Infografía: ¿Quiénes vigilan las puertas de los paraísos fiscales?

29 enero, 2016

Aunque es muy elevada la cifra de dinero que se deriva a los paraísos fiscales, existen a nivel internacional y nacional una serie de vigilantes cuya misión principal es, precisamente, prevenir y evitar que los activos pasen al lado oscuro y se salgan de los circuitos regulares de los sistemas financieros.

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Los fiscales ya tienen instrucción de cómo valorar la eficacia de los programas de compliance

25 enero, 2016

Como forma de contrarrestar la criminalidad empresarial en un contexto de creciente delincuencia económica, en marzo de 2015 entraba en vigor la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del artículo 31 bis del Código Penal contenido en la Ley Orgánica 1/2015. Ahora, casi un año después, la Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016, un documento en el que se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance que desarrollan las empresas que, tras la reforma, se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Los planes de compliance, dice la Fiscalía, son una apuesta decidida del legislador por una fórmula de “autorregulación regulada” en la lucha contra la delincuencia de empresa y señala a la persona jurídica como la figura que debe acreditar que tales programas son eficaces para prevenir el delito.

Tras recordar que con la nueva definición de persona física se amplía el círculo de sujetos imputables, la Circular destaca que este particular permite incluir “a quienes, sin ser propiamente administradores o representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar decisiones, así como a los mandos intermedios en quienes se hayan delegado determinadas funciones, incluidas las de control de riesgos”, que desempeñaría el compliance officer.

En cuanto a la exigencia del beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, la Circular matiza que “solo quedarán excluidas aquellas conductas que, al amparo de la estructura societaria, sean realizadas por la persona física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, y resulten inidóneas para reportar a la entidad beneficio alguno, directo o indirecto”.

Y cuando se trate de analizar qué ocurre en las empresas pequeñas, los fiscales deberán “extremar la prudencia en su imputación”, ya que no son comparables en estructura organizativa con otro modelo de empresa de mayor complejidad.

El Ministerio Público aclara, por otra parte, que partiendo de que el incumplimiento del deber de control sea grave, esta exigencia puede determinar, “además de la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica por el delito cometido por el subordinado descontrolado, que el propio sujeto omitente del control responda también por un delito, bien doloso, en comisión por omisión, bien gravemente imprudente”.

En este sentido, añade, “si el fundamento de la imputación de la persona jurídica reside en la conducta delictiva de sus dirigentes o en el incumplimiento de sus obligaciones de control sobre los subordinados, esto será lo único que deba probar la acusación”.

Con una interesante argumentación sobre el debido control, el texto dirigido a los fiscales se refiere también a los programas de cumplimiento normativo como algo que no debe servir únicamente para “eludir el reproche penal” y matiza que deberían enfocarse “a reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura. De otra manera, se corre el riesgo de que en el seno de la entidad los programas se perciban como una suerte de seguro frente a la acción penal”.

Así, se advierte de la conveniencia de que cada empresa diseñe –y no copie- su propio programa de manera “clara, precisa y eficaz”, atendiendo a criterios de proporcionalidad del control y el riesgo ya que, según la Fiscalía, “no basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infracción”.

El texto define, además, la figura del compliance officer como “un órgano de la persona jurídica” que ejerza de “supervisor del funcionamiento general del modelo” y “establezca claramente el responsable de las distintas funciones y tareas”. Tampoco hay inconveniente, afirma la Fiscalía, “en que una gran compañía pueda recurrir a la contratación externa de las distintas actividades que la función de cumplimiento normativo implica”.

Novedades y mejoras de la plataforma IdConfirma en la identificación formal

22 enero, 2016

La adaptabilidad de la tecnología permite que los usuarios se acerquen a ella cada vez con menos barreras. Así, por ejemplo, con una Tablet, sin limitaciones espaciotemporales, un analista de riesgo de una entidad, podrá hacer una consulta sobre la identificación formal de un potencial cliente.

Esta posibilidad de consulta está desarrollada con el motor de búsqueda de la plataforma IdConfirma de Soluciones Confirma que, a través de su web service permite al sujeto obligado acceder de forma rápida y sencilla a una completa información sobre quién es la persona con la que va a iniciar una relación de negocio o también como forma de apoyar el análisis de operaciones sospechosas de blanqueo o financiación del terrorismo.

Con solo incluir un nombre y un documento de identificación en el formulario inicial de la plataforma, la consulta, en tiempo real, devuelve datos sobre si esa persona física o jurídica está incluida en las listas oficiales de sanciones o en la de Personas con Responsabilidad Pública.

Además, como novedad, la plataforma ha incorporado los listados de Naciones Unidas que, aunque no son directamente obligatorios para los sujetos privados, sí se han incorporado por Reglamentos comunitarios, por lo que, como recomienda el SEPBLAC en su guía de buenas prácticas, las entidades deben tener conocimiento de estas listas para que puedan anticipar su aplicación.

Una vez hecha la consulta, con un software de normalización que reduce de forma significativa la detección de falsos positivos, serán los colores rojo y verde los que adviertan sobre la situación del potencial cliente. Sea detectado –rojo- o no detectado –verde-, todas las fuentes de información que acompaña la búsqueda están enlazadas.

También se ha incorporado como mejora un nuevo campo para incluir observaciones, así como un filtro para parametrizar solo aquellos casos detectados que, como explica Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, “es un desarrollo basado en inteligencia de negocio con el objetivo de mejorar las alertas en la detección temprana y facilitar las labores en la diligencia de identificación de clientes”.

Y todo ello con la ventaja de que cada usuario de la plataforma tiene un servicio totalmente adaptable que, en todos los casos, va a  permitir incorporar el resultado de esta sencilla consulta al expediente de identificación creado por el sujeto obligado.

¿Qué momento vive el intercambio automático de información?

19 enero, 2016

Cuando acabamos de conocer un nuevo informe elaborado por Oxfam en el que, bajo el título Una economía al servicio del 1%, se pone en evidencia que 9 de cada 10 grandes empresas del mundo “tiene presencia” en, al menos, un paraíso fiscal, cabe preguntarse qué pasa con el intercambio automático de información.

Frente al dato de que en 2015, la estimación del dinero oculto en estos paraísos ascendió a 7,6 billones de dólares, la OCDE trabaja para que la norma internacional de intercambio automático de información sobre cuentas financieras (AEOI, por sus siglas en inglés) que avaló la mayoría de jurisdicciones y principales centros financieros en 2014, adquiera un carácter verdaderamente global.

En este momento, según se desprende del Pleno del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información celebrado en octubre 2015, son 96 (de un total de 129) las jurisdicciones que se han comprometido a realizar los primeros intercambios de información entre 2017 y 2018. Además, hay que destacar la responsabilidad adquirida por parte de Islas Cook, Ghana y Panamá en aplicar el estándar global.

Por lo que respecta a los países miembros del Foro en desarrollo que no son centros financieros, el trabajo se centra en elevar su grado de concienciación y fomentar el fortalecimiento de sus capacidades, de forma que puedan participar en el AEOI.

Jurisdicciones intercambio

Asimismo, para garantizar que el calendario se aplica de manera efectiva, las jurisdicciones, a nivel nacional, tendrán que adoptar las medidas necesarias, si aún no lo han hecho, para  la preceptiva adaptación de su marco jurídico, sin olvidar establecer relaciones y convenios para intercambiar información con “socios relevantes”.

Hay que destacar, además, que, en la actualidad, hay 89 jurisdicciones que han suscrito el Convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal (MAC) y el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA).

De forma paralela, junto al manual de aplicación, las FAQs y el nuevo portal, se continúan desarrollando herramientas de aplicación como, por ejemplo, las listas de control de ejecución. También se ha impartido formación a casi medio millar de funcionarios públicos de más de 120 jurisdicciones a través de nueve seminarios de capacitación regionales.

En cuanto a las evaluaciones para determinar las jurisdicciones no cooperativas en materia de transparencia internacional, en una primera serie preliminar se ha puesto de relieve la importancia que la confidencialidad y la protección de datos tienen en el marco del AEOI, en particular la perspectiva operativa y de sistemas teniendo en cuenta la naturaleza electrónica de los intercambios y el volumen de información.

Como consecuencia, a lo largo de 2016 se finalizará el diseño de un proceso de revisión por etapas que posibilite las evaluaciones exhaustivas.

Las cifras del primer año de transparencia en España

15 enero, 2016

En su primer año de vida, 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tramitó 982 iniciativas ciudadanas, de las que 517 fueron reclamaciones, 295 informaciones al ciudadano, 114 consultas sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y 26 denuncias por su incumplimiento.

Hay que tener en cuenta que las reclamaciones son presentadas por ciudadanos que no están de acuerdo con la respuesta que han recibido de la Administración o que no han obtenido contestación.

Por su parte, en este mismo periodo, el Portal de Transparencia ha colgado más de 850.000 datos, ha recibido 4.462.957 visitas y ha atendido 3.758 solicitudes de información.

Lógicamente, las reclamaciones van aumentando conforme el Consejo de Transparencia cumple meses en su actividad. Si en el primer trimestre se recibía 12 reclamaciones en enero, 35 en febrero y 37 en marzo, en el último trimestre ya se registraban 57 en octubre, 74 en noviembre y 90 en diciembre.

Es decir, en el primer año de funcionamiento del CTBG, los ciudadanos triplicaron sus reclamaciones a finales de 2015 en relación a las presentadas al comienzo del año, cuando se iniciaba además la actividad del Consejo de Transparencia.

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Casi el 80% de las reclamaciones presentadas ante el CTBG durante 2015 están ya resueltas, es decir, un total de 410, y el 20,69% se encuentran todavía en tramitación.

Entre las reclamaciones que han dado la razón al ciudadano, destacan las relativas al acceso al plan de medios de publicidad institucional del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o los gastos de las embajadas en el exterior.

Otras reclamaciones que se han resuelto favorablemente para los ciudadanos son, por ejemplo, las relativas a retribuciones de empleados públicos o el nombre de las diez empresas que han recibido el mayor importe por aplicación del mecanismo de pago a proveedores.

En el último mes, diciembre, algunas reclamaciones estimadas por el Consejo se refieren a gastos de publicidad del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, a contratos de ofimática del Ministerio de Defensa o al informe del cumplimiento de la Ley del Alto Cargo.

Por otro lado, el CTBG ha elaborado nueve criterios de interpretación de la Ley de Transparencia como señalar los límites estrictos para no facilitar información por razones de seguridad, el alcance de suministrar información sobre puestos de trabajo y retribuciones o marcar las obligaciones de transparencia de las entidades privadas.