¿Cuáles son los objetivos de la nueva presidencia del FATF-GAFI?

27 agosto, 2014

Tras el último plenario en París, la federación rusa cedió su lugar a Australia, y Roger Wilkins será quien presida al organismo hasta el 2015. En este artículo, la lista de prioridades del nuevo mandatario, que mostrará un GAFI con un perfil más alto en el marco de su 25º Aniversario.

El último plenario del GAFI en París, más allá de las buenas noticias para Argentina -para la cual parece allanado el camino para en octubre salir de la “lista gris”-, también significó el corolario para la presidencia rusa del organismo internacional.

Vladimir Nechaev le cedió su mandato a Roger Wilkins, quien será la cara visible de la presidencia de Australia para el período 2014-2015. El flamante titular del FATF-GAFI asume el cargo en una etapa muy particular, ya que en su mandato se conmemorará el 25º Aniversario del organismo “antilavado”.

Precisamente, entre los objetivos prioritarios de la nueva conducción, en primer lugar se encuentra el de elevar el perfil del GAFI en sus bodas de plata y continuar comunicando su relevancia a nivel global, tanto por las acciones llevadas a cabo como por los objetivos pendientes de realización. En parte, eso se llevará adelante enfatizando sobre cuáles son las consecuencias prácticas de no cumplir con las 40 Recomendaciones del GAFI, e informando el rol del organismo en la “arena internacional” (fortaleciendo la cooperación con el G20).

Por otro lado, apuntarán a profundizar el trabajo con los grupos regionales (“FSRBs”, por su sigla en inglés), como por ejemplo el Gafisud, para abordar todo lo inherente al arbitraje regulatorio. En otras palabras, se busca minimizar los efectos de aquellos que toman ventaja de las diferencias entre las regulaciones de diferentes países o mercados, lo que resalta la importancia de implementar estándares globales. “Limitar esas diferencias reduce sensiblemente el riesgo de arbitraje”, aseguran desde el GAFI.

En ese contexto es clave la labor de los grupos regionales, como así también la cooperación y el relacionamiento con otros organismos multilaterales, como el caso del Grupo Egmont.

Otro los objetivos pasa por seguir haciendo hincapié en la eficiencia de los componentes de evaluaciones mutuas. En relación a ello, buscan garantizar la calidad y la consistencia en los informes de evaluación mutua a nivel global, y en ello es clave el análisis sobre la efectividad del sistema “antilblanqueo” en cada jurisdicción.

“La presidencia australiana se propone poner particular atención a las evaluaciones iniciales y cómo se mide la efectividad en este tipo de exámenes”, indicaron en un comunicado. Allí, explican que si bien han venido trabajando fuertemente desde el organismo para revisar y mejorar las Recomendaciones del GAFI, creando una nueva metodología, “para mantener la integridad del mismo como un organismo regulatorio a nivel mundial, debemos asegurarnos que dichas Recomendaciones se aplican de manera coherente y consistente, y que los reportes son creíbles y de alta calidad”.

Dado lo importante que es la sinergia y el tándem público-privado, continuarán promoviendo la participación y la comunicación abierta con el sector privado. Un ejemplo que marca la importancia de este tema se dio en el último plenario del GAFI, en el cual se difundió y adoptó una estrategia de colaboración con el sector privado. Sobre ello, se considera que para los años venideros, el organismo utilizará cada vez más la consulta y el intercambio con los privados para agregarle valor a su trabajo.

La idea es seguir profundizando el trabajo conjunto y coordinado con el G-20 en áreas de interés mutuo, como lo son la corrupción y la identificación de los beneficiarios reales en las transacciones financieras.

Tal como se analizó in extenso la semana pasada en L&N, donde se explicó por qué la UIF llevó a regular todo lo concerniente a las “monedas virtuales”, la nueva presidencia del GAFI también hará foco en los riesgos asociados a las “bitcoins” y similares, indagando incluso en posibles regulaciones adicionales sobre este tipo de transacciones digitales, que se encuentran por fuera de la órbita de bancos centrales o similares.

Finalmente, se seguirán abriendo canales de debate sobre la visión estratégica del organismo, incluyendo en ese marco cuáles son los temas prioritarios y campos de acción donde debe concentrarse el GAFI. Para Roger Wilkins, los 25 años del organismo son el momento ideal para revisar estas cuestiones y hacer cada día más eficiente su acción global en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Fuente: Prevención de lavado.com

España podrá perseguir el blanqueo dentro de Gibraltar

22 agosto, 2014

La denuncia remitida por la Oficina Antifraude de la UE para que España y Reino Unido investiguen el fraude cometido con el contrabando de tabaco desde Gibraltar abre un escenario procesal de imprevisibles consecuencias políticas. Según la ley, la Justicia española es competente para perseguir y, en su caso, juzgar el blanqueo de capitales cometido en el territorio ocupado del Peñón, aun para el muy improbable caso de que las autoridades gibraltareñas decidan también abrir una investigación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer la apertura inminente de diligencias informativas de investigación, en las que contará con el apoyo de los cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad: la Udef de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil.

La denuncia de Antifraude llegó el 29 de julio a manos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que la remitió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, uno de los principales especialistas en blanqueo dentro de la doctrina jurídica.

Las pesquisas echarán a andar en los próximos días. El Código Penal establece para el delito de blanqueo una excepción al principio de territorialidad y permite su persecución por las autoridades españolas -incluso aunque el autor no tenga la nacionalidad de nuestro país- cuando hubiese sido cometido “total o parcialmente en el extranjero” (artículo 301.4). Gibraltar tendría esta consideración al encontrarse de hecho bajo soberanía británica. La norma se introdujo en 1995 atendiendo las recomendaciones internacionales -y, en concreto, el Convenio de Estrasburgo de 1990- y existe en casi todos los países europeos.

También la Ley del Poder Judicial habilita a la Justicia española -a la Audiencia Nacional-, en su artículo 65, al tratarse de un fraude que puede producir “grave repercusión en la economía nacional”. La actividad de contrabando de tabaco, y el consiguiente fraude fiscal, vinculados a la cercanía con el puerto franco del Peñón, suelen tener impulso desde las localidades fronterizas de La Línea, San Roque, Los Barrios o Algeciras.
El dinero negro retorna después a través de intermediarios y testaferros, presuntamente, a entidades bancarias establecidas en la Roca, que sigue siendo considerado por el Gobierno español un paraíso fiscal opaco. Que el delito que actúa como presupuesto del blanqueo de capitales se cometa desde España -aunque este relato simplifica mucho el esquema, siendo la casuística mucho más variada- fundamenta asimismo la competencia de nuestro país.

Los tribunales españoles, en su caso, estarían facultados por tanto para solicitar información a los bancos gibraltareños -que estarían obligados legalmente a facilitarla, aunque España no es uno de los países con los que Gibraltar ha firmado acuerdos bilaterales para relajar su secreto bancario-, pero también para reclamar la declaración y hasta el arresto y la entrega de ciudadanos residentes en el territorio ocupado, no necesariamente españoles -a lo que las autoridades locales tampoco podrían negarse, según el tratado de extradición de la UE y la Orden Europea de Detención, salvo que aleguen que tienen abierta una investigación por los mismos hechos y demuestren que es real y efectiva-.

La Fiscalía nombrará ahora un fiscal instructor, que tiene seis meses prorrogables para decidir si observa conductas de relevancia penal verificables e individualizables para presentar una denuncia o una querella. A la vista de las tensas relaciones con el Gobierno llanito, y de la nula cooperación que suelen prestar sus autoridades, un eventual procedimiento penal en un asunto tan sensible ahondaría en la brecha y provocaría potencialmente frecuentes desencuentros.

La denuncia de Antifraude es un espaldarazo para la estrategia española de trasladar a las instituciones europeas el contencioso con el Reino Unido por la soberanía de Gibraltar. Representa asimismo un respaldo para la decisión del Gobierno que más ha tensado la cuerda con Londres: los controles de entrada y salida de La Verja para perseguir el contrabando, lo que da lugar a larguísimas colas, y el refuerzo del servicio de Aduanas en la frontera.

La Agencia Tributaria emitió ayer en este sentido una durísima nota que abunda en la dialéctica de confrontación, en la que acusa crudamente al Ejecutivo de Fabian Picardo de favorecer la delincuencia organizada. Así, dice que el contrabando “resulta plenamente controlado por organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparados por la inacción del Gobierno gibraltareño”.
“Asimismo, la presencia de Gibraltar y, en concreto, su régimen fiscal y su opacidad informativa plantean otros problemas asociados que suponen perjuicios económicos adicionales y que, lejos de constituirse en polo de prosperidad para la zona, deterioran económicamente su entorno más inmediato para luego extender sus efectos hacia el resto del territorio nacional”, añade.

Fuente: El Mundo

El crecimiento de los créditos rápidos. Prevención de blanqueo asociada

14 agosto, 2014

Los créditos rápidos han crecido exponencialmente de nuevo en los últimos meses, el crecimiento se ha producido primordialmente por la entrada en el mercado empresas que ya tenían experiencia en otros países dentro de este sector y que han exportado su modelo de negocio a España.

Los créditos rápidos se han convertido en una alternativa al crédito tradicional que sigue sin ser una solución de financiación para los hogares. Su auge está provocado por una mezcla entre el aumento de la necesidad de conseguir liquidez y las reticencias de la banca tradicional en la concesión de crédito.

Ventajas y razones del éxito de estos productos

Este tipo de créditos están pensados para reducir los “inconvenientes” asociados a los préstamos tradicionales. Acortar los plazos desde el momento de la solicitud hasta el momento en que el dinero llega a las manos del cliente, reducir los trámites gracias al uso de internet que hace innecesario el desplazamiento a una oficina bancaria, facilitando el envío online de documentación, y principalmente la rapidez en la concesión que se erige es la principal ventaja a la hora de contratar este tipo de productos. Por otro lado, estos créditos están enfocados a la solicitud de cantidades inferiores a los 1.000€.

Prevención de blanqueo de capitales asociada a estos productos

A pesar de lo reducido del importe de las operaciones, estas entidades deben cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales, aunque en función del tipo de operación, pueden reducir las medidas de diligencia aplicadas en sus procedimientos.

Se genera entonces una duda razonable en la aplicación de la normativa vigente en prevención de blanqueo de capitales en cuanto a las medidas de diligencia a aplicar.

Si tenemos en cuenta el artículo 16 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sería suficiente con la aplicación de medidas simplificadas al no superar los créditos la cantidad de 2.500€, pero si nos atenemos a los artículos 19 y 21 que establecen los supuestos de aplicación de medidas de diligencia reforzada, serian estas las medidas de aplicación al tratarse de servicios de banca privada y de operaciones no presenciales.

El bitcoin y el blanqueo de capitales

8 agosto, 2014

Informe de conclusiones del Plenario del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha hecho públicas las conclusiones de su reunión plenaria celebrada en París entre los días 25 y 27 de Junio y que ya resumimos en un post anterior.

En dicha reunión se realizó un análisis en profundidad del sistema de monedas virtuales, plasmando las conclusiones en un documento en el que se exponen los riesgos de BC/FT relacionados con el uso de esta nueva tecnología.

Según el informe, las monedas virtuales tienen en su mayoría un uso legítimo y al mismo tiempo que valora el potencial que tienen éstas para mejorar la eficiencia de los pagos y reducir los costes de las transacciones y transferencias de fondos, también advierte que proporcionan una nueva y poderosa herramienta para los criminales, aquellos que financian el terrorismo y otros evasores que gestionan fondos de origen ilícito, fuera del alcance y del control de los gobiernos.

En cuanto a las ventajas señala, por ejemplo, el Bitcoin que funciona como una divisa global que puede evitar las comisiones de cambio y que actualmente se utiliza y tiene unas comisiones financieras inferiores a las tradicionales tarjetas de crédito. Así mismo, indica que las divisas digitales pueden ayudar a la inclusión financiera de aquellos países o jurisdicciones que no cuentan con servicios bancarios o los tienen muy precarios.

Con respecto al riesgo, el GAFI señala que las divisas digitales son potencialmente vulnerables de ser mal utilizadas con el fin de cometer actos de BC/FT al permitir un mayor anonimato que los tradicionales métodos de pago excepto el efectivo.

Los sistemas de divisas virtuales pueden ser comercializados en Internet, y por lo general se caracterizan por relaciones con los clientes sin necesidad de acto presencial, por lo que pueden facilitar las transferencias anónimas, si el remitente y beneficiario no se identifican adecuadamente. Los sistemas descentralizados son especialmente vulnerables a los riesgos de anonimato, por su diseño, porque funcionan como cuentas, porque no tienen nombres ni ninguna identificación de los clientes que los utilizan y porque no tienen ningún servidor central o proveedor de servicios.

El protocolo de Bitcoin no requiere ni proporciona la identificación y verificación de los participantes ni genera registros históricos de las transacciones que necesariamente deben estar asociadas a identidades del mundo real. No hay ningún órgano de control central por lo que tampoco hay softwares específicos anti BC/FT que analicen o detecten transacciones sospechosas.

Los sistemas de control de cada país no pueden supervisar cada entidad (o administrador) con fines preventivos, por lo que ofrece un nivel de anonimato potencial imposible con tarjetas de crédito y débito tradicionales o sistemas de pago online más antiguos, como PayPal.

La globalización de la economía, del mismo modo, aumenta el riesgo potencial de BC/FT. Los sistemas de monedas virtuales son accesibles a través de Internet (incluyendo a través de teléfonos móviles), y se pueden utilizar para realizar pagos transfronterizos y transferencias de fondos. Además, las monedas virtuales comúnmente se basan en infraestructuras complejas que afectan a varias entidades y a menudo se organizan en varios países.

El GAFI también señala que se están detectando casos relacionados con el uso de las monedas digitales, y cita algunos ejemplos de delitos de BC/FT para demostrar cómo este método de pago ya ha sido utilizado con este propósito. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones y encuestas sobre las características de las monedas virtuales para hacer una evaluación preliminar sobre el riesgo de BC/FT asociado con este método de pago. Esta preocupación viene de la constatación de que, en un corto espacio de tiempo, las monedas virtuales, como por ejemplo el Bitcoin, se han convertido en una forma de pago con cada vez mayor aceptación mundial al ser consideradas como métodos innovadores y flexibles.

Un paso importante en la evaluación de los riesgos es tener una idea clara de los diferentes tipos de monedas virtuales y cómo son controlados y utilizados. El informe elaborado por el GAFI establece un marco de definiciones clave, lo que podría constituir la base para un mayor desarrollo de las políticas anti BC/FT. Es un negocio prácticamente desconocido que supone un desafío para los reguladores de todo el mundo.