Los billetes de 500 euros, bajo la lupa de Hacienda

8 abril, 2014

En España, según datos de la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2009 la circulación de billetes de 500 euros motivó un fraude de 750 millones.

En febrero pasado se movió un total de 39.609 millones de euros en billetes de 500 euros. Aunque se trata del nivel más bajo registrado desde mayo de 2005, España es el país de la UE con mayor número de billetes de este valor en circulación (un 75% del total).

Estos billetes asociados al fraude “facilitan movimientos de capitales ilegales y la economía sumergida, y nunca se utilizan en la economía real”, dicen desde las instituciones europeas los defensores de su desaparición.

En nuestro país, avalado incluso con una sentencia del Tribunal Supremo, las operaciones bancarias que se realicen con billetes de 500 euros están fiscalizadas por Hacienda.

Es decir, las entidades bancarias tienen obligación de informar a la Agencia Tributaria de operaciones de caja realizadas con billetes de 500 euros, “con el objeto de detectar actividades u operaciones fraudulentas”, tal y como se desprende de la Ley General Tributaria.

La sentencia del Alto Tribunal, dictada en noviembre 2013, revoca una resolución de la Audiencia Nacional al estimar el recurso interpuesto por el Abogado del Estado y declara la conformidad a derecho del requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, al Banco Pastor para identificar a quienes realizaron unas operaciones de ingreso o retirada de dinero en efectivo superiores a 100.000 euros en billetes de 500 euros, así como el nombre del beneficiario en cada ingreso y el ordenante de la retirada.

Según la fundamentación jurídica del Supremo, «en modo alguno puede aceptarse la conclusión a la que llega la Sala de instancia» de que la información requerida era «cuasi estadística”, cuyo «interés para la Hacienda Pública se puede cumplimentar con el deber de información periódico o temporal, incluso con otras instituciones como el Banco de España».

La Audiencia Nacional añadía que esos datos carecían de «trascendencia tributaria con anterioridad a la emisión de dicho requerimiento, al no identificarse a los obligados tributarios cuyo incumplimiento de información o cumplimiento de sus deberes fiscales se sospeche».

Aludiendo a su propia jurisprudencia y con la doctrina del Tribunal Constitucional, la Sala del Supremo responde que existe «una obligación legal de facilitar y suministrar información con relevancia tributaria a la Administración».

«La Administración puede exigir los datos relativos a la situación económica del contribuyente, quien tiene el deber jurídico de colaborar, deber que se extiende a quienes puedan prestar su ayuda en la tarea de alcanzar la equidad fiscal, como las entidades bancarias«, subraya la sentencia.

Los magistrados recuerdan que el uso de billetes de 500 está vinculado en ocasiones «a transacciones realizadas al margen de la legalidad».

Entiende el tribunal que los datos que Hacienda solicitó al Banco Pastor, tienen clara relevancia económica y no sólo por referirse a una cuantía significativa, sino porque se llevan a cabo con este tipo de billetes “de notoria significación en determinadas transacciones ilegales que, sin mayor justificación adicional, evidencia la transcendencia tributaria que se exige legalmente”.

Publicado el primer Índice de Transparencia de los Parlamentos

1 abril, 2014

Por primera vez, la organización Transparencia Internacional España mide, a través de un conjunto de ochenta indicadores, el nivel de transparencia de los diecinueve Parlamentos existentes en España, es decir, Congreso, Senado y los diecisiete Parlamentos autonómicos.

Los indicadores que se utilizan para la evaluación tratan de abarcar los aspectos informativos más importantes que se estima debe ofrecer a la ciudadanía una institución parlamentaria.

En este sentido, las seis áreas de transparencia que se evalúan son:

-Información sobre el Parlamento

-Información sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria

-Relaciones con los ciudadanos y la sociedad

-Transparencia económico-financiera

-Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros

-Indicadores nueva Ley de Transparencia

Los resultados de este Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR) han puesto de manifiesto que los Parlamentos más transparentes, con una puntuación superior a 80 sobre 100, son el de Cantabria, seguido por el de Navarra junto al Senado.

A nivel de valoración global, hay dieciséis Parlamentos que han superado los 50 puntos sobre 100. Sólo hay tres instituciones parlamentarias por debajo del umbral del aprobado: Baleares, Canarias y Murcia.

Además, seis Parlamentos han obtenido una calificación de notable, y uno, el de Cantabria, de sobresaliente.

Por otra parte, el nivel de dispersión entre las puntuaciones finales ha sido alto, ya que entre el primero y el último Parlamento del ranking hay una diferencia de 56 puntos porcentuales.

En cuanto al ranking de las seis áreas de transparencia, hay que señalar que la media general más baja es para la valoración parcial de la transparencia económico-financiera, que no llega al aprobado (49.2). Le sigue con una media de 51.2 la correspondiente a la transparencia en las contrataciones de servicios.

En el extremo más alto, con una media del 81.4, se coloca la información sobre el funcionamiento y actividad parlamentaria.

Para TI España, la característica más destacada en esta primera edición del IPAR ha sido el alto ritmo de mejora que han experimentado por término medio los Parlamentos durante el período de evaluación.

Así, se ponen de manifiesto diferencias significativas desde el momento en el que se les envía el Cuestionario prerrelleno con la evaluación provisional por parte de TI-España en diciembre 2013, hasta la fecha en que los Parlamentos remiten finalmente los cuestionarios cumplimentados en febrero 2014, una vez añadidos los correspondientes indicadores respecto a la evaluación previa.

Concretamente, la puntuación media inicial de estas instituciones había sido de 25.6 (sobre 100), mientras que la puntuación definitiva ha sido de 64.1, lo que viene a evidenciar el interés que, en general, han puesto estas instituciones en ampliar la información que hacían pública.