Infografía: Cómo construir un sistema efectivo para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo

30 septiembre, 2016

Proteger el sistema financiero de las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pasa por construir un marco normativo integral (AML/CFT) en cada país o jurisdicción que de seguridad y protección a través del cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos.

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La operación del mes: BahamasLeaks

29 septiembre, 2016

Transcurridos pocos meses del escándalo de los Papeles de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a través de una filtración del periódico alemán ‘Süddeutsche Zeitung’, ha hecho públicos los documentos de sociedades propiedad de políticos o expolíticos de los cinco continentes inscritas en el Registro Mercantil de Bahamas.

Con BahamasLeaks se sacan a la luz detalles de 175.888 sociedades, fideicomisos y fundaciones con 25.000 directores y secretarios  registradas entre 1990 y principios de 2016. La filtración supone 38 Gb de información y 1,3 millones de documentos, según revelan laSexta y ‘El Confidencial’.

Además, entre los 539 agentes intermediarios que incorporaron las sociedades al registro, junto a entidades financieras como el UBS y e Credit Suisse, vuelve a aparecer el nombre del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca como intermediario de 154.915 entidades. Y es que en su volumen de negocio, la firma tenía a Bahamas como la tercera jurisdicción.

Hay que recordar que la OCDE incluyó a Bahamas en la lista de paraísos fiscales en el 2000. Un año más tarde, con el fin de salir de esta clasificación, el país tomó medidas concretas con reformas legislativas que prohibían las acciones al portador.

Desde entonces hasta ahora sus avances han seguido un enfoque cuantitativo y no cualitativo.

Prueba de ello es que en años posteriores ha firmado acuerdos de intercambio de información con numerosos países, entre ellos España, pero son bilaterales y en la evaluación de 2013 del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, se constatan avances en la materia, si bien matizan la falta de monitorización e identificación de los titulares reales y beneficiarios efectivos de cuentas y sociedades. De hecho su Registro Mercantil, aun siendo público en internet, tiene una información residual y desactualizada sobre las sociedades y en muchos casos no permite acceder a los nombres de sus propietarios o directores.

Bahamas aún no ha suscrito el Common Reporting Standard de la OCDE para que la información tributaria relevante pase de país a país de forma automática a partir de 2017, a pesar de que ya son más de 103 las jurisdicciones firmantes.

En 2015, la Comisión Europea consideró Bahamas como país no cooperador basándose en dos indicadores de riesgo para la evasión fiscal: falta de transparencia y ausencia de un impuesto de sociedades.

Los datos de esta operación de investigación, BahamasLeaks, ya forman parte de una amplia base de datos de cerca de medio millón de sociedades offshore que, desarrollada por el ICIJ, publica información sobre el nombre de cada sociedad, su fecha de creación y la de los directores de la compañías. Este contenido se ha cruzado con la información de los papeles de Panamá.

El de-risking o el difícil equilibrio entre riesgo y control

23 septiembre, 2016

El de-risking es una cuestión que se plantea a nivel internacional y que hay que entenderla en la concepción de riesgo conjunto que aplican las entidades financieras, una práctica que les impide contratar con un sector de clientes específico sin considerar los riesgos de cada particular.

Y es que nos encontramos en un contexto donde los reguladores exigen cada vez mayor control de remesas monetarias y, en consecuencia, los bancos evalúan los efectos de aceptar las entidades de pago como clientes.

Entre ellos, el mayor coste que supone poner en práctica una debida diligencia reforzada junto a la implementación de políticas de compliance, el examen también reforzado del supervisor y asumir el riesgo de ser sancionados por incumplimiento.

Así, esta situación de de-risking provoca que haya entidades que aplicando políticas defensivas y extremas, tengan un tratamiento excluyente a los sectores/clientes con mayor nivel de riesgo en materia de blanqueo. En el terreno más práctico, esto hace que no trabajen con remesadoras, con independencia de su reputación, ya que les exige realizar un esfuerzo de análisis y asumir un posible riesgo de incumplimiento que no les compensa.

Esta práctica bancaria con respecto a la actividad de las entidades de pago puede provocar algunos efectos no deseables. Desde que instituciones pequeñas y menos preparadas para gestionar riesgos se hagan cargo de esta actividad hasta que afloren canales informales u opacos de remesas monetarias como, por ejemplo, operadores sin licencia y sin gestión de riesgo, desplazamiento físico de dinero y sistemas de hawala.

En marzo de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia en la que determinaba los límites de las medidas de diligencia debida simples y reforzadas que las entidades bancarias pueden aplicar con respecto a las entidades de pago.

El TSJUE afirmaba que en función de su apreciación del riesgo, las entidades podrán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado, como es el envío de fondos.

Y si bien el envío de fondos no está contemplado en la Directiva antiblanqueo, precisa la sentencia, “ello no impide a los Estados miembros definirlo en sus ordenamientos internos” como situación de “riesgo elevado” y que “justifica o exige” aplicar medidas reforzadas de diligencia.

Además, el tribunal europeo explicaba que “aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo”, los Estados miembros podrán adoptar “disposiciones más estrictas” si se trata de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Por su parte el GAFI, en su reunión Plenaria de Paris en octubre de 2014, analizó el efecto de-risking, aclarando la necesidad de realizar una gestión adecuada del riesgo a los efectos de evitar aplicar medidas extremas por parte de los sujetos obligados y reguladores.

Primeros pasos para publicar una lista única en la UE de paraísos fiscales

15 septiembre, 2016

Europa ha iniciado los trabajos necesarios para elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, es decir, de paraísos fiscales, que se confeccionará a partir de una evaluación previa de los terceros países con unos indicadores clave.

Serán los Estados miembros quienes decidan qué países deben ser sometidos a un examen más completo en los próximos meses a fin de determinar con exactitud cuáles no cumplen con las normas en materia de fiscalidad.

Esta medida se enmarca en el programa general de la UE contra la evasión y la elusión fiscales por el que la Comisión puso en marcha en enero de 2016 un proceso de tres fases (cuadro de indicadores, examen y confección de lista) con el objetivo de crear esta lista común que se pretende tenga mucho más peso que “la actual proliferación de listas nacionales a la hora de tratar con los países no pertenecientes a la UE que se niegan a observar los estándares internacionales” y evite también que “los planificadores fiscales agresivos se aprovechen de las discordancias existentes entre los diferentes sistemas nacionales”.

La lista definitiva de jurisdicciones no cooperadoras se hará pública a finales de 2017 y se colaborará estrechamente con la OCDE para tener en cuenta la evaluación por esta organización de los estándares de transparencia de las jurisdicciones.

El cuadro de indicadores

Tras un análisis del riesgo de todas las jurisdicciones fiscales del mundo que puedan facilitar la elusión fiscal, el cuadro de indicadores nace con la función de ayudar a los Estados miembros a seleccionar los terceros países con los que la UE debería entablar un diálogo sobre cuestiones de buena gobernanza fiscal.

Esta evaluación previa se ha basado en una amplia gama de indicadores neutrales y objetivos, tales como datos económicos, actividad financiera, estructuras institucionales y jurídicas, y estándares básicos de buena gobernanza fiscal.

Como primer paso, el cuadro de indicadores presenta información sobre cada país en función de tres variables: vínculos económicos con la UE, actividad financiera y factores de estabilidad. Los países que ocupan un lugar preeminente en esas tres categorías se examinan luego en función de indicadores de riesgo, tales como su grado de transparencia o su uso potencial de regímenes tributarios preferentes.

Según explica la Comisión, la evaluación previa no pretende poner en tela de juicio a los terceros países ni es una lista preliminar de la UE. Los países pueden figurar en los primeros lugares del cuadro de indicadores por diversas razones, aun cuando no supongan una amenaza para las bases imponibles de los Estados miembros. En este sentido, el material trata de ayudar  a decidir con mayor precisión sobre qué países examinar más detalladamente desde la perspectiva de la buena gobernanza fiscal, lo que constituye la etapa siguiente del proceso de creación de la lista de la UE.

Esta evaluación previa se presentó el pasado 14 de septiembre a los expertos de los Estados miembros en el Grupo “Código de Conducta”.

Basándose en los resultados, el Grupo decidirá qué jurisdicciones deberán examinarse, cuestión que se ratificará por los ministros de Hacienda antes de que finalice el 2016.

De esta forma, el examen de los países seleccionados debería comenzar el próximo enero 2017, con vistas a disponer de una primera lista antes de finalizar ese año.

El tratamiento de movimientos sospechosos por parte de las entidades financieras

8 septiembre, 2016

Un movimiento sospechoso se considera en términos generales como aquel ingreso de cuantía extraordinaria, cuyo origen no está lo suficientemente claro en función del perfil del cliente.

Con el fin de intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas mediante un mayor control de los movimientos económicos sospechosos, y dando cumplimiento a la normativa en esta materia, el pasado 30 de abril de 2015, las entidades financieras como sujetos obligados cerraban el plazo para que sus clientes estuvieran identificados con un DNI digitalizado que permitiera que sus datos estuvieran accesibles en cualquier sucursal.

Además, hay que recordar que este proceso de identificación necesario para no ver la cuenta bloqueada se completaba con un formulario para obtener la principal información sobre el origen de los ingresos de los clientes y sus actividades económicas.

Con esta información, la entidad daba un paso más para determinar si un movimiento es sospechoso o no, en función de las circunstancias particulares de cada titular y su cuidadosa monitorización con recursos y personal especializado. Todo, con el fin de estar preparados para evitar casos como el del Banco Madrid, filial española de  la BPA, intervenido el pasado 16 de marzo 2015.

En el marco preventivo, sabemos que si un cliente realiza un ingreso efectivo en cuenta o retirada de más de 3.000 euros, la entidad lo pondrá en conocimiento de la Agencia Tributaria que podrá exigir que se justifique la procedencia de ese dinero.

También tienen obligación de facilitar a este organismo toda la información relativa a las operaciones con billetes de 500 euros, así como de aquellas de más de 10.000 euros, con independencia del valor facial de los billetes, según Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2014.

Entre los datos que la entidad traslada está el nombre de la persona que realiza las transacciones, la cuantía individualizada, el número de cuenta y los titulares.

Ahora bien, en el día a día de un banco, según sus operaciones habituales, un traspaso entre particulares inferior a 10.000 euros y con prueba de que el origen de este dinero es legal, no se consideraría movimiento sospechoso ni requeriría declaración especial, aunque sí es posible que el banco solicite información sobre la justificación de estos fondos a la entidad de la que proceda. Por eso es tan importante un buen conocimiento del cliente y de las características de esa relación de negocio.

Este seguimiento continuo se realiza de forma externa, por ejemplo, con la Plataforma IdConfirma que recibe un fichero de clientes de la entidad con una estructura definida para ser filtrado y es el que mantiene Soluciones Confirma para hacer el seguimiento e irlo sustituyendo con las actualizaciones que incorpore el sujeto obligado.

Por otra parte, sí se comunicarán al SEPBLAC las operaciones que, en relación con las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales señaladas en el artículo 1 de la Ley 10/2010, muestren una importante falta de correspondencia con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en un examen especial no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.

Y es que hay que recordar que el artículo 17 de esta misma Ley determina que “los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude”.

La comunicación por indicio se efectuará según un procedimiento técnico de comunicación telemática fijado por el SEPBLAC.