¿En qué consiste la Ley de Transparencia?

29 noviembre, 2013

Tras un año de tramitación, y con la ratificación de las enmiendas incorporadas durante su tramitación en el Senado,  ha quedado aprobada definitivamente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Con el objeto de acometer la implantación de esta ley, el Programa de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes aumenta sus partidas de gasto e inversión en 1,4 millones de euros.

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno “deben ser ejes fundamentales de toda acción política”, argumenta el Ejecutivo en la exposición de motivos.

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Con este objetivo, la ley amplía la publicidad activa en distintos ámbitos.

En materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento.

Será de aplicación a todas las administraciones públicas y organismos, entidades, asociaciones, corporaciones y fundaciones del sector público, así como a las sociedades mercantiles participadas por esas entidades en un 50%. También a la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Junto a estos organismos e instituciones, quedan afectados, también, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros.

La información será publicada en el Portal de la Transparencia, que estará operativo en 2014.

Del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley velará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente que sólo tendrá competencias en aquella comunidades autónomas que hayan firmado un convenio al efecto.

Las enmiendas aprobadas en el Senado y que ha confirmado el Congreso el 28 de noviembre afectan, entre otras cuestiones, a la entrada en vigor de la Ley, que se realizará de forma escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones.

Así, las disposiciones previstas en el Título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE; el Título Preliminar, el Título I y el Título III lo harán al año de su publicación; y los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

En cuanto a las disposiciones finales, se modifica la regulación del derecho de acceso los archivos y registros administrativos contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se amplía la publicidad de determinada información que figura en el Registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado y la obligación de publicidad prevista en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Otro de los cambios incorporados permite a los solicitantes de información dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

El Senado ha añadido nuevas disposiciones adicionales por las que se establece, entre otras cuestiones, que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios técnicos y humanos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; y se amplía la definición de las personas con responsabilidad pública.

La Ley prevé también que el Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses desde su publicación en el BOE, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

#EncuentrosSC: “La Ley 10/2010 tiene muchos recovecos que permiten al Reglamento elasticidades interpretativas”

27 noviembre, 2013

encuentro-soluciones (1)Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010.

Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y reflexión entre los expertos.

Por esta razón, hemos querido estrenar en Twitter los #EncuentrosSC con un análisis de las principales novedades que aportará este Reglamento a la prevención del blanqueo.

Para ello, hemos contado con las opiniones de tres profesionales como son @Santilago, director comercial de Soluciones Confirma y Vocal de INBLAC, @FabianZambranoV, responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de ASNEF y @Victor_Altimira, vicepresidente ejecutivo INBLAC y abogado de Logic Data Consulting.

Umbrales

La charla se iniciaba con la cuestión que planteaba @Santilago en torno a cuáles son las novedades a destacar del reglamento. La respuesta de @Victor_Altimira era contundente al afirmar que la principal novedad a destacar es la de “los famosos umbrales”, un aspecto que “va a decidir si un sujeto obligado va a tener que aplicar más o menos diligencias”.

Según apunta @Santilago, con ello “se mitigan algunas obligaciones a los sujetos obligados” que ocupen a menos de 10 personas y su volumen de negocios anual sea menor de 2 millones de euros. Precisamente es este aspecto lo que para @Victor_Altimira puede generar un “pitufeo” de sujetos obligados.

En opinión del Vicepresidente de INBLAC, se trata de una medida negativa porque podría dar pie a la picaresca en cuanto a “segregar empresas para no tener que aplicar ciertas medidas” y también a que “blanqueadores busquen sujetos obligados que no tengan tantas obligaciones” para favorecer, así, las operaciones de blanqueo.

Por su parte, @Santilago indica que “quizá profundizar en el enfoque basado en el riesgo (RBA) bien hecho, sea mejor que someter a muchos a un control excesivo”.

Y es que, como precisa Fabián Zambrano desde ASNEF, la Ley 10/2010 “tiene muchos recovecos que permiten al Reglamento determinadas elasticidades interpretativas”. Estamos ante una ley, añade, “complicada de interpretar y de aplicar”. “Es muy importante que la Ley se pueda cumplir sin cargas excesivas”, matiza.

Control interno

Como siguiente punto de análisis, Lago, directivo de Soluciones Confirma, centra el debate sobre los procedimientos de control interno y explica que “se fundamentarán en un análisis de riesgo documentado por el sujeto obligado”. Además, recuerda, que el órgano de control interno “no será preceptivo” para sujetos obligados que ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual no supere los 10 millones de euros. Para Zambrano, esta “supresión” es adecuada porque es “muy importante que la Ley se pueda cumplir sin cargas excesivas”.

“Tampoco es de mi agrado”, dice @Victor_Altimira, pero “si los empleados y directivos están bien formados en PBCYFT no debe ser problema”, precisa.

Titulares reales y políticos

Nuevo tema sobre los titulares reales que apunta @Santilago: la identificación obligatoria en transferencias mayores de 1.000 euros u operaciones ocasionales de más de 15.000 euros. @FabianZambranoV precisa que las operaciones ocasionales con la nueva Directiva pasarán a un importe de 7.500 euros.

Continuando con el paralelismo entre el reglamento y la 4ª Directiva, Lago pregunta sobre la idoneidad del refuerzo de la vigilancia a los PEPs. @Victor_Altimira responde que todo parece indicar que tanto el reglamento como la directiva sí van a recoger este extremo “para armonizar legislaciones”.

El representante de ASNEF, señala que “la ley de Transparencia adaptará el texto de la ley 10/2010 a la Directiva”.

A este extremo, Altimira afirma que “debería hacerlo” pero se pregunta si “va a ser todo trasparente o, por el contrario, van a quedar sujetos opacos”.

Santiago Lago le responde apuntando: “No te extrañe algún cambio para favorecer las condiciones del juego (Eurovegas)”. Con esto, dice Víctor Altimira, “podemos tener en España un caso similar a Nevada en EEUU, si no legislamos bien”.

Lo más positivo

A la hora de destacar los aspectos más positivos del reglamento, en general, @FabianZambranoV afirma que “va a ser una herramienta de interpretación útil para los sujetos obligados. Lo importante será la formación de los pequeños sujetos obligados y una buena supervisión”.

En opinión de @Victor_Altimira “eso es fundamental porque no hay mejor prevención que una buena formación”.

Para @Santilago, lo positivo se centra en que “se refuerza la protección de los datos de los investigados y se intensifica el control sobre los políticos”, así como “que se establezcan, en función del riesgo, alertas adecuadas según tipología, intervinientes y cuantía de las operaciones”.

Automatización del cumplimiento

Además, los 3 participantes están de acuerdo en admitir que para la identificación formal de los sujetos obligados pequeños “es imprescindible un buen software para que gran parte del cumplimiento sea automatizado porque de otra manera sería inviable”.

Y es que todos admiten, igualmente, que “la identificación formal es la medida fundamental de la prevención” y que el problema de cumplimientos está “en los pocos medios que tiene el SEPBLAC”. Por eso, “hace falta una mayor implicación de las Autoridades para informar sobre los riesgos de no luchar contra el blanqueo de capitales”.

En cualquier caso @FabianZambranoV precisa que “hacer un Reglamento de la Ley 10/2010 es muy complicado” y hay cuestiones que el Tesoro tendrá que cambiar para facilitar el trabajo “según ya han indicado públicamente sus responsables”.

Estrenamos los Encuentros 2.0 @SConfirma: Reglamento Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales

21 noviembre, 2013

El próximo 26 de noviembre, martes, a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Twitter con el primer encuentro 2.0 @SConfirma

#EncuentrosSC pretende ser un espacio de análisis y debate en el marco de la actividad que Soluciones Confirma realiza en redes sociales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la difusión de todos los aspectos legislativos, tecnológicos y de cualquier otra área que puedan concernir a los Sujetos Obligados.

En esta primera charla, reunimos a tres expertos para analizar el contenido del proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales.

En este arranque de los encuentros 2.0, contaremos con la participación de:

Santiago Lago, Director Comercial de Soluciones Confirma y Vocal INBLAC

Víctor Altimira, Vicepresidente Ejecutivo INBLAC y Abogado de Logic Data Consulting

Fabián Zambrano, Responsable del Servicio de Información de los Sujetos Obligados de ASNEF

Con el hashtag #EncuentrosSC, estos profesionales desgranarán los aspectos más destacados de este nuevo texto normativo pendiente de aprobación.

Los profesionales se suman a la lucha contra el blanqueo de capitales

20 noviembre, 2013

Colaborar en la lucha y prevención del blanqueo de capitales. Con este objetivo se han unido Soluciones Confirma y Previsión Sanitaria Nacional (PSN), mutua de seguros con más de 118.000 mutualistas.

Concretamente, atendiendo a la normativa europea y española en la materia, PSN ha decidido contar con Soluciones Confirma y su plataforma tecnológica Idconfirma para establecer su política de admisión de clientes y dar a conocer las medidas de diligencia debida.

Así, los profesionales que forman parte de PSN se suman también a la lucha contra el blanqueo de capitales en nuestro país. Entre ellos, destacan médicos, farmacéuticos o veterinarios, entre otros.

En esta línea, ya se había establecido un manual de procedimientos internos para dar a conocer las medidas de diligencia que la mutua de seguros lleva a cabo para evitar formar parte de las redes delictivas. El objetivo es que sus inversiones y mutualistas queden fuera de posibles incidencias relacionadas con el mal uso de los instrumentos financieros.

Tal y como explica Santiago Lago, directivo de Soluciones Confirma: “la plataforma Idconfirma ayuda a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral tanto con la diligencia de la identificación como con el deber de custodia de la documentación que establece la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”.

Esta plataforma tecnológica es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los sujetos obligados.

Teniendo en cuenta su estructura integral y modular, Idconfirma es una herramienta eficaz desde el momento previo al establecimiento de la relación de negocio; en el seguimiento continuo de la relación con el cliente; para la gestión y custodia de la documentación generada en el proceso de identificación y conocimiento; y para apoyar el análisis de las operaciones en la detección de las posibles prácticas delictivas en materia de blanqueo de capitales.

Signe renueva su marca corporativa para celebrar el 30 aniversario

11 noviembre, 2013

Esta empresa de seguridad documental, socia de Soluciones Confirma, está especializada en la impresión y personalización de documentos protegidos contra la duplicación y  modificación fraudulenta.

Actualmente, Signe está abordando una exitosa expansión a otros países e implantando nuevas líneas de negocio. Y para adaptarse a los nuevos tiempos, también han querido modernizar su imagen coincidiendo con la celebración de su 30 aniversario.

Para llegar a la marca actual, el primer objetivo del proyecto ha sido trabajar en la actualización de la identidad visual de la compañía, teniendo en cuenta tres aspectos: su adecuación al momento histórico; con ajuste a su dinámica actual; y, adaptándola a sus nuevas necesidades.

Y todo ello desarrollando una serie de premisas que pasan por conseguir capitalizar la notoriedad conseguida con los años y que plasmen una imagen diferenciada de la competencia; y, establecer el nexo entre “antes” y “después” con la definición de un lenguaje nuevo.

Desde Signe se pretende, por tanto, optimizar la marca de manera que se incremente su capacidad de identificación y recuerdo.

Así, la nueva marca será heredera de la actual, en la medida que adoptará sus puntos fuertes, a la vez que mostrará la nueva realidad de Signe.

Se trata, en definitiva, de transmitir la imagen de una compañía que cuenta con una amplia actividad avalada por 30 años de experiencia en el sector de la seguridad documental tanto en soporte papel como digital, donde priman valores como la innovación, la tecnología, la especialización o la internacionalización. Una fusión entre tradición y modernidad que sirva de base para la marca del grupo.