Primera reunión del marco de la OCDE para actualizar las normas fiscales internacionales del siglo XXI

30 junio, 2016

Kioto ha sido la sede de esta primera reunión de dos días celebrada a finales de junio en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) persigue fortalecer la lucha contra el fraude fiscal con la creación de un marco para identificar a los Estados que no cooperen con los compromisos de transparencia de este organismo.

Teniendo en cuenta que en 2017 entrará en vigor el estándar de intercambio de información automático, la OCDE podría considerar  introducir a los países que no lo cumplan en una “lista negra”, e incluso contemplará la aplicación de penalizaciones.

Sobre la mesa también se baraja sancionar automáticamente las transferencias de fondos a “paraísos fiscales” con los tipos impositivos que se empleen normalmente en el país de origen. Algunos países europeos ya emplean estos mecanismos y la OCDE pretende unificar criterios para que estas sanciones puedan aplicarse de manera coordinada y con mayor efectividad.

Representantes de más de 80 países y jurisdicciones han debatido en la ciudad nipona sobre esta iniciativa en la primera reunión del nuevo marco que permitirá cooperar en la actualización de las normas fiscales internacionales para el siglo XXI en el contexto del Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (BEPS).

El Proyecto BEPS ofrece soluciones a los gobiernos para cubrir las lagunas existentes en las normas internacionales que permiten la “desaparición” de los beneficios corporativos o su traslado a través de estructuras artificiosas a jurisdicciones de baja o nula tributación y en las que la actividad económica existente es escasa o nula.

Ahora, con este marco inclusivo también se desarrollará un enfoque específico de los cuatro estándares mínimos de BEPS y que se centran en las áreas de prácticas fiscales perniciosas, abuso de tratados fiscales, requisitos de las declaraciones país por país en materia de precios de transferencia, y mejoras en la resolución de conflictos transnacionales en materia fiscal.

Todos los países y jurisdicciones interesadas podrán participar en calidad de Asociados a BEPS como prolongación del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE. En tanto que Asociados a BEPS -actualmente un total de 36 miembros-, trabajarán en pie de igualdad con los miembros de la OCDE y del G-20 sobre los trabajos de redacción de estándares restantes en el proyecto BEPS, así como en la revisión y seguimiento de la implementación del paquete de medidas.

Las conclusiones de este encuentro se tratarán en la agenda de los titulares de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 para finales de julio en Chengdu (China).

Infografía: ¿Cómo realizar el seguimiento continuo de la relación de negocio?

30 junio, 2016

En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este seguimiento sea continuo, según establece la Ley 10/2010.

info14_FACTIVA3

La operación del mes: el banco chino ICBC

22 junio, 2016

La principal actualización en este caso se sitúa en que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y tras inhibirse en abril el juzgado instructor de Parla, será la Audiencia Nacional el órgano judicial que investigue el supuesto blanqueo de más de 90 millones de euros cometido a través de la entidad financiera Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) entre los años 2011 y 2014.

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, justifica aceptar el caso en que “ha perjudicado seriamente a la economía nacional”.

Señala también que el banco ICBC estaba “al servicio” de organizaciones criminales chinas y, además, incidiendo en los argumentos de Anticorrupción, pretende esclarecer qué papel jugaron los responsables de la entidad en las actuaciones para “ocultar y encubrir el origen delictivo de los fondos invertidos en las cuentas corrientes” de las mafias investigadas.

En el informe de la Fiscalía se describe el modus operandi seguido por los seis directivos investigados por crear una estructura de blanqueo “consumada” desde el establecimiento del banco en España en 2011.

En todo este tiempo, el modelo de negocio se dirigió a captar el efectivo de ciudadanos chinos que acudían a la entidad en Madrid “portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivos para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China”.

Estos “masivos abonos” se procuraban ocultar por parte del ICBC “troceando” las cantidades en importes inferiores al umbral de los 50.000 euros, con el fin de “ocultar los flujos de salida al exterior a las autoridades supervisoras”.

Además, la Fiscalía dice que la entidad ocultó a las autoridades policiales y judiciales, de forma premeditada, la información bancaria de 78 clientes investigados, al tiempo que, en general, “era mínima” la identificación de los clientes. Por eso se aceptaba incluso la actuación de testaferros, un ilícito agravado dada la obligación de vigilancia y preservación de la normativa bancaria en materia de prevención del blanqueo.

Hay que recordar que en febrero de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción, registraron la  sede de la entidad en Madrid por su responsabilidad en un presunto delito de blanqueo de capitales y detuvieron a 5 dirigentes.

Las investigaciones evidenciarían como desde esta sucursal se facilitaba la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los Derechos de los Trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por esta misma Unidad en el marco de la operación SNAKE, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y también de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.

La supervisión y el control en el derecho comparado: el caso de Alemania

17 junio, 2016

Este importante centro financiero de Europa tipificó por ley el delito de blanqueo de capitales (Geldwäsche) en 1992. Su Código Penal lo castiga con penas de prisión de entre 3 meses a 5 años, también para el grado de tentativa. La imprudencia se castiga con penas de prisión de hasta dos años, que se elevan de los 6 meses a 10 años para la comisión continuada del delito por medio de quienes actúan profesionalmente o como banda organizada.

A diferencia de nuestro país, el autoblanqueo no es punible puesto que entraría en contradicción con los principios fundamentales del derecho alemán.

El 29 de noviembre de 1993, entró en vigor la ley denominada Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten. Este texto se actualizó el 15 de agosto de 2002 con la trasposición de la segunda Directiva, y se modificó el 30 de julio de 2009 para trasponer la tercera. A lo largo de sus 17 artículos, la ley alemana pone en evidencia su semejanza con la normativa europea.

Paralelamente, en mayo de 2002, el sector bancario, el mercado de valores y los reguladores de la industria de seguros se fusionaron para crear un solo ente regulador del sector financiero conocido como BAFIN.

Alemania

Operaciones sospechosas comunicadas por los sujetos obligados a la UIF alemana

Sin embargo, cuando en 2010 el GAFI realizó su evaluación al país germano, entre otros estados, lo señaló como una de las jurisdicciones con las 40+9 recomendaciones aprobadas, pero afirmó que “la lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo no estaba totalmente en línea con estas Recomendaciones y existían debilidades en el marco jurídico y en las sanciones por incumplimiento de las normas”.

Posteriormente, Alemania ha ido dando pasos para mejorar sus obligaciones y aumentar sus niveles de supervisión como, por ejemplo, el acuerdo bilateral con Estados Unidos -que también firmó España, Reino Unido, Francia e Italia-, para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA.

Este acuerdo supuso que junto a estos cuatro países, Alemania liderase el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información que entrará en vigor en 2017.

Junto a la legislación vigente y los acuerdos suscritos, cuenta con una Unidad de Información Financiera hasta donde llegan las operaciones sospechosas que es la State Prosecution Service y que trabaja en colaboración con la autoridad principal encargada de la investigación de blanqueo de capitales, la German Custom Office – INZOLL.

La INZOLL cumple, además, una función divulgativa en la medida que publica las prácticas delictivas internacionales, y atiende consultas técnicas a los sujetos obligados y a los ciudadanos.

Ambos supervisores son dependientes del Ministerio de Finanzas, órgano que en mayo de 2016, tras hacerse público el escándalo de los Papeles de Panamá impulsaba un plan de acción internacional para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Primer año de confirmación de datos entre entidades como procedimiento de identificación no presencial

9 junio, 2016

Desde el 1 de junio del pasado año, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del cliente “quede acreditada mediante el empleo de procedimientos seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales”.

Se da así cumplimiento al artículo 21.1.d) del Reglamento de la Ley 10/2010 con la autorización, en este caso, por parte del Servicio Ejecutivo del procedimiento de solicitud de confirmación de datos sobre titularidad de cuentas entre entidades del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE).

Con un total de 1,7 billones de operaciones por un importe de 1,5 millones de euros  durante el año pasado, el SNCE procesa las transacciones originadas con instrumentos de pago al por menor, ya sean legacy, cuya operativa es exclusivamente nacional (cheques, transferencias, adeudos domiciliados, efectos y otras operaciones), o transferencias y adeudos SEPA.

Este procedimiento de solicitud, que solo se utilizará entre aquellas entidades que participan en el subsistema SNCE-03, aporta la ventaja de que permite confirmar los datos de identificación del cliente con una consulta a otro banco donde se tenga conocimiento que mantiene relación con él.

Esto no quiere decir que se exija la realización de movimientos de fondos entre entidades.

Y según indica el SEPBLAC, la solicitud y la confirmación o rechazo de los datos de identificación del cliente se verificarán de acuerdo con las especificaciones técnicas que establezca el SNCE.

Hay que tener en cuenta, además, que la utilización de este procedimiento se limita a la obligación de identificación formal del cliente y no a cuestiones en materia de diligencia debida, información, conservación documental y control interno.

Desde marzo 2016, el SEPBLAC también autorizó a los sujetos obligados el uso de la videoconferencia como procedimiento seguro de identificación del cliente en operaciones sin presencia física.