Una Fiscalía Europea para mayor protección contra el fraude

19 julio, 2013

Desde Bruselas se ha propuesto la creación de una Fiscalía Europea con el propósito de mejorar el procesamiento de aquellos que defrauden.

Y es que cada año, se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a presuntos fraudes.

Actualmente, existe un nivel de protección y cumplimiento muy desigual en la UE en materia de lucha contra el fraude.

El porcentaje de acciones judiciales efectivas relacionadas con infracciones contra el presupuesto europeo varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con una media en la UE del 42,3%.

Y es que muchos asuntos ni siquiera se enjuician, lo que permite a los defraudadores aprovechar las lagunas jurídicas. Incluso en caso de procesamiento, hay una gran disparidad entre los Estados miembros desde el punto de vista de las condenas por delitos cometidos contra el presupuesto de la UE.

La tarea de este nuevo órgano será, por tanto, investigar, procesar y, cuando proceda, llevar ante los tribunales de los Estados miembros todos aquellos delitos que afecten al presupuesto de la UE.

En este sentido se ha pronunciado el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, al señalar que la Fiscalía “mejorará de forma decisiva la protección del dinero de los contribuyentes y el tratamiento eficaz del fraude contra los fondos de la UE”.

Además, según ha explicado el comisario de Lucha contra el Fraude, Algirdas Šemeta, la Fiscalía Europea viene a “garantizar que se de prioridad en toda Europa a la protección del presupuesto de la UE”.

Así, servirá de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros, cuyas competencias se limitan a las fronteras nacionales, y los organismos de la Unión, que no pueden proceder a investigaciones penales.

La lógica de creación de la Fiscalía Europea responde a un criterio sencillo: si hay un “presupuesto federal”, alimentado con fondos procedentes de todos los Estados miembros de la UE y gestionado en virtud de normas comunes, entonces también se necesitan “instrumentos federales”, dice la Comisión, para proteger ese presupuesto de manera efectiva en toda la Unión.

La Fiscalía Europea velará por que cada asunto de presunto fraude contra el presupuesto de la UE sea objeto de seguimiento completo, de manera que los delincuentes sepan que serán procesados y llevados ante la justicia.

Tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal Europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos.

Los tribunales nacionales se encargarán del control jurisdiccional, lo que supone que se podrán interponer recursos ante ellos contra las actuaciones de los Fiscales Europeos. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza considerablemente los derechos procesales de los sospechosos sujetos a investigaciones de la Fiscalía Europea.

Un Colegio de diez miembros, compuesto por el Fiscal Europeo, los cuatro fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, garantizará una integración total entre la UE y el nivel nacional, sobre todo mediante el consenso sobre las normas generales en materia de adjudicación de asuntos.

Expertos se unen para trabajar contra el blanqueo de capitales en una iniciativa pionera en España

17 julio, 2013

La preocupación por los casos de corrupción y blanqueo de capitales en nuestro país ha movido a profesionales y expertos de distintos ámbitos a trabajar conjuntamente en la lucha contra esta lacra en una iniciativa pionera en España.

Así, se ha constituido formalmente, en la sede de Soluciones Confirma en Madrid, el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC).

La Junta Directiva del organismo, que está formada por 14 miembros, cuenta con la representación de empresas y asociaciones de reconocido prestigio, como la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-blanqueo de Dinero (ACAMS®) a través de su delegación en España; la Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios (AECE); la consultora PwC, o Soluciones Confirma, compañía impulsada por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), que ofrece soluciones globales que facilitan el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, además de por miembros del ámbito universitario.

Entre los principales objetivos del INBLAC destaca la unión y representación de todos los profesionales, docentes e investigadores de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como el fomento del conocimiento, la difusión y valoración social de esta materia. Además, el Instituto pretende convertirse en un canal eficaz de comunicación y colaboración con las organizaciones empresariales y profesionales que representan a los Sujetos Obligados previstos en nuestra legislación, favoreciendo el diálogo y la colaboración de éstas con las autoridades competentes en este ámbito.

En definitiva, y tal y como explica Santiago Lago, de Soluciones Confirma, miembro de la directiva de la nueva asociación: “La misión de INBLAC es fijar estándares de calidad que permitan homologar y certificar la excelencia de los expertos externos en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, además de representar y defender los intereses del colectivo de profesionales en esta materia”.

Para conseguir estos fines, el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se ha propuesto, entre otros aspectos, la creación y organización de eventos, foros, actos o grupos de comisiones de estudio que contribuyan al desarrollo y perfeccionamiento de la legislación sobre prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Además de con un nutrido grupo de expertos, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma IdConfirma, un motor de gestión para el cumplimiento de la diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales, destacando la facilidad que brinda para realizar la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los Sujetos Obligados.

Compliance, forma de controlar la corrupción

16 julio, 2013

El término Compliance, procedente del mundo jurídico-empresarial anglosajón, hace referencia al cumplimiento normativo por parte de las empresas junto con el establecimiento de controles internos y evaluación de riesgos.

Y todo ello con diferentes objetivos: fortalecer la cultura corporativa, reforzar los valores de ética y transparencia a través de la responsabilidad social corporativa, control y monitorización de los recursos humanos, así como prevenir el fraude y la corrupción.

Así, las empresas nacionales comienzan a invertir en el desarrollo de una política de Compliance, en un diseño que va desde los requisitos mínimos de auditoria hasta un programa corporativo integral que asegure el negocio y le dote de mecanismos preventivos de vigilancia y control.

En este último caso se encontrarían todas aquellas entidades que se ven afectadas por una ley en la que se hace referencia de forma específica a la implantación de controles internos. Sería el caso de la ley de prevención de blanqueo de capitales en la que los sujetos obligados deben conocer quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos.

A pesar de esta obligación, todavía son muchas las empresas que no llevan a cabo mecanismos preventivos de vigilancia y control, una cuestión que, además de suponerle graves sanciones por parte de los órganos reguladores, resta eficacia en la lucha contra la corrupción.

Como forma de incentivar estas tareas de cumplimiento, el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal introduce mejoras en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye como eximente los programas preventivos desarrollados por las empresas.

De esta forma, en lo que supone la aceptación de la “cultura compliance” por parte del legislador, el anteproyecto establece que las personas jurídicas quedarán exentas de responsabilidad penal en los siguientes supuestos:

-Cuando su órgano de administración pruebe que, antes de la comisión de un delito, adoptó medidas de vigilancia y control preventivas de estas conductas.

-Siempre que un órgano de control autónomo sea el que ejerza la supervisión. Y, además, para aquellos casos en los que se pruebe que este órgano no ha eludido u omitido sus funciones.

-Si el autor individual del delito lo ha cometido eludiendo fraudulentamente los modelos de prevención.

En definitiva, como señalan los abogados de Baker & McKenzie, Rafael Jiménez-Gusi y Diego Pol, este nuevo texto normativo marca como “imprescindible” contar con un programa de Compliance “adoptado y ejecutado con eficacia por el órgano de administración y con un departamento de Compliance que supervise su funcionamiento y cumplimiento”.

Además, el anteproyecto va más allá y establece los requisitos y contenidos mínimos de estos programas: identificación de la actividad; protocolos de actuación; modelos de gestión de los recursos financieros; canal de denuncia; y, sistema disciplinario.

Se trata, pues, de convertir a las empresas en verdaderos aliados contra la corrupción.

 

 

 

La identificación formal de los clientes, protección ante la suplantación de identidad

12 julio, 2013

La falta de comprobación de las verdaderas identidades de los usuarios de un servicio da lugar a fraudes por suplantación de identidad, una cuestión a la que habría que sumar las sanciones impuestas a las empresas ante las denuncias de los usuarios.

Esta problemática, con gran incidencia en ciertos sectores, podría prevenirse con una mayor diligencia en la identificación formal de los clientes.

En lo que supone una resolución sin precedentes, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 100.000 euros a Canal Plus por dar de alta de forma fraudulenta a un usuario e incluirlo en el registro de morosos Asnef.

Denunciado por FACUA, el hecho se remonta a agosto de 2011, cuando Digital Plus advierte a un cliente de Sevilla de que tiene una deuda de 175 euros por un segundo contrato dado de alta en el mes de marzo en la localidad gaditana de Jerez.

El usuario no había solicitado esa alta y exigió que le enviara por correo toda la documentación del contrato. Sin embargo, la compañía se limitó a remitirle facturas para exigirle su pago.

Se había producido una suplantación de identidad que el usuario denunció a la Policía.

Un año más tarde, la compañía incluye al afectado en el fichero de morosos Asnef, por no pagar las facturas fruto del fraude y que se elevaban a 668 euros.

En la resolución de la AEPD,  se señala que cuando una empresa trata datos personales, debe «asegurarse suficientemente de que la persona que da su consentimiento es efectivamente el interesado. Esto tiene especial importancia cuando el consentimiento se autoriza por teléfono o en línea».

Además, añade que «los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado».

En otra resolución ante una denuncia similar a Telefónica de una usuaria que recibió un modem USB, con tarjeta SIM y una copia de contrato de servicio de internet correspondiente a un servicio no contratado y sin su consentimiento, la Agencia es clara al subrayar que se hizo tratamiento de datos personales “sin realizar comprobaciones de la identidad con suficiente diligencia”.

Desde Soluciones Confirma, su director comercial, Santiago Lago, nos recuerda que “gracias a la plataforma IdConfirma la identificación formal de los clientes se realiza conforme a las exigencias de la Ley”.

Además, en este caso, se pasaron pagos a la cuenta corriente de la usuaria sin que ésta hubiera facilitado ningún dato bancario y se recibe un envío de la compañía en otro domicilio situado en Alicante distinto al de esta persona que vivía en Cantabria.

Y es que no sólo es preciso identificar a la persona sin que exista duda alguna de quién es, dice la AEPD, sino que también tiene que quedar documentada la identificación.

La Agencia entiende, también, que existe un agravante en la conducta de la empresa que se centra en “la vinculación de su actividad con la realización de tratamientos de datos de carácter personal”.

 

 

El sector de la automoción obligado a prevenir el blanqueo de capitales

11 julio, 2013

Una de las principales novedades que ha incorporado la Ley 10/2010 es la ampliación del número de sujetos obligados y, por tanto, de sectores objeto de implantación de controles y procedimientos de prevención y detección de operaciones fraudulentas.

Así, junto a  entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, el legislador ha previsto considerar sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que comercien o realicen transacciones con bienes que superen el valor unitario de 15.000 euros.

Este es el caso de los concesionarios y comercializadores de automoción.

Tendrán obligación de identificar las operaciones realizadas en efectivo con un importe superior a 15.000 euros siempre que sea una transacción realizada con un mismo cliente y en un solo ejercicio.

Por tanto, se les exige la identificación formal del cliente y la custodia de la documentación por un periodo mínimo de 10 años. Esta custodia no tendrá que ser necesariamente digital y podrá limitarse al papel.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de prevención y lucha contra el fraude, se produce una modificación en cuanto a la limitación de importe en las transacciones en efectivo que se fija en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Así, se limitarían a importes superiores a 2.500 euros.

En este sentido, algunos expertos entienden que esta medida podría suponer que el sector automoción dejara de estar obligado a cumplir la Ley 10/2010, toda vez que no habría ya ninguna transacción que supere los 15.000 euros.

Además, parece que esta limitación tendría una excepción y no resultaría aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Según explica Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, esto supondría que, como forma de blanquear una cantidad de dinero, un cliente podría pagarse un coche realizando un ingreso en efectivo en una cuenta abierta a nombre del concesionario en una entidad de crédito, sin límite legal alguno”.

“Es obvio”, añade Lago, “que la entidad bancaria hace en este caso de mero cajero, correspondiendo al sujeto obligado las obligaciones de análisis y, en su caso, comunicación de la operación al SEPBLAC, según señala la Ley 10/2010”.

Dice el directivo de Soluciones Confirma que, en este caso, “el banco solo llevaría a cabo una mera identificación rutinaria de quien realiza el ingreso, sin conocer el motivo del mismo, ni mucho menos tener información sobre la actividad del cliente”.

Es positivo, para unificar criterios, que este punto haya quedado clarificado por los  legisladores y que solo se limite la diligencia a la identificación formal del cliente, en cualquier caso.