¿Cuáles son las próximas novedades legislativas contra la corrupción?

23 septiembre, 2013

El informe del Plan de regeneración democrática ya ha pasado por la aprobación del Consejo de Ministros en un documento que recoge las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que dispone nuestro ordenamiento jurídico.

Son cuarenta iniciativas que implican la modificación de diez leyes y que se espera consensuar con todas las fuerzas políticas.

Estas reformas se dividen en tres ejes normativos: el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos mediante una ley orgánica; la creación de un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos; y, una reforma en las medidas penales y procesales contra la corrupción.

El control y fiscalización del patrimonio de los cargos públicos una vez hayan abandonado sus responsabilidades es uno de los principales objetivos de estas reformas. De esta forma, podrán detectarse las situaciones de enriquecimiento injustificado.

Para ello, se pretende reforzar la Oficina de Control de Conflictos de Intereses que, además de ampliar sus funciones y reforzar sus medios, colaborará con otros organismos como la Agencia Tributaria.

De forma similar a como se establece en la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales, se amplía el número de altos cargos sometidos (Personas Expuestas Políticamente) a un control reforzado. Cualquier movimiento “llamativo” en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado al SEPBLAC.

En esta regulación del ejercicio del cargo público se encuadra, también, la concreción de los gastos de representación, de forma que se delimiten los usos a los que pueden ser destinados estos gastos que  no podrán superar los límites fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Además, se prohíbe el uso de tarjetas de crédito y los gastos sólo serán reembolsables con presentación de los justificantes.

Entre las medidas penales y procesales contra la corrupción, se recoge por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos y se refuerzan las consecuencias de ser condenado por corrupción.

Así, se prohibirá a los condenados por prevaricación, falsedad en las cuentas de los partidos políticos o financiación ilegal, entre otros, contratar con la Administración Pública o recibir subvenciones e incentivos.

Estas medidas son muy similares a las que recientemente ha publicado la Comisión Especial constituida en el seno del Parlamento Europeo con el objetivo de establecer un plan de acción contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales.

Y será delito contratar desde la Administración Pública a precios superiores de los reales, según se incluye en el proyecto de reforma del Código Penal. También se perseguirá la celebración de contratos sin prestación, y la utilización del patrimonio público para fines privados.

Entre las mejoras procesales, se contempla el refuerzo de las garantías en el proceso penal para evitar que los condenados se lucren con los efectos del delito.

 

 

Crimen organizado y blanqueo de capitales: se estrecha el cerco legal

19 septiembre, 2013

Hace un año y medio se constituía una Comisión Especial en el seno del Parlamento Europeo con el único objetivo de establecer un plan de acción para luchar contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales.

La denominada CRIM se creó, por tanto, en marzo de 2012 para evaluar el impacto que las actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado tienen en la economía y la sociedad de la UE, y, posteriormente recomendar medidas adecuadas para responder a estas amenazas en el plano europeo e internacional.

Atacar las finanzas y las fuentes de ingreso de las mafias son las medidas que encabezan este plan que la Unión Europea establecerá para el periodo 2014-2019.

Las propuestas finales de esta Comisión Especial, aprobadas con 29 votos a favor y ninguno en contra, llegarán al pleno del Parlamento en la sesión del 21 al 24 de octubre. Posteriormente, el plan se trasladará a los Estados miembros para darle seguimiento y ponerlo en práctica.

Este nuevo marco europeo pretende dejar fuera de cargos públicos y de licitaciones administrativas en toda la Unión Europea a aquellas personas  condenadas por delitos relacionadas con la delincuencia organizada, corrupción o blanqueo. Además, insta a los Estados miembros a ejecutar con la mayor agilidad posible este tipo de procedimientos judiciales.

El otro gran foco del informe se sitúa en las medidas a adoptar contra los activos procedentes de la delincuencia y proteger, así, los intereses financieros de Europa. Para ello se aboga por terminar con el secreto bancario y eliminar los paraísos fiscales, señalan los eurodiputados.

Se propone también que los bienes del crimen organizado se reutilicen con fines sociales, una vez hayan sido intervenidos en el marco de un proceso judicial, así como que las sociedades y empresas subsidiarias que hayan cometido delitos financieros tengan la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas.

No se olvidan los eurodiputados de señalar hacia las apuestas deportivas ilegales y el amaño de partidos como dos de las fuentes principales de ingresos de las mafias. En este sentido, proponen la incorporación de nuevos delitos que tipifiquen este tipo de actividades, así como el endurecimiento de las penas.

Por último, el plan de acción destaca la importancia de llegar a una única definición legal de “crimen organizado” como paso esencial para coordinar entre todos los Estados miembros la lucha contra las actividades delictivas de la mafia, sin olvidar la importancia de elaborar una nueva legislación de protección de testigos e informadores y el refuerzo de medios materiales y humanos de una Fiscalía Europea.

 

 

¿Qué aportará la reglamentación de la ley de prevención de blanqueo de capitales?

18 septiembre, 2013

Transcurridos tres años de la entrada en vigor de la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, parece inminente la aprobación del reglamento que, en este momento, está en trámite de audiencia pública.

Es un hito fundamental porque aunque la ley fue, en su momento, muy celebrada, es cierto que su aplicación ha puesto de manifiesto que existen lagunas por la falta de concreción de la normativa.

Así, el reglamento introduce una serie de cuestiones con respecto al texto de la ley.

Por ejemplo, junto a los servicios de banca privada, los de envío de dinero y los de cambio de moneda como sectores de actividad que entrañan un riesgo especial de blanqueo, se incluyen “las relaciones de negocio y operaciones con clientes no residentes” y también aquellas “con sociedades de mera tenencia de activos”.

Además, en el proyecto de Real Decreto por el que se aprobará el reglamento, se especifican con más detalle las medidas reforzadas de diligencia debida que, el sujeto obligado deberá aplicar en situaciones de mayor riesgo de blanqueo.

Hasta ahora conocíamos los tres casos que obligan a aplicarlas aunque se desconocía su contenido exacto. Estas tres situaciones de especial riesgo se han ampliado a doce. Entre las nuevas actividades figuran las operaciones “con sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea transparente o resulte inusual o excesivamente compleja”. Asimismo, los “servicios prestados o productos comercializados o distribuidos a través de agentes o intermediarios”.

En cuanto a las medidas reforzadas de diligencia debida, el proyecto incluye un amplio listado para que, en función del riesgo, el sujeto obligado sepa qué hacer. Entre ellas figuran, por ejemplo, la obtención de documentación o información adicional sobre el origen de los fondos o sobre el origen del patrimonio del cliente; documentación o información sobre el propósito de las operaciones; o, examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.

También se reglamenta la posibilidad de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida ante determinados clientes, productos u operaciones. En este caso se encuentran las entidades financieras, que no las de pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión o también las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado del entorno UE o equivalentes.

Otras cuestiones de gran peso a las que da desarrollo el reglamento están relacionadas con la identificación formal y lo que se considera documento fehaciente a efectos de identificar a los clientes, así como criterios para determinar la titularidad real en diversas situaciones como pueda ser en los trust.

Por lo que respecta al desarrollo y contenido de las medidas de control interno, se establece que, en principio, quienes empleen a menos de 10 personas y con volumen de negocios anual no superior a dos millones de euros quedarán excluidos de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Fuente: Funds People

 

La importancia de diseñar una estrategia de comunicación para sensibilizar contra el fraude financiero en Europa

13 septiembre, 2013

Para prevenir cualquier acción fraudulenta contra los intereses financieros europeos, los Estados miembros ya cuentan con su órgano de vigilancia, la OLAF.

No obstante, esta prevención y lucha contra el fraude no funcionarían con la misma eficacia sin el establecimiento de redes de comunicación entre la oficina antifraude europea y los organismos de supervisión e investigación de cada país con los que existe cooperación.

Esto es, precisamente, el trabajo que se coordina bajo las siglas  OAFCN (OLAF Anti-Fraud Communicators Network) en el contexto de la estrategia de comunicación externa e independiente que ha desarrollado esta oficina europea.

Y todo ello con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger los intereses financieros de los Estados miembros y que conozcan las consecuencias para el contribuyente de este tipo de irregularidades.

Así, en el marco de un diálogo permanente entre la unidad de comunicación externa de la Oficina y sus homólogos de los servicios nacionales, las principales líneas estratégicas pasan por informar a los ciudadanos europeos de lo que la OLAF y sus socios en los Estados miembros están haciendo tanto conjunta como individualmente con el fin de proteger sus intereses financieros.

Esto incluye una relación fluida y transparente con los medios de comunicación, así como un trabajo de concienciación a través de campañas específicas sobre la necesidad de desarrollar un programa de lucha contra el fraude global, equilibrado y eficaz en todo el territorio de la Unión Europea.

La idea es transmitir a la sociedad que todas las posibles formas de fraude a los intereses financieros de la Comunidad, la evasión fiscal o la vulneración de cualquier otro extremo del presupuesto europeo con el uso indebido de los recursos facilitados por la Comunidad, implica una pérdida real e importante para los contribuyentes europeos.

Por tanto, la OAFCN intenta añadir valor al trabajo de los servicios de investigación nacionales y poner de relieve no sólo el trabajo realizado en los distintos Estados miembros, sino también la labor que desarrolla la comunidad internacional en la lucha contra el fraude.

Es, en definitiva, el ejemplo de cooperación entre administraciones en el ámbito de acciones de comunicación.

 

 

EL G20 respalda el plan de acción contra la evasión fiscal de la OCDE

6 septiembre, 2013

Uno de los puntos prioritarios en la agenda de la reunión del G20 celebrada en San Petersburgo, durante los días 5 y 6 de septiembre, ha sido el análisis y discusión de medidas contra la evasión fiscal como forma de contribuir a la recuperación económica.

En la declaración formal al término de esta octava cumbre, los países miembros han respaldado el plan de acción redactado por la OCDE para evitar el fraude fiscal que incluye la puesta en marcha de un sistema de intercambio automático de información.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, presentó un informe a los líderes de países ricos y emergentes durante la sesión inaugural en el que, junto a un plan para erradicar las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales para evadir impuestos, se propone este sistema de intercambio automático de información que entrará en funcionamiento en 2015.

La intención del G20 es la adhesión del resto de países junto a los ricos y emergentes de forma que no haya que publicar nuevas listas negras de paraísos fiscales. Se pretende también ir poniendo cada vez más dificultades al secreto bancario.

Así, esta iniciativa, de similar alcance a la ley FATCA aprobada en EEUU, pasa inicialmente por elaborar un modelo de acuerdo, al que puedan adherirse las autoridades tributarias de los países que se sumen al sistema automático de intercambio.

Una vez adaptado el acuerdo suscrito a la legislación de cada jurisdicción, se podrá exigir a las entidades financieras que aporten cada año diversos datos de sus clientes a una plataforma a la que tendrán acceso las autoridades tributarias de los países implicados. Además, se establecerá la obligación de que los trusts y otro tipo de fundaciones revelen qué personas las controlan.

Las previsiones en los plazos de implementación del nuevo sistema fijan junio de 2014 para establecer las condiciones legales y las indicaciones sobre como recopilar la información, de manera que la operativa pueda arrancar en 2015.

Fuente: G20