El big data permite a Hacienda mayor control de los patrimonios en el extranjero

26 julio, 2016

Hace tres años, en 2013, conocíamos las primeras cifras del patrimonio que tienen los españoles en el extranjero. Desde entonces este saldo neto declarado en el modelo 720 ha crecido en 6.700 millones de euros, especialmente en cuentas, fondos e inmuebles.

Así, durante este tiempo, el importe total de los bienes y derechos supera los 141.000 millones, de los que más de 97.700 millones se corresponden con el saldo total de 2015.

Estos datos son posibles de conocer porque la Agencia Tributaria ha puesto en marcha una nueva herramienta para gestionar el análisis de la información incorporada por los contribuyentes en el modelo 720 con la que agilizar, sistematizar y reforzar el control de patrimonios y rentas. Ofrece además la posibilidad de establecer la evolución de los saldos netos del patrimonio en el exterior declarado.

Combinada con métodos de análisis de big data, permite, en definitiva, establecer nuevos criterios de búsqueda de patrones de riesgo fiscal y su extensión a estructuras societarias más complejas

Por eso también es posible saber el desglose de los más de 97.700 millones euros del saldo total de 2015: unos 44.000 millones son acciones; más de 20.200 millones se reparten en fondos; más de 18.300 millones en cuentas bancarias y de crédito; 11.600 millones en inmuebles; y 3.600 millones en seguros.

Entre 2012, primer año sobre el que era exigible la declaración del 720, y 2015, resulta significativo el trasvase de importes declarados entre dos categorías: las cuentas y las acciones. Así, mientras el importe de las primeras aumenta en más de 3.300 millones de euros, el de los valores se reduce en más de 2.200 millones.

Para la Agencia Tributaria, esta evolución “está fuertemente vinculada con la necesidad de transparentar titularidades que exigía la Declaración Tributaria Especial, de manera que el verdadero titular de los bienes y derechos la presentase y que asumiera también la titularidad jurídica de los mismos”.

Como resultado de ello, en los modelos 720 los contribuyentes han ido reflejando la cancelación de participaciones en sociedades y estructuras interpuestas y la paralela incorporación de patrimonios en cuentas a su nombre.

Por países, en 2015 más de un tercio del saldo global declarado se concentraba en Suiza (casi 20.200 millones) y Luxemburgo (cerca de 13.500 millones). Por tipos de bienes, destaca también el país helvético en acciones y cuentas (7.400 y 5.900 millones, respectivamente), donde se percibe especialmente, en la comparación 2012-2015, el trasvase de importes declarados entre ambas categorías de bienes, con reducción en valores y aumento en cuentas.

En cuanto al resto de categorías de bienes y derechos, en los fondos más del 70% del total se corresponde con Luxemburgo (más de 8.100 millones) y Suiza (6.300 millones). También es Luxemburgo el primer país en cuanto al saldo de seguros (1.300 millones), mientras que en inmuebles los mayores importes están en Francia y Reino Unido, con cerca de 2.000 millones en ambos casos.

Hay que destacar que Andorra, Panamá, Liechtenstein y Bahamas son cuatro de los cinco países con mayor descenso de los saldos globales, por un importe conjunto para los cuatro territorios de casi 2.300 millones de euros.

Infografía: El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo

25 julio, 2016

Anonimato, rapidez, operaciones financieras que escapan al control de un país concreto… ¿Cómo controlar a los denominados “blanqueadores electrónicos” que juegan en el mundo virtual con todas estas variantes? En paralelo, las entidades ofrecen el desarrollo digital como valor añadido para sus clientes.

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Balance del primer aniversario del nuevo Código Penal: compliance y responsabilidad penal de las empresas

22 julio, 2016

La reforma del Código Penal y, en concreto, la redacción de su artículo 31 bis que determina los supuestos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables, cumple su primer año en vigor.

En estos meses hemos visto que progresivamente las empresas están implantando tanto en su propia estructura interna como a través de asesoría externa, la figura del compliance officer o responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas.

Y es que en febrero 2016, el Tribunal Supremo dictaba la primera sentencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas confirmando las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública.

En consecuencia, el Alto Tribunal explica el valor probatorio de los programas de compliance y hace suyos los argumentos que la Fiscalía General del Estado en la circular 1/2016 de 22 de enero de 2016, un documento en el que se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de estos planes de cumplimiento que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Para contribuir a la necesaria constitución de un programa por parte de las empresas desde la asesoría externa, Soluciones Confirma, tal como explica su director comercial, Santiago Lago, presta un servicio como valor añadido para la elaboración del manual de prevención e implantación del procedimiento.

Este Manual se estructura en una serie de fases que se inicia con la identificación del Mapa de Riesgos, seguido de protocolizar las directrices básicas de actuación, los códigos de conducta y la toma de decisiones.

Las tres fases anteriores se completarían con el desarrollo de políticas relativas a los delitos de mayor riesgo y el establecimiento de los procesos internos y sus correspondientes líneas de comunicación para evitar los riesgos detectados.

Asimismo, habrá un proceso de formación y asesoramiento a empleados y directivos de la entidad con el fin de que se consolide la cultura del cumplimiento.

Las prioridades de la presidencia española del GAFI

13 julio, 2016

Desde primeros de julio 2016 hasta junio 2017, Juan Manuel Vega-Serrano ostenta la presidencia del plenario español del GAFI, organismo internacional encargado de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

GAFIPara Vega-Serrano, la actividad durante este año, en la que debe haber colaboración tanto con otros organismos internacionales como con el sector privado, se centrará en seis áreas de trabajo prioritarias: contrarrestar la financiación del terrorismo; aumentar la transparencia; implicar a la comunidad Fintech; aplicar de forma efectiva de las recomendaciones del GAFI; incrementar el enfoque operativo; y reforzar el peso internacional.

Financiación del terrorismo

En la medida que seguirá siendo una prioridad máxima, además de implementar la estrategia ya consolidada que se irá revisando y actualizando, se evaluará el progreso de los países en la materia y las medidas adicionales necesarias que pasan, incluso, por “romper las barreras de intercambio de información”.

Transparencia

Se trabajará para mejorar la transparencia e integridad de los  flujos financieros, con la aplicación de las recomendaciones del GAFI sobre el beneficiario final. Asimismo, se continuará con la labor de asesoramiento en los foros internacionales con el fin de que se mejore en la implementación de los requisitos de diligencia debida sobre el beneficiario final.

Comunidad FinTech

Al objeto de apoyar la innovación en los servicios financieros, el GAFI se acercará a la comunidad FinTech para promover la transparencia y prevenir los riesgos asociados. Y es que la innovación basada en la tecnología está transformando radicalmente la industria financiera y, por tanto, alguno de los supuestos en que se basa las recomendaciones del organismo.

Así, se creará una asociación con personas y empresas de esta comunidad que no están acostumbradas a tratar con los reguladores financieros  para llegar a ser más proactivos en el desarrollo de normas, guías y mejores prácticas, anticipando nuevos desarrollos en lugar de responder a ellos.

Implementación efectiva de las recomendaciones

Evaluar y promover su implementación efectiva en las 198 jurisdicciones que integran el GAFI, seguirá siendo el enfoque principal de su actividad.

Enfoque Operativo

Se desarrollarán relaciones más estrechas con sus asociados para mejorar su enfoque operativo y proporcionar mayores beneficios incluso con las Unidades de Inteligencia Financiera y, siempre, desde la colaboración con el sector privado.

Esto incluirá reconsiderar el papel, competencia y organización de los grupos de Trabajo para desarrollar un enfoque conjunto con expertos del sector privado, ONGs, círculos académicos y sociedad civil.

Posición Internacional

El GAFI buscará desempeñar un papel más activo en los foros internacionales clave, especialmente el G20. Para ello, será necesario asegurar que su presupuesto, plan de trabajo, estructuras de gobierno y de sus grupos de trabajo estén alineados con estas prioridades estratégicas.

Actualización de la Cuarta Directiva: nuevo refuerzo desde Europa a las normas de transparencia para evitar el blanqueo

6 julio, 2016

Aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios es el objetivo principal de la propuesta adoptada por la Comisión Europea el pasado 5 de julio con la actualización de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta propuesta de la Comisión, activada tras el escándalo de los Papeles de Panamá, es la primera iniciativa para llevar a la práctica el Plan de Acción aprobado en febrero de 2016.

Con ello, las autoridades nacionales podrán localizar a las personas que ocultan sus finanzas para cometer delitos de terrorismo, así como conseguir y compartir información sobre quién es el titular real de las sociedades y los fondos fiduciarios, quién negocia divisas online y quién emplea tarjetas prepago.

La actualización de la Cuarta Directiva busca, en definitiva, cubrir las lagunas existentes en Europa “que permiten a los terroristas, a los delincuentes o a los que intentan eludir la normativa fiscal financiar sus actividades”, señalan fuentes europeas.

En qué consiste la actualización de la Directiva

  • Se ampliará la información accesible a las unidades de información financiera de la UE, que tendrán acceso a la información de los registros centralizados de cuentas bancarias y cuentas de pago y de los sistemas centrales de búsqueda de datos, que los Estados miembros deberán poner en marcha para identificar a los titulares de cuentas bancarias y de cuentas de pago.
  • A fin de evitar la utilización indebida de las monedas virtuales se propone incluir las plataformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos en el ámbito de aplicación de la Directiva. Estas entidades tendrán que aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente a la hora de intercambiar monedas virtuales por reales, poniendo fin al anonimato asociado a dichos intercambios.
  • Minimizar el uso de pagos anónimos con tarjetas prepago, mediante la rebaja de los umbrales para la identificación de 250 € a 150 € y la ampliación de los requisitos de verificación de la identidad de los clientes. Se ha tenido en cuenta la proporcionalidad, especialmente en lo que se refiere a la utilización de esas tarjetas por los ciudadanos económicamente vulnerables.
  • Armonizar la lista de controles aplicables a los países con deficiencias en sus sistemas preventivos. Las entidades tendrán que poner en marcha medidas de diligencia debida en relación con los flujos financieros procedentes de estos países.
  • Acceso público pleno a los registros de titularidad real: los Estados miembros publicarán determinada información de los registros de titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios vinculados a empresas. En los registros se incluirán los titulares reales que tengan el 10% de la titularidad en determinadas sociedades que presenten un riesgo de utilización para fines de blanqueo y evasión fiscal. El umbral permanecerá en el 25% para todas las demás sociedades. Además, la propuesta prevé la interconexión directa de los registros para facilitar la cooperación entre los Estados miembros.
  • Ampliación de la información accesible a las autoridades: las cuentas existentes y las de nueva creación deben ser objeto de controles de diligencia debida para impedir que puedan ser utilizadas para actividades ilícitas y escapen a la detección. Las sociedades y los fondos fiduciarios pasivos, como los mencionados en los papeles de Panamá, también estarán sujetos a un mayor control y a unas normas más estrictas.