El Supremo condena a un sujeto obligado que usaba sociedades pantalla como herramienta para blanquear

30 enero, 2017

La Sentencia 970/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hecha pública el 21 de diciembre de 2016, en la que figura como ponente el magistrado Pablo Llarena, argumenta sobre el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave del artículo 301.3 del Código Penal en el caso de un abogado que ayudó a un empresario británico a ocultar un patrimonio de millones de libras.

La Sala determina que concurren los elementos del tipo ya que aunque no se exige que el sujeto conozca la procedencia de los bienes, sí que, en atención a las circunstancias del caso, éste se encuentre en condiciones de conocerlas con solo observar las cautelas propias de su actividad, habiendo actuado al margen de ellas.

En consecuencia, el Alto Tribunal confirma 2 años y medio de cárcel al abogado Alejandro Feliu Vidal por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales con dolo e imprudencia.

La misma pena, por delito fiscal, para el empresario Peter Brian Bradley, a quien el primero proporcionó los medios necesarios -sociedades en paraísos fiscales, cuentas corrientes puente y pagos en efectivo-, para ocultar a la policía y el fisco británicos el origen, cuantía y titularidad de un ilícito patrimonio de millones de libras.

También ratifica 6 meses de prisión para la testaferro por delito de blanqueo imprudente.

Y es que se entiende que, a pesar de las divergencias existentes al respeto en la doctrina, puede concluirse que el supuesto previsto en el art. 301.3 del Código Penal es un delito común, de manera que puede ser cometido por cualquier ciudadano, en la medida en que actúe con falta del cuidado socialmente exigible para evitar el daño al bien jurídico protegido. Por eso, no resulta congruente configurar la modalidad imprudente como delito especial, en la medida que no tiene por qué ser cometido exclusivamente por aquellos a quienes la ley les impone medidas de prevención ante el blanqueo de capitales, sino que lo puede cometer cualquier particular que deba ser más cuidadoso en el manejo de fondos, ante el dato de que el dinero pudiera proceder de una actividad delictiva.

El Supremo corrige solo la sentencia de la Audiencia de Mallorca en cuestiones que no afectan a las penas de prisión, y en concreto reduce de 3,7 millones de euros a 3,2 millones la multa a Feliu por el delito de blanqueo por restar una operación de blanqueo a la lista de las que cometió.

Los hechos

El empresario británico Peter Bradley dirigía en su país una sociedad dedicada a la venta de gas licuado. En el año 2000 vendió la sociedad por diez millones de libras esterlinas, pero lo hizo inflando el valor de las acciones y, posteriormente, invirtió ese dinero, procedente del fraude, en Mallorca.

Para ocultar el origen ilícito de sus fondos acudió al despacho Feliu que, según señala el Supremo en su sentencia, realizó una serie de maniobras, a través de la compra de sociedades interpuestas en el extranjero que no tenían ninguna actividad. Con estas sociedades se realizaron tres operaciones inmobiliarias en Mallorca en las que se podrían haber blanqueado tres millones de euros.

Qué es una Unidad de Inteligencia Financiera

24 enero, 2017

Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir los informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes internas, como a las UIF de otros países la información sobre esas operaciones con el fin de combatir y prevenir esta actividad ilícita.

Las primeras UIF aparecieron hace más de 20 años y, en la actualidad, en torno a 150 pertenecen al Grupo Egmont, una supra estructura internacional a modo de asociación. En 2003, el GAFI, en sus recomendaciones incluyó por primera vez pautas explícitas sobre la creación y el funcionamiento de las UIF.

Desde que a mediados de los años ochenta se reconociera a nivel internacional la necesidad de una estrategia moderna de lucha contra el blanqueo de capitales, y teniendo en cuenta que las fuerzas del orden tenían acceso limitado a la información financiera que necesitaban, se hizo evidente la necesidad de que el propio sistema financiero debía participar en la lucha contra el blanqueo, aunque sin alterar las condiciones necesarias para que funcionara de manera eficiente.

En consecuencia, muchos países entendieron que si el sistema exigía a las instituciones financieras divulgar transacciones sospechosas, se necesitaba una oficina o un organismo central encargado de evaluar y procesar estos datos divulgados.

Se trataba de conjugar con equilibrio aspectos del sistema financiero y del derecho penal, en especial aplicado a los principios de diligencia debida y de notificación de transacciones sospechosas a una UIF.

Posteriormente, las UIF han ido ampliando su ámbito de responsabilidad también a la financiación del terrorismo lo que implica métodos de análisis de la información y formación del personal, diferentes a lo aplicado en la prevención del blanqueo.

UIF

Fuente: Fondo Monetario Internacional y  Grupo del Banco Mundial

Es por eso que las características fundamentales de una UIF deben ser compatibles con el marco de supervisión, los sistemas jurídico y administrativo, junto con las capacidades técnicas y financieras del país.

La variedad de UIF en los diferentes países se resume en cuatro tipos generales de organismos: administrativo (como es el caso de España), policial, judicial o fiscalizador y mixto.

El perfil, el tipo y las funciones de la UIF variarán unas de otras dependiendo del resultado de analizar qué suponen los delitos financieros para ese país concreto y la contribución de la UIF al logro de los objetivos en materia de política penal.

Con ese análisis se diseñarán:

  • Los objetivos y posterior concreción del tamaño de la UIF en términos de presupuesto o personal, en relación con el flujo previsto de información entrante y saliente y cualquier otra responsabilidad
  • La autoridad y las funciones básicas necesarias para alcanzar sus objetivos además de otras funciones como, por ejemplo, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las entidades notificadoras y la congelación de operaciones
  • Los medios para garantizar su autonomía operativa y la rendición de cuentas , así como el lugar que ocupa dentro de la administración y los medios que le permiten funcionar
  • Su función en relación con otros organismos del Estado y las entidades homólogas, incluido el intercambio de información
  • Los requisitos básicos para la comunicación de operaciones: nombre de la entidad notificadora y asunto que se notifica

De nuevo la titularidad real como riesgo principal en la evaluación de Moneyval sobre la Isla de Man

20 enero, 2017

Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales, acaba de publicar su informe de evaluación sobre la Isla de Man con el resumen de las medidas preventivas (AML/CFT) que esta jurisdicción, vista tradicionalmente como un paraíso fiscal, ha puesto en marcha.

En el documento se tiene en cuenta el nivel de cumplimiento de este territorio de la Corona británica con las recomendaciones del GAFI, así como el nivel de efectividad del sistema AML/CFT puesto en marcha. Con el análisis de estos datos, Moneyval emite una serie de valoraciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

En grandes titulares, los expertos europeos han elogiado el sistema legal de la Isla de Man para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al tiempo que expresan una serie de preocupaciones sobre cómo funciona en la práctica.

Así, el informe destaca la buena coordinación de las políticas relacionadas con la materia en la Isla y dice expresamente que ya se han introducido reformas significativas aunque se esperan mejoras en inteligencia financiera, teniendo en cuenta que están muy identificadas las vulnerabilidades del sistema y los sectores con mayor riesgo.

Igual que en otros territorios de similares características a esta jurisdicción, la preocupación se centra en las denominadas reglas de titularidad real, es decir, que los individuos realmente se benefician de poseer ciertas sociedades o trusts.

Y es que, según se constata en el informe, no hay suficiente conciencia de los riesgos que entraña que las instituciones financieras trabajen con intermediarios y que la información de evaluación de riesgos se transmita a través de “cadenas de información”.

También el número de clientes considerados “de mayor riesgo” parece ser relativamente bajo dado el tipo de negocio realizado en o desde la Isla de Man.

Además, las sanciones o condenas por blanqueo en la Isla son bastante limitadas en relación con su perfil de riesgo y el valor total de las confiscaciones sigue siendo extremadamente bajo.

La Eurocámara pide ampliar la lista de países vinculados al blanqueo

19 enero, 2017

Con 393 votos a favor, 67 en contra y 210 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 19 de enero una resolución preparada por las comisiones de Asuntos Económicos y Libertades Civiles para devolver a la Comisión Europea la lista negra de países considerados “en riesgo” por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Y es que la Cámara ve esta lista “insuficiente e inadecuada” y considera que debe incluir también territorios que facilitan la comisión de delitos fiscales.

Hasta ahora, la lista de la Comisión enumera once países, entre ellos Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina y Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las personas físicas y jurídicas de los países incluidos en la lista se enfrentan a controles más estrictos de lo habitual a la hora de hacer negocios en la UE.

La Comisión deberá presentar otra propuesta más ambiciosa que cumpla con estos objetivos si bien hay que tener en cuenta que incluirá a un país en la lista negra cuando haya pruebas claras de una amenaza sistemática de blanqueo o financiación del terrorismo.

Para ello, y como destaca Krišjānis Karins, coponente del proyecto de resolución, la Comisión necesita contar con “un mecanismo sencillo y transparente que pueda soportar el escrutinio público”.

Tras la decisión del Parlamento de devolver la lista negra a la Comisión y a la espera de la revisión, seguirá vigente la lista existente de terceros países considerados poco eficaces en este ámbito.

Cómo se lleva a cabo la recuperación de activos en Estados Unidos

12 enero, 2017

Estados Unidos es un territorio donde se encuentra o pasa un significativo volumen de fondos provenientes de la corrupción, sobre todo de América Latina, Asia y África. Un buen ejemplo es que, en menos de diez años, en el periodo de 2004 a 2012, EEUU confiscó y devolvió activos por un importe de 168 millones de dólares a las víctimas  extranjeras, en colaboración con autoridades policiales y judiciales de todo el mundo.

En este contexto, en 2010 se lanzó la iniciativa de recuperación de bienes de la cleptocracia que, encabezada por la Sección de Decomiso de Bienes y Blanqueo de Capitales (Asset Forfeiture and Money Laundering Section) del Departamento de Justicia americano, asignó a un grupo de abogados, investigadores y analistas financieros a investigar y enjuiciar casos de recuperación de activos.

El primer paso para identificar y seguir la trayectoria de activos obtenidos ilegalmente es que la jurisdicción extranjera presente una solicitud de ayuda informal para que de esta forma EEUU apoye la investigación con la recopilación de pruebas a través de entrevistas a testigos, vigilancia visual o búsqueda en registros abiertos y aporte de documentos. También se pondrán en marcha las redes de cooperación.

Si la jurisdicción extranjera solicita una asistencia formal a la investigación con la que obtener una notificación formal de demanda, un testimonio jurado, la presentación de registros financieros o de terceros, autenticación de documentos y allanamientos, por ejemplo, deberá apoyarla en un tratado bilateral de asistencia jurídica recíproca, una convención multilateral o una carta rogatoria discrecional.

En esta solicitud aparecerá el nombre del tratado o de la convención en que se basa el pedido; nombre de la autoridad que lleva a cabo la investigación; resumen de los hechos; texto de las disposiciones o las leyes aplicables al caso; explicación de la asistencia solicitada y su importancia para la investigación o el procedimiento que forma la base del pedido; y otras cuestiones especiales tales como confidencialidad o urgencia con su justificación.

Para continuar rastreando bienes a fin de determinar si una persona, entidad u organización mantiene cuenta en una institución financiera estadounidense, una jurisdicción extranjera puede recabar información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de un procedimiento conocido como pedido 314(a).

A partir de que se recibe esta solicitud, las instituciones financieras estadounidenses deben examinar sus archivos y determinar si la institución ha establecido una cuenta o llevado a cabo una transacción a nombre de la persona, entidad u organización de la que las autoridades tienen motivo razonable para sospechar de haber participado en actividades delictivas relacionadas con el blanqueo.

Una vez identificados los bienes, hay dos formas de colaborar con los países para recuperarlos:

  • Si la jurisdicción tiene una orden extranjera contra el bien, EEUU tiene autorización para hacer cumplir la orden una vez que reciba la solicitud necesaria de asistencia jurídica recíproca por parte de dicha jurisdicción
  • En el caso de que la jurisdicción extranjera no hubiera emitido una orden contra el bien, EEUU, en la autoridad que tiene para realizar confiscaciones, podría iniciar acción en su territorio, ya sea como confiscación penal (los intereses del demandado en bienes procedentes de un delito o utilizados en la comisión de un delito se confiscan como parte de la sentencia) o en ausencia de condena por la vía civil donde será necesaria prueba del nexo entre el bien sujeto a confiscación y una conducta delictiva