OCI, nueva funcionalidad de la plataforma Idconfirma para la custodia de documentos

30 octubre, 2013

Con el objetivo de ayudar a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma tecnológica Idconfirma.

Diseñada para llevar a cabo la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los sujetos obligados, el valor añadido de esta plataforma reside en su modularidad.

Precisamente en esta línea de trabajo, y como forma de facilitar el cumplimiento de los requerimientos del art. 32 de la ley 10/2010 en relación al nivel de protección de los datos que tienen que ver con el trabajo de los órganos de control interno (OCI), Idconfirma cuenta con una nueva funcionalidad dentro de su módulo de Gestión y Custodia de Expedientes.

Se trata de la gestión y custodia de los informes del OCI que, como señala Santiago Lago, Director Comercial de Soluciones Confirma, es una funcionalidad que “permite realizar la custodia de los documentos, informes y actas surgidas de los exámenes especiales y controles realizados por los Sujetos Obligados en relación a su política de prevención del blanqueo de capitales”.

Destaca, además, que como toda la plataforma, está desarrollada bajo medidas de seguridad de nivel alto garantizándose la máxima protección de los datos custodiados.

Construida bajo los criterios de un uso sencillo y accesible, el responsable de prevención de blanqueo podrá ordenar y recuperar los archivos almacenados siguiendo un cómodo directorio de carpetas, ordenadas por orden cronológico y con la posibilidad de guardar un versionado de los documentos custodiados.

Además, permite que los archivos estén a disposición de los usuarios en todo momento de forma online, con posibilidad de descarga y posterior impresión.

El sistema cuenta con un registro de log que audita la validación de acceso de cada usuario, registra consultas o modificaciones.

De esta forma, se garantiza que el sistema protege los archivos de accesos no deseados, respetando la confidencialidad de la información y los datos contenidos en los informes.

Adicionalmente, el sistema permite custodiar cualquier otra documentación relativa a la prevención del blanqueo de capitales como podría ser el caso de documentos de denuncia o comunicaciones F-19 al SEPBLAC.

Y es que como destaca Lago, la misión de Soluciones Confirma “es garantizar a sus clientes el cumplimiento actualizado y puntual de los requisitos impuestos por la normativa de PBC, a través de la excelencia en la prestación de sus servicios y la eficiencia en el empleo de recursos”.

 

¿Qué alegaciones al borrador de Reglamento PBC ha presentado INBLAC?

24 octubre, 2013

mopvil 30 09 2013 035

Hemos recibido más de 61 propuestas de alegaciones de 61 compañeros/as de profesión.

El trabajo ha sido arduo y complejo, pero conseguimos presentar en tiempo record una sola propuesta aglutinando todas.

Es de imaginar la variedad de alegaciones que recibimos, pero finalmente destacamos las siguientes:

 

  • Definición de umbrales

“Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras”

Esta es la leyenda que utiliza el reglamento para exceptuar obligaciones en: Examen de experto externo, medidas de control interno, formación, representante ante el Sepblac etc.

En su caso, debe aclararse la voluntad del legislador en cuanto a la aplicación de la excepción en los siguientes aspectos:

  1. A partir de qué momento se pone en marcha la excepción. ¿Se debe entender que la excepción se pone en marcha desde el momento en que las cuentas anuales son aprobadas? o ¿en el ejercicio económico/fiscal siguiente al de su aprobación? o ¿en el ejercicio de su aprobación con efectos retroactivos al inicio del mismo?
  2. Con respecto a la finalización de la excepción, ¿en qué términos debe entenderse, en los mismos de su inicio?
  3. ¿Cómo se computa el número de empleados y agentes? ¿Se incluye a los trabajadores por cuenta propia? ¿se considera el número medio de agentes y trabajadores por cuenta propia y ajena al cierre del ejercicio? ¿se prorratea la dedicación del empleado en términos de Full Time Equivalent? ¿Se incluye los miembros del órgano de administración? ¿Se incluye a los socios profesionales en las sociedades sujetas a la Ley de Sociedades Profesionales? ¿Se incluyen todos los trabajadores de la empresa o sólo aquellos que realizan una actividad prevista en el artículo 2 de la Ley 10/2010?

Nuestra postura es clara, hemos alegado que NO EXISTA LA LEYENDA DE EXCEPTUACION.

  • Experto Externo e Informe de Revisión de Experto Externo

El hecho de que se fije una fecha de referencia (30/04 de cada año) tan próxima al cierre del ejercicio de los clientes, obliga a los expertos a analizar a toda su cartera de clientes en un periodo de tiempo muy reducido, lo que puede llevar a la pérdida de calidad en los exámenes realizados .La regulación del artículo 28.2 de la Ley 10/2010 regula perfectamente este apartado, pudiendo así el experto externo repartir su trabajo.

Fijar una fecha para el examen del experto externo no atiende a ningún sentido lógico como lo pueda hacer el año económico.

La naturaleza de este examen es que a lo largo un año natural los sujetos obligados acrediten que se cumple la Ley, no importando cuando comienza o termina el cómputo de ese año natural teniendo en cuenta que la relación de informes se manda dos veces al año por los expertos externos al SEPBLAC.

En el caso de filiales debería poder encomendarse a otro experto externo (internacionalización y deslocalización de las empresas). Además en las filiales depende la participación de otros socios decisores. Si no se da esta opción, un sujeto obligado de gran tamaño tendría que contratar para todas sus participadas al mismo experto externo, cuando en la actualidad, muchas participadas tienen libertad de contratación  y normalmente contratan a un experto independiente de menor tamaño por su menor coste y muchas veces, por su mejor servicio.

  • Formación y sensibilización

Entendemos que el conocimiento de la Legislación en materia de Prevención, la concienciación  en su aplicación, el conocimiento de las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la misma y su aplicación desde una perspectiva sectorial y del riesgo inherente a la actividad de la empresa, debe garantizarse por medio de planes de formación específicos, externos y obligatorios en todos los sujetos obligados que se estructuran organizativamente bajo un modelo de delegación de funciones.

Todo ello sin considerar las responsabilidades penales de la empresa y directivos que se derivan de la aplicación del código penal.

Así, parece que para los sujetos obligados que no cumplan los requisitos de empleo y volumen de negocio la formación externa se reduce al responsable, dejando al margen a los demás. Teniendo en cuenta que la Ley establece la formación de los empleados incluirá “la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente”, y que el incumplimiento de dicha obligación es una infracción grave según el artículo 52, entendemos que el Reglamento incurre nuevamente en un exceso, pues la ley es clara en este punto y no contempla excepciones. Además la medida es difícil  de justificar, por cuanto no se explica cómo van los empleados a cumplir las obligaciones de diligencia debida si las desconocen.

  • Sujetos obligados y / o actividades económico/profesionales sujetas a escrutinio para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo

INBLAC considera, que si bien no se puede ampliar reglamentariamente  los sujetos obligados y en el bien entendido de que según las informaciones aparecidas a raíz  de el último consejo de ministros celebrado con anterioridad a la fecha de este escrito, se debería modificar la ley 10 2010 para ampliar los sujetos obligados en los siguientes:

1)       Los Partidos Políticos se han venido  financiado ilegalmente y/o irregularmente desde hace décadas y no han tenido un control riguroso.

2)       Los Clubes de Fútbol son instituciones donde se manejan grandes cantidades de dinero en traspasos y derechos, donde está siendo demostrado que no tributan adecuadamente y adicionalmente dicho por expertos de la materia, se blanquea dinero.

3)       Determinados Sindicatos tienen una fuerza y un tráfico de influencias que está descontrolado, son desde miembros de Directorio de un montón de Bancos, Empresas e Instituciones Públicas, reciben ingentes cantidades de dinero público y algunas veces su actuación no está siendo escrutada

4)       Los delincuentes suelen hacer uso de vehículos de Lujo, deberíamos controlarlos antes de que los adquieran

5)       Las embarcaciones marinas se utilizan algunas veces para entrar y salir del país y traer contrabando, y en otras ocasiones simplemente para blanquear

6)       Toda institución que reciba fondos o donaciones públicos o privados, debería ser transparente, debería dársele el mismo tratamiento que a las fundaciones

Juan Carlos Galindo. Presidente

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (INBLAC)

 

 

La Eurocámara dice no a los políticos corruptos

23 octubre, 2013

El pleno del Parlamento Europeo en su sesión del 23 de octubre, ha votado a favor de las propuestas finales de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero (CRIM), lo que supone el respaldo a un plan de acción comunitario para el periodo 2014-2019, en el que se plantean medidas para afrontar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero.

Con 526 votos a favor, 25 en contra y 87 abstenciones, los eurodiputados piden la exclusión de los condenados por delincuencia organizada, blanqueo de dinero o corrupción de las listas de candidatos a las elecciones europeas y nacionales de los Estados miembros.

Además, la Eurocámara propone a los países que retiren de cargos políticos, directivos o administrativos a todas las personas culpables de estos delitos, al tiempo que reclaman una mayor transparencia en los presupuestos de los partidos y sanciones disuasorias en caso de violaciones de la ley de financiación.

Según Europol, en la actualidad existen 3.600 organizaciones criminales internacionales que operan dentro de la UE. De ellas, el 70% se compone de miembros procedentes de diferentes países.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que las actividades ilegales suponen el 3,6% del PIB mundial, mientras que la Comisión calcula que el daño causado por la corrupción en la UE asciende a 120.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,1% del PIB de los Estados miembros.

En este sentido, el ponente Salvatore Iacolino ha señalado durante el debate que estamos ante un problema que tiene “una dimensión mundial”. Así, esta resolución supone “una lista de acciones concretas para que se implementen durante el próximo periodo legislativo”.

Este plan de acción comunitario también destaca entre sus prioridades la confiscación de los activos financieros de las redes de delincuencia y el bloqueo de sus fuentes de ingresos.

Y con el doble objetivo de combatir los crímenes que afectan a los intereses financieros de la UE, así como de coordinar las investigaciones nacionales, los eurodiputados han reiterado su petición de crear una Fiscalía Europea. Esta oficina “debe estar equipada con los recursos humanos y financieros necesarios”, han subrayado.

¿Qué va a suponer el Reglamento de la Ley 10/2010 en relación con la IV Directiva?

16 octubre, 2013

Victor Altimira

Parece una obviedad comentarlo, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del borrador de un Reglamento y del borrador de una Directiva de la Unión Europea.

¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos hablando de suposiciones de normativas que no han sido aprobadas y que, por tanto, lo que podamos comentar al respecto hoy puede no tener ninguna validez cuando salgan publicadas en sus respectivos boletines oficiales.

Dicho esto, y en aras a responder a la cuestión planteada, si se mantienen los últimos textos publicados todo parece indicar que se tratan de cuerpos legales muy similares y que, por tanto, la transposición de la IV Directiva al ordenamiento jurídico interno va a ser bastante liviana.

Cabe recordar que España traspuso tardíamente la III Directiva en forma de la vigente Ley 10/2010, pero esa tardanza conllevó que la Ley se asemejase más al resultado que se pretende conseguir con la IV.

Además, la IV Directiva, que también viene con retraso, aparecerá con posterioridad a la revisión de las recomendaciones del GAFI de febrero de 2012, al igual que el Reglamento. Pero es que el Reglamento, tal y como está, se va a tener que complementar con Órdenes Ministeriales, que también habrá que ver si están en consonancia con la Directiva que se apruebe.

Lo que parece claro es que la IV Directiva pretende incluir y someter a mayor control a las Personas con Responsabilidad Pública nacionales y para ello, no olvidemos, que se deberá modificar la Ley, y por ende, el Reglamento.

Pero ahondando más en este asunto, ¿qué pasará si finalmente la IV Directiva no se aprueba como está actualmente? Pues que el Reglamento que se pretende aprobar se tendrá que modificar o derogar lo mismo que la Ley, y vuelta a empezar. Esto es lo que ocurre cuando no se cumplen los plazos previstos.

Estaremos atentos.

Víctor Altimira Ávalos. Vicepresidente Ejecutivo

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (INBLAC)

Abogado de Logic Data Consulting, S.L.

Suiza, ¿fin a 80 años de secreto bancario?

15 octubre, 2013

Gran interrogante en el hasta ahora preciso mecanismo de la industria financiera suiza que representa más del 10% del PIB pero que, sin embargo, se encuentra bajo fuertes presiones internacionales para levantar el secreto bancario.

La crisis económica ha provocado que la comunidad internacional ponga el foco de atención sobre lo que se deja de ingresar de las cuentas extranjeras sin declarar en países como Suiza.

Por esta razón el país helvético ha aumentado la colaboración fiscal y bancaria con otros estados pero ¿revelará la identidad de sus clientes?

Suiza ha mantenido oculta la identidad de sus clientes con cuentas bancarias de cifras astronómicas desde que se instaurase el secreto bancario en 1934.

Se dice que los bancos suizos guardan 2,2 billones de dólares en patrimonios procedentes del exterior, la mitad con origen europeo.

Es evidente el peso de las finanzas en su economía, cuestión que quedó reflejada en el hecho de que la propia sociedad helvética rechazó suavizar el secreto bancario en un referéndum celebrado hace casi 20 años.

Y aunque algo está cambiando, parece que los progresos no son suficientes.

Es verdad que Suiza ha suscrito el estándar de la OCDE de asistencia fiscal en 2009 para intercambiar información caso por caso. Y, además, desde este año, los países con los que ha firmado el Convenio para evitar la Doble Imposición, entre ellos España, pueden solicitar información de grupos de contribuyentes con cuentas en Suiza sobre los que existan sospechas de haber cometido fraude o evasión fiscal.

También se anuncia la tramitación de una ley para acordar con la OCDE el intercambio de datos tributarios y hacer extensivo estos beneficios a todos los países que lo soliciten.

Sin embargo, desde Bruselas se reitera la petición de que se profundice en el intercambio automático de datos, una cuestión en la que Austria y Luxemburgo, principales aliados de Berna en la Comisión, ya han abandonado sus reticencias.

No se sumará tampoco a la iniciativa de la última cumbre del G20 celebrado en San Petersburgo de adoptar un sistema automático de intercambio de información fiscal hasta que no se adopte en todo el mundo y, más concretamente, en “otras plazas financieras mundiales como Singapur o Hong Kong para no perder la ventaja competitiva que ahora alberga Suiza, que lidera la recepción de patrimonios en el extranjero en todo el mundo con un 25% de la cuota global”.

Como alternativa, el país helvético ofrecería entregar a los países interesados recaudación a cambio de anonimato de las cuentas, con lo que persiste el secreto bancario.

Fuente: ABC