Las personas con responsabilidad pública y su evolución en la normativa de prevención

28 diciembre, 2016

Por definición, las personas con responsabilidad pública (PRP) son los altos cargos y funcionarios públicos con responsabilidad en nuestro país u otros Estados, así como sus familiares y otras personas vinculadas a ellos.

Las graves situaciones de corrupción vividas a nivel mundial han ido marcando cambios en la legislación con un endurecimiento progresivo de las exigencias de cumplimiento normativo antiblanqueo en cuanto a la relación de negocio con las PRP.

Así, las instituciones financieras se han visto obligadas a ir variando las medidas adicionales de diligencia debida que debe cumplir este tipo de cliente, según las normas dictadas por organismos y gobiernos naciones e internacionales.

Precisamente en el ámbito internacional, el primero en pronunciarse fue el GAFI que en sus 40 recomendaciones iniciales ya pone el acento sobre esta figura y, en el texto de febrero 2012, define medidas adicionales para las financieras con respecto a las PRP extranjeras:

  • Sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una PRP
  • Aprobación de la alta gerencia para establecer o continuar relaciones comerciales
  • Medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y de los fondos
  • Monitorización continua e intensificada de la relación comercial

A nivel  nacional, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo transponía la tercera Directiva (Directiva 2005/60/CE) con contenido muy similar a las recomendaciones del GAFI y en su artículo 14 establece qué son y cuáles son las medidas reforzadas de diligencia debida a aplicar.

Posteriormente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno introduce una nueva definición de las PRP, que incluye también a alcaldes, concejales y otros altos cargos de municipios con más de 50.000 habitantes.

Además, en el mismo texto se amplían potestades del Consejo de Ministros para adoptar sanciones y contramedidas financieras internacionales, al tiempo que se establece la obligación de estructurar los procedimientos de control interno a nivel de grupo.

Con la aprobación en mayo de 2014 del Reglamento de la Ley 10/2010, se precisa que para determinar su condición, los sujetos obligados podrán acceder a los ficheros creados por los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 44 de este reglamento o por terceros.

En un paso más, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado incorpora nuevos altos cargos a la consideración de PRP y concreta que “quienes ejerzan un alto cargo tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Finalmente, la Cuarta Directiva clarifica las normas aplicadas a las PRP y como medidas adicionales fija la necesidad de establecer el origen del patrimonio y de los fondos implicados en las operaciones.

¿Qué es la ficha de autoevaluación del sistema de prevención?

26 diciembre, 2016

Después de que el SEPBLAC publicara en 2013 una serie de recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, quiso ir un poco más allá en el cumplimiento por parte de los sujetos obligados con la ficha de autoevaluación.

La intención del órgano ejecutivo con este modelo no era otra que estandarizar los protocolos de prevención adaptados a cada sector y, en consecuencia, según el riesgo del sujeto obligado.

Por eso, el modelo de autoevaluación, que se materializa en una ficha con un formato de documento muy visual a través de colores, deberá recoger el resumen o conclusiones del análisis que los sujetos obligados han hecho con la herramienta estandarizada ofrecida por el SEPBLAC y que incluye, entre otros elementos, el plan de ajuste al estándar, las medidas necesarias para adaptarse y el calendario de implantación.

La ficha contiene cuatro grandes apartados con un desglose que contiene cuestiones específicas:

  • Gobernanza. Se mide el grado de involucración de la Alta Dirección tanto informativa como formativa, así como la composición del OCI y cuál es la estructura y funciones de la unidad de prevención
  • Diligencia debida. En este apartado se incluyen cinco aspectos como la política de aceptación de clientes, su segmentación e identificación, junto al conocimiento sobre la actividad y origen de los fondos, y la conservación de los documentos
  • Detección, análisis y comunicación. Sirve para valorar la funcionalidad de la herramienta con sus operativas de riesgo definidas y la gestión de alertas. También incluye la comunicación interna de empleados y el proceso de análisis especial
  • Revisiones del sistema referidos a la auditoría interna e informes del experto externo

Las valoraciones se presentan mediante un código de colores donde el verde indica un cumplimiento satisfactorio; el ámbar muestra avance sustantivo de las medidas tomadas; y el rojo, la necesidad de implantación de medidas relevantes.

ficha

En 2017 se iniciarán los primeros intercambios de información con el estándar global de la OCDE

22 diciembre, 2016

En este momento son más de 1300 los acuerdos bilaterales suscritos y en marcha para que un número superior a 50 jurisdicciones, entre ellas España, implementen el estándar global de intercambio automático de información a partir de septiembre de 2017.

Con ello, este grupo conocido como el early adopters group dará un paso importante hacia el fin del secreto bancario y una mayor transparencia en materia fiscal.

Para que se produzca el intercambio en las fechas previstas y simplificar el procedimiento, la OCDE ha propuesto la suscripción de una declaración unilateral que evitaría tratar esta cuestión de forma bilateral. España ya firmó la declaración el 28 de julio de 2016 y, de acuerdo con este texto, se intercambiaría información fiscal con aquellos otros países que hubiesen suscrito declaraciones similares, con independencia de los períodos impositivos u obligaciones fiscales a los que se refiere esa información de la jurisdicción receptora.

A petición del G20, la OCDE desarrolló en julio de 2014 la versión completa del Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Fiscal (CRS por sus siglas en inglés), con la finalidad de que los Estados obtengan información detallada de sus instituciones financieras e intercambiar anualmente esa información de manera automática con otras jurisdicciones.

El estándar prevé que ese intercambio de información financiera entre gobiernos transmitida desde las instituciones financieras incluya balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, y cubra cuentas tanto de personas físicas como jurídicas, incluyendo trusts y fundaciones.

La versión completa del estándar dispone, además, de comentarios y orientaciones  para su implementación por parte de las instituciones y entidades financieras, modelos detallados de acuerdos, así como estándares para soluciones técnicas y tecnológicas paralelas como es el caso de una serie de requisitos para la transmisión segura de información.

Junto a las jurisdicciones que tienen suscritos o están negociando acuerdos, la OCDE ha previsto asesoramiento y ayuda a países menos desarrollados para que puedan contribuir con esta medida a crear un entorno fiscal más transparente y a prevenir la evasión fiscal.

¿Qué dice el GAFI del sistema antiblanqueo en EEUU?

16 diciembre, 2016

En diciembre 2016 el GAFI, como organismo encargado de establecer las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, publicaba el resultado de la evaluación mutua de Estados Unidos en lo que supone ya el cuarto informe.

No era tarea fácil ya que este documento tiene un alto nivel estratégico tanto en el ámbito doméstico como en el resto de países, teniendo en cuenta el peso global del dólar y el volumen de transacciones diarias que se realiza a través de sus entidades, así como el alcance mundial de su sistema financiero. Tampoco puede obviarse que EEUU se enfrenta a riesgos significativos en cuanto a la financiación del terrorismo.

En grandes titulares, el informe de evaluación destaca que Estados Unidos tiene un sistema fuerte y bien desarrollado de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ya que la supervisión del sector bancario y de valores por parte de los reguladores estatales y federales “parece ser sólida en su conjunto”, según señala el GAFI, que reconoce que tanto las sanciones ALD (cifradas en miles de millones de dólares), como la congelación de activos son las mayores del mundo.

Sin embargo, esta fortaleza en la supervisión y el cumplimiento legal no se mantiene al referirse a la prevención del riesgo, la diligencia debida y el control de otros sujetos obligados a través del marco normativo. Y es aquí donde el GAFI apunta a que el sistema presenta graves lagunas que impiden acceder en tiempo debido a la información sobre los titulares finales y que ésta pase a las autoridades federales.

En este sentido, el informe pone en evidencia que siguen sin resolverse deficiencias identificadas en la revisión que este organismo llevó a cabo en 2006.

Son aquellas relacionadas con la necesidad de acabar con el uso de las compañías fantasma para actividades ilícitas, junto a la exigencia de implementar en su normativa antiblanqueo las obligaciones sobre titulares reales o beneficiarios últimos de las sociedades, e incluir en la supervisión a sectores específicos  como los asesores de inversión, agentes inmobiliarios y abogados.

Estos últimos profesionales conocidos como gatekeepers que trabajan en la venta o constitución de sociedades para personas físicas o jurídicas no están sujetos a “requisitos exhaustivos de ALD / CFT y no aplican sistemáticamente procesos de diligencia debida básica o reforzada”, argumenta el GAFI, lo que “empeora aún más por las deficiencias en los requisitos de beneficiario o titular final”.

Solo los casinos y los comerciantes de metales y piedras preciosas están sometidos a una fuerte supervisión mientras que el resto de sujetos obligados, además de aplicar el régimen de sanciones financieras, tendrán que reportar transacciones con dinero en efectivo por encima de los 10.000 dólares.

Con todo esto, las acciones prioritarias que EEUU deberá poner en práctica son:

  • Asegurar el acceso en tiempo a la información sobre titulares reales exigiendo que se obtenga a nivel federal
  • Implementar las obligaciones sobre titulares reales en la Ley específica ALD que entrará en vigor en 2018 y aplicarlo a asesores de inversión, abogados, contadores, proveedores de servicios de trust y societarios, sector inmobiliario y entidades relacionadas con bienes raíces, como se identifica en los últimos Geografic Targeted Order – GTO
  • Emitir guías para clarificar cuál es el ámbito de la obligación de reportar de forma inmediata las operaciones sospechosas (ROS) y realizar una revisión enfocada en el riesgo del actual sistema de reporte y sus umbrales, así como de los plazos empleados
  • Mejorar la visibilidad del ALD y de las actividades y estadísticas a nivel estatal, incluyendo mejoras en la compilación de datos, con el fin de ofrecer una imagen más clara de la adecuación de los esfuerzos antiblanqueo en todos los niveles
  • Crear una ley que fortalezca la confiscación de activos basada en valores, por lo que si los investigadores no pueden encontrar el dinero pero conocen el valor, podrán aprovechar bienes de las organizaciones criminales sin tener que probar que fueron adquiridos con activos ilícitos

Cuatro de los paraísos fiscales más agresivos del mundo están en Europa

14 diciembre, 2016

De acuerdo con el nuevo informe de investigación publicado por Oxfam el pasado 12 de diciembre 2016, Guerras fiscales: La carrera a la baja en la tributación empresarial, las Islas Bermudas, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo son algunos de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo.

Los paraísos fiscales que encabezan la lista de este informe son, por orden de importancia: Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, Mauricio e Islas Vírgenes Británicas.

Cuatro de los territorios identificados pertenecen a la Unión Europea (Países Bajos, Suiza, Irlanda y Luxemburgo) y otros cuatro (Islas Caimán, Jersey, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas) son, además, territorios que dependen del Reino Unido, a pesar de que este último no figura directamente en la lista.

La consecuencia en cifras es que la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales supone para los países pobres dejar de percibir al menos 100.000 millones de dólares cada año en impuestos. Y, por ejemplo, la inversión hacia paraísos fiscales en América Latina se ha multiplicado por 7 desde 2001, llegando a reflejar datos como el de El Salvador, que alcanza el 7% del PIB y crece el doble de rápido que la economía.

Para realizar el informe, Oxfam ha analizado y comparando las políticas fiscales más nocivas como, por ejemplo, la aplicación de un tipo del 0% en el impuesto de sociedades o incentivos tributarios injustos y contraproducentes, o su falta de compromiso por implementar iniciativas internacionales contra la evasión y elusión fiscal, por ejemplo, la introducción de medidas para incrementar la transparencia financiera.

En este sentido, se solicita a todos los gobiernos a que trabajen de manera conjunta con el fin de combatir la evasión y elusión fiscal, y la carrera a la baja en la tributación empresarial acabando con incentivos tributarios injustos y contraproducentes y coordinándose para fijar unos niveles impositivos en el impuesto de sociedades justos y progresivos; mejorando la transparencia fiscal y exigiendo a todas las empresas multinacionales que publiquen informes financieros por cada país en el que operan; y garantizando que las “listas negras” de paraísos fiscales se basen en criterios objetivos y exhaustivos, entre ellos la aplicación o no de tipos del 0% en el impuesto de sociedades.