Sistema de prevención en Grupo, por Benigno de Valentín

25 marzo, 2014

Benigno ValentínEn la reunión convocada a principios de febrero por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, a la que fuimos convocados los expertos de las quince entidades de crédito más importantes de España, una de las cuestiones planteadas por los supervisores fue la necesidad de establecer los sistemas de prevención en Grupo.

Con la modificación introducida por la Ley de transparencia, la estructuración del sistema a nivel de grupo deja de ser una opción para los sujetos obligados, para convertirse en un requisito de obligado cumplimiento, no resultando admisible que una participada perteneciente a un grupo pueda disponer de un sistema de prevención autónomo, independiente de la entidad dominante.

La presunción de que no hay gestión del riesgo si no existe un sistema de prevención en grupo, tiene ahora un claro fundamento normativo.

No obstante, la diversidad de sectores de actividad de las participadas, la utilización de aplicaciones informáticas propias, y la posible ubicación en diferentes países o jurisdicciones, hacen que el modelo elegido pueda variar en sus características.

Inicialmente podemos distinguir dos modelos que, en la práctica, ya habíamos observados en algunos grupo financieros examinados.

Cumplido el requisito del artículo 42 del Código de Comercio y las formalidades de decisión recíproca de la entidad anfitriona, y las entidades dependientes, así como la comunicación al Servicio Ejecutivo, existen al menos dos modelos para elegir:

  • Modelo de integración, que requiere un acceso inmediato e integro a los clientes y las operaciones de la entidad dependiente.
  • Modelo de supervisión, cuando sólo es posible un acceso diferido, por no darse las condiciones objetivas necesarias para una integración.

Un sistema para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está formado por los siguientes elementos:

  • Política en prevención: análisis previo de riesgo, declaración institucional, manual de prevención, admisión de clientes,  normativa interna, formación de la plantilla, estándares éticos en la contratación de empleados y mediadores.
  • Órganos: representantes y autorizados, órganos de control interno,  unidad técnica y asignación de funciones a directivos, empelados y mediadores.
  • Procedimientos: diligencia debida con el cliente, conservación de documentos, detección de situaciones de riesgo, examen especial, comunicación por indicio y sistemática, contestación a requerimientos, control de filiales y sucursales, auditoría interna y examen externo.

Como se ajustan estas políticas, órganos y procedimientos en cada uno de los modelos propuestos es una tarea que deberá ajustarse a la idiosincrasia de cada grupo de sujetos obligados.

En cualquier caso, el Reglamento asignará al Servicio Ejecutivo la facultad de formular reparos u observaciones si estimase que las medidas de control interno no se adaptan a los diferentes modelos de negocio y perfiles de riesgo.

Benigno de Valentín. PB Consultores

¿Próximos al final del secreto bancario?

24 marzo, 2014

Tras casi seis años de negociación, el Consejo de Europa respalda la directiva revisada sobre la fiscalidad del ahorro, como instrumento legal para reforzar la lucha contra la evasión fiscal.

Una vez que Austria y Luxemburgo levantaran el pasado 21 de marzo su veto al intercambio de información, los Estados miembros han aprobado formalmente lo que será parte de la estructura legislativa de la UE para incorporar el nuevo estándar internacional de intercambio automático de información fiscal impulsado y desarrollado por la OCDE.

La exigencia de estos dos países, últimos en mantener el secreto bancario, a cambio de dar su visto bueno a la directiva sobre fiscalidad del ahorro: cerrar antes de fin de año acuerdos de intercambio automático de información con Suiza, San Marino, Andorra y Liechtenstein para que no existan “desventajas” y evitar una fuga de capitales a estos países.

Para el comisario de Fiscalidad, Algirdas Šemeta, este acuerdo adoptado por el Consejo de Europa muestra que “los días del secreto bancario y de la falta de transparencia tributaria han terminado”.

Hasta ahora, la Directiva 2003/48/CE, en vigor desde 2005, establecía el intercambio automático entre los 28 de la UE sobre los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses de cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de residencia.

Con el nuevo texto legal se pretenden cubrir algunas lagunas y se amplía, por tanto, el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/48/CE.

Así, abarcará nuevos tipos de ingresos y productos que generen intereses o rendimientos más allá del ahorro. Incluye, por ejemplo, seguros y fondos de inversión.

Además, las autoridades fiscales “estarán obligadas a adoptar medidas para identificar quién se está beneficiando de los pagos de intereses”, por lo que  la nueva directiva pondrá el foco no solo sobre personas físicas sino también sobre las estructuras interpuestas, tipo fundaciones o trusts.

No obstante, para el caso de que Luxemburgo y Austria mantengan el secreto bancario, la norma contempla la aplicación de una retención en origen de hasta el 35% y el envío de una parte al país de procedencia de los ahorradores.

Los Estados miembros tendrán hasta el 1 de enero de 2016 para hacer la transposición de esta normativa comunitaria a las nacionales.

La reglamentación de la ley antiblanqueo, favorable para la Fiscalía, con matices

19 marzo, 2014

El Consejo Fiscal sugiere que los bancos queden obligados por el Fichero de Titularidades Financieras a comunicar en tiempo real cada apertura de cuenta, con el objetivo de evitar delitos y malas prácticas.

Es una propuesta lanzada por el órgano consultivo de la Fiscalía en su Informe “favorable” al texto del Reglamento de la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

El Fichero de Titularidades Financieras viene recogido en el artículo 43 de la Ley 10/2010 con la clara finalidad de incluir los datos declarados al SEPBAC por parte de las entidades de crédito en cuanto a “la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo”.

Una declaración que debe contener “los datos identificativos de los titulares, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, el tipo de cuenta o depósito y los datos identificativos de la entidad de crédito declarante”.

Ahora, lo que solicita la Fiscalía para atajar “malas prácticas bancarias” es que en el Fichero se reflejen los datos de la totalidad de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazos con independencia de su titularidad.

Y es que algunas entidades de crédito mantienen de forma temporal dinero en cuentas corrientes internas de la propia entidad, cuya titularidad no es de ningún cliente, pero que “sirven para mantener depósitos recibidos de transferencias dinerarias normalmente internacionales”, y que después van liberando con destino a la cuenta corriente titularidad de un cliente real nacional.

Son casos en los que la entidad de crédito proporciona a un cliente real extranjero un servicio bancario similar al de una cuenta corriente pero sin que aparezca el verdadero titular de la cuenta corriente ordenante de la transferencia.

En segundo lugar, la Fiscalía quiere que la comunicación al Fichero de las cuentas en los bancos se lleve a cabo en tiempo real, por un proceso telemático, es decir, al mismo tiempo que se constituye la cuenta.

Además, se añade la observación de que se lleve a cabo una mejora en cómo se debe acreditar la autoridad judicial o fiscal que acuerda la obtención de los datos cuando la consulta al fichero la requieran las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Fuente: Europa Press

Jersey, Guernsey e Isla de Man dejan de ser paraísos fiscales para España

14 marzo, 2014

El Consejo de Ministros autorizaba el pasado 14 de marzo la firma de tres acuerdos sobre intercambio de información tributaria entre España y los territorios británicos de Jersey, Guernsey y la Isla de Man.

Esta medida supone un avance importante en la lucha contra el fraude fiscal, si tenemos en cuenta que se trata de territorios considerados actualmente como paraísos fiscales.

La firma se realizará con los propios territorios, una vez que el Reino Unido les autorizara a negociar por su cuenta acuerdos con los Estados miembros de la OCDE y de la Unión Europea.

Los nuevos acuerdos de intercambio de información entre España y Guernsey, Jersey y la Isla de Man suponen “un avance en cuanto a los instrumentos de prevención del fraude fiscal, y tendrán un importante efecto en la lucha contra el fraude fiscal internacional”, una vez que entren en vigor.

Por medio de este tipo de acuerdos, formulados al amparo del modelo acordado con la OCDE, los territorios se comprometen a obtener y proporcionar toda la información que resulte de interés para la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria.

Además, no será posible oponer secreto bancario.

Así, desde el momento en que surtan efecto los acuerdos y el intercambio de información sea efectivo, estos territorios dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal.

En el caso de España, estarán comprendidos en el ámbito del acuerdo todos los impuestos estatales, entre otros, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de no residentes, sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, valor añadido e impuestos especiales, y los locales sobre renta y patrimonio.

Nuevo estándar de intercambio de información

España, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ha liderado el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información, fundamentado en el Acuerdo FATCA firmado con Estados Unidos.

Además, en los últimos años ha ultimado numerosos convenios y acuerdos internacionales para garantizar el intercambio de información: Catar, Austria, Reino Unido, India, Uzbekistán, Chipre, Argentina, Estados Unidos, Mónaco y Macao.

Los eurodiputados respaldan las enmiendas a la cuarta Directiva

11 marzo, 2014

Las enmiendas presentadas el pasado mes de febrero por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara sobre la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han sido respaldadas también por el pleno en su sesión celebrada el 11 de marzo.

Esta nueva norma ha sido aprobada en primera lectura, con el fin de consolidar el trabajo realizado hasta ahora y poder transmitirlo al próximo Parlamento que se constituya tras las elecciones de mayo.

Recordemos que esta propuesta legislativa obligaría a los Estados miembros a crear registros públicos centrales con información de los titulares reales de cualquier tipo de entidad jurídica, ya sean empresas, fideicomisos, mutuas, fundaciones o holdings.

Transacciones sospechosas

Además, de acuerdo con la nueva directiva, los 28 supervisarían las transacciones sospechosas a cargo de bancos y otras instituciones financieras, así como auditores, abogados, contables, asesores fiscales, notarios, agentes inmobiliarios y fideicomisos. Los casinos también estarían incluidos en las nuevas normas, pero la decisión de aplicar la directiva a otros juegos de azar dependería de los Estados miembros.

Cargos políticos en la UE

Los eurodiputados respaldan la propuesta de la Comisión de incluir en la directiva a las “personas del medio político de la UE”, es decir, aquellos que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un Estado miembro.

La legislación actual sobre blanqueo de capitales se aplica a los políticos extranjeros y las nuevas normas se extenderían a los residentes en la UE, entre ellos Jefes de Estado, miembros del gobierno, ministros, miembros de tribunales supremos y miembros de parlamentos.

Asimismo, se establece que tanto la identificación del cliente como la comprobación de su identidad se haga con informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes.

Cuantías mínimas

Las autoridades nacionales supervisarían las transacciones ocasionales, efectuadas en una única operación o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, cuando sumen al menos 15.000 euros.

En el caso de los bienes pagados al contado, este límite se fijaría en 7.500 euros.

Por su parte, los casinos tendrían que rendir cuentas de las transacciones a partir de los 2.000 euros.

Transferencias de fondos

El pleno del Parlamento Europeo también ha aprobado la reforma del reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos, con el fin de mejorar la trazabilidad de los ordenantes y los receptores de los activos.