¿Cómo ser un país recomendable por el GAFI?

31 julio, 2013

Con ocasión del nuevo año plenario, desde julio de 2013 hasta junio de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha marcado una serie de objetivos con los que hacer su organización y funcionamiento más eficaces, en un contexto de colaboración con las instituciones internacionales y el sector privado, buscando, además, un mayor compromiso del G20.

Con estas premisas se van a ir desarrollando las evaluaciones de la aplicación de sus Recomendaciones, un texto éste último revisado por última vez en febrero 2013 con el que se pretende potenciar a nivel mundial las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

El GAFI lleva a cabo dos tipos de evaluación sobre los países para comprobar su grado de adaptación a estas recomendaciones o estándares en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Por una parte, de forma anual, cada país lleva a cabo una autoevaluación, con la que el GAFI pretende monitorizar la evolución de los países respecto de sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y armonizar la legislación. Así, los Estados miembros dan respuesta del grado de cumplimiento en cuanto a la aplicación de los criterios contenidos en las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo.

Y, por otra, el Grupo realiza las evaluaciones mutuas, un proceso que examina el nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones.

Las distintas jurisdicciones mundiales son sometidas a este proceso de evaluación que finaliza en un Reporte de situación general. En el proceso toman parte especialistas de diferentes países de los ámbitos financiero, legal y operativo. Este equipo evaluador visita el país objeto de evaluación con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos relacionados con la materia.

Con anterioridad, el país evaluado habrá respondido un cuestionario estructurado en torno a 120 criterios, entre los que se incluye:

Legislación que tipifique el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que imponga obligaciones a las instituciones financieras.

– Un marco institucional administrativo junto a otro normativo que dote a las autoridades competentes de poder ejecutivo y sancionador.

– Políticas sostenibles para el sector financiero.

– Infraestructura desarrollada del sector público.

– Códigos que aseguren el comportamiento ético y profesional de las personas.

A partir de aquí, el GAFI califica el nivel de cumplimiento bajo las categorías de “Cumplido”, “Mayormente cumplido”, “Materialmente no cumplido” o “No cumplido”.

Asimismo, el Reporte contiene un capítulo en el que se formula un “Plan de Acción” (recomendado) para mejorar el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones, en el que se describen las acciones que el país evaluado debería seguir para cumplir en forma completa con las pautas establecidas por el organismo.

Una vez discutido el informe elaborado por el equipo evaluador, el mismo se somete a consideración del Plenario para su eventual aprobación.

Infografía: ¿Qué es la plataforma IdConfirma?

31 julio, 2013

Es una herramienta destinada a los sujetos obligados para la identificación formal de los clientes. Su objetivo último es la prevención del blanqueo de capitales.

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Publicado el Informe anual con las cifras de fraude en los fondos UE

26 julio, 2013

Los datos del Informe anual elaborado por la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros de la UE, ponen de manifiesto que en 2012 continuó la tendencia alcista en el fraude que afecta al presupuesto europeo.

Así, el año pasado se registraron 1.231 casos de fraude, tanto presuntos como confirmados.

Esto supone que, en el capítulo de gastos, un total de 315 millones de euros en fondos de la UE resultaron afectados por el fraude, lo que equivale al 0,25% de los gastos presupuestados. Esa cifra debe compararse con los 295 millones de euros del año anterior, lo que confirma un incremento del 8%.

Por lo que respecta al capítulo de los ingresos, el fraude presunto o confirmado ascendió a 77,6 millones de euros lo que representa un 0,42% del total de los recursos propios tradicionales recaudados en 2012. Este dato es inferior al registrado en 2011, año en el que se alcanzaron los 109 millones de euros.

En el caso de España, las irregularidades con fondos europeos durante 2012 ascendieron a 37,1 millones de euros. Más del 99% de esta cifra corresponde al capítulo de ingresos donde nuestro país lidera el ranking de Estados Miembros en cuanto a importes implicados, seguido de Bélgica e Italia.

No obstante, España está entre los países con mayor número de casos fraudulentos informados en esta partida de ingresos, un total de 324 irregularidades, junto a Italia, Alemania y Grecia.

Coincidiendo con esta publicación, la Comisión destaca “la necesidad de armonizar y reforzar en mayor medida los planteamientos de los Estados miembros, a fin de garantizar que la lucha contra el fraude sea de intensidad equivalente en toda la UE”.

Desde 2012, Bruselas ha emprendido una serie de iniciativas para intensificar la lucha contra el fraude, proteger los fondos y disuadir a los infractores en todo el territorio europeo.

Además de la aplicación de la nueva estrategia para prevenir las prácticas fraudulentas, se han realizado diferentes avances legislativos en la misma dirección:

-Propuesta de una Fiscalía Europea para reforzar la investigación y represión de las prácticas delictivas que afectan al presupuesto de la UE.

Nuevo Reglamento de la OLAF con el objetivo de potenciar las competencias y autonomía de esta Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

-Comunicación sobre la manera de seguir mejorando la gobernanza de la OLAF.

-Propuesta sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal junto a la armonización de las definiciones de los delitos contra el presupuesto y la introducción de sanciones mínimas para esos delitos.

El informe presentado examina también las medidas adoptadas por los Estados miembros en 2012 para proteger y defender el presupuesto de la UE, y reconoce “la valiosa labor realizada en algunos ámbitos”.

Informe CE

¿Qué es el secreto bancario?

23 julio, 2013

Como forma de proteger la información financiera de las personas, los Estados han ido desarrollando a través de sus legislaciones una serie de normas que garanticen esta confidencialidad ante terceros.

De esta forma, los bancos y entidades financieras tienen la obligación de guardar secreto sobre todo tipo de datos personales y económicos, incluyendo depósitos, número de cuentas o transacciones.

Ni siquiera podrá revelarse esta información a las administraciones públicas o tributarias que permanecerá en poder de las entidades, de sus organismos reguladores y de los bancos centrales.

La excepción para levantar este secreto la encontramos en el contexto de un proceso judicial donde por mandato del juez se solicite esta información.

Ahora bien, si es evidente que el secreto bancario aporta aspectos positivos por lo que supone de salvaguarda para las personas, también se ha puesto de manifiesto que esta figura ha contribuido a mantener la opacidad de actividades delictivas o fraudulentas.

Por esta razón parece inevitable unir el secreto bancario a las jurisdicciones offshore o paraísos fiscales.

Es decir, fuerte opacidad de datos financieros junto a territorios con escasa o nula tributación en relación al capital allí depositado por extranjeros (no residentes), donde, además, no se intercambia información en relación a la obtención de rentas, no hay control en el cambio de divisas, ni se colabora con convenios fiscales internacionales.

Este binomio ha permanecido intocable hasta que la comunidad internacional inició la negociación de tratados de asistencia legal mutua para forzar el levantamiento de secreto bancario en supuestos graves de fraude, narcotráfico o financiación del terrorismo.

Sin embargo, para que el levantamiento del secreto bancario prospere es necesario que el supuesto delito que ha motivado esta solicitud, esté también tipificado en el país donde se localiza la cuenta bancaria. Esta situación propicia que los territorios offshore, no siempre colaboren en peticiones relacionadas con la evasión fiscal.

Posteriormente, motivado fundamentalmente por la crisis económica,  organismos internacionales como el G20 o la OCDE han impulsado iniciativas y reformas legislativas para promover el intercambio de información financiera, es decir, permitir la cesión de datos financieros y bancarios a un tercer país.

En este sentido, hay que destacar que son muchos los paraísos fiscales que han suscrito convenios bilaterales de intercambio de información y han dejado de engrosar las “listas negras” de la opacidad.

 

 

La Abogacía pide la pronta aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010

22 julio, 2013

Durante los días 18 y 19 de julio, la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid ha acogido la IV edición del Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero.

Organizado por el CGAE, Ministerio de Economía, Colegio de Abogados de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela junto a Garrigues y Cuatrecasas, los temas tratados en estas dos jornadas de trabajo se han centrado en las reformas de 2010, el análisis de la cuarta Directiva, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo.

Con un programa de contenidos dividido en una sección profesional y administrativa, y otra penal, el Congreso ha contado con ponentes de primer nivel tanto del ámbito profesional de la abogacía como del universitario. Entre ellos, destacamos a Luis Rubí Blanc, socio de Soluciones Confirma, que habló sobre “Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales (OCP)”

Tras dos días de debate y análisis, la principal conclusión manifestada por los ponentes ha sido destacar la “necesaria” aprobación del texto que reglamenta la Ley 10/2010, ya que consideran “inexplicable y contraproducente” que no haya un Reglamento después de tres años de vigencia de la ley.

Además, los profesionales allí congregados han aprobado las siguientes conclusiones:

-“La esperanza fundada en que en ese Reglamento se alivie a la Abogacía y a otros sujetos obligados no financieros de las pesadas cargas, a menudo inasumibles, que impone la ley y cuya exención o modulación prevé precisamente, siguiendo un enfoque basado en el riesgo y atendiendo a la actividad y tamaño de los afectados.

– La exigencia de que en la normativa de prevención se trate al abogado como lo que es: un defensor de los derechos de todos los ciudadanos y un asesor jurídico con particularidades especiales que le diferencia de otros sujetos obligados tal como se reconoce en las Directivas europeas.

– La necesidad de que, dentro del régimen de autorregulación que aún ostenta la Abogacía, se aprueben normas deontológicas que den cobertura y orientación a las numerosas dudas y a los problemas que se presentan al Abogado en su quehacer profesional en materia de prevención del blanqueo de dinero.

– El rechazo a la posibilidad que se imponga deberes de diligencia debida reforzada, entre otros, y de manera genérica e indiscriminada a todos los clientes no residentes por ser tal medida absolutamente desproporcionada, imponer más obligaciones al sujeto obligado, dificultar y desincentivar la inversión extranjera y ser contraria a la legislación comunitaria en lo que a los ciudadanos de la UE se refiere.

– La urgencia en la constitución de un órgano centralizado de prevención de la Abogacía con todas las facultades previstas en la ley, no sólo de formación y de asesoramiento que ya presta la Comisión en el seno del CGAE, sino de representación y análisis de las operaciones, lo que incentivaría la comunicación de posibles operaciones de las que se tuviese noticia.

– La puesta de manifiesto que la Abogacía está plenamente dispuesta a desempeñar su papel en la prevención del blanqueo de dinero pero que carece de medios para cumplir con su cometido y está siendo sometida a una presión extraordinaria sin que se le reconozca por las autoridades competentes el esfuerzo y la buena voluntad que demuestra.

– El deseo que las relaciones con la Administración hayan entrado por un buen camino que desemboque en un clima de cooperación, respeto mutuo y confianza que permita la colaboración efectiva y fructífera en estas materias”.

Fuente: CGAE