El cumplimiento en organismos internacionales: el Banco Mundial

31 mayo, 2016

Un organismo como el Grupo del Banco Mundial que ofrece asistencia financiera a países en desarrollo y en transición, debe velar para prevenir y evitar el fraude y la corrupción en sus proyectos y actividades derivadas.

Para ello, su sistema de compliance se fija desde una oficina específica creada en 2010 que, bajo la denominación de Integrity Compliance Office (ICO), depende de la unidad de integridad institucional (INT, por sus siglas en inglés).

Así, cuando hay sospecha de prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas u obstructivas por parte de una entidad o de una persona física, la INT inicia una investigación que puede terminar en una sanción de inhabilitación.

Esto quiere decir que las personas jurídicas o físicas sobre las que recaiga esta sanción quedarán inhabilitadas para la adjudicación de un contrato financiado por el Grupo del Banco Mundial, ya sea de forma permanente o por un período determinado de tiempo.

De ahí que desde la oficina de compliance se haga hincapié en vigilar que las partes inhabilitadas cumplan ciertas normas de “integridad” o códigos de conducta antes de que puedan volver a participar en otros proyectos financiados.

Además de esta tarea de vigilancia, la ICO también decide si la condición del cumplimiento como parte de una inhabilitación ha sido satisfecha.

Como principios regulatorios, cuenta con una Guía de Cumplimiento que sin pretender ser exhaustiva, a lo largo de once puntos, establece unos procedimientos internos para las entidades. Se pretende inculcar en ellas una cultura organizacional inclusiva que fomente el buen gobierno y el cumplimiento normativo. Y todo ello buscando el compromiso de los directivos, la supervisión de un departamento específico de compliance y la obligatoriedad de su aplicación en todos los niveles jerárquicos.

A partir de aquí, la ICO recomienda que el programa que se defina vaya precedido de una evaluación basada en el riesgo potencial de fraude, corrupción u otras conductas delictivas, donde se tengan en cuenta variables como el tamaño, el sector o dónde realiza esa entidad sus operaciones.

También recomienda que esta evaluación de riesgos se revise y actualice periódicamente, no solo para adecuar las circunstancias de la entidad sino también para incorporar en el programa de cumplimiento los estándares internacionales. Y siempre teniendo en cuenta la identificación de deficiencias para hacer las modificaciones necesarias.

Posteriormente, es momento de aplicar la diligencia debida con los empleados, socios y posteriores beneficiarios del proyecto, así como promover políticas internas que desarrollen y definan los procedimientos para prevenir, detectar, investigar y resolver las malas prácticas.

En otro de los puntos, la ICO señala necesario establecer controles sobre regalos para que “no afecten indebidamente al resultado de un negocio”, que se conozcan públicamente las aportaciones a organizaciones políticas o donaciones y, desde luego, que se supervise la ejecución de todos los contratos con el fin de garantizar que su ejecución es transparente.

Fijar controles internos en el área financiera y de contratación aparece como recomendación antes de referirse a las medidas disciplinarias, denuncias y al deber de los empleados de informar de cualquier operación sospechosa.

 

Entrevista a José Miguel Masa, responsable del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB

24 mayo, 2016

“El uso de la información financiera compartida es un instrumento valiosísimo para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”

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¿Qué balance hace de los primeros meses de funcionamiento del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB?

Muy positivo por varias razones.

En primer lugar porque se han incorporado obligatoriamente los 1.200 registradores de España que nos mandan sus comunicaciones indiciarias ajustándose a los modelos creados, tanto desde el punto de vista formal como de contenidos, lo que agiliza el trabajo de los analistas del CRAB.

Además, la entrada en vigor de la Orden ha posibilitado que se habiliten las partidas presupuestaria necesarias para incorporar personal, que hacía falta dado el volumen de trabajo, hacer desarrollos informáticos que agilizan las comunicaciones Registros—CRAB—SEPBLAC, elaborar y remitir el Manual de Procedimiento, el examen de Zonas de Riesgo, el curso de formación al que obliga la legislación y que está a punto de iniciarse y, por último, el plan de control interno cuya elaboración tenemos en marcha.

En el año 2015 el CRAB recibió unas 14.000 comunicaciones de las cuales se remitieron al SEPBLAC alrededor de 150. No es lo mismo analizar por el Servicio Ejecutivo 150 comunicaciones que 14.000

De cara al SEPBLAC, nuestra situación tiene ya la cobertura jurídica necesaria, lo que además de favorecer e intensificar las relaciones con el Servicio Ejecutivo, que ya eran muy buenas, posibilita aliviar la carga de trabajo de este organismo porque, al remitir todos los expedientes al CRAB, analizamos exhaustivamente los informes recibidos y sólo una parte de ellos los remitimos al SEPBLAC, por ser suficientemente indiciarios de blanqueo.

Creo que los siguientes datos son relevantes. En el año 2015 el CRAB recibió unas 14.000 comunicaciones de las cuales se remitieron al SEPBLAC alrededor de 150. No es lo mismo analizar por el Servicio Ejecutivo 150 comunicaciones que 14.000.

Por los datos que les llegan al CRAB, ¿cómo es el mapa actual de operaciones sospechosas en nuestro país?

En base a nuestro mapa de Zonas de Riesgo, podemos afirmar que las operaciones sospechosas que nosotros detectamos tienen la misma localización geográfica que se publica en informes y estadísticas de organismos involucrados en la prevención de blanqueo, grandes ciudades y zonas costeras del litoral mediterráneo. Esto no excluye operaciones de blanqueo en otras ciudades o zonas costeras del Atlántico y Cantábrico.

Las operaciones sospechosas que detectamos se localizan en grandes ciudades y zonas costeras del litoral mediterráneo

La razón de esta coincidencia radica en que los bienes en los que se materializan las inversiones de los fondos ilegales (inmuebles, por su alto valor y estabilidad en la inversión) se localizan en las zonas señaladas y, por lo tanto, todos los sujetos obligados que tenemos control del tráfico inmobiliario, detectamos coincidentemente los lugares donde son más frecuentes estas actividades delictivas.

¿Considera necesario este tipo de órganos centralizados en otros sujetos obligados?

Soy partidario de la existencia de Órganos Centralizados de Prevención (OCP) en el mayor número posible de sujetos obligados siempre que su número lo permita y puedan asumir los costes importantes que ocasionan. Precisamente por esto, me parece poco práctica la limitación legal consistente en que sólo puedan constituir OCP las profesiones colegiadas.

Soy partidario de la existencia de Órganos Centralizados de Prevención en el mayor número posible de sujetos obligados

La causa de mi posición favorable a la implantación más amplia de OCP radica en que beneficia a la sociedad porque, al disminuir la carga de trabajo de las respectivas Unidades de Inteligencia Financiera nacionales (FIU), posibilitan que la persecución de los delitos que estamos comentando sea mucho más eficaz.

¿Cómo valora el uso de información financiera compartida en la prevención del blanqueo?

Como lo que es, un instrumento valiosísimo para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (BC y FT). En este sentido, tengo que hacer constar que en los registros jurídicos españoles se valoran determinadas formas de medios de pagos como indiciarios de BC o FT, lo que genera el envío del expediente al CRAB para su análisis y, en su caso, remisión al SEPBLAC.

En los casos de sujetos obligados que no pueden paralizar el ejercicio de su actividad profesional, como en el colectivo registral, la información financiera no será útil a priori para paralizar el despacho del documento, pero si en un momento posterior

Ahora bien, la utilización de la información financiera no tiene la misma relevancia en todos los sujetos obligados. Así, en aquellos sujetos que, por la naturaleza de su actividad, pueden entablar relaciones de negocios con terceros, la información financiera puede paralizar las relaciones negociales, además de la posible investigación posterior. En cambio, en los casos de sujetos obligados que no pueden paralizar el ejercicio de su actividad profesional, como sucede con el colectivo registral, la información financiera no será útil a priori para paralizar el despacho del documento, pero si lo será en un momento posterior como elemento importante en la investigación abierta.

Los últimos años han traído una gran producción normativa en materia de AML. Ahora que ya no queda ningún borrador sobre la mesa de los legisladores, ¿cree que es necesario algún ajuste más para prevenir el blanqueo de capitales a nivel mundial?

A nivel internacional queda mucho que hacer contra el BC y la FT y la prueba de ello es que la comisión de estos delitos es cada día más frecuente. Es necesario que se adopten acuerdos internacionales, que posteriormente se plasmen en normas internas de cada Estado, referentes a homogeneizar normas y sanciones penales, agilizando los procedimientos y agravando las penas, a proscribir los paraísos fiscales, a regular la constitución de sociedades de manera que se eviten las sociedades durmientes, las constituidas en cascada, las domiciliadas extraterritorialmente, etc. , a mejorar los servicios de inteligencia  y a especializar más aún, si cabe, a las fuerzas de Seguridad de los diferentes Estados.

Es necesario que se adopten acuerdos internacionales, que posteriormente se plasmen en normas internas de cada Estado, referentes a homogeneizar normas y sanciones penales, agilizando los procedimientos y agravando las penas

Buena prueba de que sí quedan temas pendientes sobre la mesa de los legisladores internacionales son dos recientes actuaciones en la materia:

  • El Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información, impulsado por la OCD dentro de su Plan de Acción “Base Erosion and Profit Shifting”  (BEPS en inglés), suscrito por España en el pasado mes de enero, por el que las empresas multinacionales deben presentar un informe “país por país” en el que consten los impuestos que pagan en cada país. Este acuerdo afecta al ejercicio 2016 y, por lo tanto, será efectivo en la declaración del año 2017.
  • El G-5 ha presentado un proyecto ante el G-20, que cuenta con el apoyo de la OCDE, en virtud del cual se establece un sistema de intercambio automático de datos sobre los titulares reales de las sociedades. Este proyecto ha sido suscrito por Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Su desarrollo está pendiente en todos los países firmantes.

¿Y a nivel nacional?

En nuestro país, tenemos pendiente la incorporación a nuestro derecho de la Cuarta Directiva europea sobre PBC y FT que, entre otros extremos, regula un sistema para conocer a los titulares reales de sociedades y de otras entidades jurídicas como fundaciones, asociaciones, fideicomisos, etc.

Los registros jurídicos españoles están preparados para asumir el nuevo reto de conocer a los titulares reales que regula la Cuarta Directiva y así se lo hemos hecho saber a la Administración

El sistema se basa en que los administradores de esas entidades jurídicas remitan a registros mercantiles o de sociedades los datos de los titulares reales de aquéllas y que estos datos sean accesibles para todos los países europeos a través de registros centrales interconectados telemáticamente.

Los registros jurídicos españoles están preparados para asumir este nuevo reto y así se lo hemos hecho saber a la Administración porque esta oportunidad hay que aprovecharla para evitar la pantalla que las entidades jurídicas representan para sus titulares, responsables últimos de las actividades ilícitas de BC o FT.

¿Le parece que con mayores sanciones por incumplimiento normativo, como en el caso de EEUU, habría en nuestro país una mayor diligencia debida por parte de los sujetos obligados?

Sin duda que el endurecimiento de las sanciones es una poderosa arma disuasoria en la comisión de los delitos. Sin embargo, esta medida hay que complementarla con otras muchas, como ya apuntábamos antes. El “levantamiento del velo” en las sociedades es una medida imprescindible, entre otras, para que los Estados puedan luchar en condiciones de igualdad, como mínimo, contra las poderosísimas organizaciones delictivas que realizan las actividades que comentamos.

El “levantamiento del velo” es una medida imprescindible para que los Estados puedan luchar en condiciones de igualdad contra las poderosísimas organizaciones delictivas

En materia de financiación de terrorismo, ¿están los estados suficientemente preparados para controlarlo? ¿En qué cuestiones es conveniente buscar refuerzo?

Si el terrorismo internacional, que está asolando el mundo libre, pierde sus fuentes de financiación, su actividad criminal se verá seriamente dañada. Por desgracia, hasta ahora los hechos demuestran que su financiación no  ha sufrido una disminución significativa porque su actividad asesina está en pleno auge.

Obviamente, yo no soy un especialista en lucha antiterrorista y no puedo responder a su pregunta con datos que desconozco. Sí puedo darle mi opinión personal y es que los Cuerpos de Inteligencia de todo nuestro mundo libre, conscientes de la importancia de la financiación del terrorismo, acabarán encontrando el procedimiento para yugular sus fuentes de financiación, para lo que obviamente se necesitará la colaboración más amplia de determinados Estados, reticentes en estas  y otras materias.

Finalmente, en su opinión, ¿qué impide que se acabe con los paraísos fiscales?

El tema de los paraísos fiscales es un tema recurrente en la prevención del blanqueo de capitales, en el que se van dando pasos importantes pero en el que queda mucho por hacer.

Las causas que impiden adoptar estas medidas van desde la falta de acuerdos de los Estados hasta las presiones de algunas grandes corporaciones sin olvidar las coacciones que realizan las organizaciones criminales

La desaparición de los paraísos fiscales, desde un punto de vista teórico, es bastante fácil pues bastaría con que los diversos Estados acordaran la prohibición absoluta de entrada de fondos que procedan de allí en sus respectivos territorios.

Con una medida así de simple, los paraísos fiscales dejarían de ser atractivos como lugares donde se depositan las grandes cantidades de dinero, provenientes de delitos diversos (narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, tráfico de órganos, etc.), para, desde ellos, blanquearlos en inversiones rentables en países desarrollados. Dicho en lenguaje más ejemplificativo, ¿de qué sirve tener grandes fortunas en países donde no se pueden disfrutar esos fondos ni utilizarlos como lanzadera para disfrutarlos e invertirlos en otros más atractivos?

Las causas que impiden adoptar estas medidas son muy complejas y van desde la falta de acuerdos, más o menos amplios, de los Estados hasta las presiones que algunas grandes corporaciones realizan para mantener estos territorios como tales, sin olvidar las coacciones de todo tipo que realizan las organizaciones criminales para garantizar que sigan existiendo países donde depositar sus fondos se haga sin demasiadas preguntas.

El personaje del mes: Mario Conde

20 mayo, 2016

En lo que supone la primera entrega de esta Sección que tiene también su versión sobre la operación del mes, recuperamos el perfil judicial del exbanquero Mario Conde.

Su vuelta a prisión, más de veinte años después de la intervención de Banesto y de ser enjuiciado por el caso Argentia Trust y Banesto, se fundamenta en la acusación de blanquear 13,06 millones de euros de aquella entidad, unos fondos procedentes de delitos por los que ya fue condenado en los casos anteriores.

Lo que se inició con la intervención de Banesto por parte del Banco de España en diciembre de 1993, continuó un año más tarde con el ingreso de Conde en prisión preventiva acusado de apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas (unos 42 millones de euros), falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Conde se enfrentaba a dos causas: Argentia Trust y Banesto. En 1997 se iniciaba el juicio por ambas.

En el caso Argentia Trust, la Audiencia Nacional condenaba al banquero a seis años de cárcel, a restituir a Banesto los 600 millones de pesetas desviados a Argentia, y a pagar una multa de 18 millones de pesetas. En el recurso ante el Supremo, como forma de eludir la cárcel, Conde ofrece sus garantías hipotecarias como fianza por un importe de 2.000 millones. Posteriormente, el Supremo en su resolución le condena a cuatro años de cárcel de donde sale en libertad condicional después de 16 meses.

De forma paralela, quedaba aún por resolverse el caso Banesto. En marzo del 2000 la Audiencia Nacional le condenaba a 10 años y dos meses, además de obligarle a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. Las defensas recurren al Supremo y Conde evita la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo aumenta la pena a 20 años de prisión de donde saldría en 2006.

Ahora, en una operación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, Conde está acusado de blanqueo, organización criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos fiscales.

Vuelve a prisión, esta vez incondicional, por repatriar desde 1999 a través de sociedades instrumentales con testaferros más de 13 millones de euros de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido.

El auto de prisión concreta que la trama la constituían ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes, que emitían los fondos. En concreto, según el juez, 5,6 millones proceden de Gallox (Suiza); 1,3 de Higher (Reino Unido); 2,8 de Dryset (Reino Unido); 445.000 de Matoral (Países Bajos); 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo); 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes); 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes); y otros 2,28 millones en efectivo.

Además, considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en dos cuentas corrientes y ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de tres sociedades pantalla  a la que habría desviado fondos de origen ilícito: Barnacla, Oleificio Español y Black Royal Oak.

La última hora del caso pasa porque la Audiencia Nacional no ha admitido el recurso interpuesto por el exbanquero que continuará en prisión al considerarse que existe un riesgo de fuga “razonado y razonable”, teniendo en cuenta su “alta disponibilidad económica”.

Entra en funcionamiento el Fichero de Titularidades Financieras

13 mayo, 2016

El pasado 6 de mayo fue la fecha límite marcada por ley para que el SEPBLAC como encargado de su tratamiento, tuviera plenamente operativo el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), en lo que supone un primer ensayo en nuestro país de uso de información compartida en el ámbito público, tomando como referencia la experiencia alemana y francesa de construir un sistema de fichero centralizado con gran autonomía.

Con un objetivo preventivo y para agilizar las investigaciones por blanqueo y financiación del terrorismo, este instrumento ya quedó definido en el Reglamento de la Ley 10/2010, concretamente en los artículos 50 al 57, y su entrada en funcionamiento se definió en la Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre.

La consecuencia más directa de este fichero de datos personales y  de carácter administrativo es que, con carácter previo, las entidades de crédito tales como bancos, cajas, cooperativas de crédito y sucursales de entidades extranjeras, deben declarar al SEPBLAC la apertura o cancelación de cuentas corrientes, ahorro, valores y depósitos a plazo, además de información y futuras variaciones sobre los intervinientes.

Es decir, tras una declaración inicial, las entidades obligadas a enviar la información al FTF, presentarán mensualmente los datos vía telemática con cualquier modificación en cuentas y depósitos junto a los datos identificativos de los titulares y titulares reales, representantes o autorizados, así como cualquier persona con poderes de disposición.

Por el contrario, el FTF no contendrá información sobre saldos y movimientos sino exclusivamente la identificación del producto, de la entidad y de los titulares. En este sentido, también se considerarán datos identificativos del titular el nombre y apellidos o denominación social y el tipo y número de documento identificativo.

Y es que, como señala el Ministerio de Economía y Competitividad, “la garantía de una adecuada identificación de titulares y cuentas redundará, no sólo en el mejor funcionamiento del FTF y de las posibles solicitudes de acceso por los organismos autorizados, sino en una mayor protección de las personas sobre las que se solicitan los datos”. Un error de identificación por duplicidad o confusión de identidad tendría consecuencias muy relevantes para esas personas.

Los posteriores accesos, consultas y comunicación de resultados también se harán por medios telemáticos. Hay que recordar que las solicitudes de datos se enmarcarán en la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y siempre se llevarán a cabo a través de los denominados Puntos Únicos de Acceso designados en el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, CNI y Agencia Tributaria.

En cada Punto Único de Acceso existe un registro pormenorizado de las peticiones realizadas, en el que figurará la identificación de la autoridad solicitante y la justificación de la petición.

Asimismo, los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos al FTF se establecen de forma precisa en la Instrucción de fecha 2 de julio de 2015.

Los billetes de 500 euros dejan de producirse para prevenir el delito

10 mayo, 2016

En la Eurozona los billetes de 500 euros, con un valor cercano a los 300 mil millones de euros a finales de 2013, representan el 30% del valor total de los billetes en circulación. Por lo que respecta a España, con datos a marzo de 2016, se acumulan 32,4 millones de euros, lo que representa más del 77% del dinero en circulación, es decir, una cifra absoluta de 41.864 millones de euros.

Es evidente que esta denominación de billetes permite mantener grandes sumas de dinero en efectivo en dimensiones reducidas. Con un tamaño de 160 x 82 mm, estos billetes pueden almacenarse fácilmente en un maletín o en otro elemento de transporte fácilmente manejable, lo que permite que sean usados en operaciones de narcotráfico, venta ilegal de armas o en traslados para su ingreso en paraísos fiscales.

Y es que como señala el diario El Español, un maletín de piloto podría albergar casi 8 millones de euros en este tipo de billetes y precisa que el volumen con el que tendrán que funcionar las tramas que empleen dinero negro se multiplica con el uso de billetes de 200 euros.

Ahora, en una medida que ya venía gestándose de atrás pero que se ha visto impulsada por la necesidad de frenar los mecanismos de evasión fiscal, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido cesar la producción y la emisión del billete de 500 euros.

Como consecuencia, los billetes de 500 euros dejarán de emitirse a finales de 2018, período en que está prevista la introducción de los billetes de 100 y de 200 euros de la serie Europa. Las demás denominaciones —de 5€ a 200€— se mantendrán.

No obstante, esta alternativa para contrarrestar “la comisión de actividades ilícitas” podría considerarse parcial si tenemos en cuenta que los billetes seguirán siendo de curso legal y mantendrán su valor indefinidamente.

Tras la conclusión de un examen de la estructura de las denominaciones de la serie Europa, el Consejo de Gobierno del BCE toma esta decisión “teniendo en cuenta la preocupación que los billetes de esta denominación puedan facilitar”, dice en su comunicado oficial.

Eso sí, con el importante matiz de que teniendo en cuenta el papel internacional del euro y la confianza generalizada de que gozan sus billetes, la denominación de 500 seguirá siendo de curso legal y, en consecuencia, podrá seguir utilizándose como medio de pago y depósito de valor.

Así, al mantener su valor indefinidamente, podrán cambiarse en los bancos centrales nacionales del Eurosistema durante un período ilimitado.