Infografía: ¿Qué supone la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo?

28 julio, 2017

Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades, el endurecimiento de las sanciones o la creación de registros centrales.

¿Cómo organizar un modelo de compliance tras un caso de corrupción interna?

20 julio, 2017

La recién publicada Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en el Cumplimiento Normativo editada por Transparency International España invita a las empresas a que adopten una postura proactiva en relación con la prevención de la corrupción, el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo, así como con la promoción de una adecuada transparencia empresarial, de acuerdo con las mejores prácticas y fuentes nacionales e internacionales.

La Guía, financiada por el programa Siemens Integrity Initiative, permite a la propia empresa llevar a cabo un autodiagnóstico en estas materias en base a una serie de indicadores objetivos. De este modo, se ofrece una herramienta que ayuda a las empresas a evaluar la calidad de sus programas de compliance y su estructura de gobierno corporativo, al tiempo que las ayuda en la mejora de su nivel de reporting en estas áreas.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo se gestiona la transparencia con la implantación de un modelo de compliance que lleve a recuperar la reputación externa e interna se desencadenaba en 2006 tras uno de los principales escándalos de corrupción interna en una multinacional, coincidiendo con la crisis financiera y el caso Lehman Brothers.

La empresa, la tecnológica alemana Siemens, y el hecho, que directivos en varios países del mundo habían estado pagando durante años comisiones ilegales a cargos públicos a cambio de su apoyo en la negociación de contratos multimillonarios.

La investigación demostró que entre 2001 y 2006 se pagaron más de 1.500 millones de dólares de manera ilegal, cantidad que representaba la mitad del importe total de los contratos.

La cúpula mundial de Siemens, incluido el presidente y su consejero delegado dimitió, y cinco directivos fueron detenidos.

Diferentes instituciones y organismos internacionales analizaron y determinaron en qué países y con qué mecanismos, los directivos de Siemens habían cometido estos actos irregulares que hacían saltar por los aires los principios de la compañía de actuar éticamente en los diferentes mercados.

Con el fin de seguir siendo líder en su sector, la compañía se puso en acción e implantó duros mecanismos internos para modificar de raíz el rumbo de los procedimientos de control por los que se habían colado las conductas corruptas.

El modelo

Se desarrolló en tres fases: prevención, detección y respuesta para sancionar las conductas, con especial hincapié en la primera de ellas que, en suma, buscaba aportar información creíble y rigurosa para la gestión mediante el uso de políticas y procedimientos.

La formación fue clave junto al establecimiento de un sistema interno y confidencial de atención a los empleados y directivos para evacuar consultas y resolver dudas en torno a cualquier aspecto sobre el que fuera necesario arrojar luz.

En cuanto al sistema de detección, contaba a su vez con un sistema de canales de información –internos y externos, como la contratación de un defensor del empleado– que permitiesen denunciar cualquier tipo de conducta irregular en el seno de la empresa. Además de pasasr a ser de dominio público interno, se elevaron significativamente las sanciones internas y las consecuencias para quienes cometieran algún tipo de irregularidad según el grado de incumplimiento en relación a la corrupción y la falta de ética en la actuación.

Junto a estas medidas, Siemens se comprometió a aportar durante 15 años un total de 100 millones de dólares a través del Banco Mundial a proyectos organizados por distintas ONG internacionales para la lucha contra la corrupción en la firma de grandes contratos o en la gestión de la ayuda al desarrollo y se sumó a una serie de acciones colectivas con su sector para fomentar altos estándares éticos para todos los actores del mercado y el avance de la legislación anti-trust.

Así, por ejemplo, la compañía dejó de operar en países donde estaba “naturalizado” el pago de comisiones ilegales y suspendió durante dos años consecutivos la captación de fondos de proyectos financiados por el Banco Mundial hasta haber subsanado todos los problemas internos derivados del escándalo.

Dos años del acuerdo para el levantamiento de sanciones financieras a Irán

17 julio, 2017

Con el fin de consultar si aquellos con los que se quiere mantener relaciones de negocio u operaciones ocasionales están o no en una lista de sanciones, la Plataforma Idconfirma, de Soluciones Confirma, ha desarrollado un módulo de consulta automática a listas, gracias a la implementación de un potente motor de búsqueda.

El 14 de julio de 2015, las seis potencias mundiales (China, Francia, Alemania, la Federación de Rusia, Reino Unido y EEUU), con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y la República Islámica de Irán, llegaban a un acuerdo sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en relación al programa nuclear iraní y, en consecuencia, se permitiría la supresión de las sanciones en esa materia.

A fecha de hoy, el 90% de las sanciones económicas se han levantado y aproximadamente una treintena de bancos iraníes han restablecido lazos con los bancos occidentales.

El acuerdo adoptado preveía que, una vez el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) verificase que Irán había adoptado las medidas recogidas en el PAIC, quedaría garantizado “el carácter exclusivamente pacífico de este programa nuclear”.

Precisamente ese “carácter exclusivamente pacífico” es lo que posibilitó que el 16 de enero de 2016, fecha que se conoce como el Día de Aplicación, y una vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió el informe favorable del OIEA confirmando que Irán había tomado las medidas requeridas en el PAIC, las partes llevaran a cabo las actuaciones a las que se habían comprometido.

En el ámbito de la Unión Europea, las medidas económicas y financieras restrictivas impuestas también dejarían de ser aplicables. Se desarrollaba toda una normativa que supuso el levantamiento de las sanciones económicas y financieras en los sectores de banca, finanzas, seguros; petroquímica y gas; transporte; oro y metales preciosos; metales; software; se liberaban los activos y se permitía la entrada y tránsito en la UE a las personas, entidades y organismos especificadas en el PAIC.

En el sector financiero, bancario y de seguros, se levantaba la prohibición de las transferencias financieras hacia y desde Irán (incluidos los regímenes de notificación y autorización). Por lo tanto, a partir del Día de Aplicación se permitían las transferencias de fondos entre personas, entidades u organismos de la UE, incluidas las entidades financieras y de crédito de la UE, y las personas, entidades u organismos iraníes no consignados en las listas, incluidas entidades financieras y de crédito, y los requisitos para la autorización o notificación de las transferencias de fondos ya no volverían a ser aplicables.

Asimismo, las actividades bancarias como, por ejemplo, el establecimiento de nuevas relaciones de corresponsalía bancaria y la apertura en los Estados miembros de sucursales, filiales u oficinas de representación de bancos iraníes no consignados en las listas, pasaron a estar permitidos. También se autorizaba a las entidades financieras y de crédito de la UE a abrir oficinas de representación o establecer una sucursal o filial en Irán, a establecer empresas conjuntas y a abrir cuentas bancarias en entidades de crédito o financieras iraníes.

Igualmente se abría la posibilidad de prestar servicios especializados de mensajería financiera para las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos iraníes, incluidas las instituciones financieras de este país y el Banco Central de Irán que ya no eran objeto de medidas restrictivas.

 

Los puntos estratégicos de la nueva presidencia argentina del GAFI

12 julio, 2017

Hasta el próximo 30 de junio de 2018, y por primera vez en la historia del organismo, Argentina presidirá el GAFI en la figura del que fuera hasta ahora secretario de Justicia, Santiago Otamendi.

Se trata de un paso significativo si se tiene en cuenta que hace unos años Argentina estaba en su ‘lista gris’ como país que incumplía los estándares de lucha contra el blanqueo de capitales.

Los objetivos de esta presidencia que tomó el relevo a la española durante el plenario celebrado en Valencia entre los días 21 a 23 de junio, parten de trabajar teniendo en cuenta las prioridades del G-20 en aquellas áreas de interés mutuo, así como de incluir en la agenda a jueces y fiscales para que conozcan qué hace el GAFI, cuáles son sus recomendaciones y se compartan acciones efectivas.

Financiación del terrorismo

Para Otamendi, el trabajo del GAFI para combatir la financiación del terrorismo debe mantenerse como máxima prioridad pero adaptando su estrategia a dos cuestiones: conocer en profundidad los métodos que utilizan organizaciones como el Da’esh para recaudar, mover y utilizar sus fondos; y enfocarse en los métodos que utilizan estas organizaciones terroristas aprovechando nuevos productos y tecnologías de pago, incluyendo las monedas virtuales.

En este segundo punto, se dará continuidad al diálogo ya emprendido entre el GAFI y las FinTech con cinco principios rectores para que este sector sea un aliado en los retos que deben afrontar los Estados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

El papel de jueces y fiscales

La nueva presidencia apuesta por el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal en la medida que son instituciones cruciales en la transparencia y el Estado de Derecho, pilares de un sistema eficaz de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

En este sentido, Otamendi considera que deberían desempeñar un papel más destacado en el GAFI, incluso como parte de las delegaciones miembros, con participación en el plenario y en los Grupos de Trabajo.

Además, en esta relación pretende incorporar mayores compromisos en cuanto a que exista una mejor comprensión y aplicación eficaz de los tipos delictivos. Identificar y acabar con los  delitos financieros en todos los países es el desafío, apunta el presidente, ya que “aunque la mayoría de jurisdicciones han criminalizado el blanqueo de capitales, no todas han aplicado un número relevante de condenas y la mayoría tiene una experiencia limitada en cuanto a congelación de activos”.

También con el intercambio de experiencias e información, el GAFI podrá tener un conocimiento más exhaustivo de las tendencias y patrones del ML / TF e identificar y reportar los nuevos métodos que utilizan terroristas y criminales para eludir las medidas de control normativo.

Mejora de la transparencia e integridad de los flujos financieros

Las personas jurídicas serán protagonistas de esta mejora que se pretende dar en transparencia y, en concreto, sobre la disponibilidad de información exacta sobre el beneficiario efectivo donde se completará el programa de trabajo.

El GAFI define esta figura como la persona física que, en última instancia, posee o controla un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza la transacción. También incluye a quien ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

 

Los jueces tendrán una guía de actuación común para las causas complejas de corrupción

6 julio, 2017

Con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una respuesta ágil, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de la Carrera Judicial.

El texto servirá, además, para que la adopción de decisiones sea más sencilla y proporcionar una mayor seguridad jurídica en esta materia, al tiempo que desarrolla el protocolo de actuación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), constituida en marzo de 2015 para agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los Juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.

La guía propone pautas de actuación en la investigación de una amplia lista de tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la UACC, como las defraudaciones, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, delitos societarios, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

De la organización material de la causa a la fase de enjuiciamiento

El texto ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa –donde se recomienda elaborar desde el primer momento un plan o memoria de necesidades funcionales, de personal y materiales- hasta su enjuiciamiento.

En el capítulo dedicado a la fase de instrucción, por ejemplo, se abordan cuestiones como la conexidad de delitos, las piezas separadas de investigación, el secreto de las actuaciones, los volcados informáticos, las inhibiciones y los aforamientos; mientras que en el que se dedica al juicio oral se tratan asuntos como la preparación de la vista o los motivos de suspensión.

La guía también hace referencia a las relaciones del juez instructor con otros operadores jurídicos en las causas por corrupción, como la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y otros organismos públicos de control, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos o el Tribunal de Cuentas.

Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento, con lo que se contribuye a dar publicidad a la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias.

Medidas de apoyo del CGPJ

Teniendo en cuenta que la guía recoge las medidas de apoyo a los órganos judiciales encargados de la lucha contra la corrupción que el CGPJ puede adoptar en el ámbito de sus competencias, el texto aporta el modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial, refiere las actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las Administraciones y enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales, como la asistencia para cursar comisiones rogatorias o en relación con instrumentos de reconocimiento mutuo o la gestión de los desplazamientos del juez español durante la ejecución de la petición de cooperación internacional.

Además, y como una medida más de auxilio a los jueces y magistrados que investigan y enjuician delitos de corrupción , el CGPJ está trabajando en la constitución de un grupo de apoyo directo, formado por magistrados especialistas en esta materia en el ámbito de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia y en el de la Audiencia Nacional.

Disposiciones normativas e instrumentos internacionales

La guía incorpora un catálogo de las disposiciones normativas de utilidad en la lucha contra la corrupción, desde el Código Penal a las leyes General Tributaria, de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos o reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

El texto también recoge los instrumentos internacionales sobre esta materia en los ámbitos de Naciones Unidas, OCDE y europeo, con información sobre los instrumentos de asistencia convencional y de reconocimiento mutuo y referencias a las órdenes europea de detención y entrega y de investigación, las medidas alternativas a la prisión provisional y el embargo preventivo y aseguramiento de prueba.

La versión electrónica de la guía incluye enlaces a la página web del BOE y al prontuario del Centro de Documentación Judicial que recoge toda la información de interés en relación con las distintas actividades jurisdiccionales que inciden en la cooperación internacional, de modo que se puede acceder directamente a la norma o el instrumento internacional que se quiera consultar.

Una obra colectiva

En la elaboración de la guía, coordinada por el vicesecretario general del CGPJ, José Luis de Benito, han intervenido una veintena de personas, en representación de todas las instancias judiciales con competencias en la lucha contra la corrupción -Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional-, además de letrados de la Administración de Justicia, responsables de la Fiscalía Anticorrupción y miembros de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.