Infografía: Puesta a punto de las empresas en el cumplimiento normativo para la prevención del blanqueo

30 julio, 2015

La reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el enfoque del Compliance.

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Modus operandi en una investigación de blanqueo

24 julio, 2015

Un grupo de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la denominada “Operación Snake”, además  de identificar el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como las potenciales conexiones criminales en distintos países, que han llevado a poder abrir  nuevas líneas de investigación.

Esta exposición, que ha tenido lugar en una reunión de EUROPOL, es la consecuencia del interés mostrado por una representación encabezada por Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Suiza, entre otros miembros, por conocer los pormenores de la labor llevada a cabo en las investigaciones de la Guardia Civil en esta operación.

La operación se conocía de manera pública el pasado mayo 2015 y en ella fue desmantelada una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos que, según un análisis parcial de sus datos financieros y fiscales, el presunto fraude ascendería a más de 14 millones de euros junto a movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros.

El inicio de las investigaciones se centró hace dos años y medio en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con la incoación de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid), tras detectar una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China, compuesta, principalmente, por ciudadanos de procedencia china. Sus responsables se ubicaban en España y China.

La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía  en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado.

Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales.

Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, por el que cobraban diversos porcentajes de comisión.

Para llevar a cabo todas estas actividades ilegales, la organización utilizaba las identidades de trabajadores chinos de forma fraudulenta.

En mayo de 2015 se llevó a cabo la explotación de la operación. Los delitos imputados, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial y contra los derechos de los trabajadores.

Se detuvo a 31 personas; de ellas, ingresaron en prisión 28, de las que 18 aún permanecen en la cárcel; al mismo tiempo en los 60 registros efectuados se incautó más de un millón de euros en efectivo.

La operación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. También participó personal de Europol que desplazó una oficina móvil a España para colaborar en labores de inteligencia y análisis forense.

El alcance del auto blanqueo y la ocultación de bienes

23 julio, 2015

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al blanqueo de capitales refleja, sin duda, la evolución de un delito que algunos califican “en expansión”.

En una reciente sentencia, el alto tribunal ha señalado que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, como por ejemplo pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo, si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes.

Es decir, perfila el delito de blanqueo con una interpretación algo más “restrictiva” del tipo que dibuja el artículo 301 del Código Penal, al entender que no consagra diversos tipos y sí diversas modalidades de comisión con una misma finalidad: ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes de procedencia delictiva.

Con esta argumentación, la sala quiere al mismo tiempo evitar excesos, como el de sancionar por auto blanqueo al responsable de la actividad delictiva antecedente (en este caso, el tráfico de drogas) por el mero hecho de adquirir los bienes que son consecuencia necesaria e inmediata de la comisión del delito.

Con esta resolución, la Sala Segunda estima parcialmente el recurso contra una condena que impuso la Audiencia Nacional a 11 personas por delitos de tráfico de droga y blanqueo.

La sentencia repasa toda la doctrina jurisprudencial así como las reformas legales sobre este delito para concluir que su característica principal “no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona ‘el retorno’ como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico”.

Además, señala que “introducir este delito en el código penal es un instrumento idóneo para combatir la criminalidad organizada, que directa o indirectamente se apoya en la generación de riqueza ilícita y en su retorno encubierto al circuito legal de capitales”.

Y es que para el tribunal, los condenados no cometieron blanqueo por pagar el alquiler de una vivienda o unos billetes de avión a la República Dominicana para los correos de la droga, pero sí al comprar vehículos a nombres de testaferros porque ahí si concurría “la finalidad de encubrir los bienes para integrarlos en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita”.

Es precisamente esta finalidad la que exige el Supremo para poder condenar por este delito.

La transparencia en las contrataciones y sus finanzas, asignatura pendiente de los Clubes de Fútbol en España

17 julio, 2015

El caso Neymar o el FIFA Gate, como últimos exponentes de una lista más extensa, ponen de manifiesto que el mundo del fútbol tiene sus más y sus menos con el cumplimiento normativo en cuestiones de fiscalidad, blanqueo y, sobre todo, transparencia.

Ya en 2009, el GAFI advertía sobre estos problemas en un Informe sobre el blanqueo de capitales en el mercado del fútbol, donde se señalaban varias vulnerabilidades: es fácil entrar en este negocio; participan en él numerosos intermediarios, desde las televisiones a los agentes de los futbolistas, que gestionan sus relaciones de forma opaca y compleja; los dirigentes “carecen de la profesionalidad de otras empresas”; y la diversidad de estructuras legales, desde sociedades anónimas a fundaciones sin ánimo de lucro.

En este sentido, la organización Transparencia Internacional España ha hecho público su nuevo Índice, INFUT, para medir a través de un conjunto de sesenta indicadores el nivel de transparencia de los 41 Clubes que componen la Primera y Segunda División española.

El INFUT incluye cinco Áreas de transparencia evaluadas: información sobre el propio Club; relaciones con los socios, aficionados y público; transparencia económico-financiera; transparencia en las contrataciones y suministros; e, indicadores de la Ley de Transparencia.

La puntuación en las áreas evaluadas muestra que hay falta de transparencia en las cuestiones económico-financieras que, medidas con 17 indicadores, revisan la información contable, de ingresos y gastos, así como los datos sobre el endeudamiento del club. En este caso, la puntuación es de 33.9.También suspende la parte de contrataciones y suministros, donde se ha pedido información sobre 5 aspectos y ha obtenido un 22.4 sobre 100.

Fútbol

En valoraciones globales, la puntuación media final del conjunto de los Clubes no llega al aprobado y se queda en 44.2 sobre 100. En Primera División, la nota es de un 49.6 y, en el caso de Segunda, desciende al 39.

Además, el porcentaje de clubes que ha superado los 50 puntos sobre 100 se sitúa en el 41% (un total de 17) mientras que el 59% restante (24) suspende.

Los Clubes con mejor nota han sido el Eibar y el Real Madrid, que han logrado la máxima valoración posible, un 100 sobre 100.

Como consecuencia, una de las conclusiones que recoge el estudio es que la transparencia es una cuestión de voluntad o de actitud, más que de tamaño económico o capacidad presupuestaria, ya que los dos clubes con mejor puntuación están en los extremos de la horquilla presupuestaria de primera división, el Real Madrid con 578 millones de euros y el Eibar con 16 millones.

Primer aniversario de la Ley FATCA

14 julio, 2015

La primera ley de intercambio de información fiscal a nivel extraterritorial, la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), cumple ahora un año, teniendo en cuenta su entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2014.

Hay que recordar que la FATCA fue adoptada por Estados Unidos en 2010 con el objetivo de evitar la evasión fiscal mediante la obtención de toda la información sobre cuentas bancarias, inversiones e ingresos en el extranjero de los contribuyentes estadounidenses.

Son unas 100.000 entidades financieras extranjeras las que se han visto afectadas por esta norma. Todas ellas, aunque sea de manera parcial como en el caso de España, ya han empezado a proporcionar a las autoridades estadounidenses la información sobre ciudadanos o personas residentes en Estados Unidos; corporaciones americanas; determinadas entidades legales, sobre todo patrimoniales, con propietarios estadounidenses; así como titulares de cuentas que no faciliten la documentación identificativa solicitada.

Y lo hacen mediante la firma de dos tipos de acuerdos. Para entidades  centrales y sucursales, se suscribe un acuerdo con el IRS (Internal Revenue Service), órgano dependiente del Tesoro americano, con la finalidad de inscribirse en su registro on line y que la entidad sea incluida en la lista de instituciones financieras extranjeras participantes.

Por otra parte, los acuerdos intergubernamentales (IGA) son los más numerosos hasta la fecha y aportan dos modelos. En su Modelo I, las entidades financieras tanto de los países firmantes como de EEUU, se comprometen a comunicar a sus autoridades fiscales la información referente a contribuyentes del otro país y, seguidamente, la información podrá intercambiarse entre las autoridades fiscales, de forma automática.

Para el caso del Modelo II, las instituciones deben reportar directamente al IRS y, además de reducirse muchas cargas de cumplimiento, desaparece la amenaza de retención del 30% sobre determinados pagos realizados a entidades e individuos que no cumplan con esta ley.

España, en la medida que ha suscrito un acuerdo del modelo I, desarrollado por la Orden Ministerial HAP/1136/2014, inició el intercambio de información en enero 2015, si bien no será hasta el 2017 cuando deba completar el proceso.

En cualquier caso, las entidades bancarias nacionales que están teniendo mayor incidencia con este cumplimiento normativo son, sin duda, las que tienen una implantación fuerte en Latinoamérica.

Para ellas, el proceso se ha centrado en clasificar a los titulares de las cuentas de acuerdo con las definiciones del IRS, en actualizar la forma de dar de alta a nuevos clientes y, desde luego, en poner en marcha los procedimientos de diligencia debida adecuados para identificar a los contribuyentes estadounidenses en todo momento.

¿Qué datos intercambian las entidades financieras españolas por la ley FATCA?

  • Nombre, domicilio y NIF estadounidense tanto para persona física como para una entidad. También de cada una de las personas estadounidenses especificas cuando se trate de entidades no estadounidenses en las que una o más personas residentes en EEUU ejerzan el control (más del 25% del capital social o derecho de voto).
  • Número de cuenta o elemento funcional equivalente.
  • Nombre y número identificador de la institución financiera española obligada.
  • Saldo o valor de la cuenta (incluido en el caso de seguro con valor en efectivo o contrato de anualidades, el valor en efectivo o valor de rescate) al final de año considerado o en caso de cancelación de cuenta en el momento inmediatamente anterior a su cancelación.