Los cargos públicos tendrán un control reforzado para prevenir el blanqueo de capitales

8 julio, 2013

Próximamente, en la reglamentación de la ley de prevención del blanqueo de capitales se establecerá un control reforzado sobre las personas expuestas políticamente, los PEP.

Este es el último extremo que el Ministerio de Economía pretende incluir en el futuro Reglamento de la ley, con el objetivo de aumentar el control y la transparencia, así como evitar los casos de corrupción que tanto proliferan en nuestro país.

Esta medida de refuerzo afectará a más de 300.000 personas, desde el Rey a partidos, sindicatos, patronales y concejales, así como a sus familias y se mantendrán hasta dos años después de que los PEP dejen sus cargos.

Así, permitirá que entidades financieras, notarios y registradores puedan enviar alertas tempranas al  SEPBLAC sobre posibles movimientos bancarios sospechosos, operaciones de compraventa o creación de sociedades que no se correspondan con la actividad pública que realizan y puedan entrañar riesgo de blanqueo.

Son idénticos controles y procedimientos a los que ya se aplican a los no residentes que abren una cuenta bancaria, y sobre cuyos movimientos, siempre que se superen determinados parámetros que se consideren de riesgo, se envía un informe de inteligencia financiera al SEPBLAC, y de ahí a la Policía y al Ministerio Fiscal, en su caso.

Las entidades financieras o de seguros, así como todos los sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales, como son los funcionarios públicos de registros y notariados, deberán aplicar protocolos para determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública y deberán obtener autorización de algún directivo para establecer o mantener relaciones de negocios. Además, tendrán obligación de determinar el origen del patrimonio y de los fondos, así como a realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.

Entre los que se verán afectados por esta medida están, por tanto, aquellas personas que “desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en territorio nacional, en estados miembros de la UE o terceros países, tales como jefe de Estado, presidente del Gobierno, ministros u otros miembros del Ejecutivo y demás cargos de la Administración del Estado”.

También se incluye a parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con la inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas, y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración de una organización internacional.

En las CCAA, estarán sometidos a estos controles los presidentes, consejeros o miembros del consejo de gobierno, así como los altos cargos y diputados. Y en la administración local se someterán los alcaldes, concejales y demás cargos electos en municipios de más de 5.000 habitantes.

La norma afectará también a cargos de alta dirección en organizaciones sindicales y empresariales, así como en partidos políticos y a los miembros de los órganos de administración, de gestión y de supervisión de empresas públicas.

Por último, será de aplicación a los familiares y allegados de los PEP, entendiéndose por tal el cónyuge o la pareja del mismo, padres, hijos, yernos y nueras o parejas de los hijos. Asimismo, se considerará allegado a los cargos públicos, y tendrán el mismo control, aquellas personas físicas o jurídicas que compartan la titularidad de un instrumento financiero o de una empresa.

Esta supervisión especial no afectará a empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

Fuente: ABC

Europa refuerza su Oficina antifraude, la OLAF

4 julio, 2013

Para reforzar la lucha contra el fraude, el Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) que se va a convertir en un órgano más fuerte y eficaz en la protección de los derechos de los  contribuyentes de la UE a través de sus procesos de investigación.

El nuevo Reglamento, con entrada en vigor el 1 de agosto, dota a la OLAF de mayor independencia y responsabilidad en su ámbito de actuación, a la vez que establece mayores garantías de salvaguarda de los derechos fundamentales para aquellos que sean investigados por esta Oficina antifraude.

Hasta ahora estas disposiciones se recogían en normas internas de la propia Oficina y a partir de ahora estos derechos se vinculan a la legislación comunitaria, dándoles una base jurídica plena y adecuada.

Así, la persona investigada será informada de sus derechos con carácter previo a la entrevista con las autoridades; además, deberá conocer cuál es el tema objeto de la investigación; y, tendrá derecho a ser asistido por un representante así como a utilizar la lengua oficial que elija de forma voluntaria.

Junto al refuerzo de estas garantías, la reforma prevé la creación de una unidad de control de calidad en la OLAF que velará por el cumplimiento de la legalidad en todas las acciones asociadas a la investigación.

En cuanto a funciones y responsabilidades, el nuevo Reglamento clarifica la figura del director general y de la Comisión Fiscalizadora.

El primero, seguirá siendo responsable de decidir sobre las investigaciones que realiza la OLAF, así como de la apertura de estos procedimientos. Lo que se limita es el mandato, que no podrá renovarse después de 7 años con el fin de reforzar su independencia. Además, se incluye un procedimiento claro y transparente para la sustitución al final del mandato.

Por lo que respecta a la Comisión de Fiscalización, encargada de monitorizar la actividad de la OLAF en cuanto a garantizar que las investigaciones se realicen con total independencia, el nuevo Reglamento aclara que debería llevar a cabo un análisis sistematizado y no de caso por caso. Asimismo, tendrá la obligación de informar periódicamente de los casos que se remiten a las autoridades nacionales para su seguimiento.

Finalmente, la reforma de la Oficina antifraude pretende intensificar la cooperación con las autoridades de los Estados miembros y proporcionar un mayor intercambio de información sobre los casos. Estos niveles de cooperación se extienden también a la Europol y la Eurojust. Y todo ello con el propósito de facilitar un mejor  seguimiento judicial por parte de los Estados y sus instituciones.

 

Andorra da un paso más e intercambiará información fiscal con Europa

4 julio, 2013

Con el objetivo de avanzar en unas relaciones “fluidas y transparentes” con Europa, el Gobierno andorrano ha iniciado las negociaciones con la UE para alcanzar un acuerdo de intercambio automático de información fiscal.

La visita que el comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera y Lucha contra el fraude, Algirdas Semeta, ha realizado a Andorra pone de manifiesto que “la UE no limita la atención a los grandes interlocutores” porque “todos deben luchar contra la evasión fiscal, grandes y pequeños».

Así se manifestó Semeta que, tras su entrevista con el jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí, apuntó al secreto bancario como algo “ya superado”, señalando al intercambio de información a demanda como el próximo paso.

Ante esta iniciativa europea, el Gobierno andorrano ha manifestado la «total predisposición a iniciar la negociación» del acuerdo que piden sea “visible y practicable” también en San Marino, Suiza, Lienchestein y Mónaco, cuatro estados no miembros con los que la UE ha iniciado conversaciones en el ámbito fiscal.

En este sentido, Semeta ha precisado que lo que se persigue con este tipo de acuerdo es «garantizar las mismas condiciones para todos» y que estos cuatro estados junto con Andorra tengan «el mismo terreno de juego».

Está previsto que durante el mes de julio se produzcan las reuniones técnicas preparatorias y llegar a septiembre con los deberes hechos para afrontar la reforma.

Además, durante la visita, el comisario ha valorado muy positivamente las reformas económicas que está llevando a cabo Andorra, entre las que destacan la entrada en vigor de la ley de inversión extranjera y la futura incorporación de un IRPF.

Y es que la normativa que diseña Europa sobre fiscalidad del ahorro amplía el tipo de productos gravados, incluye a las personas jurídicas y no sólo a las físicas, y controla las personas residentes en territorio comunitario que perciben intereses a través de intermediarios establecidos fuera de la UE.

Fuente: La Vanguardia

 

El sector seguros y la identificación formal en la prevención del blanqueo de capitales

3 julio, 2013

En la política de prevención del blanqueo de capitales se establece como objetivo claro que los seguros de vida no sean utilizados como un canal delictivo.

Para evitarlo, la ley fija como sujetos obligados a las compañías de seguros de vida, corredores y entidades gestoras de fondos de pensiones.

Así, todos ellos deberán establecer un sistema de prevención y control interno que contenga los procedimientos, órganos y herramientas necesarios para luchar contra el blanqueo de capitales.

En este sentido, las principales obligaciones del mundo del seguro son idénticas a las del resto de sectores definidos en la ley como sujetos obligados y pasan por la inicial identificación formal de clientes y titulares; acreditación de la actividad profesional de los clientes; control y comunicación de operaciones por indicios; conservación de documentos identificativos; así como la creación de un órgano responsable ante el SEPBLAC.

Con este punto de partida llegamos al análisis de las medidas de diligencia debida donde sí encontramos diferencias aplicadas al sector. Estas medidas van desde el nivel más simplificado hasta aquellas otras que necesitan refuerzo. El ramo de no vida queda excluido del ámbito de la Ley.

Entre las medidas simplificadas de diligencia debida se incluye la obligación de identificar los clientes y operaciones domiciliadas en productos de vida riesgo y de previsión social complementaria con cuantías anuales de 1.000 euros o con aportación de prima única de 2.500 euros.

El mayor riesgo y, por tanto, las exigencias de mayor control se sitúan en el tratamiento de las personas de responsabilidad pública (Pep’s), la contratación a distancia o el ahorro a largo plazo con pago en efectivo siempre que supere las cantidades fijadas para el caso anterior.

Los expertos parecen coincidir en que es preciso contar con el Reglamento de la Ley para salvar algunas cuestiones de difícil aplicación como sería el caso de la actualización de la información a la cartera de clientes ya existente con primas domiciliadas o la futura comercialización de venta on line de productos financieros por parte de las aseguradoras.

En opinión de Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, “la identificación formal en el ámbito del seguro es de una importancia tal, que el futuro reglamento que desarrolle la Ley 10/2010 debería recalcar la exigencia que tienen los sujetos obligados de identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes, la identidad del tomador del seguro y, en su caso, del asegurado, con carácter previo a la celebración del contrato”.

Además, dice Lago que “siguiendo la lógica más elemental, y siendo coherentes con el espíritu de la normativa, los sujetos obligados deberían consignar la identidad del beneficiario o beneficiarios del seguro tan pronto como sean designados por el tomador del seguro”.

En todo caso, el directivo de Soluciones Confirma precisa que “la comprobación mediante documentos fehacientes de la identidad del beneficiario o beneficiarios del seguro de vida debería realizarse con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza”.