Infografía: Cómo acceder a la base de datos de titularidades reales

30 noviembre, 2016

El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida.

La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades financieras la posibilidad de acceder a la información sin necesidad de desarrollo.

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El Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción muy grave de la Ley antiblanqueo

29 noviembre, 2016

La sanción de un millón de euros que impuso el Consejo de Ministros a la entidad el pasado 12 de junio de 2015  y que ahora confirma la Sala tercera del Supremo, responde a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.

Los movimientos de la cuenta, entre los años 2007 y 2011, supusieron cargos por valor de 58 millones de euros, y abonos por la cuantía similar, siendo la suma de importes cargados en la cuenta por el concepto “Disposición efectivo en oficina”, de 19,8 millones.

Los recurrentes consideraban que el entonces Banesto cumplió sustancialmente con las obligaciones de conservación de documentos, por lo que no existía la infracción. Subsidiariamente, pedían que la infracción se calificase de leve, al considerar que no existían indicios de blanqueo de capitales y que el incumplimiento era meramente ocasional o aislado.

La sentencia 2502/2016, de fecha 23 de noviembre, de la que ha sido Ponente Ángel Ramón Arozamena, señala que  “en el presente supuesto  no podemos hablar de un incumplimiento ocasional porque de la muestra se detectan 601 incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en transferencias y 349 en ingresos en efectivo).

En particular, en ingresos en efectivo se analiza una muestra de 350 operaciones y en 349 de ellas no se tiene la documentación preceptiva. Por lo tanto, no se puede hablar de una situación ocasional, sino que en algunos tipos de operaciones se demuestra una situación masiva, continuada y recurrente de incumplimiento”. Añade que la muestra contiene más de 602 operaciones, por un importe de más de 50 millones de euros, con lo que no puede decirse que sea irrelevante.

Respecto a los indicios delictivos de las operaciones, la sentencia destaca que están siendo objeto de una investigación abierta en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Asimismo, la Sala considera proporcionada la sanción de 1 millón de euros, y rechaza la pretensión del banco de reducirla a 150.000 euros. Expone que está en la zona de mínimos, ya que la horquilla del tramo inferior en que se encuentra iba desde los 150.000 euros hasta los 83,5 millones de euros, y finalmente se ha fijado en un millón.

“Si atendemos a los números absolutos, la sanción de un millón de euros no puede considerarse desproporcionada si se tiene en cuenta que:

1º) Las operaciones donde se han detectado irregularidades suman decenas de millones de euros.

2º) Estas operaciones presentan una relación directa con un proceso penal.

3º) Que el incumplimiento de las obligaciones de conservación puede afectar negativamente a la acción penal, al determinar la inexistencia de elementos probatorios”, indica la sentencia.

¿Cómo reaccionó el mundo ante los Papeles de Panamá?

28 noviembre, 2016

La mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore conocida a nivel internacional no ha pasado sin consecuencias a nivel mundial. Los Papeles de Panamá han supuesto uno de los mayores escándalos para el sistema financiero.

Entre las principales reacciones encontramos reformas normativas, petición de que se aumente la transparencia y el refuerzo de la diligencia debida sobre los titulares reales o la identificación en una lista de los paraísos fiscales.

Europa

  • En junio de 2016, el Parlamento Europeo creó una Comisión para investigar durante un año la presunta inacción de los Estados miembros y la Comisión a la hora de impedir el blanqueo de dinero y la elusión y la evasión fiscales.
  • En julio de 2016, la Comisión propuso actualizar la cuarta Directiva hacia una quinta y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios
  • Dos meses después se iniciaban los trabajos para elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperadoras –paraísos fiscales- que se confeccionará a partir de una evaluación previa de los terceros países con unos indicadores clave. Se hará pública a finales de 2017
  • En octubre de 2016, el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen recomendó que el 1 de enero de 2017 sea la fecha para que los Estados de la UE transpongan a la legislación nacional la Cuarta y Quinta Directiva contra el blanqueo

España

  • En abril de 2016, la Agencia Tributaria y la Fiscalía de la Audiencia Nacional iniciaron una investigación de oficio a los residentes españoles que figuran en la relación de titulares de firmas offshore

Alemania

  • En mayo de 2016, este país, situado como uno de los centros preferidos para lavar dinero, adoptó un plan de acción con 10 puntos para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Como primera medida reforzó su unidad de inteligencia financiera

Panamá

  • En abril de 2016, el gobierno creó el Comité de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales
  • En noviembre 2016, se publica el informe final de este órgano donde se proponen medidas para fortalecer los sistemas corporativos, financieros y legales, a fin de que el país lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global

OCDE

  • A finales de junio, con el fin de fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, se propuso la creación de un marco para identificar a los Estados que no cooperen con los compromisos de transparencia de este organismo. Apuntaba también la posibilidad de introducir a los países que no los cumplan en una “lista negra” e incluso aplicar penalizaciones

GAFI

  • En julio de 2016 coincidiendo con la presidencia española, entre las medidas que se propusieron estaba mejorar la transparencia e integridad de los flujos financieros, con una implementación más adecuada de los requisitos de diligencia debida sobre el beneficiario final

También Francia, Austria, Holanda, Australia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, India y Brasil abrieron investigaciones para esclarecer la presencia de ciudadanos suyos como titulares de empresas opacas en Panamá.

Más cerca de la Quinta Directiva contra el blanqueo

17 noviembre, 2016

En el horizonte el 1 de enero de 2017 como fecha para que los Estados de la UE transpongan a la legislación nacional la Cuarta y Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Así lo recomienda el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen del pasado mes de octubre.

Este nuevo documento, que urge a la transposición de ambas normas, viene tras la propuesta adoptada por la Comisión Europea el pasado 5 de julio para aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios, y que las autoridades nacionales puedan localizar a las personas que ocultan sus finanzas para cometer delitos, a quién negocia divisas online y a aquellos que emplean tarjetas prepago.

Este órgano, que también pide a la UE que considere la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales como prioridad permanente de su política,  manifiesta su preocupación porque “una serie de factores pueden limitar seriamente la eficacia práctica de las Directivas”, señala.

Medidas reforzadas para terceros países de alto riesgo

Matizan, en este sentido, que la lista de terceros países de alto riesgo, publicada el 14 de julio de 2016, no incluye jurisdicciones sobre las que hay fundados indicios de que están actuando como paraísos fiscales y tampoco incluye a ninguno de las 21 mencionadas en los papeles de Panamá.

Por eso, dado que las medidas reforzadas de diligencia debida de la quinta directiva solo se aplican a los terceros países declarados de alto riesgo, el CESE propone que se elabore una nueva lista o se amplíe el ámbito de aplicación de las medidas del artículo 18 bis de este texto legal.

Además se considera crucial la creación de registros nacionales públicos con los titulares reales de cuentas bancarias, empresas, fideicomisos y transacciones, así como el acceso a ellos por parte de los sujetos obligados. Y con el fin de acabar con los paraísos fiscales, se solicita que esta medida se extienda a todos los territorios o jurisdicciones cuya soberanía depende de los Estados miembros.

El CESE va más allá y propone que se establezcan medidas de control de las filiales de los sujetos obligadas en terceros países de alto riesgo y que no se vigile solo a los clientes.

 Cooperación internacional

La lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales requiere de una cooperación estrecha entre los distintos servicios de inteligencia y de seguridad de los Estados miembros, y de estos con Europol, dice el CESE en su dictamen que, igualmente, hace referencia a la necesaria coordinación de la labor de las Unidades de Información Financiera.

También considera que los tratados de libre comercio y asociación económica deberían incluir un capítulo sobre medidas contra el fraude y la elusión fiscales, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El dictamen refleja, por último la necesidad de una armonización europea del tratamiento jurídico –definiciones y penas– del conjunto de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la corrupción y la financiación del terrorismo y de sus conexiones. También, la armonización de las sanciones derivadas del incumplimiento de los preceptos de las Directivas AML.

La importancia de una Ley de protección para denunciantes de corrupción

8 noviembre, 2016

Entre las propuestas legislativas que se le pide al nuevo Gobierno está la de aprobar una ley en la que se contemple la necesidad de incentivar y proteger tanto en el sector privado, como a los funcionarios en el sector público, a quienes denuncien casos de fraude o corrupción.

Así lo ha hecho público, por ejemplo, Transparency Internacional España (TI-E) que ha enviado esta petición hace unos meses a los partidos políticos con la finalidad de que se incluya en sus programas electorales, de forma que ello pueda contribuir a conocer por parte de la sociedad y las autoridades judiciales los casos que existan al respecto, sin que los denunciantes puedan sentirse vulnerables o amenazados por su actitud de denuncia.

Como antecedente más reciente hay que destacar la aprobación por parte de Castilla y León de una Ley que regula las garantías de los funcionarios que informen sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración autonómica.

Nadie duda de que se trata de un paso importante, en la medida que estamos ante una norma precursora a nivel nacional.

La principal cuestión a valorar es que aporta la garantía de confidencialidad de la identidad del denunciante durante la tramitación del procedimiento y la prohibición de remoción del cargo del denunciante durante la sustanciación de las actuaciones.

Ahora bien, según el análisis de TI-E, esta ley podría considerarse insuficiente en el ámbito de la protección de denunciantes de corrupción porque adolece de ciertas limitaciones, tales como que no se haya designado un órgano independiente y con una dotación de recursos propia para tramitar las denuncias o que se imponga un régimen severo de sanciones ante la posibilidad de denunciar informaciones infundadas.

Igualmente, TI-E valora desfavorablemente que no se haya realizado un mayor esfuerzo por incluir la cobertura de los costes de la defensa jurídica del denunciante.