El diagnóstico del GAFI sobre la financiación del terrorismo

30 noviembre, 2015

Primero en el pleno del GAFI celebrado en octubre 2015 en París y, un mes después, en la reunión del G20 en Turquía ya marcada por los atentados de la capital francesa, la financiación del terrorismo vuelve a situarse como punto prioritario en la agenda mundial.

La creciente amenaza del denominado Estado Islámico (EI) ha motivado, entre otras actuaciones, que el GAFI lleve a cabo una revisión urgente de las 194 jurisdicciones enmarcadas en la red global de AML/CFT, para determinar si tienen implementadas medidas clave para atajar la financiación del terrorismo.

Tras el estudio realizado, el GAFI concluye que casi todas las jurisdicciones tienen tipificada la financiación del terrorismo como un delito específico y marcado. En este sentido, es muy similar el tratamiento en todas ellas en cuanto a penalizar la provisión de fondos con la finalidad de apoyar un acto terrorista o a una organización terrorista, incluso para un propósito no relacionado con la comisión de un acto terrorista.

Sin embargo, también se pone en evidencia que son pocas las jurisdicciones en las que los tribunales han dictado sentencias condenatorias contra causas por financiación del terrorismo. Y es que en muchos casos (en un 45%) aún no se penaliza la financiación a un terrorista individual para un propósito que no esté relacionado con la comisión de un atentado.

Captura1 GAFI

A día de hoy, 27 jurisdicciones han ampliado su marco legislativo para perseguir a combatientes terroristas, y lo han hecho incluyendo como delito la financiación de los viajes al extranjero con fines de entrenamiento terrorista.

En cuanto a las sanciones financieras específicas, el GAFI determina que si bien la mayoría de jurisdicciones tienen instrumentos jurídicos para aplicarlas -ya sean impuestas por la ONU, solicitadas por otro país o propuestas de oficio-, el proceso sigue siendo demasiado lento y, además, existen lagunas en algunos marcos jurídicos.

Captura2 GAFI

Con las líneas generales de este diagnóstico, el organismo internacional ya se ha marcado unas prioridades para los próximos meses en las que también pide la colaboración del G20. Así, insiste en que se tenga en cuenta la modificación llevada a cabo en octubre 2015 de la Resolución 5 para incorporar los requisitos de la ONU y tipificar como conducta delictiva la financiación de los viajes al extranjero con fines de terrorismo o formación a terroristas.

Asimismo, desarrollará una guía para ayudar a los países a la ejecución de medidas contra la financiación del terrorismo y para reflejar cómo en la evolución de la amenaza terrorista cambia la forma de apoyo financiero y material.

En cuanto a las sanciones, igualmente se orientará sobre su supervisión y cumplimiento efectivos con medidas prácticas como la edición de un manual que facilite las solicitudes de congelación de activos. Se pretende, en definitiva, centralizar la información y los procedimientos con las autoridades responsables de las diferentes jurisdicciones y trabajar en la mejora de la coordinación multilateral.

La Guía de Buenas Prácticas del SEPBLAC al detalle: casos de coincidencia real con listas

27 noviembre, 2015

Como última recomendación que hace el SEPBLAC para la buena gestión de las listas de sanciones y contramedidas financieras tras explicar la gestión de alertas, está la de contar de manera preventiva con procedimientos claros y específicos que determinen qué actuaciones deben seguirse cuando se concluya que un cliente está incluido en listas.

Será, además, un procedimiento adaptado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los reglamentos comunitarios.

Y es que si algo señala el Servicio Ejecutivo como contraproducente es empezar a estudiar qué debe hacerse una vez aparecido un caso de coincidencia real con listas, porque, a pesar de que el número de detecciones es relativamente bajo en los últimos años, se considera suficiente para “poder afirmar que existe un riesgo que debe necesariamente ser controlado”.

Así pues, desde un enfoque de anticipación que, llegado el momento, minimice las repercusiones que un fallo en esta materia tendría sobre el sujeto obligado, las  buenas prácticas en el tratamiento de los casos de coincidencia real con listas pasa por describir detalladamente las acciones a realizar, incluyendo todos los pasos y decisiones a adoptar para concluir con el bloqueo de los fondos y posterior comunicación a las autoridades.

Es aconsejable, dada la naturaleza de estas medidas de cumplimiento legal, que los servicios jurídicos de la entidad participen en la elaboración y actualización de los procedimientos.

También señala el SEPBLAC la conveniencia de examinar de manera especial y minuciosa las operaciones anteriores realizadas por aquel que ha sido incluido en listas, así como las transacciones de otras personas relacionadas con este cliente.

Por lo que respecta a los casos en que una persona incluida en listas aparezca como contraparte en una operación con un cliente, la entidad, anticipándose al problema, deberá examinar con especial interés qué hace el cliente a nivel operacional aunque no aparezca en principio relacionado con la persona en listas.

Finamente, en cuanto a la aplicación de listas, recomienda el SEPBLAC que se considere como un proceso permanente y no cerrado, es decir, que cada cierto tiempo se revise de forma global todo el proceso de verificación de listas y no que las decisiones se tomen una vez y luego sólo sea necesario ponerlas en práctica.

Las aseguradoras como sujetos obligados

20 noviembre, 2015

Han pasado siete meses desde que las entidades bancarias lanzaran el último aviso para obtener de sus clientes el documento de identidad en vigor para dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de blanqueo de capitales.

Pues bien, tampoco han quedado ajenos a este trámite de identificación las aseguradoras y quienes tengan contratados productos de vida riesgo, aunque tradicionalmente el ámbito asegurador no ha sido una vía principal para el blanqueo de capitales.

Sin embargo, en el supuesto de que sí es un actor protagonista del sector financiero y bajo un enfoque de riesgo, el legislador ha querido establecer normas especiales para los seguros con carácter previo al establecimiento de la relación de negocio o de la ejecución de operaciones ocasionales, obligando a la identificación tanto del tomador como de los beneficiarios, a pesar de que este último extremo es difícil en determinadas modalidades de seguros.

Entidades aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones y corredurías de seguros son, por tanto, sujetos obligados.

Estos últimos en la medida que el Reglamento de la Ley 10/2010 se fija especialmente en la medicación. Así, como novedad más importante, el texto recoge la especificidad de los corredores de seguros como obligados, si bien quedan fuera de una importante carga administrativa al verse eximidos de la obligación de llevar a cabo las comunicaciones sistemáticas al Sepblac.

Por lo que respecta a la diligencia debida, las entidades del sector asegurador que comercialicen seguros de vida riesgo aplicarán medidas simplificadas cuando la prima anual no exceda de 1.000 euros o la prima única no sea superior a 2.500 euros.

También para pólizas del ramo de vida que garanticen exclusivamente el riesgo de fallecimiento, incluidas las que contemplen además garantías complementarias de indemnización por invalidez permanente o incapacidad temporal, enfermedad grave y dependencia.

Ahora bien, la diligencia debida podrá verse reforzada en función del beneficiario de la póliza de seguro de vida, una cuestión que los sujetos obligados deberán manejar como un factor de riesgo relevante. En los casos en que el beneficiario presente un riesgo superior al promedio, las medidas reforzadas de diligencia debida irán encaminadas a identificar y comprobar la identidad del titular real del beneficiario “con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza”.

Además, con Solvencia II, que entra en vigor en enero de 2016, el sector seguros deberán contar con un sistema eficaz de control interno y, en consecuencia, verificación del cumplimiento, gestión de riesgos (de mercado, operacionales, de crédito y de liquidez) y comprobación del nivel de riesgo derivado de las operaciones que realiza la entidad.

¿Cómo es el blanqueo en el cine? Bugsy

13 noviembre, 2015

Esta película estrenada en 1991 y merecedora de 2 Oscars, tiene el atractivo añadido de que se trata de un biopic, es decir, está basada en la historia del mafioso Bugsy Siegel, conocido por ser el “padre” del primer Hotel-Casino de lujo en Las Vegas, el Flamingo, tras convencer a un jefe mafioso y a banqueros mormones de “construir un Jardín del Edén en el desierto”.

Con Bugsy, pues, un trozo de desierto de Mojave en Nevada iniciaba su conversión en la Ciudad del Pecado como se conocería posteriormente a Las Vegas. Un lugar donde los beneficios de negocios delictivos como la prostitución y la venta de drogas y alcohol ilegal obligaban a la mafia a blanquear dinero a espuertas a través de los casinos.

En la cinta, Benjamin “Bugsy” Siegel, encarnado por Warren Beatty, junto a Meyer Lansky (Ben Kingsley) y Charlie “Lucky” Luciano (Bill Graham) controla los negocios del hampa en Nueva York y quieren extenderse hacia la costa oeste. Y aunque Bugsy se traslada a Los Angeles, donde se vincula a la industria del cine, le persigue la obsesiva idea de levantar una ciudad de lujo y juego en Las Vegas.

Esta reconstrucción del retrato de un criminal a lo largo de las diferentes fases de su vida muestra en un primer momento como su interés por Hollywood y el cine, donde llega a controlar el sindicato de extras, se basa en que la producción de películas, en la medida que son necesarias grandes cantidades de dinero de forma rápida, es un excelente instrumento de blanqueo.

Posteriormente, pensando en otras vías de limpiar el dinero negro desde la aparente legalidad y como forma de proporcionar una plataforma para el éxito artístico a su novia actriz, Virginia Hill (Annette Bening), Bugsy se inicia en el emporio de los hoteles-casinos con espectáculo. Primero, blanquea dinero con la propia construcción del Flamingo y, una vez en marcha, favorecido por la volátil dinámica del juego.

Lucky Luciano le da un millón de dólares para el proyecto pero los materiales y líneas que el gánster busca disparan el presupuesto, lo que trata de remediar vendiendo fraudulentamente acciones de participación en el hotel, hasta un 400%.

A nivel de beneficios, los primeros años de actividad del Flamingo no ofrecieron los resultados esperados, cuestión que unida a que su novia consigue derivar a su cuenta privada varios de los millones del presupuesto, son determinantes en la sentencia de muerte de Bugsy.

El control interno de los partidos políticos

11 noviembre, 2015

Dejar atrás la estela de corrupción que ha marcado la gestión y funcionamiento económico de las formaciones políticas en nuestro país y ofrecer una imagen de transparencia y control de sus finanzas, es el objetivo marcado como prioritario en la nueva carrera electoral que se inicia ante las elecciones generales del 20 de diciembre 2015.

El artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos establece que estas organizaciones “deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos”.

Conviene recordar que en 2008, el Tribunal de Cuentas, responsable de ejercer el control externo, ponía de manifiesto que ninguno de los 32 partidos políticos fiscalizados en aquel momento había presentado ante ese organismo el informe producto de una auditoria interna a la que hace referencia el anterior artículo.

La excusa, que la redacción inicial del artículo no especificaba cómo debía ser el procedimiento para dar forma a ese informe. En 2012, como consecuencia de una reforma de la normativa, se especifica que el documento debe ser fruto de una auditoria.

Sin embargo siguen quedando lagunas y, en los años sucesivos, la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos junto a las donaciones privadas vinculadas a contratos públicos o en las que no se identifica al titular real se revelan como el principal problema de falta de control en la financiación y contabilidad de los partidos.

La última actualización normativa, que busca acallar los continuos escándalos, se desarrolla en marzo de 2015 con un texto que pretende incorporar más mecanismos de control y mayores exigencias de transparencia con la adopción de nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los partidos. Para ello, la norma también modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Así, se introducen novedades en el régimen de financiación de las formaciones, entre las que cabe destacar la mejora de la regulación del cauce para la realización de donaciones con limitaciones precisas; la clarificación del propio concepto de donación, la referencia a su recepción mediante mecanismos de financiación participativa, así como la previsión de supuestos de devolución de donaciones indebidas y de ingreso en el Tesoro; la prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas y de condonaciones de deuda por entidades de crédito.

De acuerdo con el principio de transparencia, se amplía la información económica y contable que han de hacer pública los partidos y las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellos; y se incorpora la regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera -en la que debe concurrir la condición de honorabilidad, dice la ley- y su comparecencia ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

Y, como consecuencia de la consideración de los partidos como sujetos penalmente responsables, se introduce la obligación de que adopten un sistema de prevención y supervisión tal y como se recoge en el Código Penal.

Estas particularidades serán las que marquen la nueva campaña electoral de diciembre 2015 en la que, inmediatamente después de que el acuerdo de proclamación de candidaturas sea firme, el Tribunal de Cuentas como fiscalizador del proceso convocado, comunicará la cifra máxima individualizada de gasto electoral correspondiente a cada una de las formaciones políticas concurrentes.

No obstante, la nueva ley aún deja fuera los preceptos contenidos en las “Obligaciones contables y gestión económico-financiera” que, de manera excepcional, entrarán en vigor a partir de enero de 2016.