Infografía: ¿Cómo funciona el SEPBLAC?

21 febrero, 2017

Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007 y 2015, el número de asuntos abiertos se  incrementó en un 152%, pasando de los 2.800 a los más de 7.000.

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¿Cómo es el blanqueo en el cine? El infiltrado

16 febrero, 2017

‘El infiltrado’, película estadounidense que ha coincidido en el tiempo con la famosa serie del canal de televisión Netflix ‘Narcos’, tiene en común que cuenta cómo fue el narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos asociado a la figura de Pablo Escobar.

Estrenada en nuestro país a finales de 2016, no pasará a la historia del cine por sus excelentes críticas pero sí por recoger la historia real de cómo se blanqueaba el dinero negro procedente de la droga que el Cartel de Medellín con su ‘Patrón’, Pablo Escobar, introducía en Miami especialmente, en las décadas de los 80 y 90.

‘El infiltrado’, dirigida por Brad Furman, toma como punto de partida el libro de memorias de Robert Mazur, el agente de la Agencia Antidroga de EEUU (DEA) que pasó cinco años encubierto entre los narcos y fue conocido entre los banqueros por su alias de Bob Musella, un exitoso hombre de negocios sin escrúpulos conectado con las mafias del país.

El protagonista interpretado por Bryan Cranston, entendió que la mejor forma de llevar a cabo una importante operación antidroga no era seguir el cargamento sino, precisamente, seguir el rastro en paraísos fiscales y entidades bancarias del dinero que generaba la venta y que podía ascender a unos dos trillones de dólares al año.

El agente, con la ayuda de otro efectivo de la calle, Emir Abreu (John Leguizamo), y Kathy Ertz (Diane Kruger), otra agente que se hace pasar por su novia llegó hasta el lugarteniente de Escobar, Roberto Alcaino (Benjamin Bratt). También contactó con quien él quería, con Gerardo Moncada, mano derecha del Capo.

Consiguió infiltrarse en el Cartel una vez que en el papel de Musella pudo poner en práctica la coordinación de transferencias. Pronto empezó a lavar sus ingentes cantidades de dinero que Pablo Escobar haría en sus comienzos, según la serie ‘Narcos’, a través de un negocio con cuatro taxis y más tarde, comprando propiedades y obras de arte.

Así, el agente de la DEA descubrió el papel fundamental que jugaron entidades en Suiza, así como el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), uno de los principales bancos internacionales de la década de los 70 y 80 registrado en Luxemburgo que llegó a operar en 78 países, con más de 400 sucursales y un activo superior a 2 billones de dólares.

Como consecuencia de esta operación, el BCCI quebró en 1991 tras ser asociado al blanqueo de dinero procedente del Cartel de Medellín y del General Noriega en Panamá.

La lista Falciani como prueba de cargo del delito fiscal

13 febrero, 2017

La Sala II del Tribunal Supremo ha aceptado como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. Y aunque el abogado del acusado argumentaba que la obtención ilícita de la lista Falciani convertía en inválida dicha prueba contra él, los magistrados admiten el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables pese a existir constancia de que fueron sustraídos de forma ilegítima por un tercero.

Como consecuencia, el alto tribunal confirma 6 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para un español que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas.

Hay que recordar que su nombre y cuentas figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por el exempleado del banco suizo HSBC Hervé Falciani, que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española, donde llegaron remitidos por las autoridades francesas.

En su sentencia, el alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de documentos o datos de terceros. Para el caso de que lo hiciera la Policía o los aparatos del Estado, la prueba no sería válida, en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero si quien lo hace es un particular desconectado de los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener un lucro, como era el caso del informático bancario Hervé Falciani, sí puede dársele validez.

Entiende que la prohibición, contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que surtan efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, “violentando los derechos o libertades fundamentales”, responde a la idea, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, de ser un “elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito”, ya que “el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos”.

Los ficheros bancarios que consiguió Falciani no estaban afectados por la regla de exclusión prevista en el artículo 11 de la LOPJ, pues “se trataba de información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales. Tampoco se trataba de ficheros informáticos cuya entrega hubiera sido negociada entre el transgresor y los agentes españoles”.

Por tanto, “la finalidad disuasoria que está en el origen de la exclusión de la prueba ilícita no alcanzaba a Hervé Falciani, que sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación”.

En definitiva, “no rebasa el cuadro de garantías que define los límites constitucionales al acopio estatal de fuentes de pruebas incriminatorias. Nada tiene que ver esa actuación con la de un agente al servicio del Estado. Lo que proscribe el art. 11 de la LOPJ no es otra cosa que la obtención de pruebas (“no surtirán efecto las pruebas obtenidas…”). Es el desarrollo de la actividad probatoria en el marco de un proceso penal –entendido éste en su acepción más flexible- lo que queda afectado por la regla de exclusión cuando se erosiona el contenido material de derechos o libertades fundamentales” añade la sentencia.

El Supremo subraya que la prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como “mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. No persigue sobreproteger al delincuente que se ve encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo utilizables en un proceso penal ulterior”.

No obstante, añade que este razonamiento no busca formular una regla con pretensión de validez general. Tampoco aspira a proclamar un principio dirigido a la incondicional aceptación de las fuentes de prueba ofrecidas por un particular y que luego son utilizadas en un proceso penal. La regla prohibitiva no excluye entre sus destinatarios, siempre y en todo caso, al particular que despliega una actividad recopiladora de fuentes de prueba que van a ser utilizadas con posterioridad en un proceso penal. También el ciudadano que busca acopiar datos probatorios para su incorporación a una causa penal tiene que percibir el mensaje de que no podrá valerse de aquello que ha obtenido mediante la consciente y deliberada infracción de derechos fundamentales de un tercero.

La sentencia destaca la coincidencia interpretativa en la licitud probatoria de la lista Falciani por varios tribunales supremos europeos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cómo son y qué contienen los informes de operaciones sospechosas a nivel internacional

6 febrero, 2017

La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo.

En la mayoría de los casos, la información necesaria para estos informes comprende junto a los detalles de la operación o del cliente, una declaración de los motivos que hacen despertar sospechas o los hechos que las confirman.

Así, por ejemplo, en algunos como es el caso de España o los Países Bajos, la facultad de decidir se delega en la UIF que proporciona un modelo uniforme para los informes relativos a cada tipo de institución; y, en otros como Australia, se establece en los anexos de la ley que corresponda indicando los elementos que se deben notificar según cada tipo de entidad o sujeto obligado. Será a través de reglamentos como se eliminen o agreguen datos.

En España, la obligación de comunicación se recoge en el artículo 18 de la Ley 10/2010 y, por su parte, el SEPBLAC ha establecido un procedimiento técnico de comunicación telemática con bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras que se apoya en la aplicación informática CTL. El resto de los sujetos obligados realiza las comunicaciones directamente y por escrito con el formulario F19-1 donde se concreta la estructura.

La presentación en forma electrónica es una práctica extendida entre los países económicamente avanzados en lo que supone no solo la producción automatizada de series de informes que se remiten por medios electrónicos, como sucede en grandes instituciones financieras con los informes de operaciones monetarias de valor significativo, sino también la posibilidad de que otras entidades o personas presenten denuncias mediante un formulario electrónico suministrado por la UIF.

En otros muchos países, sobre todo en los menos avanzados económicamente, los informes se presentan por formularios de papel, si bien se prevén informes verbales en casos urgentes, que pueden ser por vía telefónica aunque posteriormente se exija una confirmación escrita.

Ahora bien, si la UIF contase con la capacidad necesaria, estos formularios podrán indexarse electrónicamente o transcribirse en una base de datos local segura.

El Plan de Hacienda para el control de grandes fortunas y sociedades interpuestas

1 febrero, 2017

Cinco son las líneas de actuación que la Agencia Tributaria ha incorporado como novedades en su Plan de Control Tributario y Aduanero para desarrollar durante 2017: el control de grandes fortunas; economía digital; elusión fiscal de multinacionales; fraude en el IVA; y, prevención y control del fraude en fase recaudatoria.

Grandes fortunas

El control de los grandes patrimonios se hará a partir de nuevas herramientas informáticas de análisis para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios.

Así, podrán analizarse las alteraciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas agresivas de planificación fiscal, el uso de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones personales, las manifestaciones de capacidad económica inconsistentes con las bases imponibles declaradas en el IRPF y la disponibilidad de activos en el exterior.

Además, durante estos meses se desarrollarán actuaciones de control a partir de la información obtenida en el marco FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Estados Unidos y, a finales de año, a través del modelo CRS, se sumará la información de cuentas procedente de 54 jurisdicciones fiscales.

Modelos 720 y 750

Se prestará especial atención a la explotación de información sobre transacciones con territorios de baja tributación, comunicaciones espontáneas procedentes de terceros estados, estructuras opacas con componente internacional y localizaciones ficticias de residencias fiscales en el extranjero, sumado todo ello al análisis patrimonial derivado de los modelos 720 y 750, y del resto de información de contraste disponible relativa a contribuyentes que presenten indicios de ocultación.

Paralelamente, se intensificarán las personaciones en las sedes donde se realiza la actividad económica de los obligados tributarios, al objeto de acreditar y regularizar situaciones de infradeclaración de ingresos.

Economía sumergida

Se potenciará el análisis de la capacidad adquisitiva real de los contribuyentes, combinando el contraste de la información declarada sobre bienes y derechos con información sobre gestión de cuentas corrientes e inconsistencias con su titularidad formal, beneficiarios de tarjetas de crédito emitidas tanto en España como en el extranjero y uso de efectivo, a la vez que se mantienen las actuaciones para verificar el cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.

Economía digital

Se prestará especial atención al control de las operaciones de importación asociadas a transacciones de comercio electrónico y al análisis de los nuevos medios de pago como las criptomonedas, plataformas mediadoras de pago, pagos desde dispositivos móviles etc., ya que pueden facilitar la opacidad de las operaciones.

Elusión fiscal

En el ámbito de la fiscalidad internacional, a lo largo del año, la Agencia Tributaria trabajará en el desarrollo de modelos de análisis de riesgo que permitan anticipar y optimizar el uso de la información que se comenzará a recibir este año sobre ‘tax rulings’ y en 2018 sobre los informes ‘País por País’, para lo que resultará especialmente relevante la experiencia acumulada por la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional desde su creación en 2013.

Todo ello supondrá un incremento de la información disponible por la AEAT respecto de la tributación de las multinacionales que operan en territorio español.

De acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE, se analizarán las estructuras de planificación fiscal agresiva, estructuras híbridas (con distinto tratamiento fiscal en España y en un país tercero), generación artificial de gastos financieros, utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo), atribución de beneficios a establecimientos permanentes en España de entidades no residentes y tributación de operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.

Adicionalmente, se prestará especial atención al control de entidades que operan internacionalmente en el ámbito de la economía digital, en relación con la posible existencia de acciones tendentes a excluir a nuestra jurisdicción del pago de los impuestos directos debidos.