La Guía de Buenas Prácticas del SEPBLAC al detalle: gestión de alertas

30 octubre, 2015

En la aplicación práctica de listas de sanciones y contramedidas financieras, tras definirse los procesos de verificación siguiendo las recomendaciones del SEPBLAC, es momento para la gestión de alertas , o lo que es lo mismo, la definición de un sistema de análisis de estas alertas en el que se combine la rapidez con las máximas garantías, desde el momento que aparece una posible coincidencia entre la persona que se verifica y una incluida en listas.

De esta forma, el sistema deberá estar preparado para obtener una pronta toma de decisiones sobre las coincidencias detectadas, al tiempo que asegure al máximo el acierto en esas decisiones. En este contexto, es importante que el algoritmo de búsqueda esté bien definido.

La primera medida a adoptar por parte de los sujetos obligados para cumplir este objetivo general y prioritario, será hacer una descripción detallada de qué acciones se van a desarrollar ante una alerta de una posible coincidencia de nombres. Y es que, según señala el SEPBLAC, un sistema de gestión de alertas funciona mejor cuanto más detallados y exhaustivos son los procedimientos para el caso de que “salte”.

A continuación, y por si la entidad no puede gestionar la alerta con rapidez, es recomendable que si se produce una coincidencia real de nombres, se bloquee la operación y su ejecución de manera automática hasta que se llegue a la conclusión de que no existe tal caso real de coincidencia.

En cualquier caso, serán los órganos de prevención quienes tengan la última palabra sobre las alertas, en la medida que deberán tener conocimiento de todas las que se generen e intervendrán “necesariamente” en su resolución. Así, una alerta no estará resuelta sin su visto bueno, para lo que será preciso que las entidades les faciliten el acceso directo a la información externa o interna que necesiten.

También será necesario mantener un archivo único con todas las alertas que se han analizado en el tiempo. La información relevante a registrar contendrá los datos de la operación, persona potencialmente incluida en listas, fecha de generación de la alerta, fecha de resolución, motivos, documentación, etc.

Y para reducir la carga de trabajo asociada a la gestión de alertas, la buena práctica pasa por definir criterios con los que impedir que no se reiteren nuevas alertas sobre personas concretas respecto de las que ya se sabe con certeza que no son las personas incluidas en listas.

Para los casos de personas sobre las que no se puede afirmar con certeza que no están incluidas en listas, se aconseja establecer medidas de diligencia debida y seguimiento reforzados.

En consecuencia, el SEPBLAC recomienda que en el caso concreto de las entidades financieras, exista personal especializado en sanciones dentro de las unidades de prevención porque, como recuerda, “las listas son solo una parte de la actividad exigida por las normas en relación con sanciones y contramedidas financieras, existiendo otras limitaciones o prohibiciones, como las relativas a la exportación o importación de determinados productos o la prestación de ciertos tipos de servicios, que requieren del desarrollo de los adecuados controles por parte de la entidad”.

El secreto bancario ya no esconderá cuentas de ciudadanos europeos en Suiza

28 octubre, 2015

El pleno de la Eurocámara, en su reunión del 27 de octubre 2015, ha fijado claramente su posición sobre el acuerdo de la UE con Suiza adoptado en mayo 2015, por el que los ciudadanos europeos tendrán mayores dificultades para eludir al fisco mediante cuentas bancarias en el país helvético.

En aplicación del acuerdo, en vigor en los estados miembros a partir de 2018, la UE y Suiza intercambiarán automáticamente información sobre las cuentas bancarias que sus residentes tengan en el otro territorio.

No permitiremos que personas o empresas escondan sus activos para no pagar impuestos. Cada vez que alguien comete fraude fiscal, está sustrayendo fondos que podrían dedicarse a educación o sanidad. Poner fin al secreto bancario es un paso importante en la lucha contra el fraude y hacia la justicia tributaria”, ha señalado el ponente danés, Jeppe Kofod.

En el texto adoptado en mayo, ahora con el visto bueno del Parlamento Europeo por 593 votos a favor, 37 en contra y 58 abstenciones, existe el compromiso de intercambiar información no solo sobre ingresos, como intereses y dividendos, sino también sobre el saldo de las cuentas bancarias y las ganancias derivadas de la venta de activos financieros.

El convenio, que cumple los estándares globales de intercambio automático de información de cuentas bancarias establecidos por la OCDE, incluye también disposiciones dirigidas a limitar las opciones de los contribuyentes para evitar cumplir sus obligaciones fiscales mediante la transferencia de activos o invirtiendo en productos que no están cubiertos por el acuerdo.

Las autoridades tributarias en los Estados miembros y en Suiza tendrán potestad para identificar correctamente y de manera inequívoca a los contribuyentes; aplicar sus normas fiscales en casos transfronterizos; evaluar el riesgo de fraude fiscal; y evitar investigaciones innecesarias.

A partir de ahora, la UE y Suiza deberán suscribir el acuerdo a tiempo para que tenga vigencia a partir del 1 de enero de 2017, ya que los Estados cuentan con un año adicional para armonizar su legislación.

La consulta a la Eurocámara era preceptiva al igual que la ratificación del convenio por el parlamento suizo.

El GAFI también advierte de los riesgos de las monedas virtuales

23 octubre, 2015

Las monedas virtuales vuelven a estar de actualidad en el sector económico y financiero.

De una parte, el TJUE dictaba el pasado 22 de octubre 2015 una sentencia que podría considerarse histórica en la medida que establece a nivel europeo que la compra-venta de este tipo de divisa, sea bitcoin u otra, se considera libre de IVA. Con ello se le está dando el mismo tratamiento que a las monedas tradicionales. Dice el tribunal que, de acuerdo a la normativa europea “son operaciones exentas del IVA, las prestaciones de servicios consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual “bitcoin”, y viceversa.

Por otra, en nuestro país, aunque las monedas virtuales ya estaban exentas de IVA por considerarse medio de pago, la Agencia Tributaria está enviando requerimientos a los negocios que utilizan bitcoins en España. Su objetivo es controlar las operaciones realizadas con este tipo de moneda ya que no es fácil controlar sus movimientos si tenemos en cuenta, por ejemplo que los usuarios pueden permanecer en el anonimato.

El GAFI, como continuación al Informe publicado en junio de 2014 sobre Monedas Virtuales: definiciones clave y riesgos potenciales de blanqueo, ha emitido una serie de directrices en las que, partiendo de la premisa de que los productos de pago y servicios de estas criptodivisas (VCPPS por sus siglas en inglés) presentan riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, se aplica un enfoque basado en el riesgo.

Con el objetivo general de proteger la integridad del sistema financiero global, las directrices pretenden identificar las entidades que participan en los VCPPS, así como que quienes ejercen de cambiadores (personas o entidades) de moneda virtual convertible entiendan las Recomendaciones del GAFI relevantes para prevenir conductas delictivas, o lo que viene a ser lo mismo, que sean considerados sujetos obligados a efectos de cumplimiento normativo.

En definitiva, enfrentar los retos y riesgos de las monedas virtuales a través de la identificación y verificación de la identidad junto a la trazabilidad y registro de las operaciones.

Estas directrices también buscan ayudar a la administración y al sector privado de los diferentes países a desarrollar respuestas reguladoras globales y unificadas, incluida la necesidad de abordar modificaciones legislativas para hacer frente a los riesgos de los VCPPS, teniendo en cuenta el carácter “sin frontera” de estas divisas.

La guía concluye con un repaso al posicionamiento regulatorio que diversos países u organismos han tomado al respecto: la Autoridad Bancaria Europea, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Suiza, Sudáfrica, Singapur, EEUU y Reino Unido.

Estrategia de control de fundaciones y asociaciones

21 octubre, 2015

Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados de régimen especial y, en consecuencia, están ligadas a un régimen de control específico, según se recoge en el artículo 39 de la Ley 10/2010, desarrollado por el artículo 42 de su Reglamento.

Es sabido que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un alto potencial de ser usadas para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, una cuestión que no sólo contribuye a la propia actividad criminal sino que pone en serio peligro la reputación del sector.

Sin embargo, al ser entidades con unas características especiales, no son supervisadas por el SEPBLAC sino que son otros los organismos a los que corresponde legalmente la supervisión de su cumplimiento normativo en materia de prevención.

Estos órganos deberán aplicar una estrategia de control integral basada en el riesgo en la que, además, de manera previa, se manejen tres variables: el análisis de riesgo del sector no lucrativo; una clasificación en función de su actividad, ámbito geográfico de actuación y volumen de fondos; así como actuaciones que desarrollan.

Y todo ello, aun habiendo asignado personal en las propias fundaciones y asociaciones con la función de velar para que no sean utilizadas para el blanqueo o para canalizar fondos a personas o entidades vinculadas al terrorismo.

A partir de aquí, lo primero que se hace necesario desde los órganos de control es la identificación de quienes vayan a recibir fondos a título gratuito o de aquellos que aporten a título gratuito recursos por importe igual o superior a 100 euros. Cuando la naturaleza del proyecto no permita la identificación individualizada, “se procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o colaboradores en dicho proyecto o actividad”, según dice el Reglamento.

Seguidamente, será momento para implementar protocolos con los que garantizar la idoneidad de los miembros de los órganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad. Para ello, es conveniente verificar cómo desde la propia entidad no lucrativa se asegura esa idoneidad profesional y ética de los miembros de la Junta Directiva, Patronato, Comités Ejecutivos y otros puestos directivos como apoderados, directores de oficinas, etc.

En esta línea, también se aplicarán procedimientos para asegurar que se conoce quiénes son sus contrapartes, ahondando especialmente en su trayectoria profesional y honorabilidad de los responsables de su gestión con medidas proactivas. Además, se comprobará si la entidad tiene preestablecidos criterios de selección de sus contrapartes.

Asimismo, en función del riesgo, se deberán aplicar sistemas adecuados de control de la efectiva ejecución de sus actividades y de la aplicación de los fondos, sin olvidar verificar que están correctamente definidos tanto su objeto social como los colectivos beneficiarios y que, por supuesto, no realizan actividades que se salgan de su propia definición.

Finalmente, es recomendable que la estrategia de control incluya la comprobación de que las entidades conocen y valoran correctamente los riesgos intrínsecos de las diferentes actividades que desarrollan y que toman medidas consecuentes en proyectos con riesgos objetivamente más altos.

Declaración informativa anual de cuentas financieras FATCA

14 octubre, 2015

A pesar de que no será hasta el 2017 cuando sea de aplicación el intercambio total de información que se recoge en el acuerdo FATCA, durante este año ya ha sido obligatorio para las entidades financieras presentar el modelo 290 con información relativa al ejercicio 2014.

Y es que desde enero 2015, el cumplimiento de obligaciones de intercambio de información en el ámbito de asistencia mutua se concreta en el modelo 290 desarrollado en la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio.

La Agencia Tributaria publica en su página web amplia información sobre el procedimiento para la tramitación electrónica y presentación de la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses.

La presentación del modelo se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, siempre con la información relativa al año anterior. No obstante, en 2015 las presentaciones se han extendido hasta el 31 de mayo tras aprobarse una ampliación del plazo previsto.

Este formulario incluye diferentes bloques de información a completar en relación a las normas de diligencia debida: con respecto a la institución financiera obligada; relativa a cada cuenta estadounidense sujeta a comunicación de información; y, también aquella identificativa de los titulares de las cuentas.

Así, al tiempo que se deberán facilitar los datos completos de la entidad –desde su NIF hasta razón social, pasando por el Global Intermediary Identification Number (GIIN) obtenido al registrarse ante la autoridad competente de los EEUU-, tendrá que consignarse la información sobre el número de cuenta, saldo y moneda.

En cuanto a la identificación del titular de la cuenta, se recogerán, entre otros, datos sobre nombre del titular, dirección, NIF estadounidense y fecha de nacimiento. Teniendo en cuenta el tipo de titular, se contempla la identificación de las personas físicas que ejercen el control sobre el titular de la cuenta. Si el titular es una entidad pasiva no estadounidense, se deberán proporcionar los datos personales de la persona física.

Por último, la información se ampliará a los tipos de rendimientos obtenidos en cada cuenta y a los pagos efectuados por las instituciones financieras a otras no participantes.

Todo ello como consecuencia de que el pasado 14 de mayo de 2013 España suscribiese con EEUU el Acuerdo para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley FATCA.

El texto establece la obligación de las instituciones financieras españolas de identificar las cuentas cuya titularidad o control corresponde a entidades o personas residentes o de ciudadanía estadounidense, así como la obligación de suministrar anualmente a la Administración tributaria española información sobre estas cuentas.