Conclusiones de la primera sesión plenaria del GAFI en 2013

27 febrero, 2013

El GAFI ha concluido su primera sesión plenaria del año, que se celebró los días 22 y 23 de febrero en París. Una de las principales labores de los miembros del GAFI en esta sesión fue determinar qué países salían de su ‘lista negra’ por haber comenzado a cumplir con las recomendaciones del grupo.

Entre los Estados que han pasado la evaluación en tema de prevención de blanqueo de capitales, y salen de la ‘lista negra’, destacan Bolivia, Afganistán, Cuba o Nicaragua.

También se ha publicado una lista de los países que siguen sin poner en marcha las recomendaciones de este grupo. Entre otros, sobresalen Irán y Corea del Norte.

Además de discutir los retos globales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, esta reunión ha sido crucial; ya que, en ella, se han adoptado medidas muy relevantes.

Turquía ha superado con éxito la evaluación que realizó el GAFI en octubre del pasado año y en la que se analizaban las medidas adoptadas por este país para luchar contra la financiación de actividades terroristas. Turquía tenía gran interés en esta resolución, ya que se jugaba la exclusión del grupo.

Hay que señalar que los legisladores turcos han actuado casi ‘in extremis’. El país aprobó la ley para prevenir la financiación del terrorismo el pasado 15 de febrero, una semana antes de que se celebrara esta reunión. Aun así, Turquía sigue teniendo deberes. El GAFI ha detectado algunas deficiencias en su sistema y debe corregirlas antes de la reunión del 30 junio de este año.El grupo también ha observado mejoras en la legislación de dos países, Ghana y Venezuela.

Pero, quizá, el punto más importante de la agenda de esta reunión ha sido otro. En los últimos 20 años, el GAFI ha desarrollado una metodología de evaluación para asegurarse que todos los Estados del mundo cumplían con sus recomendaciones. En esta última reunión, los miembros han aprovechado para anunciar la puesta en marcha de un nuevo método que se adaptará a los estándares que se aprobaron en 2012.

En este sentido, Bjørn S. Aamo, presidente del GAFI, apuntó que “las futuras evaluaciones determinarán lo bien que lo están haciendo los países para cumplir con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Por último, el GAFI ha admitido a la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) como nuevo observador del GAFI. Esta institución es la mayor organización regional de seguridad bajo el capítulo VIII de las Naciones Unidas.

Fuente: GAFI

 

Confirmada la sanción de 470.000 euros a la inmobiliaria Nozar por no prevenir el blanqueo

21 febrero, 2013

La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al desestimar el recurso interpuesto por el grupo inmobiliario contra la sentencia dictada en junio de 2009 por la Audiencia Nacional.

La normativa de prevención de blanqueo de capitales estipula la correcta identificación de los clientes de cada sociedad, precisamente para evitar operaciones sospechosas de blanqueo“, explica Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, que añade: “Es por ello que se debe conservar toda la documentación necesaria para ese fin”. Deber que, como se reconoce en el dictamen del alto tribunal, la inmobiliaria Nozar no cumplió de forma suficiente. El grupo no examinó operaciones que deberían haber sido objeto de un especial análisis, y cuyo riesgo debía haber sido trasladado al Servicio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Precisamente, el artículo 3 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, de abril de 2010 , explica quiénes tienen que ser sometidos a un proceso de identificación formal.  “La ley –subraya Lago-  señala que los Sujetos Obligados tendrán que identificar a cualquier persona física o jurídica con quien vayan a establecer relaciones de negocio, o a aquellos que vayan a intervenir en estas operaciones”.

En este sentido, “la plataforma IdConfirma de Soluciones Confirma permite a los Sujetos Obligados cumplir con todos los procesos de diligencia debida que establece la legislación española, entre otros, todos los trámites para la identificación formal de las personas con las que se establece una relación de negocio”, explica Santiago Lago.

Con la confirmación de la sanción a la inmobiliaria Nozar, el desglose de la multa queda finalmente dividida en: ausencia de examen de operaciones de riesgo (200.000 euros), deficiencia en el establecimiento de procedimientos de control interno (100.000 euros), no conservación de documentación sobre operaciones y clientes por el periodo mínimo establecido de cinco años (100.000 euros) y no adopción de medidas para que los empleados tuviesen conocimiento de sus obligaciones en la materia (70.000 euros).

¿En qué consiste la identificación formal a la que obliga la ley?

21 febrero, 2013

Los legisladores dejaron muy claro al redactar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de abril de 2010 cuáles eran sus prioridades. De esta forma, los dos primeros artículos de la norma se enfocan en explicar la necesidad de poner en marcha esta iniciativa y de indicar quiénes son aquellos que han de cumplirla; los Sujetos Obligados.
En el segundo capítulo de la ley, sus creadores destacan cuáles son las obligaciones de aquellos que han de cumplir con ella, y el primero de estos deberes es el de identificar a la persona física o jurídica con la que se va a establecer una relación de negocio.

El artículo 3, de hecho, se encarga de explicar quiénes tienen que ser sometidos a un proceso de identificación formal. La ley señala que los Sujetos Obligados tendrán que identificar a cualquier persona física o jurídica con quién se vaya a establecer relaciones de negocio, o a aquellos que vayan a intervenir en estas operaciones.

Lo que dice la norma, además, es que la identificación de estas personas físicas o jurídicas tendrá que realizarse a través de documentos fehacientes y que este proceso tiene que producirse antes de que se realice el negocio.

Puede ocurrir que esta identificación formal no pueda hacerse presencialmente. Para ello, la ley prevé soluciones en los casos en los que las operaciones se produzcan a distancia. Incluso en esos supuestos, la identificación tiene que producirse ya sea a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos siempre que no existan elementos de riesgo en la operación.

En este caso, los Sujetos Obligados deberán obtener una copia de los documentos necesarios para practicar estas diligencias en el plazo de un mes. La Ley dice que “cuando se aprecien discrepancias entre los datos facilitados por el cliente y otra información accesible o en poder del Sujeto Obligado, será preceptivo proceder a la identificación presencial”.

Si hablamos de negocios relacionados con la actividad de los seguros de vida, la identidad del beneficiario tendrá que verificarse antes de que se produzca el pago de la prestación del contrato o el ejercicio de los derechos de rescate.

El artículo 4 de la ley ahonda en la necesidad de identificar al sujeto y se refiere a lo que se denomina “titular real”. Este tipo de identificación es aplicable cuando la relación de negocio se realice a través de otra persona. En ese caso habrá que saber quién es la persona física para la que se pretende hacer el negocio o que intervenga en él.

Si se trata de una persona jurídica, la identificación tendrá que producirse cuando “posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes”, según establece la Ley.

Este tipo de identificación también se realizará con las personas físicas que sean propietarias o controlen más del 25% de una sociedad que “administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos”, de acuerdo con el texto.

Además, los Sujetos Obligados tendrán que aclarar si sus clientes actúan por cuenta propia o para terceros. Si existen dudas, tendrán que recabar toda la información necesaria para establecer la identidad de la persona que realiza el negocio.

“La plataforma IdConfirma de Soluciones Confirma permite a todos los Sujetos Obligados cumplir con todos los procesos de diligencia debida que establece la legislación española, entre otros, todos los trámites para la identificación formal de las personas con las que se establece una relación de negocio” apunta Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma.

Procesado por financiación del terrorismo tesorero de Resistencia Galega

19 febrero, 2013

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado al tesorero de la banda terrorista Resistencia Galega Xulio Cesar Sayans, por pertenencia y financiación de organización terrorista.

El procesamiento fue posible gracias a una carta que se encontró durante un registro judicial en el domicilio del miembro de la banda terrorista Roberto Rodríguez, en la que el procesado urge a entregar dinero a Resistencia Galega para su financiación.

En esta carta recaudatoria, según el magistrado, «se hace visible un sistema de financiación» al igual que otros documentos encontrados en el registro de su domicilio particular confirman la vinculación de Sayans a la organización terrorista. Parte de la documentación recopilada corrobora, según el auto, la existencia de actividades económicas relacionadas con la financiación del movimiento independentista local, a través de un conglomerado de asociaciones.

Fuente: La Voz de Galicia.es

Los vaivenes del pago en metálico: De los 2.500€ en España a los 1.000€ en Francia

15 febrero, 2013

El pago en efectivo superior a 2.500 euros está prohibido por ley en España desde el pasado 19 de noviembre. La puesta en marcha de esta medida, recogida en la ley contra el fraude fiscal en vigor desde el 31 de octubre, respondía a una lucha común: limitar la circulación de dinero negro y atajar la economía sumergida. Su incumplimiento conlleva además sanciones de hasta el 25% del importe de la factura. Pero lo que aún hoy sigue levantando recelos entre los expertos en la materia es el límite en sí.

Meses antes de que se aprobase dicha medida, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya demandaban una cifra considerablemente menor: un pago en efectivo máximo de 1.000 euros. “Esto permitiría rebajar la tasa de la economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno”, afirmaba en su día el secretario general del colectivo, José María Mollinedo. El mismo que una vez confirmada la cifra de los 2.500 euros denunció que el límite fuese similar al de Francia en ese momento (3.000 euros), “cuando el volumen de nuestra economía sumergida duplica al francés, mientras que países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, optaron por fijar el tope en 1.000 euros”, puntualizó Mollinedo.

¿Llegarían las declaraciones de los técnicos de Hacienda a oídos del ministro francés de Presupuestos, Jérôme Cahuzac? Lo cierto es que ese límite que pedían desde Gestha es precisamente la cifra a la que se ha reducido en Francia la cantidad que se puede abonar en metálico, desde esos 3.000 euros fijados en 2010 a los 1.000 euros de ahora. El tope para los no residentes en el país galo pasa de 15.000 a 10.000 euros, frente a los 15.000 euros que persisten en España.

Al margen de bailes de cifras entre unos países y otros, ¿tiene sentido seguir bajando el umbral de los pagos en efectivo, tiene un efecto real en el control de capitales? Desde Soluciones Confirma, Santiago Lago, abogado y especialista en prevención del blanqueo, apunta: ‘Lo que hace realmente efectiva la medida es la capacidad que el Estado tiene de garantizar su cumplimiento real, y comprobamos diariamente que, por desgracia, esas garantías no se dan en la mayoría de los casos’.

La intención en este tipo de medidas es positiva, ya que juegan a favor de la transparencia en los movimientos de capitales. Su efectividad, no tanto. ‘La tentación de ‘bancarizar’ la economía para controlar con mayor facilidad las transacciones -comenta Lago- va en la línea de lograr una mayor transparencia, y la tecnología actual no presenta barreras en ese sentido. Pero la libertad de los comerciantes y los ciudadanos, junto con la inercia de la tradición del pago en efectivo en la sociedad, quizá sean fuerzas demasiado poderosas como para tratar de frenarlas con esta medida‘.