Como medida de prevención de la evasión fiscal entre los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de EEUU aprobaba hace tres años la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) que, por cuestiones operativas y de adaptación de las entidades financieras, ha ido posponiendo su entrada en vigor hasta julio de 2014.

Y es que la normativa obliga a que las entidades financieras de todo el mundo se comprometan a cumplir determinadas obligaciones  con respecto a los titulares estadounidenses de cuentas bancarias en el extranjero: identificación, reporte… Se trata, en suma, de hacer posible el intercambio automático de información financiera entre bancos internacionales.

Para ello, se hace preciso que los grupos financieros internacionales adopten un esfuerzo coordinado de sus estructuras con un trabajo en equipo y global de sus entidades.

Así, los bancos extranjeros deberán inscribirse en el registro on line dispuesto por el IRS (Internal Revenue Service), órgano dependiente del Tesoro, y tener en cuenta que si quieren aparecer en la primera versión del listado de entidades, que se hará público el próximo mes de junio 2014, disponen hasta el 25 de abril como fecha límite para finalizar ese registro.

En este sentido, tal y como señalan expertos de la firma KPMG, “un tema relevante para que un grupo financiero internacional sea considerado participante y pueda firmar el acuerdo con el IRS es que todos sus miembros lo sean”. Esto implica, añaden, “que la decisión local de participar o no se vea influida no sólo por el impacto que FATCA tenga localmente, sino sobre los negocios globales que el grupo mantiene en su conjunto”.

Además, de forma complementaria a este sistema dirigido a entidades centrales y sucursales, numerosos países –entre los que se encuentra España-, están suscribiendo acuerdos bilaterales con EEUU.

Mediante estos acuerdos, considerados como la forma más sencilla de adaptarse a esta normativa sin precedentes, las entidades financieras tanto de los países firmantes como de EEUU, se comprometen a comunicar a sus autoridades fiscales la información referente a contribuyentes del otro país y, seguidamente, la información se intercambiará entre las autoridades fiscales, de forma automática.

Para Santiago Lago, directivo de Soluciones Confirma, la próxima entrada en vigor de la FATCA supone “la llegada de una de las primeras medidas de carácter extraterritorial adoptadas por un país para poner límites al secreto bancario, propiciando así el intercambio de información”.

La consecuencia más directa de no participar de esta normativa, será que tanto las entidades como sus clientes tendrán que asumir una retención del 30% sobre las rentas pasivas procedentes de EEUU. Esto, en la práctica, según explican los expertos, significaría “un eventual aislamiento en transacciones globales, ya que varias entidades internacionales podrían, para simplificar sus procesos, evitar operaciones con bancos no participantes”.