Sistemas de gestión de compliance penal como modelo para reducir el riesgo de cometer delitos

28 abril, 2017

A la espera de su publicación en las próximas semanas, el mundo compliance tendrá una nueva norma que podría atenuar e incluso exonerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se trata del UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal en línea con la reforma del Código Penal y su artículo 31 bis por la que las empresas deberán crear un órgano autónomo para la prevención de delitos.

Esta herramienta para evitar la comisión de delitos en las organizaciones, recoge una serie de requisitos para implantar, mantener e ir mejorando un sistema de gestión de compliance penal, así como un conjunto de recomendaciones sobre cómo poner en práctica un modelo de prevención del delito en filiales o socios de negocio.

Por tanto, el proyecto de Norma que ha ido gestándose durante dos años bajo la coordinación de la Asociación Española de Normalización, ha querido ir más allá de lo que establece el Código Penal con un texto que incorpora también las mejores prácticas. Y todo ello con una clara influencia de las normas internacionales en la materia.

El UNE 19601, además de por las personas jurídicas, podrá ser utilizada por cualquier tipo de organización con independencia de su tipo, tamaño, naturaleza y sector al que pertenezca.

Además, para obtener la declaración de conformidad con la norma será preciso cumplir con todos los elementos sin exclusiones. El certificado tendrá una duración de tres años con auditorías anuales de su cumplimiento.

Requisitos y buenas prácticas

  • Identificación, análisis y evaluación de los riesgos penales
  • Disponibilidad de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo
  • Uso de procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas
  • Adopción de acciones disciplinarias en caso de que se produzcan incumplimientos de los elementos del sistema de gestión
  • Supervisión del sistema por parte del órgano de compliance penal
  • Necesidad de crear una cultura de compliance en la que se integren la política y el sistema de gestión
  • Concienciación y formación adecuadas de los miembros de la organización respecto de los riesgos penales
  • Control y protección de la información documentada que se determine como necesaria para demostrar la eficacia del sistema

Entre las buenas prácticas que recomienda la Norma destaca cómo llevar a cabo procesos de debida diligencia sobre socios o personal, y cómo implantar un modelo de prevención penal en filiales o socios de negocio.

Como antecedente al UNE 19601 fue la Norma UNE-ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance que contiene recomendaciones sobre elementos con los que una organización debe contar para demostrar su compromiso con los requisitos legales de obligado cumplimiento y con aquellos otros con los que voluntariamente ha decidido comprometerse.

Y con fecha 19 de abril de 2017 se publicaba el UNE-ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno que ofrece a las organizaciones una serie de requisitos y medidas para prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas de soborno cumpliendo con la legislación y con otros compromisos adquiridos de forma voluntaria.

Las cotizadas siguen manteniendo sus filiales en territorios offshore con más de mil sociedades

20 abril, 2017

De las 1.285 sociedades que las empresas del IBEX-35 tienen domiciliadas en paraísos y nichos fiscales, 969 son de tipo financiero o no ha sido posible identificar actividad de tipo productivo y/o comercial de la empresa en ese territorio o país.

Es lo que describe el Informe realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa sobre ‘La información fiscal en las memorias anuales de las empresas del IBEX35. Análisis del ejercicio 2015’ que analiza varios aspectos relevantes del ámbito fiscal de una empresa bajo la óptica de la responsabilidad social: la presencia o no de la compañía o de sus filiales en paraísos o nichos fiscales; el impacto económico y contribución de la empresa en un país a través del pago de impuestos; la estrategia y política fiscal y la estructura societaria; así como las operaciones intragrupo que realiza.

Con estas variables se sabe, además, que del total de 1.285 sociedades, 97 estaban radicadas en paraísos y el resto (1.188) en nichos o territorios con baja tributación para no residentes.

Banco Santander se sitúa a la cabeza con 216 filiales fuera del territorio español y en países que, o bien ofrecen menor presión fiscal para no residentes, o facilitan la ocultación de identidad de acuerdo con diversas fuentes sobre las que se basa la metodología del Observatorio de RSC; le sigue ACS con 152, ArcelorMittal con siete menos y Repsol con 120.

Es nuevamente Delaware el territorio offshore más utilizado con 463 filiales, lo que representa un 36% del total, seguida de Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Panamá y Suiza.

Y es que en Delaware se pone en práctica una estrategia conocida como “el limbo de Delaware” o “Delaware loophole”. Este territorio permite a las empresas trasladar sus royalties y otros ingresos similares a sus compañías filiales, donde esas ganancias están exentas de tributación. Una corporación situada físicamente y que desarrolla sus actividades en otro Estado americano crea una holding de inversiones en Delaware y le otorga todos sus bienes intangibles que pasan a ser propiedad de la subsidiaria de Delaware. Entonces, la matriz mueve los beneficios a su subsidiaria que, no olvidemos, está exenta de pagar tasas por el derecho de uso de  la propiedad intelectual.

Solamente 2 de las 35 empresas analizadas, Indra y Repsol, aportan información relevante en relación a la actividad de sus sociedades offshore. Otras 5 empresas presentan información aunque con un alcance limitado. En consecuencia, la valoración global es de un 0,58 sobre un total de 3 considerándose la calidad de la información “escasa”.

Además, en el informe se constata que, pese a que por parte de las empresas analizadas hay una conciencia de que la transparencia sobre aspectos fiscales es relevante, la información facilitada no es clara ni precisa y tampoco cuenta con un desglose suficiente que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la compañías.

Un 63% de las empresas analizadas, es decir, 22 de las 35, afirma contar con una política o estrategia fiscal. Sin embargo solo 14 empresas la publican en su web. El elevado número de sociedades que afirman contar con una estrategia o política fiscal se explicaría por la obligatoriedad introducida con la reforma del año 2014 de la Ley de Sociedades de Capital que establece que el Consejo de Administración de las sociedades cotizadas no podrá delegar la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.

El corredor de seguros en la prevención del blanqueo de capitales

19 abril, 2017

Los corredores y las entidades de seguros de vida están obligados a cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y, en consecuencia, deben disponer de procedimientos internos adecuados para evitar que se instrumentalice una operación sospechosa a través de contratos de seguro.

A la vista de los datos que recientemente ha hecho públicos el SEPBLAC, ¿podría entenderse que es un sector que se sitúa fuera del punto de mira de las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

En 2015, la Dirección General del Seguro realizó 5 inspecciones preventivas de esos delitos; los corredores de seguros no comunicaron ningún reporte de operaciones sospechosas; y las aseguradoras de vida, 11 reportes, cantidad que supone el 50% menos que las registradas en 2014.

El papel del corredor de seguro está bien recogido en la Ley 26/2006, de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados, que lo define como un profesional independiente e imparcial que ofrece asesoramiento a clientes y asegurados, lo que determina que no pueden tener afección con entidades aseguradoras.

Al ser quien tiene el acceso inicial al cliente, la consecuencia más directa de su labor es que será precisamente el corredor el primero en estar obligado a cumplir con los principios de diligencia debida. Y es que hasta que no exista la elección de una entidad aseguradora ésta no podrá llevar a cabo ese mismo cumplimiento normativo.

Por tanto, la identificación del cliente será materia que requerirá especial cuidado y hay que recordar que como sujetos obligados deben conservar los documentos acreditativos de las operaciones e identidad de los clientes durante un plazo de seis años desde que finaliza la relación de negocio.

Así, los documentos que sean necesarios para comprobar la información proporcionada por el cliente estarán en poder del corredor y, posteriormente, de forma inmediata a disposición de la entidad aseguradora.

Otros documentos que contengan información relacionada con cuestiones más específicas del contrato de seguro, se entregarán a la entidad aseguradora con la que vaya a suscribirse ese contrato. En este caso, el corredor actúa como tercero respecto a la entidad aseguradora.

Ante un indicio sospechoso, lo que está obligado a hacer es profundizar para conocer más detalles de la actividad económica declarada. Y si ya tiene la certeza de que está frente a una operación sospechosa, deberá comunicarlo al SEPBLAC y no colocará el riesgo en ninguna entidad aseguradora.

Con carácter previo a la formalización de la póliza, el corredor habrá recabado información sobre la actividad de su cliente y si éste declara que los fondos proceden de una actividad profesional o empresarial, tendrá que solicitar la documentación acreditativa que justifique esa actividad.

Por lo que respecta a los medios de pago, el corredor evitará el pago con efectivo y, además, consignará el medio de pago utilizado.

 

Por Ley, Portugal dará información anual de las transferencias a paraísos fiscales

17 abril, 2017

Con el fin de avanzar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Portugal ha puesto en marcha con fecha 15 de abril de 2017 una reforma en su Ley General Tributaria por la que se establece la obligación de publicar anualmente el valor total y el destino de las transferencias y remesas de dinero a países, territorios y regiones con régimen de tributación privilegiada.

El nuevo Decreto de la Asamblea 73 aprobado por unanimidad responde a una iniciativa que empezó su tramitación en el Parlamento luso como Proyecto de Ley 235 el pasado año 2016.

Y es que, según datos del Banco de Portugal, órgano que desempeña las funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, solo en 2015, el país perdió más de 864 millones de euros en jurisdicciones offshore.

Es más, se estima que la cantidad depositada en paraísos fiscales asciende a 30 mil billones de dólares, lo que equivaldría a la riqueza que Portugal puede crear en los próximos 135 años.

Hasta ahora, y aunque una de las obligaciones de las entidades financieras en las transacciones con los centros offshore era notificarlas a la autoridad fiscal, no era preceptiva su divulgación pública que se dejaba al criterio de una decisión discrecional.

La publicación de estos datos solo se hizo efectiva en 2016, momento en que se conoció que entre 2011 y 2014, tanto empresas como personas físicas realizaron envío de fondos a paraísos fiscales por un importe aproximado de 10.000 millones de euros.

Con la aprobación de este Decreto, que contribuye a una mayor transparencia y para el que han bastado cuatro artículos, la web de la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa recogerá anualmente el valor total de estas transacciones.

A lo largo de los próximos tres meses será el Ministerio de Hacienda del país vecino quien establece las condiciones de aplicación de esta norma.