El Grupo Egmont, la cooperación internacional en inteligencia financiera

31 marzo, 2016

El 9 de junio de 1995, en el Palacio de Egmont situado en Bruselas, representantes de 24 países y 8 organizaciones se reunían para analizar las medidas con las que luchar contra el blanqueo de capitales. Esta reunión congregaba a las entonces denominadas “disclosures receiving agencies” que, en la actualidad, se corresponden con las  Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

De lo que nació como una red informal de las UIF, el Grupo Egmont se ha institucionalizado en una supra estructura de organismos internacionales de inteligencia financiera, con el objetivo de estimular la cooperación a través del intercambio de información, conocimiento y tecnología para prevenir conductas delictivas de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Con este punto de partida, el Grupo, que en la actualidad agrupa a 151 UIF, pretende potenciar la creación de estas Unidades con criterios que estén en consonancia tanto con las jurisdicciones con programas de AML ya establecidos como con otros países en fase de desarrollo.

También se marcan como objetivo prioritario el fomento de la autonomía operativa de las UIF y la firma de acuerdos interinstitucionales, los denominados Memorandos de Entendimiento, para facilitar el intercambio de información bilateral.

Muestra del peso que se le da al Grupo en el ámbito internacional es la referencia expresa que incluyen las Recomendaciones del GAFI de 2012, donde afirma que “los países deben garantizar que la UIF tenga en cuenta la Declaración de Principios del Grupo Egmont y sus Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Y es que estos documentos rectores del Grupo, actualizados en 2013, establecen pautas importantes referentes al papel y las funciones de la UIF y los mecanismos para el intercambio de información entre ellas.

Desde este foro con el que ampliar y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información, se busca además una mayor eficacia de las Unidades ofreciendo la adecuada formación y la promoción de los intercambios de personal.

Asimismo, el Grupo, para favorecer una comunicación segura entre las UIF pone a su disposición aplicaciones tecnológicas como la red segura de Egmont (ESW).

Egmont

Infografía: Fortalezas y debilidades de las fundaciones en la prevención del blanqueo

30 marzo, 2016

El sector de las fundaciones y asociaciones se enfrenta a una serie de riesgos en la medida que, con cierta frecuencia, son instrumentos usados  para blanquear dinero. De ahí la importancia de que se erijan en fortalezas de buenas prácticas con las que prevenir y evitar actividades delictivas.

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Radiografía de la corrupción internacional en el deporte y cómo atajarla

23 marzo, 2016

De lo vulnerable que es el mundo deportivo a la corrupción tenemos muestras no sólo en el fútbol, sino también, por ejemplo, en el atletismo o el tenis. La organización Transparencia Internacional acaba de publicar su último Informe Global de Corrupción focalizado en el deporte donde, además de poner de manifiesto numerosas actividades corruptas a nivel mundial, se plantea una serie de medidas para disminuir ese alto nivel de corrupción.

En el informe se publica igualmente una encuesta internacional que muestra hasta qué punto los aficionados desconfían de la FIFA, el organismo rector del fútbol.

Desde una visión global de las causas fundamentales de la corrupción en el deporte, el documento recoge una serie de casos y riesgos de corrupción a través de más de 60 artículos (con más de 150 revisores) de muy diversos autores pertenecientes, entre otros, al Comité Olímpico Internacional, la UNESCO, organismos gubernamentales y organizaciones de deportistas, así como atletas, grupos de aficionados, sociedad civil, académicos y periodistas.

En el caso de España, el Informe dedica un contenido específico a la especulación urbanística en los clubes de fútbol y se describe cómo se han visto involucrados en verdaderos entramados de corrupción inmobiliaria a través de la recalificación de terrenos, muchas veces, con la colaboración de instituciones gubernamentales.

Otros de los numerosos temas abordados incluyen la interferencia política en el fútbol asiático; las tendencias de la corrupción en el deporte de África; los riesgos de corrupción en el mercado de fichajes; los derechos laborales en Qatar; el legado de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en Brasil; la financiación de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi; la procedencia de los fondos para la Copa Mundial de Fútbol en Rusia; el control político del fútbol en Hungría; el gobierno y control del cricket en Bangladesh; la propiedad de los clubes de fútbol en el Reino Unido; y la corrupción en los deportes universitarios de Estados Unidos, entre otros muchos casos y países.

Ante esta perspectiva, no es extraño que se haga hincapié en la necesidad de una mayor participación de todos los implicados en el deporte, es decir, desde los aficionados y los propios deportistas, hasta los patrocinadores, pasando por quienes integran las ciudades, que albergan eventos deportivos específicos.

Recomendaciones

Basadas en la evidencia que señalan los expertos y líderes en este campo de lo que hay que hacer para conseguir un deporte sin corrupción, Transparencia Internacional recoge esta serie de recomendaciones con el objetivo, dice, de que “se apliquen a todas las organizaciones deportivas internacionales y sean elementos de referencia para la reforma de la FIFA”.

  • Aumento de la supervisión independiente en la gestión deportiva internacional
  • Criterios transparentes de elegibilidad, además de la verificación independiente, para todos los puestos de toma de decisiones de un alto nivel
  • Aumento de la transparencia financiera en todas las organizaciones deportivas en relación con el dinero que obtienen y la forma en que se desembolsa, mucho más allá de los requisitos legales mínimos de los países organizadores de cualquier evento deportivo
  • Participación ciudadana en las licitaciones relacionadas con grandes eventos deportivos, y la necesidad de garantías formales para detener tanto la corrupción como la violación de los derechos humanos y laborales, así como las infracciones en materias de sostenibilidad ambiental y social
  • Necesidad de promover la integridad en los patrocinadores, así como la transparencia en su relación con las organizaciones deportivas, aplicándose como mínimo las mismas normas que aplican a sus proveedores, clientes y stackeholders en general
  • Exploración de la viabilidad de una Agencia internacional para la lucha contra la corrupción en el Deporte

En el caso de España

Transparencia Internacional España también manifiesta la “necesaria y urgente adopción de medidas y actuaciones para aumentar el nivel de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en el Deporte español”.

  • Reformar la Ley 10/1990, del Deporte
  • Armonizar las sanciones deportivas en las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea con el fin de unificar las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones en estos países, en particular, conductas de amaños de partidos, apuestas ilegales y otras infracciones del ámbito deportivo.
  • Crear un Observatorio para la Transparencia e Integridad en el deporte que independiente de la Administración Pública, asesore, supervise y emita dictámenes de oficio o a solicitud de los clubes, asociaciones u otras instituciones
  • Cumplimiento de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como la implementación de programas de compliance dirigidos a disminuir y/o excluir, en su caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica u otros entes sin personalidad jurídica
  • Tolerancia cero con infracciones deportivas cometidas por los deportistas o por cargos institucionales
  • Implantación por los Clubes y Federaciones Deportivas de Códigos Éticos y de buenas prácticas e integridad
  • Establecimiento general de un Régimen disciplinario y sancionador por las propias instituciones privadas deportivas
  • Formación e información permanente dirigida a deportistas, cargos directivos e instituciones para prevenir la corrupción e incentivar las buenas prácticas en el deporte

 

La Justicia europea califica de restrictiva la normativa española contra el blanqueo de capitales

18 marzo, 2016

En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la exención del artículo 11, apartado 1 de la Directiva 2005/60/CE de blanqueo de capitales, donde se establece que los sujetos obligados no estarán sometidos a medidas de diligencia debida en el caso de que sus clientes sean entidades de crédito o financieras domiciliadas en la Unión o en países terceros equivalentes que, a su vez, están sometidas a su propio sistema de supervisión.

A partir de este precepto, el TJUE ha resuelto sobre tres cuestiones prejudiciales remitidas por la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso de BBVA, Liberbank y Sabadell contra Safe Interenvíos.

Las entidades financieras cancelaron las cuentas que Safe mantenía en estas entidades para gestionar la transferencia de fondos a otros Estados miembros distintos de aquel en que se halla domiciliada o a terceros Estados porque tenían sospechas de blanqueo de capitales. Safe, por su parte, mantenía  que se trató de una práctica comercial desleal

Así, el Tribunal ha tenido que determinar los límites de las medidas de diligencia debida simples y reforzadas que las entidades bancarias pueden aplicar con respecto a las entidades de pago. También se ha pronunciado sobre si la transmisión por las entidades de pago a las entidades de crédito de los datos relativos a sus clientes es acorde con la Directiva sobre datos personales.

Cuestiones prejudiciales

La primera de ellas relaciona el artículo 11, apartado 1 con el artículo 5 de la Directiva en cuanto a determinar si la excepción de medidas de diligencia debida se puede interpretar de forma diferente en la legislación española. En la medida que este artículo “autoriza a los Estados miembros a adoptar disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, el legislador nacional puede considerarse autorizado para trasponer la excepción en términos distintos a su estricto contenido.

En segundo lugar, se plantea la interpretación del artículo 11, apartado 1, en relación con el artículo 7 de la Directiva. Si las entidades de crédito pudieran adoptar medidas de diligencia debida y de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos, hasta dónde alcanza la posibilidad de las entidades de crédito de supervisar la operativa de la entidad de pagos que, a su vez, están sometidas a su propio sistema de supervisión. Asimismo, se cuestiona si están autorizadas o esta supervisión es una competencia exclusiva del Banco de España.

Finalmente, la tercera de las cuestiones prejudiciales plantea si la excepción se extiende también a las medidas de diligencia reforzada y, si es admisible exigir la entrega de los datos de identidad de todos sus clientes de los que proceden los fondos que remesan, así como la identidad de los destinatarios.

Sospechas de blanqueo

El TJUE resuelve que la Directiva sobre blanqueo de capitales no se opone a la normativa española (Ley 10/2010) en cuanto a la aplicación de medidas de diligencia debida a clientes -entidades financieras-, si existen sospechas de blanqueo de capitales.

También, en función de su apreciación del riesgo, las entidades podrán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado, como es el envío de fondos.

Y si bien el envío de fondos no está contemplado en la Directiva, “ello no impide a los Estados miembros definirlo en sus ordenamientos internos” como situación de “riesgo elevado” y que “justifica o exige” aplicar medidas reforzadas de diligencia.

Además, el tribunal europeo precisa que “aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo”, los Estados miembros podrán adoptar “disposiciones más estrictas” si se trata de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Supervisión y ley restrictiva

La Sala 5ª del tribunal es clara al determinar que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los sujetos obligados “no pueden socavar la función de supervisión que las autoridades competentes han de ejercer, ni pueden sustituir a esas autoridades”.

Añade, además, que en cumplimiento de su obligación de supervisión, una entidad financiera sí puede tener en cuenta las medidas de diligencia debida aplicadas por una entidad de pago con respecto a sus propios clientes, pero todas esas medidas deben estar adaptadas al riesgo.

Por último, la resolución considera que la normativa española es restrictiva y no proporcionada, en la medida que excede de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue.

Dice el texto que aunque esta ley persigue un objetivo legítimo capaz de justificar una restricción de las libertades fundamentales y aunque el hecho de presuponer que las transferencias de fondos presentan siempre un riesgo más elevado es adecuado para garantizar la realización de dicho objetivo, esta normativa se excede porque “la presunción que establece se aplica a todas las transferencias de fondos, sin contemplar la posibilidad de destruir esa presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten tal riesgo”.

Exigencia de datos

Sobre este punto, la Sala entiende que esta cuestión es inadmisible ya que “el órgano jurisdiccional remitente hace una referencia general a la Directiva sobre datos personales, sin indicar con precisión suficiente qué disposiciones podrían resultar pertinentes para que el Tribunal de Justicia pudiese dar una respuesta útil”.

Por otra parte, se considera que la cuestión del contenido de los datos solicitados a Safe en el marco de las medidas de diligencia debida que le aplicaron los Bancos ha sido debatida. “En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, BBVA ha afirmado que nunca solicitó datos personales relativos a los clientes de Safe o a los destinatarios de los fondos transferidos, sino que únicamente solicitó información relativa a los agentes que actuaban por cuenta de Safe y utilizando sus cuentas”, precisa.

La videoconferencia, procedimiento de identificación no presencial autorizado por el SEPBLAC

11 marzo, 2016

Desde primeros del mes de marzo, dando cumplimiento al artículo 21.1.d) del Reglamento de la Ley 10/2010 en el que se fijan los requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales, el SEPBLAC ha autorizado a los sujetos obligados el uso de la videoconferencia como procedimiento seguro de identificación del cliente en operaciones sin presencia física.

Y es que la innovación tecnológica aplicada al sector financiero tiene el potencial de reducir costes y proporcionar un mejor servicio a los clientes, siempre que existan niveles de seguridad adecuados.

Partiendo de que este nuevo procedimiento de la videoconferencia solo se aplicará por personal con formación específica a clientes provistos de los documentos fehacientes de identificación y que no estén sometidos a sanciones o contramedidas financieras internacionales, el SEPBLAC hace una serie de especificaciones previas a su uso.

Así, las entidades realizarán un análisis de riesgo específico, documentarán el procedimiento y testarán su eficacia. Su implantación efectiva dependerá de que los resultados de las pruebas acrediten su eficacia.

También implantarán los requerimientos técnicos que aseguren la autenticidad, vigencia e integridad de los documentos de identificación utilizados y la correspondencia del titular con el cliente objeto de identificación.

Con carácter previo, el cliente deberá consentir expresamente la videoconferencia, su grabación y conservación del proceso.

Durante su desarrollo, que deberá ser grabado con constancia de fecha y hora, el sujeto obligado adoptará medidas que aseguren la privacidad de la conversación.

El cliente, por su parte, deberá exhibir el documento de identificación que será fotografiado para su conservación por el sujeto obligado con condiciones de calidad y nitidez que permitan su uso en investigaciones o análisis.

Lógicamente, el proceso de identificación por videoconferencia no podrá completarse cuando existan indicios de falsedad del documento de identificación o no haya correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto de identificación. Tampoco en el caso de que las condiciones de la comunicación impidan verificar estos detalles.

La videoconferencia podrá ser externalizada, si bien la responsabilidad será del sujeto obligado y el informe de experto externo el que se pronuncie sobre su adecuación y eficacia operativa.