Cómo conviven la industria tecnológica y la regulación en el sector financiero

31 octubre, 2016

El rápido avance de la industria tecnológica aplicada a los servicios financieros -que mueve en torno a 12.000 millones de euros-, ha materializado que la banca de un paso más en la identificación del cliente que pasa al mundo virtual. Sin embargo, esto no sería posible sin los cambios necesarios en la regulación.

De la necesaria firma presencial del titular para iniciar cualquier transacción, hemos pasado a que sea el cliente quien lleva la sucursal bancaria en el bolsillo a través de aplicaciones de móvil o Tablet con las que opera de manera sencilla.

Desde que el SEPBLAC autorizase el procedimiento de identificación no presencial de clientes y con la adaptación al nuevo marco jurídico del reglamento europeo eIDAS en materia de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, las entidades han iniciado una nueva transformación tanto en la manera de iniciar la relación de negocio como en el posterior seguimiento, a la vista de que se trata de una cuestión prioritaria para el sector.

Y es que junto a las reformas legislativas, la necesidad de adaptarse a los cambios digitales, la racionalización de costes y la presión de un negocio emergente en el mercado como el fintech, han hecho que la identificación remota de clientes haya dejado de ser ciencia ficción para el sector financiero y se haya convertido en una realidad con la que trabajar en el día a día con el cliente.

Con las relaciones no presenciales reguladas y claras y específicas las características que deben cumplir los medios de identificación electrónica para ser válidos, ya no hay excusa para que el proceso de integración conocido en inglés como Customer On-boarding Process, se instale en las entidades financieras españolas.

En este proceso, según la consultora PwC, intervienen de forma significativa ocho componentes:

pwc

Además, el Customer On-boarding Process cumpliría un triple objetivo: atraer y fidelizar las relaciones con el cliente mientras éste opera de manera eficiente y efectiva; garantizar al cliente un acceso seguro a un activo tan importante como es su dinero; y que el regulador asegure el cumplimiento de las normas y reglamentos diseñados para proteger el sistema financiero.

Por ejemplo, hace unos meses, el Banco Santander anunciaba en un comunicado el lanzamiento de un servicio de identificación y contratación digital de productos desde cualquier dispositivo. Esto convierte a la entidad en pionera a la hora de ofrecer en un único proceso la identificación del cliente y la firma de contratos de forma digital en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Acabar con la evasión fiscal y los paraísos fiscales, peticiones al nuevo secretario general de la ONU

24 octubre, 2016

Un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido a la Asamblea General que combata la evasión fiscal y suprima los paraísos fiscales que privan de recursos esenciales a la protección de los derechos humanos y el desarrollo mundial.

El anuncio supone un aviso al recién elegido secretario general, Antonio Guterres, para que, entre sus prioridades, tome medidas enérgicas sobre esta cuestión, ya que tiene una “oportunidad única” para luchar contra la evasión fiscal y los movimientos financieros ilícitos y, por lo tanto, debería convocar una conferencia mundial.

Teniendo en cuenta que según las estimaciones de este organismo internacional, al menos 32.000 billones de dólares se encuentran en estos territorios offshore, Alfred de Zayas pide en un informe el establecimiento de una Autoridad Internacional Fiscal que combata la evasión de impuestos y promueva el cierre de los paraísos fiscales.

Y es que, en su opinión, mantener esos billones de dólares en territorios offshore al objeto de escapar a la tributación, limita los recursos necesarios para combatir la pobreza extrema

La principal competencia de la Autoridad Internacional Fiscal, como ente regulador, se centraría en combatir estas jurisdicciones que “propician la corrupción, el soborno, el fraude en materia de impuestos y el lavado de dinero”.

En el mismo informe también se alerta de la necesidad de mejorar la transparencia y se propone que la creación de un órgano tributario intergubernamental sirva para redactar y hacer cumplir medidas que aseguren que las multinacionales paguen sus impuestos.

De Zayas solicita, en este sentido, la celebración de una conferencia mundial que permita la adopción de un instrumento legal que obligue a las corporaciones a pagar impuestos y a que declaren públicamente las actividades sujetas a gravamen en los países en que operan.

El experto también reclama la protección para los denunciantes, que son los más “eficaces” a la hora sacar los casos de corrupción a la luz. “Los denunciantes, que deben ser considerados como defensores de los derechos humanos, ya que contribuyen de manera significativa a una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, suelen pagar un precio muy alto”.

Así, insta a que en un orden internacional democrático y equitativo se adopte “una legislación que proteja a los denunciantes y testigos de las represalias y les proporcione vías de fácil acceso para hacer las revelaciones”.

Compliance o las herramientas de la persona jurídica para garantizar una debida diligencia

21 octubre, 2016

Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención del blanqueo de capitales y se incide en la figura del compliance.

El órgano de administración responsable del control y prevención pasa a formar parte de un sistema para evitar la comisión de delitos y que no haya responsabilidad de la persona jurídica.

Así, en un supuesto maletín de herramientas para conformar un buen sistema de prevención del blanqueo puede intervenir un departamento de compliance interno al que sumar la ayuda de expertos externos como sería el caso de Soluciones Confirma.

Este maletín tendría los siguientes elementos:

  • Informe de riesgos: el sujeto obligado establece su estándar de cumplimiento, en función de su riesgo específico de blanqueo de capitales
  • Elaboración de un manual de procedimientos para la prevención que contiene las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento normativo, así como para impedir que el sujeto obligado sea utilizado en la financiación del terrorismo u otras actividades delictivas.
  • Nombramiento de representante ante el SEPBLAC con responsabilidad sobre las obligaciones de información
  • Constitución del Órgano de Control Interno (OCIC) como responsable de aplicar dentro de la empresa, las políticas y procedimientos establecidos previamente
  • Adopción de medidas adecuadas para saber quién es quién previo a establecer relación de negocios en lo que sería un sistema de identificación formal de clientes y alertas por detección temprana
  • Sistema de seguimiento continuo de la relación de negocios a través del análisis de las operaciones efectuadas a lo largo de toda la relación para detectar cualquier desviación
  • Revisión del sistema de prevención por parte de la auditoría interna que evaluará la eficacia del sistema de prevención implantado por la empresa, con vistas a su mejora continua
  • Examen del sistema por parte de un experto externo para que la empresa someta sus procedimientos y órganos de control interno a un examen anual
  • Conservación de documentos de diligencia debida por un periodo mínimo de 10 años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la operación
  • Desarrollo de la Unidad técnica de análisis, un departamento con personal especializado, en dedicación exclusiva y formación adecuada
  • Los sujetos obligados deben asegurarse que sus empleados conocen las exigencias normativas proporcionando una formación específica en la materia
  • Obligación de trasladar al SEPBLAC la comunicación por indicios o certeza de que una operación examinada está relacionado con el blanqueo

Jurisprudencia sobre la compraventa de bitcoins y la prevención de blanqueo

14 octubre, 2016

La sentencia 37/2015, de 6 de febrero de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de Asturias es la primera resolución judicial en España que se pronuncia sobre si las operaciones de compraventa de bitcoins deben estar sujetas o no a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

En su argumentación, y con la finalidad de evitar “actividades de riesgo que puedan incidir en el blanqueo de capitales o en la financiación del terrorismo”, la Audiencia parte de recordar la necesidad de imponer a las entidades financieras un especial control y atención al riesgo que pueda derivarse de productos u operaciones propicias al anonimato o del desarrollo de nuevas tecnologías, como se establece en el artículo 16 de la Ley 10/10.

Precisa que la compraventa de bitcoin es un producto de riesgo para los bancos en relación con la Ley 10/2010 puesto que se trata de contratación no presencial, propicia al anonimato y referente a una moneda virtual, sin regulador central y, por todo ello, susceptible de ser usada para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Asimismo, aunque el Tribunal se refiere al artículo 7.3 en cuanto a que si los “sujetos obligados no pueden aplicar las medidas de diligencia previstas en la Ley, no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones o podrán fin a las mismas”, señala que “el origen de los fondos no resulta así más oscuro que cualquier compra a través de Internet mediante una tarjeta de crédito”.

Es precisamente este último argumento el que lleva a la Audiencia a desestimar el recurso de amparo planteado por la entidad bancaria Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito contra Meetpays, S.L, una sociedad de servicios para la compra de bitcoins de forma directa.

El asunto se inicia cuando ambas partes suscribieron un contrato de afiliación a los sistemas de tarjetas Visa y MasterCard, que incluía la instalación de una terminal de Punto de Venta para que los consumidores y clientes pudieran pagar con bitcoins. Pero la entidad financiera nunca llegó a activar el funcionamiento de la TPV debido a que no podía garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debidas previstas en la Ley 10/10 en relación con estas divisas virtuales.

Como consecuencia, Meetpays S.L. interpuso demanda frente a la entidad, en la que solicitaba la activación del TPV para pagos con bitcoins, según se recogía en el contrato. La demanda fue estimada en primera instancia y recurrida por la Caja.

La resolución da la razón a la empresa comercializadora en lo que supone el primer reconocimiento judicial en el ámbito civil español de este tipo de monedas del entorno virtual. No obstante, la opinión entre los expertos en la materia apunta a que la situación ideal que aleje el riesgo sería establecer un equilibrio ente la privacidad de quienes utilizan este sistema de pago y cobro y la transparencia que permita identificar la procedencia del capital empleado en estas transacciones.

¿Qué son los beneficiarios efectivos y cuál es el riesgo de esta figura?

4 octubre, 2016

A petición de los ministros de Finanzas del G20 y los gobernadores de bancos centrales, el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal han presentado un Informe con nuevas propuestas sobre las formas de mejorar la aplicación de las normas internacionales de transparencia, incluido el de la disponibilidad de información sobre el beneficiario efectivo.

En su glosario de términos, el GAFI define la figura del beneficiario efectivo como la persona física que, en última instancia, posee o controla un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza la transacción. También incluye a quien ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

Esta definición, que podría aplicarse también al beneficiario de una póliza de seguro vida o de otro tipo inversión, está haciendo referencia a situaciones en las que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de propiedad o por medio de otra de control directo.

Para el caso de personas jurídicas, el GAFI, aunque advierte que se debe ir más allá, señala que hay que distinguir entre dos conceptos: propiedad legal y control. Así, la propiedad legal de las personas físicas o jurídicas significa que, de acuerdo con las respectivas disposiciones legales, son dueños de la persona jurídica. Por otra parte, el control se refiere a la capacidad de tomar decisiones pertinentes dentro de la persona jurídica e imponer esas resoluciones.

Ahora bien, en lugar de tener en cuenta sólo las personas físicas o jurídicas que sobre papel tienen legalmente derecho a hacerlo, la atención hay que centrarla en las personas no jurídicas que realmente poseen y se aprovechan del capital o patrimonio de la persona jurídica, así como en aquellos que realmente ejercen un control efectivo sobre ella, con independencia de que tengan o no posiciones formales dentro de la persona jurídica.

Por ejemplo, si una empresa es legalmente dueña de una segunda empresa, los beneficiarios son las personas físicas que están detrás de esa segunda compañía o sociedad de cartera últimos en la cadena de propiedad y que son quienes ejercen el control. Las personas que aparecen con control dentro de la empresa, pero que en realidad están actuando en nombre de otra persona, no se considerarían beneficiarios efectivos porque están siendo utilizados por otra persona para ejercer un control efectivo sobre la empresa.

El GAFI también incluye en su definición de beneficiario efectivo a las personas físicas en cuyo nombre se realiza una transacción, aun cuando esa persona no tenga la propiedad o el control real o legal sobre el cliente.

Esto se deberá reflejar en la diligencia debida centrada en la relación con clientes y con aquellos otros que son ocasionales. Este elemento de la definición del GAFI de beneficiario efectivo se centra en individuos que son fundamentales para conservar el beneficio una transacción, incluso cuando la operación ha sido deliberadamente estructurada para evitar el control o la propiedad del cliente.

También se aplica la definición en el contexto de los acuerdos legales, es decir, la persona física, al final de la cadena que, en última instancia, posee o controla, incluyendo quienes ejercen el control efectivo final sobre el acuerdo y/o la persona física en cuyo nombre se está llevando a cabo una transacción. En este caso, las características específicas de los acuerdos legales hacen que sea más complicado identificar al beneficiario.