Infografía: FATCA, cumplimiento sin fronteras

30 septiembre, 2014

El pasado 1 de julio de 2014, entraba en vigor la ley FATCA y, con ella, una normativa sin precedentes en cuanto al intercambio de información fiscal

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10 maneras de blanquear dinero

25 septiembre, 2014

La figura de Al Capone vuelve a cobrar protagonismo cuando hablamos de esta cuestión, ya que fue él, durante la Ley Seca en EEUU, el responsable de acuñar la expresión “lavado de dinero”.

El GAFI define el blanqueo de capitales como “el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de ese delito”.

Paraísos fiscales y sociedades offshore; inversión en monedas virtuales; juego online y casinos; compra de sociedades e inmuebles por encima del valor estimado; operaciones de compra-venta (flipping); ventas ficticias en efectivo, sobre y subfacturación o facturación múltiple; apertura de empresas fantasmas; pitufeo; autopréstamo; remesas en efectivo a otros países; la compra de bienes como obras de arte, metales preciosos y joyas, son algunas de las fórmulas para blanquear.

La tendencia del blanqueo de dinero sigue colocando a los inmuebles, los préstamos y el blanqueo basado en el comercio como los métodos preferidos. El uso de tarjetas de crédito emitidas por bancos offshore ha crecido, al igual que lo relacionado con productos basados en las nuevas tecnologías, como el dinero electrónico, el ecommerce y el juego.

Todas estas modalidades, con independencia de que el delito previo sea un delito fiscal o esté relacionado con el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, la corrupción o cualquier otro tipo delictivo, tienen en común tres etapas identificadas: colocación, oscurecimiento e integración.

En este último momento, primero hay una “justificación”, es decir, la creación de un origen aparentemente legal para terminar en una inversión lucrativa.

De negro a blanco. Es el resumen para identificar de manera gráfica la forma de introducir “dinero sucio” procedente de fraude fiscal u otras actividades ilícitas en el sistema a través de cuentas bancarias, inmuebles, acciones, seguros y otros activos que puedan usarse más tarde sin despertar sospechas.

Tradicionalmente, la lucha contra las actividades delictivas, en general, se centraba en esclarecer ese delito. Desde los años noventa, se presta mayor atención a la confiscación del producto del delito. Y más recientemente, con la introducción de la comunicación de operaciones sospechosas por entidades de control, es habitual que el flujo de dinero o de bienes se investigue antes de que el delito se haya descubierto.

De ahí que el objetivo sea que ese producto no pueda ser rastreado hacia atrás y, así, gastar o invertir grandes cantidades de dinero sin necesidad de acreditar una fuente de ingresos legítima.

Las primeras siete medidas contra la evasión fiscal de multinacionales

17 septiembre, 2014

La OCDE ha hecho públicas con fecha 16 de septiembre las primeras recomendaciones para luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales desde un enfoque de cooperación internacional.

Con ello, las grandes empresas se verán obligadas a suministrar a todas las administraciones de los países en los que operen o residan la información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados en cada jurisdicción, aplicando un modelo común.

Se trata de una iniciativa que se presentará al G20 como parte de un proyecto en el que trabajan ambas entidades (BEPS Action Plan), y que busca crear un conjunto único de normativas fiscales internacionales que acabe con la erosión de las bases fiscales y con el movimiento artificial de beneficios a otras jurisdicciones para evitar pagar impuestos.

El objetivo es ayudar a los Estados a proteger sus bases fiscales y ofrecer una mayor seguridad y previsibilidad a sus contribuyentes, al tiempo que se pone la alerta frente a nuevas normativas nacionales que se traduzcan en una doble imposición, en unas cargas injustificadas o en restricciones a la actividad transfronteriza legítima.

Estas recomendaciones “constituyen los bloques de construcción para  una respuesta coordinada y acordada a nivel internacional a las estrategias de planificación fiscal de las empresas que explotan las lagunas y los vacíos legales del actual sistema para mover artificialmente sus beneficios a localizaciones donde estén sujetos a un tratamiento fiscal más favorable“, explicaba el secretario general de la OCDE, Angel Urría, en rueda de prensa.

Las siete primeras medidas de un total de 15 que compondrán el Plan de Acción y que se conocerán a lo largo de 2015, se centran en ayudar a los países a garantizar la coherencia de su fiscalidad empresarial a nivel internacional, así como a realinear los impuestos para recuperar los beneficios y evitar el abuso de los tratados fiscales.

Además, busca garantizar que los resultados de la fijación de precios están en línea con la creación de valor; mejorar la transparencia de las administraciones fiscales; hacer frente a los desafíos de la economía digital; facilitar la implementación del acuerdo para sustituir los tratados bilaterales; y, acabar con las prácticas fiscales dañinas.

Ya en abril 2014, el G5 daba su apoyo al proyecto y pedía incluir una serie de propuestas que son prácticamente las mismas que las ahora recogidas por la OCDE.

La figura del PRP y las mejoras en Idconfirma

16 septiembre, 2014

Con la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se introduce una nueva definición de las Personas con Responsabilidad Pública, conocidas como PRPs.

Esta modificación normativa supone un cambio en el artículo 14 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en el sentido de que pasan a considerarse también PRPs, los altos cargos del ámbito local español. Es decir, alcaldes, concejales y otros altos cargos de municipios con más de 50.000 habitantes.

En este contexto, como forma de optimizar los procesos de detección de operaciones sospechosas y facilitar la labor de prevención, desde Soluciones Confirma se ha realizado una serie de mejoras en los servicios de Idconfirma, la plataforma tecnológica para la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los sujetos obligados.

Para hacerla más eficiente, se han implementado una serie de elementos de valor añadido en relación a la detección de las PRPs.

Y es que, hay que recordar que en su módulo de consulta a listas, la Plataforma facilita y automatiza esta consulta a sancionados y PRPs para validar los datos de identificación de los clientes. Como señala Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, “este software de normalización permite optimizar y acotar las búsquedas para reducir de forma significativa la detección de falsos positivos”.

Ahora, como forma de mejorar el servicio de detección dando cumplimiento operativo a la normativa en este punto, y facilitar las labores de los analistas y responsables de prevención del blanqueo de capitales, el sistema no devolverá listas de PRPs del ámbito local español que desarrollen exclusivamente su labor en municipios de menos de 50.000 habitantes, ya que tal y como señala la ley, no tienen consideración de Personas con Responsabilidad Pública a estos efectos.

Las mejoras introducidas serán completamente transparentes para todos los clientes de la herramienta Idconfirma.

¿Qué es una Comisión Rogatoria?

12 septiembre, 2014

Los recientes casos de corrupción, fraude fiscal y cuentas en paraísos fiscales, han hecho popular el instrumento jurídico de la comisión rogatoria, al convertirse en procesos en los que aparecen elementos trasnacionales.

Así, son más que habituales los titulares en los medios de comunicación que informan de que un juez, en la fase de instrucción de un procedimiento judicial, emite una comisión rogatoria para solicitar de las autoridades de otros países, documentación e información sobre bienes, fondos… de una persona física o jurídica.

Se trata, por tanto, de un procedimiento de auxilio judicial entre Estados con la clara finalidad de obtener pruebas en el extranjero, en el que se pide de la autoridad competente del país requerido la ejecución, dentro del territorio de su jurisdicción, de un acto de instrucción, principalmente una diligencia probatoria.

Y es el Consejo General del Poder Judicial quien ejerce un papel de intermediación tanto en las comisiones rogatorias ya emitidas como en las que se encuentran en preparación, con el fin de coordinar la actuación de los órganos de emisión y de ejecución para garantizar que tanto el documento de la comisión rogatoria como la ejecución se ajusten a la legislación procesal de los Estados que intervienen.

Asimismo, hay diferentes Convenios en el ámbito comunitario, interamericano y de la Conferencia de la Haya que regulan este tipo de cooperación internacional en cuestiones relativas a las vías de transmisión, ejecución o intervención de representantes del Estado requiriente.

La solicitud de la comisión rogatoria se presentará mediante un formulario ya establecido que constará, básicamente, de datos relativos a la autoridad que la pide y de la requerida; de las partes; la naturaleza y objeto de la instancia; así como las pruebas que han de obtenerse o actuaciones judiciales a realizar.

Para su ejecución, hay que tener en cuenta tres aspectos: el establecimiento de la regla de aplicación general, su posible excepción o forma especial, y la rapidez con que debe efectuarse.

Además, existe una serie de motivos que permiten denegar la ejecución de la comisión y que se sustentan, fundamentalmente, en la falta de competencia del Poder Judicial en el Estado requerido y a “su carácter lesivo o perjudicial para su soberanía o seguridad”, según señala, por ejemplo, el Convenio de la Haya.