Para que las economías pequeñas estén conectadas al sistema financiero mundial, es necesario promover un esfuerzo por parte de todos los implicados y trabajar para reunir a bancos nacionales e internacionales y otras partes interesadas con el fin de idear soluciones prácticas. Así lo ha hecho el FMI recientemente en el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, y las Islas del Pacífico.

También ha ayudado a países como Angola y Samoa a formular y aplicar medidas para hacer frente al repliegue de las relaciones de banca corresponsal.

En total, ha brindado asistencia técnica en materia ALD/LFT a 120 países. Esta ayuda ha contribuido de forma decisiva a que países como Myanmar, Nepal y Sudán salieran de la lista de vigilancia del GAFI y reanudaran sus vínculos con el sistema financiero.