Las entidades financieras envían el 83% del total de alertas que recibe el SEPBLAC

31 marzo, 2017

En los últimos cinco años, las comunicaciones de operaciones sospechosas que llegan hasta el SEPBLAC han experimentado un aumento del 60%, debido fundamentalmente a una mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores.

Así se desprende de las estadísticas publicadas por la Comisión de prevención del blanqueo y movimiento de efectivo donde se destaca que solo en 2015 se tramitaron 4.757 comunicaciones, lo que supone un incremento del 2,5% con respecto al año anterior.

De esta cifra total, las remitidas por parte de las entidades financieras ascienden al 83%, lo que en números absolutos se traduce en 3.948.

Las entidades no financieras, por su parte, reportaron cerca del 14% del total de las comunicaciones en 2015. Destaca el crecimiento de comunicaciones recibidas por entidades de promoción inmobiliaria, de juegos de azar, así como el de comercios.

En el apartado de colaboración con las autoridades nacionales, también se produjo un incremento, esta vez del 15% en las solicitudes de información al SEPBLAC. Este aumento se debe a las mayores peticiones de información por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 206 a 241 solicitudes, un 17% más en relación a 2014. También por parte del Departamento de Aduanas (AEAT), que aumentaron de 98 a 121, lo que supone un 23,5% más.

El Servicio Ejecutivo señala que en el ámbito del intercambio de información internacional, los organismos han promovido la comunicación espontánea, es decir, la remisión voluntaria de información que se considere de interés para un país, sin necesidad de previo requerimiento de este. Como consecuencia de esta mayor colaboración internacional en materia de inteligencia financiera, el número de comunicaciones espontáneas por otras Unidades de Inteligencia Financiera ha aumentado un 460% en 2015.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el SEPBLAC a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.369 comunicaciones, un 9% más), a la Guardia Civil (1.317 comunicaciones, un 28% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.080 comunicaciones, un 2,66% más).

El número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales en 2015 se ha elevado un 11% respecto a 2014, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Entre 2011 y 2014 la variación es ligera, con un incremento total del 10% en cuatro años.

Finalmente, destacar que también en 2015 se incoaron 400 diligencias previas por delito de blanqueo de capitales.

El fenómeno Fintech y la normativa de blanqueo de capitales

28 marzo, 2017

Las FinTech (Finance & Technology) engloban las actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros.

El Libro Blanco de la regulación Fintech en España, presentado en febrero de 2017 a iniciativa de la Asociación Española de FinTech e Insurtech (AEFI), recoge ideas y propuestas de cambios normativos que favorezcan la actividad empresarial de estos operadores en el sector financiero en nuestro país.

Entre sus principales retos, el uso de medios de pago distintos de las tradicionales tarjetas, las criptomonedas y la identificación online de clientes, teniendo en cuenta, en este caso, que la actividad de las entidades que proveen estos servicios se encuentra afectada por la normativa de blanqueo de capitales.

Por eso, desde el sector se proponen una serie de cambios normativos  que, como punto de partida y de manera transversal, deberá clarificar si la función básica desarrollada por los operadores FinTech se trata de una actividad sujeta a autorización o si, por el contrario, se trata de una actividad accesoria, no sujeta a autorización, respecto de otra actividad principal.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países de nuestro entorno han iniciado o están impulsando proyectos piloto de marco normativo que integre el fenómeno FinTech.

El sector también apunta a que la principal barrera para el desarrollo de entidades dedicadas a la identificación online son las limitaciones impuestas desde la normativa de blanqueo de capitales.

Así, el Libro Blanco indica que el cambio normativo debería instrumentarse a través de un “doble canal”.

De una parte, con la modificación de la cláusula a) del artículo 21 del Reglamento de la Ley 10/2010 en la que se recoge los requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales. En su propuesta, junto a la acreditación de la identidad del cliente conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre firma electrónica, se añade que sea válido que la identidad del cliente quede acreditada por la entrega de copia del documento de identidad expedida por fedatario público.

En segundo lugar, y con independencia de lo anterior, la identidad del cliente también podrá quedar acreditada mediante aquellos medios de identificación electrónica que, de conformidad con el Reglamento UE nº 910/2014, artículo 8 sobre niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica, y el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1502, tengan un nivel de seguridad alto.

Si se considera que el SEPBLAC “apenas ha hecho uso de su facultad en relación a la aprobación de estos mecanismos de identificación de clientes”, el otro canal de actuación que se identifica en el Libro Blanco está encaminado a que sea el propio supervisor quien establezca un listado de procedimientos de identificación de clientes más amplio y adaptado al nuevo contexto tecnológico.

La relación del sector bancario de la UE con los paraísos fiscales reporta beneficios de 25.000 millones de euros

27 marzo, 2017

Oxfam Intermón en España junto a Fair Finance Guide International han publicado por primera vez un Informe que, bajo el título ‘Bancos en el exilio’, describe con datos relativos a 2015 cómo algunos bancos europeos utilizan paraísos fiscales para evitar el pago de ciertos impuestos, facilitar a sus clientes la elusión fiscal o para sortear ciertas regulaciones.

El Informe ofrece datos de los 20 bancos principales de la UE como consecuencia de la nueva normativa europea de transparencia que exige al sector que publique información sobre sus beneficios y los impuestos que pagan en cada uno de los países en los que operan.

Así, como una de las conclusiones principales se revela que estas entidades contabilizaron uno de cada cuatro euros de sus beneficios en paraísos fiscales, lo que en cifras absolutas representa un total estimado en 25.000 millones de euros.

Esto se traduce en que el 26% de los beneficios totales de estos 20 bancos fueron obtenidos en paraísos fiscales. Sin embargo, estos territorios solo albergan un 12% de su facturación total y un 7% de todos los empleados, dato que según los autores del Informe pone en evidencia una clara discrepancia entre los beneficios obtenidos por los bancos en paraísos fiscales y el nivel de actividad económica real desarrollada en esas jurisdicciones.

Y es que por cada 100 euros de actividad, los bancos obtienen un rendimiento de 42 euros en los paraísos fiscales, en comparación con los 19 euros que obtienen de media en otras ubicaciones. Además, un empleado de banco en un paraíso fiscal genera un beneficio medio de 171.000 euros anuales, cuatro veces más que un empleado medio.

Incluso, obtuvieron al menos 628 millones de euros en beneficios en países donde no contaban con ningún empleado y algunas entidades con pérdidas en otros países han reportado beneficios en paraísos fiscales.

Otra cifra. Casi 5.000 millones de euros de beneficios de los grandes se sitúan en Luxemburgo, una cifra superior a la obtenida conjuntamente en el Reino Unido, Suecia y Alemania.

En el caso de las filiales estadounidenses de los bancos de la UE, el 59% tenía su domicilio legal en Delaware. De ellas, el 42% de las que se pudo conocer su dirección, tenía su sede exactamente en el mismo lugar.

Fútbol y transparencia, ¿un binomio imposible?

14 marzo, 2017

Cláusulas secretas en los contratos de futbolistas junto a frecuentes escándalos relacionados con cuestiones fiscales de representantes o jugadores, son algunas de las cuestiones que ponen en tela de juicio que el binomio fútbol y transparencia sea posible.

Como dato positivo, y pese a que “resulta claramente insuficiente, y por ello manifiestamente mejorable”, el Índice de Transparencia de los Clubes de Fútbol de nuestro país (INFUT) elaborado por Transparencia Internacional España, registra mejores resultados en su segunda edición.

La principal conclusión del estudio es que la transparencia es una cuestión de voluntad o de actitud, más que de tamaño económico o capacidad presupuestaria, ya que los cuatro clubes mejor posicionados en el INFUT tienen una dimensión económica relativamente reducida, y un rango deportivo tanto de primera como de segunda división.

El INFUT cumple la finalidad de impulsar una progresiva mejora de la transparencia y la apertura informativa de los Clubes que integran las dos divisiones principales del fútbol español. Para ello se valora si la información requerida está o no disponible para el público y no se evalúa el nivel de calidad de la información que ofrecen ni tampoco la calidad de su gestión.

El principal resultado del estudio muestra que la puntuación media final del conjunto de Clubes alcanza un 62.8 sobre 100, valor superior al obtenido en 2015 que se situó en los 44.2 puntos. Como constante, siguen suspendiendo en transparencia económico-financiera y en la relativa a las contrataciones.

El índice se compone de sesenta indicadores y evalúa cinco áreas de transparencia de las que aprueban en tres. Concretamente en el área relativa a información sobre el Club de Fútbol, la puntuación media ha sido de 75.6; en la de relaciones con los socios, aficionados y público en general, el INFUT alcanza 74.1; y en el área sobre indicadores de la Ley de Transparencia, obtienen una puntuación media de 64.3.

En la parte baja de la tabla con una puntuación media de 40.7 se sitúa la transparencia en las contrataciones y suministros, y con un suspenso ‘alto’ aquella referida a la transparencia económico-financiera, donde la puntuación es de un 49.6. Estas dos áreas ya sacaban las puntuaciones más bajas también en la edición del INFUT de 2015.

La puntuación media de los 20 Clubes de Primera División ha sido en esta edición de 71.8, frente a 49.7 en la edición anterior, mientras que la puntuación media de los de Segunda División ha sido de 54.4, superior igualmente a la de 39.0 que alcanzaron en la edición previa del INFUT. Los de mayor puntuación han sido el Betis y el Numancia, que han logrado la máxima valoración posible (100 sobre 100). Se da la circunstancia de que el Betis obtuvo la última posición de los 41 Clubes evaluados en la pasada edición.

En el ranking global, el 71% de los Clubes, un total de 29, ha conseguido aprobar y algunos de ellos con buena nota. Además de los que han recibido la máxima puntuación, hay otros cinco que han obtenido una calificación de sobresaliente, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona; otros 10 han obtenido notable, mientras que 12 Clubes alcanzan la puntuación de aprobado. Finalmente son doce los que han obtenido la puntuación de suspenso.

Las dificultades de las economías en desarrollo para tener supervisores AML

9 marzo, 2017

Si ya resulta complicado que los órganos supervisores y de control estén suficientemente dotados de medios materiales y humanos para hacer frente a sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los problemas y retos se multiplican cuando hablamos de pequeñas economías insulares en desarrollo.

Y es que la creación y puesta en marcha de este tipo de órganos lleva parejo un grado de compromiso financiero que para estas jurisdicciones muy pequeñas y en desarrollo es proporcionalmente mucho más oneroso que para otras economías. El funcionamiento de una unidad de inteligencia financiera básica implica ciertos costes de personal, capacitación, equipos y seguridad de las instalaciones que, en proporción, son más altos en estas zonas.

En este contexto, algunas de ellas localizadas, por ejemplo, en el Caribe o el Pacífico Sur, se enfrentan a enormes obstáculos, situación que se aprovecha, además, por quienes fomentan que estas jurisdicciones sean verdaderos territorios offshore.

En términos de población, estas economías tienen un tamaño similar al de una ciudad pequeña y sus ingresos per cápita son muy escasos. La primera dificultad que deben afrontar es encontrar personal cualificado ya que es poco probable que en el mercado local se puedan encontrar profesionales especializados en investigaciones financieras, contabilidad pública y otras tareas AML/LFT, y quizá no sea fácil contratar profesionales de otros lugares.

En segundo lugar, si se tiene en cuenta que, por lo general, el sistema bancario tradicional no cubre a gran parte de la población en estas jurisdicciones por el alto coste de operación en relación con el número de clientes, los supervisores tienen que centrar su atención en la banca informal y las redes de transferencia de fondos, con el problema adicional de la falta de documentación para la identificación y el incremento de costes.

A esto hay que sumarle que a estas jurisdicciones no siempre les resulta fácil obtener inteligencia e información financiera de otros órganos homólogos si tenemos en cuenta tres factores:

  • No suelen ser muy conocidos fuera de sus regiones
  • En algunos casos, no gozan de una buena imagen reputacional debido al uso de su sistema financiero por parte de grupos organizados
  • Al no formar parte de estructuras de control internacionales, preocupa su posible falta de salvaguardas para proteger el carácter confidencial de la información en su poder

Una posible solución a estos problemas pasaría por la creación de una organización regional que apoyase a los supervisores o Unidades de Inteligencia Financiera nacionales de la zona.