Valor añadido de la consulta a listas de sanciones para empresas no obligadas

31 marzo, 2015

En el momento previo a que una entidad como sujeto obligado inicia una relación de negocio con un cliente, es conocido que debe cumplir todo un proceso de identificación formal para comprobar que es quien dice ser y, además, no está asociado a ninguna operación sospechosa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En esta identificación, con el fin de validar la repercusión legal de la operación, es también necesario incluir un filtro de las personas físicas o jurídicas incluidas en los listados de sanciones financieras.

Se trata, pues, de consultar si aquellos con los que se quiere mantener relaciones de negocio u operaciones ocasionales están o no en una lista de sanciones.

Hablamos de listas públicas y oficiales que, con carácter internacional, se generan, por ejemplo, en una base de datos alimentada por la Comisión Europea y la Federación Bancaria Europea.

También conviene tener en cuenta la lista OFAC del Tesoro de EE.UU. o la Dow Jones Factiva sobre personas con responsabilidad pública, allegados y familiares.

En la consulta de estas listas, las amplias ventajas de usar ficheros de información compartida para la prevención del blanqueo, se extienden al resto de empresas que aun no estando sujetas a la Ley 10/2010, sí pueden verse afectadas por las sanciones en su actividad comercial y en la gestión de su cartera de clientes.

En este tipo de perfil de empresa, la utilidad de usar las listas de sanciones para llevar a cabo la diligencia de identificación se centraría en “realizar negocios con clientes, consultores y socios comerciales de confianza que estén involucrados en actividades comerciales legales y cuyos fondos provengan de fuentes legítimas”.

Estos principios se describen concretamente en el código de conducta en los negocios de una gran empresa tecnológica en la que sus colaboradores están sujetos tanto a la normativa aplicable sobre blanqueo de capitales como a los procedimientos internos de la compañía en esta materia.

Asimismo, centralizar la información de los clientes, resulta conveniente por dos cuestiones: para facilitar el filtrado de los nuevos clientes así como para  mantener sin riesgos toda la cartera de clientes durante el tiempo de vigencia de los listados de sanciones.

Ahora bien, como señala Fabián Zambrano, responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de ASNEF, las listas -públicas y gratuitas en su descarga-, son “dificultosas de consultar si no se dispone para ello de alguna herramienta informática que facilite el trabajo de renovación de contenidos, ordenación de la información que contienen y eliminación de los falsos positivos que pudiera generar su tratamiento”.

En este contexto, la Plataforma Idconfirma, de Soluciones Confirma, ha desarrollado un módulo de consulta automática a listas, gracias a la implementación de un potente motor de búsqueda.

Santiago Lago, directivo de la firma, recuerda que este módulo “valida los datos de identificación de los clientes y permite incorporar el resultado de la consulta al expediente de identificación creado, centralizando toda la información”. La consulta, añade, “puede realizarse online y vía fichero e incorpora la posibilidad de enviar una alerta en caso de detección”. El resultado de la consulta se incorpora automáticamente al expediente.

 

Infografía: Los 7 pecados capitales del Banco de Madrid

30 marzo, 2015

El Banco de Madrid, filial española de  la BPA, fue intervenido el pasado 16 de marzo 2015.  Tras conocerse por el informe del SEPBLAC que la entidad incumplió la normativa de prevención de blanqueo de capitales, la Fiscalía Anticorrupción iniciará una causa por esta falta de diligencia.

 
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¿Cómo es el blanqueo en el cine? El Lobo de Wall Street

25 marzo, 2015

La última obra cinematográfica del maestro Scorsese fue estrenada en España en enero de 2014 y cuenta la historia de un personaje real, Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street por su meteórico ascenso en el mundo de las finanzas.

De ahí que este biopic, protagonizado en la gran pantalla por Leonardo Di Caprio encarnando a Belfort, se lanzara con este título.

Si empezamos por el final, lo cierto es que tras unos años de enriquecimiento ilícito rodeado de excesos, en 1998, Belfort fue juzgado por estafa y blanqueo de capitales. Se le condenó a cuatro años de prisión y a una multa de 110 millones de dólares.

La carrera del personaje se inicia como corredor de bolsa en la empresa L. F. Rothschild. En 1989, se hace con su propia agencia corredora, Stratton Oakmont, desde la que llegó a estafar a sus inversores más de 200 millones de dólares.

Además, Belfort blanqueaba el dinero de las comisiones obtenidas en la compra-venta de acciones. Y lo hacía en Suiza, a través de intermediarios.

La manera de operar de Stratton Oakmont se iniciaba con la selección de una empresa susceptible de convertirse en pública a través de una oferta pública inicial de acciones (OPIs) que no eran vendidas al público sino que se compraban ilícitamente por la empresa del Lobo de Wall Street mediante intermediarios de confianza.

Posteriormente, buscaban inversionistas convencidos por un buen equipo comercial para ofrecerles OPIs con “mucho potencial”. En esta idea, los clientes autorizaban órdenes de grandes compras de la acción suponiendo un precio inicial de 4 dólares y transferían su dinero a Stratton.

En este momento de la jugada, Belfort debía asegurarse de que el precio de las acciones alcanzara mayor valor (unos 12 dólares por acción, aproximadamente) y obtener ganancias sustanciales.

Esta operación era posible teniendo en cuenta que Stratton Oakmont había comprado todas las acciones de la OPI mediante sus intermediarios.  Así, podía manipular el precio en el mercado secundario mediante la venta también acordada con intermediarios de confianza.

Cuando las acciones subían al precio deseado, se ejecutaban las órdenes de compra de sus clientes con un precio mucho mayor al que éstos habían anticipado.

El Reglamento al detalle: la intervención de los medios de pago

20 marzo, 2015

Por medio de pago se entiende el dinero en efectivo, así como cheques bancarios y medios electrónicos que puedan ser usados para pago al portador.

Este dinero, en ocasiones, viaja de manera clandestina por las fronteras, ubicado bien en el típico maletín o en soportes más sofisticados como juguetes, cigarrillos,…

Las aduanas españolas intervienen cada año muchos millones de euros sin declarar. Por ejemplo, según datos facilitados por la Guardia Civil a EFE, la aduana de La Farga de Moles (Lleida), cada año registra unas 100 actuaciones con un volumen importante de aprehensiones que suman más de 3 millones de euros.

Hay que recordar que, según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el límite permitido para que personas físicas introduzcan o saquen dinero sin declarar del territorio nacional es de 10.000 euros. Esta cantidad asciende hasta 100.000 euros cuando hablamos de movimientos por el país.

Los artículos 45 y 46 del Reglamento desarrollan posteriormente los procedimientos de intervención de los medios de pago por parte de los funcionarios aduaneros o policiales.

El texto establece disposiciones rígidas de intervención para los casos en que se omita la declaración, en aquellas situaciones en que haya dudas racionales sobre la veracidad de los datos consignados en la declaración o también si existen indicios o certeza de que los medios de pago están relacionados con el blanqueo.

Además, no serán válidas las declaraciones de medios de pago efectuadas cuando correspondan a envíos prohibidos en la normativa postal.

Con la intervención del dinero transportado y su depósito, se inicia también un expediente sancionador que puede concluir con una sanción entre los 600 euros y la totalidad de la cantidad intervenida.

El acta de esta intervención, que tendrá valor probatorio, será trasladada al SEPBLAC y a los órganos judiciales para proceder a la investigación. En los casos en que no resulte procedente la intervención de los medios de pago, se abrirán diligencias informativas.

El modelo de declaración de los medios de pago deberá contener datos veraces relativos al portador, propietario, destinatario, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios de pago.

Una vez firmada y presentada por la persona que transporte el dinero, la declaración diligenciada acompañará los medios de pago durante todo el movimiento.

Banco de Madrid, laboratorio de pruebas de la unidad de inteligencia financiera

18 marzo, 2015

Que el SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera española, y como tal el encargado de prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede considerarse una evidencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de su función principal.

También es un hecho que las entidades financieras son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo y, según se recoge por ley, deben comunicar al SEPBLAC cualquier operación que identifiquen como sospechosa.

Además, en el caso de servicios de banca privada, tanto el Reglamento de la Ley 10/2010 como la normativa internacional son meridianamente claros a la hora de etiquetarlos con un alto riesgo y aplicarles, por tanto, medidas reforzadas de diligencia debida.

Pues bien, tras esta contextualización, a priori, podríamos pensar que en el caso del Banco de Madrid estos dos caminos reglamentarios no se han cruzado hasta ahora de la manera en que debían, dejando en evidencia una cuestión reputacional y de falta de control interno.

Recordemos que la entidad es la filial española del banco andorrano BPA, intervenida por el Banco de España el pasado 16 de marzo. La BPA, por su parte, sale a la luz tras la denuncia que llegaba desde el Tesoro de EEUU por presunto blanqueo de capitales.

¿Ha sido eficaz y en tiempo la actuación del órgano de control normativo español? ¿Por qué no tuvo en cuenta el Banco Madrid las medidas preventivas que hubieran evitado su final?

Parece que como Unidad de Inteligencia Financiera, hacía tiempo que el SEPBLAC ya tenía puesto el foco sobre esta entidad en el marco de una operación policial contra el crimen organizado.

A partir de aquí, el Servicio Ejecutivo abre un proceso de supervisión del Banco y comprueba si existe el debido cumplimiento de sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.

El Banco Madrid recibe la visita de los inspectores entre abril y mayo de 2014. De ella se derivan requerimientos de información adicional hasta septiembre.

Casi un año más tarde, el 25 febrero 2015, tiempo que el secretario de Estado de Economía califica de “estándar” en una investigación de este tipo, se termina el informe con las conclusiones de la inspección.

Con fecha 9 de marzo, se remite a la entidad para que corrija las deficiencias identificadas si bien las conclusiones, por su parte, “se emiten sin perjuicio de las decisiones que pudiera adoptar el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales”.

Este informe llega un día antes de que Estados Unidos lanzara su acusación contra la matriz BPA.

A la vista del texto, dos días después, el 12 de marzo, el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales acuerda por unanimidad “la incoación de procedimiento administrativo sancionador por infracciones graves y muy graves con arreglo a la normativa de prevención del blanqueo de capitales”. El acuerdo de incoación incorpora prácticamente íntegro el informe de inspección del SEPBLAC. Hay que señalar que, en condiciones normales, el Comité no se reúne hasta que transcurre un tiempo razonable para que el sujeto obligado subsane los problemas detectados en el informe.

Finalmente, este mismo Comité, fundamentándose también en el contenido del informe, remite el 13 de marzo los hechos al Ministerio Fiscal “por cuanto pudieran ser constitutivos de delito” . El procedimiento administrativo queda en suspenso hasta que se sustancie la vía penal.