La congelación de fondos en la prevención

30 abril, 2015

Los artículos 47 a 49 del Reglamento de la Ley 10/2010 regulan la congelación de fondos o recursos económicos bajo propiedad, control o tenencia de personas, entidades u organismos que se determinen en un reglamento de la Unión Europea o en un acuerdo del Consejo de Ministros.

La  liberación de estos fondos tendrá idéntico procedimiento, es decir, también a partir de textos reglamentarios vinculantes.

Se trata de una medida asociada a la política de sanciones que habitualmente se adopta por Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU, aunque también la UE puede decidir aplicar estas acciones restrictivas de manera autónoma.

En cualquier caso, serán las listas de sanciones financieras públicas y oficiales, de carácter internacional, las que nos den la pista sobre la congelación de activos de manera actualizada.

Por su parte, el GAFI, en sus recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo, apunta a que sea cada país el que implemente medidas para congelar los fondos de organizaciones terroristas o de alguno de sus miembros, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión de la financiación de los actos terroristas.

Además, el Grupo va más allá en cuanto a señalar que deberán tomarse las medidas oportunas, incluidas las legislativas, matiza, para poder incautar, embargar o decomisar la propiedad “que proceda, se utilice o se intente utilizar o destinar a la financiación de terrorismo”.

En este sentido, en su Informe de Evaluación Mutua a España del pasado diciembre 2014, el GAFI consideraba que nuestro país ha sido eficaz a la hora de detener la financiación del terrorismo.

Sin embargo, describe haber observado “deficiencias de carácter técnico y práctico” en la implementación de las sanciones financieras específicas que permiten congelar los activos relacionados con el terrorismo y que aconsejan las recomendaciones, incluso en caso de sospecha, sin una condena firme.

Y es que para el GAFI, los procedimientos establecidos a nivel de la UE,  que son los que aplica España, imponen “una demora inaceptable en la transposición de nuevas entidades designadas a las listas de sanciones”.

Entrevista con Fabián Zambrano, responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de ASNEF (yII)

24 abril, 2015

“La primera víctima del robo de identidad es el verdadero titular de los datos, que se encuentra desvalido ante las consecuencias de la usurpación”

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Desde ASNEF también entienden que hay que proteger a los ciudadanos contra el fraude por robo de identidad ¿Por qué razones? 

La identidad es la llave que tiene cada ciudadano para participar en la vida social y económica, por lo que es uno de los activos más valiosos que posee.

Cuando una tercera persona usurpa la identidad de otra, le está robando su personalidad civil si utiliza su identidad oficial, pero también la social y económica.

Esto sería válido también para la identidad virtual, si el usurpador se hace pasar por quien ya tiene una proyección social virtual.

La identidad es  uno de los activos más valiosos que posee el ciudadano

En el plano económico, la usurpación abarca a las claves de seguridad obtenidas con la identidad oficial, para conseguir un beneficio económico no legítimo o para causar un fraude a través del sistema financiero.

La primera víctima, por tanto,  del robo de identidad es el verdadero titular de los datos, que se encuentra desvalido ante las consecuencias de la usurpación, por los perjuicios reputacionales y económicos que sufre, y por la imposibilidad que tiene de poder operar con libertad dentro del sector financiero, cuando las entidades perjudicadas por los fraudes introducen los datos de la estafa en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, también conocidos como ficheros de morosos.

ASNEF ha creado un fichero de auto-inclusión gratuito, que permita a los ciudadanos que sientan que está en peligro su identidad, protegerla dentro de la actividad económica y financiera

Para prevenir este tipo de fraude han desarrollado una herramienta, en uso desde enero. ¿En qué consiste este nuevo fichero?

La Asociación, ante este problema grave que aleja en ocasiones a las dos víctimas del robo de identidad, los ciudadanos y las empresas financieras, ha decidido crear un fichero de auto-inclusión gratuito, que permita a los ciudadanos que sientan que está en peligro su identidad, protegerla dentro de la actividad económica y financiera.

Al mismo tiempo el Fichero va a contribuir a un acercamiento entre los ciudadanos y las empresas que lo usen, porque se establecerá entre ambas partes una nueva filosofía de servicio y comunicación.

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ASNEF PROTECCIÓN, que es el nombre del fichero, ya tiene su propia página Web. Es aún un fichero joven pero le auguro un gran porvenir en cuanto sea conocido.

Y ello porque las auto-inclusiones van a permitir que las empresas usuarias del Fichero contacten con los verdaderos titulares de las identidades, para saber así si han sido ellos los que han solicitado los créditos, evitando así que éstos puedan ser concedidos a los usurpadores o ladrones de sus identidades, en perjuicio de los ciudadanos honrados.

Además, ASNEF Protección incorpora la figura de los terceros de confianza. ¿Cómo se articula su papel? 

El Reglamento del Fichero está considerado por la Agencia Española de Protección de Datos como Código Tipo y por ello está publicado en su página Web, donde todos los ciudadanos pueden estudiarlo para obtener así una mayor información sobre sus garantías.

Cualquier institución pública o privada que lo desee puede convertirse en Tercero Habilitado para la difusión del Fichero

En este Reglamento aparece la figura de los Terceros Habilitados, que Vd. denomina Terceros de Confianza, porque puede usar en sus comunicaciones el Distintivo de Confianza que la Agencia de Protección de Datos nos aconsejó crear para hacer visible una comunidad de instituciones públicas y privadas que están preocupadas con el problema de la usurpación de la identidad, y ven la utilidad que tiene el fichero como herramienta para su protección.

Y ¿en qué casos intervendrán estos Terceros Habilitados?

Cualquier institución pública o privada que lo desee puede convertirse en Tercero Habilitado para la difusión del Fichero, con sólo suscribir un convenio de colaboración. Pretendemos que todos los Terceros Habilitados nos coordinemos para ofrecer a los ciudadanos un buen servicio de asesoramiento y consejo en estos temas.

Servirán también para incrementar la seguridad al sistema financiero español y la de las redes sociales en Internet

Todas las instituciones públicas y privadas que se conviertan en Terceros Habilitados aparecerán en la página Web del Fichero y participarán en las iniciativas que, entre todos iremos programando para mejorar  la protección de la identidad de los ciudadanos en la actividad social y económica, lo que servirá también para incrementar la seguridad al sistema financiero español y la de las redes sociales en Internet.

Entrevista con Fabián Zambrano, responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de ASNEF (I)

23 abril, 2015

“En la prevención del blanqueo, el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional”

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El blanqueo de capitales lamentablemente vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo están viviendo las entidades financieras asociadas los últimos casos denunciados por el SEPBLAC?

Las entidades financieras no suelen comentar institucionalmente los acontecimientos públicos que tienen que ver con estos temas, sin perjuicio que sus directivos y empleados hablen de ellos en su vida privada como los restantes ciudadanos.

Como el cumplimiento normativo en esta materia está asumido por las entidades financieras, las consecuencias de cualquier  incumplimiento externo que emerja a la luz pública, sólo servirá para analizar los fallos y mejorar el funcionamiento interno.

No hay ninguna empresa financiera en España que no tenga entre sus prioridades el cumplimiento de esta normativa

¿Están sus entidades mejor preparadas para el cumplimiento de las obligaciones, recogidas en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Las entidades financieras españolas están mejorando cada día su  prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tanto la Ley 10/2010, como el Real Decreto 304/2014, han venido a perfilar el trabajo que estaba haciendo el sector financiero desde que se publicó la primera Ley 19/1993, y que ya consideraba a sus entidades integrantes como sujetos obligados.

La actual normativa española incluye aspectos de la futura Cuarta Directiva Anti-Blanqueo, por lo que el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional.

ASNEF ha sido el gran catalizador de aquellos aspectos del Reglamento más controvertidos para la actividad económica que desarrollan nuestras entidades

Puedo decirle que no hay ninguna empresa financiera en España que no tenga entre sus prioridades el cumplimiento de esta normativa, y para ello ha adaptado ya su propia organización interna.

¿Tiene en esto algo que ver el Servicio de información de los sujetos obligados de ASNEF?

La adaptación de las entidades financieras a la legislación de prevención del blanqueo se hubiera producido sin la existencia de nuestro Servicio, aunque debo reconocer que el Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO) ha ayudado  a  coordinar muchos aspectos de esta adaptación dentro de las entidades pertenecientes a nuestra Asociación.

El Servicio SISO ha impulsado la creación de la empresa Soluciones Confirma, con lo que hemos desarrollado dentro del sector financiero una magnífica estructura empresarial especializada

Igualmente ha servido para dotar a nuestras entidades de herramientas técnicas de uso compartido que están facilitando el cumplimiento normativo.

El Servicio SISO ha impulsado la creación de la empresa Soluciones Confirma, con lo que hemos desarrollado dentro del sector financiero una magnífica estructura empresarial especializada que está ofreciendo a nuestras  entidades y a otros sujetos obligados no financieros, formación,  consultoría y auditoría.

Pero la principal característica de la nueva empresa es que está dotada de las herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, de información, y de control interno, lo que evita  que cada entidad tenga que crearlas de forma individualizada, con el consiguiente ahorro de costes y la seguridad para las empresas de su continuo amejoramiento.

En este aspecto, la empresa no solo tiene la misión de ofrecer un servicio completo a sus clientes, sino también la de convertirse en un “partner” que complemente, desde un punto de vista técnico, el trabajo valiosísimo que entre los sujetos obligados ya hacen  los expertos externos independientes.

¿Se han elevado las consultas y dudas de las entidades desde la aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010 hace ya casi un año? ¿Qué aspectos son los más controvertidos para ellas?

La gran ventaja de una Asociación profesional es la de servir de cauce a las consultas y dudas de todo su sector de actividad, en relación con las normativas que le afecten en cada momento. Circunscribiéndonos a esta materia, es verdad que ASNEF ha sido el gran catalizador de aquellos aspectos del Reglamento más controvertidos para la actividad económica que desarrollan nuestras entidades, que como sabe, están dedicadas a la financiación del consumo.

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A este respecto debo decir que dentro de la Asociación se han trabajado numerosas dudas relacionadas con las obligaciones de identificación, sobre la consideración, como ocasionales o no, de determinas  operaciones, sobre las obligaciones que las financieras tienen en relación con la red de prescriptores y la posible adopción en diversos supuestos de medidas de diligencia debida de carácter reforzado.

Hemos tenido que ir resolviendo dudas sobre la aplicación del régimen más adecuado en las operaciones a distancia, adoptando en cada caso medidas normales de diligencia debida, simplificada o reforzada. Se ha trabajado también en la interpretación del cómputo de los límites para la aplicación de la diligencia simplificada en función del soporte en el que se instrumenta cada operación, sobre la dimensión y dedicación suficiente de las unidades técnicas y sobre las posibilidades que ofrece la externalización de las mismas y así, le iría contando varias otras cuestiones de interés.

En su opinión, ¿qué aporta el uso de la información compartida en la prevención del blanqueo?

En una materia tan delicada como ésta,  en la que legalmente existe la prohibición de revelación, y por tanto las entidades están expuestas a cometer infracciones muy graves que tienen efectos reputacionales y económicos evidentes, el legislador tenía que buscar alguna fórmula legal que permitiera compartir información entre los sujetos obligados, puesto que la experiencia había demostrado ya, desde la Ley 19/1993, que los responsables de prevención del blanqueo de los sujetos obligados hablaban entre ellos sobre estos asuntos para mejorar su propia operatividad, y lo hacían, en base a las relaciones de confianza mutua que habían desarrollado entre ellos.

En una materia tan delicada como ésta,  en la que legalmente existe la prohibición de revelación, el legislador tenía que buscar alguna fórmula legal que permitiera compartir información entre los sujetos obligados

Este tipo de confidencias se produce en todos los colectivos profesionales, aunque en algunos siempre se ha procurado acotarlos muy bien , en base a rígidos criterios corporativos.

El legislador, expresamente,  no ha querido que en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo puedan seguir utilizándose las vías convencionales ya apuntadas para este tipo de confidencias, aunque sean muy profesionales, como lo son,  los que intercambian esta información sensible y, es por ello que ha creado expresamente en la Ley 10/2010 el Art. 33.2 para el intercambio de información entre los sujetos obligados, determinando exactamente en el Art. 61 del Reglamento los límites y las formas en que pueden producirse estas comunicaciones confidenciales.

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¿Qué tiene que decir en esta cuestión el Fichero SISO?

Como lo que he comentado anteriormente fue uno de los problemas de cumplimiento que vimos muy pronto en la Asociación que habría  que resolver, propusimos a las Autoridades un servicio que estuviera totalmente estandarizado y normalizado, y que cumpliera con todos los requisitos legales para el intercambio de información entre sujetos obligados.

Se trata del Fichero SISO, que tiene como responsable a nuestra Asociación. Este fichero ha sido el primero que  ha recibido la  autorización preceptiva de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Debo añadir que resulta comprensible que algunos responsables de prevención del blanqueo de capitales se sientan incómodos con el encorsetamiento que les supone la utilización de  las herramientas que se están creando, en base a la legalidad, para el control del intercambio de información en esta materia, pero debe reconocer que no estamos ante una cuestión de dudas sobre su profesionalidad, que la tienen sobradamente demostrada, sino una cuestión de legalidad,  y es por ello por lo que tendrán que terminar utilizando estas herramientas diseñadas por el Reglamento,  si no quieren incumplir la prohibición de revelación impuesta por la Ley.

El fichero SISO ha sido el primero que  ha recibido la  autorización preceptiva de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

A este respecto sí que resulta del máximo interés,  que los altos ejecutivos de las empresas, sobre los que la ley descarga la responsabilidad última del cumplimiento, obliguen a sus departamentos de PBC/FT a que cualquier intercambio de información sobre esta materia se haga de la forma legal y reglamentariamente establecida, porque sólo así las empresas-sujetos obligados podrán tener el necesario control de ese intercambio de información, cosa que no sucede en la actualidad.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, una reforma del Código Penal asociada al Compliance

17 abril, 2015

El pasado 30 de marzo de 2015, se publicaba en el BOE la última reforma del Código Penal español, que entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año.

Entre otras muchas cuestiones que introduce el texto, asistimos a una innovadora modificación de tipos delictivos ya existentes, con incidencia directa en una figura que va cobrando cada vez más fuerza, el Compliance.

A través de su exposición de motivos, la nueva ley señala que, entre otras muchas reformas, el texto ha querido incorporar “una mejora técnica” en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Y ello, con el objetivo de dibujar una adecuada delimitación del contenido del “debido control”, cuya no observancia permite fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Así, de manera general, el alcance de las obligaciones que este deber de control lleva asociado, se condiciona a las dimensiones de la persona jurídica.

El órgano de administración responsable del control y prevención, pasa a formar parte de un sistema razonable y adecuado para evitar la comisión de delitos que, el nuevo Código Penal considera suficiente para evitar la responsabilidad de la persona jurídica. Y ello, aunque finalmente no pueda evitarse la comisión del delito.

Por otra parte, se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, con penas que tienen la consideración de graves.

Con estas novedades se pone fin, dice el nuevo texto legal, a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores se tomaba como un régimen de “responsabilidad vicarial”, es decir, en este caso la responsabilidad de la persona jurídica dependería de que el sistema de prevención consiga evitar la comisión de delitos.

Además, se recogen algunas recomendaciones de organizaciones internacionales, en este sentido.

El artículo 31 bis del nuevo Código Penal establece que podrá imputarse responsabilidad penal a las personas jurídicas, desde una doble vertiente:

  • Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  • Por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las personas jurídicas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el caso anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Es evidente que el debido control,  por su falta de regulación expresa, sigue siendo un concepto jurídico indeterminado, si bien en esta reforma, como ya señalábamos, se está haciendo referencia y poniendo en valor la adopción de aquellas medidas que consigan el objetivo pretendido, es decir, evitar la materialización del riesgo o la comisión del hecho delictivo.

Ahora bien, la siguiente cuestión que se lanza entre diferentes fuentes jurídicas pasaría por analizar hasta dónde debe llegar la persona jurídica para garantizar una debida diligencia.

 

Casos en los que un banco puede bloquear una cuenta con la ley en la mano

14 abril, 2015

Próximos a finalizar el mes, cualquier usuario de banca electrónico, al acceder al portal de la entidad para hacer una transacción, habrá visto como primera pantalla, un aviso urgente en el que se le conmina a entregar determinada documentación para completar su identificación como cliente y no ver como bloquean su cuenta.

Este aviso señalará que, de acuerdo a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, todas las entidades financieras “estamos obligadas a disponer de una documentación concreta”. Añaden algo así como que “en su caso necesitamos que complete y firme el formulario adjunto”.

El formulario para personas físicas pide información sobre datos personales del titular de la cuenta, datos de actividad (incluida la laboral con detalle de si es por cuenta propia o ajena) y económicos. En este último caso, hay que concretar el origen de los fondos depositados. Pregunta, además, si se ha ejercido cargo político en los dos últimos años o es familiar o allegado de alguien en esta situación.

De no tener este formulario disponible en “nuestros archivos antes del 30 de abril 2015”, dice la entidad, “nos veremos legalmente obligados a adoptar medidas que pueden ir desde el bloqueo de sus cuentas hasta la cancelación”.

Bloquear una cuenta consiste en congelar el dinero que hay depositado en ella, de forma que el titular no podrá realizar ninguna operación tal como sacar dinero, recibir cheques o efectuar una transferencia.

Es ya sabido que el Reglamento de la Ley 10/2010 marca a las entidades financieras la obligación de aplicar una serie de medidas de diligencia debida con el fin de tener conocimiento e identificación de los clientes y de sus operaciones.

Por ello, con la ley en la mano, los bancos, antes de establecer las relaciones de negocio con un cliente, tendrán que cumplir una serie de requisitos para conocer cuál es la actividad profesional o empresarial antes de que abra una cuenta o contrate algún otro producto.

Además, comprobarán las actividades declaradas cuando el cliente tenga riesgos superiores al promedio o las operaciones que realice no se correspondan con esa actividad.

Si con fecha límite 30 de abril de 2015, el cliente de una entidad no ha facilitado la información necesaria para el cumplimiento de estos requisitos, hay algunos bancos que han anunciado la suspensión de la operativa por Internet o por teléfono, y bloquear la cuenta si no disponen del DNI actualizado del titular.