Respuesta de la ONU frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

29 abril, 2016

El antecedente de Naciones Unidas en la prevención del blanqueo a nivel internacional hay que buscarlo en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988.

Fue el primer instrumento internacional en abordar la cuestión del producto del delito y, como consecuencia,  se prescribió a los Estados que tipificaran el blanqueo como delito.

Una década después, se crea la International Money-Laundering Information Network (IMoLIN), un nuevo recurso global desarrollado con la colaboración de diferentes organismos con el que tener acceso a todo el conocimiento generado en torno a las políticas de AMLC.

Desde entonces, la ONU ha continuado con un papel activo en esta materia promoviendo, así, la armonización de las medidas de control y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

En diciembre de 2000, se registra un nuevo hito. En las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se considera incluido en el tipo penal el blanqueo del producto derivado de la comisión de cualquier delito grave.

Además, en este mismo contexto se insta a los Estados Parte a que cooperen entre ellos en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos, y se tomen medidas reforzadas de control del riesgo en la identificación del cliente y la denuncia de operaciones sospechosas. También se recomendaba a las Partes el establecimiento de unidades de inteligencia financiera.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Miembros de las Naciones Unidas ya destacaron los vínculos que existían entre el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el blanqueo y exhortaron a los Estados que aún no lo hubiesen hecho a adherirse a los convenios y convenciones internacionales, entre ellos el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.

Seguidamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1373 (2001), en la que, al tiempo que se establecía el Comité contra el Terrorismo para vigilar la aplicación de la resolución, se pedía a los Estados cuestiones tales como la congelación de fondos y activos financieros “de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control de esas personas y de otras personas y entidades asociadas con ellos”.

Además, como medida preventiva se recomendaba el intercambio de información operacional.

Este contenido se refrendaba en la posterior Resolución 1377 (2001) donde también se recogía la necesidad de asistir junto con las organizaciones internacionales y regionales a algunos Estados con la promoción de prácticas idóneas en AMLC, incluida la preparación de leyes marco; la disponibilidad de programas técnicos, financieros, de reglamentación y legislativos; así como la promoción de posibles sinergias entre esos programas de asistencia.

La supervisión y el control en el derecho comparado: el caso de Andorra

28 abril, 2016

Tradicionalmente Andorra ha sido el paraíso fiscal de los grandes patrimonios españoles como hemos visto, por ejemplo, en el caso Pujol. Sin embargo, que el país pirenaico está en proceso de transformación de su modelo fiscal es evidente.

Hay gestos inequívocos que lo avalan. Con fecha 12 de febrero de 2016, Andorra firmaba con la UE el acuerdo de intercambio automático de información fiscal.

Su Consejo de Ministros en la reunión del 27 de abril 2016 tomaba el acuerdo de adjudicar a una consultora el proyecto de adaptación al estándar internacional de la OCDE para el intercambio de información automática a partir del 2018, con recogida de información fiscal del 2017.

También tienen tiene previsto implementar la cooperación para dar cumplimiento a la FACTA.

Y es que algo empezó a cambiar el pasado enero 2015 tras la firma por parte de los ejecutivos español y andorrano de un acuerdo para evitar la doble imposición y luchar contra la evasión fiscal, en un texto acorde con el modelo de convenio de la OCDE.

La diferencia significativa con otros momentos es que en este documento Andorra aceptaba “mejorar” el intercambio de información con trascendencia tributaria, incluyendo la bancaria.

Unidad de Inteligencia Financiera

De manera paralela, y con el caso del BPA de fondo, cobra fuerza mediática la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIF), un órgano independiente que tiene por misión impulsar y coordinar las medidas de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.

Se crea en el año 2000 e inicia sus funciones en julio de 2001 bajo la denominación Unidad de Prevención de Blanqueo. Su marco legal, la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional, que sigue las indicaciones del Comité Moneyval del Consejo de Europa, así como las recomendaciones del GAFI.

La finalidad original de este órgano, que actúa como centralizador de todas las declaraciones en materia de blanqueo de capitales, es “dar más garantías de eficacia al mecanismo de declaración, control y denuncia de los hechos sospechosos, salvaguardando el principio del secreto bancario”.

Posteriormente, para la armonización europea de la financiación del terrorismo, se llega a la Ley 28/2008 del 11 de diciembre de modificación de la Ley de Cooperación Penal Internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional (BOPA núm. 4, año 21 del 21 de enero de 2009); así como al Decreto del 13 de abril de 2009 con el Reglamento de la Ley (BOPA núm. 36, año 21 del 20 de abril de 2009).

Con esta reforma, el órgano que impulsa y coordina las medidas de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, pasa a denominarse Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Andorra

Entre sus funciones se encuentran las de solicitar cualquier información o documentos a los sujetos obligados, a los que también puede realizar inspecciones in situ. Asimismo, será quien haga una valoración de los hechos tras recoger y analizar las declaraciones así como todas las comunicaciones escritas o verbales recibidas. Tendrá también competencia para solicitar información a la Policía o a cualquier otro organismo oficial.

En una segunda fase, podrá sancionar las infracciones administrativas leves y, en casos más graves, remitirá los informes instruidos a la autoridad administrativa competente, acompañados de una propuesta de sanción.

Para aquellos casos en los que existan sospechas razonables de infracción penal, la UIF lo someterá al Ministerio Fiscal. Y cuando estén implicadas entidades del sistema financiero, informará de las operaciones enviadas al Ministerio Fiscal o al Gobierno como órganos que ejercen el poder disciplinario sobre el sistema financiero.

Finalmente, para sujetos obligados no financieros, será la UIF quien designe el órgano autorregulador o el colegio profesional de la actividad de que se trate como el organismo al que informar en primera instancia.

El secreto profesional del abogado y su condición de sujeto obligado

22 abril, 2016

Como es sabido, en España, al igual que en los países de nuestro entorno, los abogados son sujetos obligados, una condición que tienen que hacer compatible con el secreto profesional para proteger el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente.

Con la salida a la luz de los Papeles de Panamá con un despacho de abogados como figura central del caso, se dibuja una imagen de estos profesionales bordeando los límites de la legalidad que, en nada beneficia a la profesión ni a la prevención de conductas delictivas asociadas en este caso al blanqueo de capitales.

Una vez más se abre el debate. ¿La ejecución de la Ley 10/2010 puede entrar en conflicto con el deber de secreto profesional? En más de una ocasión, el SEPBLAC ha fijado su postura al afirmar que el secreto profesional no debe ser una excusa para no comunicar operaciones sospechosas.

Parece que cuando la actuación del abogado se limite a analizar la posición jurídica de su cliente, a defenderlo en procesos judiciales o a asesorarlo sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, prima el deber de mantener el secreto profesional.

Ahora bien, cuando lo que se solicita de estos profesionales es su participación activa en concepción de transacciones, gestión de fondos, creación de empresas o similares no existe el deber de secreto profesional porque éste solo está previsto para las funciones propias del abogado: defensa y asesoramiento siempre en exclusivo beneficio del cliente.

De esta forma, si el letrado tiene certeza o aprecia indicios de blanqueo de capitales, por iniciativa propia debe comunicar la operación al SEPBLAC.

Por lo que respecta al asesoramiento, existe una zona difusa que las instituciones propias de la Abogacía señalan que podría resolverse atendiendo al tiempo en que se presta. Es decir, si el asesoramiento es “posterior a la ejecución de cualquiera de las actividades que lo constituyen en sujeto obligado para sus consecuencias jurídicas”, la información que conozca entrará en el secreto profesional. En caso de que su actuación sea previa y al asesoramiento se une la gestión, no podrá alegarse.

En el caso de la Cuarta Directiva la solución que se apunta para hacer convivir ambas variables sin que peligre ninguna de ellas es que, exista, según se menciona expresamente en la conocida Sentencia Michaud y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “un sistema de notificación en primera instancia a un organismo autorregulador”.

Es decir, un órgano centralizado de prevención que actúe como una salvaguarda importante para la protección de los derechos fundamentales en cuanto a las obligaciones de información aplicables a los abogados.

Asimismo, señala que los Estados miembro deben prever medios y procedimientos que permitan garantizar la protección del secreto profesional, la confidencialidad y la privacidad.

La operación del mes: Los Papeles de Panamá

15 abril, 2016

Iniciamos esta nueva Sección con los denominados Papeles de Panamá, una operación que, sin duda, está resultando ser la mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore a nivel internacional en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En este importante trabajo periodístico ha intervenido durante un año  un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países.

La figura clave es el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca del que han salido en torno a 11,5 millones de documentos internos con nombres de importantes personalidades de todo el mundo y todos los ámbitos vinculados a sociedades en paraísos fiscales. Más de 214.000 entidades offshore concentradas en Islas Vírgenes Británicas o Panamá y conectadas con más de 200 países.

CapturaPanamá

Fuente: El Confidencial

Mossack Fonseca está considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades offshore, según indica el Consorcio.

Este despacho de abogados se crea en Panamá en 1986 con el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack como socios. Especializado en derecho comercial y creación de estructuras internacionales, tiene presencia en todos los continentes y en Europa cuenta con sedes en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar.

Con los datos que ofrece el ICIJ, Mossack Fonseca es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías offshore.

No en vano, el despacho ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a evadir impuestos como, por ejemplo, en Brasil donde la policía detuvo a cinco empleados del despacho por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública Petrobras.

También, en Alemania un año antes, se acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo. Y en nuestro país, el despacho se asocia a la implicación de una de sus sociedades en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Consecuencias internacionales

La repercusión de los “Panama Papers” podría ser el detonante para inspirar un sistema fiscal internacional más fuerte y basado en mecanismos tributarios sólidos y transparentes.

Tanto es así que el G20 en su reunión de ministros de Finanzas en Washington los días 14 y 15 de abril, ha pedido que se tomen medidas para actuar contra los países que no compartan información fiscal, en clara alusión a los paraísos fiscales.

Según un Informe presentado por la OCDE al grupo de los veinte, aún hay un buen número de jurisdicciones que todavía no aplican correctamente las disposiciones sobre el intercambio de información fiscal previa solicitud, aprobado en su primera versión en 2009.

Asimismo, se indica que otras jurisdicciones se han negado a comprometerse con el nuevo estándar para el intercambio automático de información que debería entrar en vigor entre 2017 y 2018.

En cualquier caso, sí se deja claro que aunque las normas internacionales sobre transparencia fiscal sean sólidas, “necesitan ser implementado de manera efectiva en todo el mundo, por todo el mundo, sin excepción alguna, para que no haya ningún lugar donde esconderse”.

Por eso, el G20 admite en un comunicado, por primera vez, la posibilidad de sancionar a paraísos fiscales y considerar “medidas defensivas” para sancionar a países y centros financieros que no adopten estos estándares internacionales.

El G20 trabajará con la OCDE para identificar “los criterios objetivos” que permitan determinar cuáles son “las jurisdicciones que no cooperan”. Los resultados, en la próxima reunión de julio.

 

¿Qué es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos?

8 abril, 2016

Regulada en el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), en dependencia del Ministerio de Justicia, tiene la función de incrementar la eficacia del Estado para intervenir aquel dinero y bienes cuya procedencia esté basada en la comisión de un delito o en su gestión económica.

Las competencias de esta Oficina que nace de una exigencia comunitaria, son la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de las actividades delictivas cometidas dentro del marco de una organización criminal.

Tanto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el nuevo procedimiento de decomiso autónomo, como del Código Penal en materia de decomiso son el marco normativo de esta herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en procesos penales y como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con investigaciones patrimoniales.

La Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, es la que determina el ámbito de actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina, que será gradual.

Así, su calendario de implantación se inició el pasado 1 de marzo de 2016 en el ámbito de la provincia de Cuenca; continuará el 1 de junio en el resto de Castilla-La Mancha; y será el 1 de octubre cuando se extienda al resto de Comunidades Autónomas cuyas competencias en justicia siguen asumidas por el Ministerio de Justicia. Este proceso deberá haber finalizado en todo el Estado el 1 de enero de 2017.

La fecha de entrada en funcionamiento en materia de cooperación internacional será el 1 de junio de 2016.

La ORGA cuenta con un equipo multidisciplinar que adopta las medidas necesarias para la conservación y gestión de los activos atendiendo a su naturaleza, a las posibilidades reales de venta o adjudicación en el mercado y al coste de su custodia y conservación.

Asimismo, se contempla la venta anticipada de los bienes sin necesidad de esperar al final del procedimiento. De esta forma se obtiene   un mayor rendimiento puesto que se evita su depreciación y se reducen los gastos de conservación.

Esto permite optimizar los frutos obtenidos del decomiso de manera que con ellos pueda hacerse frente a la restitución pecuniaria de las víctimas abonando las indemnizaciones establecidas en el marco del proceso penal, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.

Hasta ahora no existían órganos especializados en la gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas, que quedaban a disposición de órganos jurisdiccionales con la consiguiente sobrecarga en su capacidad y posibilidades de gestión.

En países de nuestro entorno, desde hace años, ya funcionan entidades similares a la ORGA. Y lo hacen, además, con buenos resultados. Por ejemplo, en el año 2013, el organismo de Francia intervino 50 millones de euros en bienes embargados y decomisados, mientras que en Reino Unido ese mismo año se intervinieron 133 millones de libras por los mismos conceptos.